jueves, 30 de mayo de 2013

Algo bueno

La reciente encuesta de Metroscopia sobre la religión como asignatura me ha levantado el ánimo: un 70% de los españoles en contra y apenas un 27% a favor. Y me alegro no solo porque muestra la sensatez de la ciudadanía frente al servilismo santurrón del Gobierno, sino, sobre todo, porque creo que es una prueba más de algo estupendo que está sucediendo en España últimamente. Y es que, según todos los datos, la sociedad parece estar inusitadamente unida en sus opiniones. Por ejemplo, el 90% de los españoles, tanto del PP como del PSOE, están en contra la legislación hipotecaria. Y ahora hasta un tema tan politizado como el religioso consigue esta asombrosa concordancia del 70%.
Siempre me ha desesperado el carácter cainita de este país, nuestra tradición ferozmente sectaria y virulenta, esa tendencia a la adscripción ideológica forofa, al fusilamiento real o metafórico de todo aquel que opine distinto. Hemos vivido momentos de intransigencia tan aguda que familiares y amigos han dejado de hablarse, pero se diría que en los últimos tiempos ese ciego sectarismo ha remitido: ahora, en vez de matarnos los unos a los otros, nos unimos en el deseo común de matar a los banqueros, a los grandes empresarios y a los políticos. Sí, vale, admito que esa rabia total contra las instituciones y los partidos puede ser peligrosa: nos urge hacer una profunda renovación democrática. Pero, mientras tanto, podemos ir sacando algo bueno del diluvio: la costumbre de reflexionar por nosotros mismos, más allá de la ciega adhesión al grupo. Para ser un buen científico, decía Einstein, “dedica un cuarto de hora al día a pensar todo lo contrario de lo que piensan tus amigos”. Pongan “ciudadano” en donde dice “científico” y tendrán el remedio más eficaz contra nuestra tradicional intolerancia de fanáticos. A lo mejor al final la crisis sirve de algo.fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/05/27/opinion/1369653783_708260.html

Expertos

Un amigo mío se ha hecho tarjetas de visita en las que solo viene su nombre y su presunta dedicación: experto. No está mal, y describe a la perfección lo que, en mayor o menor medida, muchos deseamos alcanzar en cualquier ámbito. Ser expertos.
De esos, los hay especializados o generalistas. Los segundos son menos peligrosos, porque se les cala enseguida. Los primeros, los especializados, pueden tener un carácter positivo siempre que no se olvide cuál es su auténtica misión cuando se les contrata.
Ahora hay una comisión de 12 expertos para decidir cuáles son las alternativas al sistema de pensiones actual. Eso, ya lo sabemos todos, supone que va a venir un tajo. Porque nadie se reúne para decidir que las pensiones suben. Un presidente de Gobierno no va a permitir nunca que nadie le robe la foto de un anuncio así.
Pero no tienen que ser expertos los que decidan, sino nuestros representantes políticos. Lo que se espera de ellos es que expliquen si el sistema es o no sostenible y exponer fórmulas para reconducirlo.
Después les toca a los políticos. Pero con números consensuados, no nos vaya a pasar como con la balanza fiscal catalana. Y cada uno que aguante su responsabilidad. Los que anuncien los recortes estarán presionados por el miedo a perder las elecciones. Los que se opongan a ellos, presionados por lo que van a hacer cuando les toque gobernar, por mucho que los programas de los partidos hace tiempo que han dejado de buscar la convertibilidad al mundo real.
Yo tengo ya una objeción: si se utiliza la esperanza de vida como parámetro de cálculo, me voy a rebelar. Fumo, bebo y no hago ejercicio. ¿Por qué un tipo sano me va a bajar el monto de la pensión con sus expectativas?fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/05/29/opinion/1369820896_880504.html

