DÍAS atrás comentábamos aquí el indulto a un conductor kamikaze que causó la muerte de otro automovilista, indulto que le fue concedido tras cumplir diez meses de los trece años de cárcel a que fue condenado. El asunto llamó la atención porque el propio Gobierno desaconseja el indulto para estos delitos, y por la conexión de la defensa con figuras del Partido Popular. Pero, más allá de este caso, sorprende la abundancia de indultos que se dan en España: más de 15.000 en los últimos 30 años. Los gobiernos de Aznar fueron los que se llevaron la palma, con un promedio de más de 700 anuales. Los de Felipe González, Zapatero y Rajoy se sitúan entre 400 y 500 indultos por año. Esta medida de gracia para condenados en firme se rige por una ley de 1870, que en un régimen democrático resulta anacrónica. Lo otorga el Rey, a propuesta del ministro de Justicia y con el decisivo aprobado del Consejo de Ministros. Su aplicación se comprende cuando beneficia a los autores ya rehabilitados de delitos menores y antiguos. Pero los indultos concedidos a acusados de tortura, prevaricación, abuso sexual, estafa, homicidio y otros delitos graves levantan en la sociedad sospechas de favoritismo, y soliviantan sobremanera a la judicatura, que los considera un abuso "éticamente inasumible" y un ataque a la división de poderes. Conviene, pues, que el Gobierno sea muy prudente, porque una cosa es que use su discrecionalidad, que la tiene, y otra sería incurrir en arbitrariedades.
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