Cuidado con la poción mágica alemana

Europa se encuentra en la crisis más grave desde la II Guerra Mundial. Merkel, Barroso y Lagarde han destrozado nuestro continente a base de austeridad. De París a Madrid, la economía se contrae. Casi 27 millones de personas están en paro.
Europa meridional se lleva la peor parte. En España y Grecia, una de cada cuatro personas está en paro. En Madrid, Sevilla, Roma y Atenas crece una generación perdida. Desde el punto de vista de la canciller alemana, no hay alternativas a la política de austeridad y las reformas estructurales, aunque sean dolorosas. Angela Merkel vende la política de reformas alemana como la poción mágica para Europa. A primera vista, eso parece razonable. Alemania es el último país sano en el lazareto europeo. Una economía en crecimiento, bajo nivel de paro, una industria sumamente competitiva y un presupuesto casi sin deuda hablan por sí solos.
Pero en contra de la lectura oficial, las reformas de Schröder (Agenda 2010, Hartz IV) no supusieron ningún milagro para el empleo. Aunque es indiscutible que hoy hay en Alemania 1,4 millones de puestos de trabajo más que al empezar el siglo, las estadísticas laborales distorsionan la realidad. Cuando las empresas transforman contratos a tiempo completo en empleos a tiempo parcial o minijobs, el número de empleados aumenta. Sin embargo, lo que se ha hecho no es sino redistribuir el trabajo existente en condiciones de precariedad. Eso es justo lo que ha pasado en Alemania. Desde el año 2000 se perdieron 1,6 millones de empleos a tiempo completo. Simultáneamente surgieron tres millones de empleos a tiempo parcial.
El supuesto boom alemán del empleo nunca desbordó el marco de una de las habituales recuperaciones coyunturales. Después de las reformas, el empleo no se recuperó con más fuerza que antes de ellas.
Es justo que nuestros colegas del sur de Europa se defiendan frente a los ataques neoliberales
Y, de igual modo, los buenos datos del nivel de desempleo alemán han de tomarse con cautela. Oficialmente, en Alemania solo hay tres millones de parados, el nivel de desempleo más bajo desde hace 20 años. Sin embargo, los que ganan un euro a la hora, quienes tienen más de 58 años y no perciben un salario o los desempleados en cursos de formación no se cuentan en las estadísticas del paro. Además, hay más de dos millones de trabajadores a tiempo parcial que desearían tener un contrato a tiempo completo, pero que no lo consiguen.
Es muy popular el cuento de que Alemania ha salido airosa de la crisis de la economía y los mercados financieros solo gracias a las reformas de Schröder. En esta crisis se han salvado más de un millón de empleos gracias a las reducciones del tiempo de trabajo. Las jornadas laborales reducidas y las bolsas de horas de trabajo subvencionadas por el Estado han impedido que las caídas en la producción se hayan transformado en paro masivo. Este éxito de la política de empleo no tiene nada que ver con la “política de reformas”. Además de esto, el Gobierno de Merkel estabilizó la economía con dos grandes paquetes de medidas coyunturales. Eso fue keynesianismo puro.
En resumen: la política de la Agenda 2010 tiene tan poco que ver con los recientes éxitos económicos como la natalidad con el número de cigüeñas.
Lo que sí han hecho las reformas del mercado de trabajo ha sido dividir a la sociedad. Hoy, casi una de cada cuatro personas empleadas trabaja por menos de nueve euros a la hora. Y 1,4 millones de alemanes se desloman por un salario de hambre inferior a cinco euros. Solo en EE UU hay un salario mínimo inferior. Uno de cada tres trabajos es inseguro. El empleo precario y la pérdida de cobertura de los convenios son responsables de que los acuerdos que negocian los sindicatos solo beneficien a tres de cada cinco trabajadores. Se ha sometido a dieta forzosa a los trabajadores alemanes. Alemania tiene la peor evolución salarial de Europa. En ningún otro país industrializado ha aumentado tanto la desigualdad.
Las consecuencias económicas han sido fatales. La debilidad salarial ha frenado la demanda interna y disparado las exportaciones. El comercio minorista y el trabajo manual sufren por la falta de poder adquisitivo. La industria exportadora, por el contrario, ha podido ofrecer a sus clientes extranjeros precios atractivos. Alemania se ha convertido en el único país de la eurozona en el que la demanda externa ha contribuido al crecimiento más que la demanda interna. ¡Sin éxito!
Además, el crecimiento dependiente de las exportaciones ha perjudicado a nuestros vecinos. Las empresas españolas, italianas y portuguesas han podido vender cada vez menos productos en los agostados mercados alemanes. Pero eso no es todo. Las compañías alemanas, competitivas por precios, han puesto contra la pared a la competencia de la Europa meridional.
Españoles, franceses, italianos y griegos deberían apartar las manos de la poción mágica alemana. Las reformas estructurales neoliberales destrozan los convenios territoriales, su autonomía y la protección frente al despido. Por eso se han hundido los salarios españoles, portugueses y griegos en los últimos dos años entre un siete y un 20%. Esto ha hecho surgir una competencia salarial desatada, pero ni un solo puesto de trabajo nuevo.
Es justo que nuestros colegas del sur de Europa se defiendan frente a estos ataques. Su lucha defensiva tiene nuestra solidaridad. Europa necesita un cambio de política. Debe detenerse la política de austeridad, económica y socialmente destructiva. En su lugar necesitamos inversiones de futuro en educación, salud, protección al clima e infraestructuras —un Plan Marshall—, así como un programa inmediato contra el desempleo juvenil. Para poder financiar todo esto es necesario aumentar la presión fiscal sobre las grandes rentas y fortunas en toda Europa. Solo una Europa social tiene futuro.
Dierk Hirschel es economista jefe del Sindicato Unido de Servicios de Alemania.
Traducción de Jesús Alborés Rey.fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/05/28/opinion/1369730201_383454.html

El asalto a la sanidad pública

Tras algunas vicisitudes, en febrero de 1908 se crea, de la mano de Antonio Maura y con la rúbrica del rey Alfonso XIII, el Instituto Nacional de Previsión (INP), la primera institución oficial encargada de la seguridad social y asistencia sanitaria en España. El régimen franquista implanta en 1944, dependiendo del INP, el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) para los trabajadores con rentas más bajas, que va ampliando en sucesivos años sus prestaciones en lo que se conocería como la Seguridad Social. Los Pactos de la Moncloa terminan en 1978 con el INP para transformarlo con una voluntad de mejor control, racionalización y especialización en distintos organismos autónomos: INSALUD, INSS, INSERSO, ISM y la Tesorería General de la Seguridad Social. En 1981 se inicia, hasta su culminación en 2001, el proceso de transferencias de los servicios de sanidad a las CC AA, anotándose en 1986 la promulgación de la Ley General de Sanidad por el Gobierno de Felipe González, colofón de un recorrido centenario hacia un sistema sanitario público, universal y accesible para todos los españoles.
Con un PIB muy inferior al actual y las aportaciones de muchas generaciones fue posible construir, incluso a la sombra tenebrosa de la dictadura, el edificio abierto de una sanidad pública ejemplar. No es legítimo, y estoy por asegurar que tampoco es legal (Ley General de Sanidad, título IV, capítulo II —de las Entidades Sanitarias— artículo 89- 94) que en una legislatura un Gobierno y un solo partido político, por mucha mayoría que les asista, pero en contra de todos los estamentos sociales y médicos, pueda desmontar un sistema de salud urdido dispensario a dispensario, hospital a hospital, persona a persona.
De hecho, tanto UPyD como el PSOE han presentado recursos ante el Constitucional contra la privatización de los hospitales madrileños. Se alega la vulneración reiterada del derecho a la participación en los asuntos públicos de los representantes políticos, la ausencia de otras alternativas y de análisis sobre las consecuencias económicas, jurídicas y de competencia, la ausencia de un estudio riguroso que asevere el cambio y su debate, etcétera. Mientras tanto, sorprende el desprecio ante los cientos de manifestaciones, paros y jornadas de huelga del personal sanitario en toda España, tanto como el impudor de las conexiones entre miembros y familiares de la cúpula política y varias de las empresas relacionadas con las privatizaciones.
Adeslas se lanza en 1998 a construir y gestionar en Alzira un hospital público a cambio de una cuota por habitante asignado (la conocida después como “cápita”), que abona la Administración autónoma. El experimento no sale bien y en 2003 debe acudir al rescate la Generalitat Valenciana, que paga los platos rotos y vuelve a sacar a concurso la gestión privada del hospital. La misma concesionaria se hace cargo en condiciones más favorables: un aumento considerable de la “cápita” y la inclusión de la Asistencia Primaria, que actúa de filtro y control de los mayores gastos de la especializada. El caso Alzira serviría de banco de pruebas, ofreciendo claves interesantes para el negocio en la redacción de los sucesivos Pliegos de cláusulas administrativas.
Sorprende el desprecio ante las manifestaciones del personal sanitario
Así se abre la veda a la fiebre privatizadora y en los años siguientes se producen curiosos traslados de responsables políticos al ámbito privado, además de compras, ventas y absorciones del lado del capital. Como todavía el sistema financiero gozaba de buena salud y las cajas actuaban de brazo clientelar del partido en el poder, tanto Bancaixa como la CAM entraron como socios en distintas operaciones (Bankia y Banco Sabadell tienen el 50% de Ribera Salud). Las hemerotecas tumban el torpe argumento que achaca a la crisis la necesidad imperiosa de privatizar la sanidad.
La foto-finish de la última década registra la entrada del capital riesgo y la toma de posiciones de las aseguradoras médicas privadas en el proceso, con la tranquilidad de que la propia FAES (el conocido think tank del PP) ha elaborado el documento transformador de nuestro Servicio Nacional de Salud y sabiendo que el control político garantiza maniobrar sin estorbos. La opción es entrar en un negocio con ventas aseguradas, sea cual sea la evolución de la coyuntura económica, con amplios márgenes de aprovechamiento de economías de escala y la aplicación de un neoliberalismo radical. Y si las cosas van mal, la responsabilidad subsidiaria corre a cuenta de la Administración del Estado, que tendría que acudir al socorro de los enfermos, como así ha sucedido en otras ocasiones.
Curiosamente, son los fondos de capital riesgo los que van ganando la partida, teniendo activos y sedes que radican fuera de España y dinero fundamentalmente de origen británico. El resultado es que perdemos de vista (desgravaciones, sociedades interpuestas, paraísos fiscales…) el lugar de tributación de los beneficios y que una parte de nuestro PIB menguante y de las cotizaciones de todos al sistema sanitario se escapa fuera.
Los familiares de la cúpula política se benefician de las privatizaciones
Por una cuestión de principios, como es colocar el beneficio por delante de la salud de los ciudadanos y la cuestionable legalidad de la operación privatizadora, la apuesta de los fondos de capital riesgo no parece muy inteligente, y tarde o temprano tendrán que bajarse de este tren por la imagen negativa que proporciona, la creciente sensibilidad popular hacia el funcionamiento de los servicios sanitarios y las predecibles demandas ante los tribunales por la merma de calidad de estos.
¿Y por qué se ha puesto el acento en la externalización de los hospitales madrileños? Evidentemente, lo primero es tener el control político, y asegurado este, cuenta el número de habitantes atribuidos a cada hospital, que multiplicado por la “cápita” da por resultado unas cifras cuantiosas para los hospitales madrileños. Otra cosa a preguntarse es quién avala el censo actualizado de potenciales usuarios (y su cualidad) o, sobre todo, cómo se fija el gasto medio per capita. De los hospitales sacados a concurso en la Comunidad de Madrid, la Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM) ha señalado un sobrecoste de 100 euros por persona.
Aunque el compromiso fijado en los pliegos suele contemplar el mantenimiento del personal fijo, el respeto a las condiciones de los internos y el mantenimiento de los eventuales, lo cierto es que la legislación actual permite en pocos meses su menoscabo, demostrado en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda: una reciente nota periodística daba cuenta del despido de 220 empleados fijos y 180 internos.
Resumiendo, la máquina privatizadora del PP se está mostrando imparable, sorda ante las protestas sociales y los argumentos del sector. Las alarmas deben permanecer encendidas ante la posible ilegalidad de ceder un bien público, un hospital en funcionamiento, que se expropia temporalmente por 8, 10 y hasta 20 años —según los casos—, sin coste de traspaso en cuanto a instalaciones y aparatología, con el pago seguro por la Administración de una “cápita” ni siquiera debatida o explicada en el órgano de representación democrática de los ciudadanos. Creemos que es un tremendo error histórico desmantelar, aun con todos sus defectos, uno de los mejores logros de nuestro recorrido democrático: la sanidad pública.

Resolver el déficit simbólico

Tiempo atrás el independentismo catalán puso en circulación un irónico eslogan que rezaba así: “L’autonomia que ens cal és la de Portugal”. Si el tema son los dineros, Portugal ha dejado de ser un referente atractivo. El caso portugués ilustra de manera lacerante que recaudar y gestionar todos los impuestos no es sinónimo de una economía sólida ni de un Estado de bienestar robusto. Y no importa que Portugal esté en el sur; ahora sabemos que el país de la Unión que está más cerca del rescate es Eslovenia, un estado genuinamente mittleeuropeo que se liberó hace más de 20 años del déficit fiscal que mantenía con Belgrado. Y en el recuerdo inmediato está el hundimiento de Islandia, que puso de manifiesto que ni siquiera ser un país nórdico con 70 años de independencia a las espaldas constituye una garantía contra la bancarrota.
Lo que ni Portugal ni Eslovenia ni Islandia han perdido en esta época de turbulencias es su capacidad de proteger sus lenguas respectivas. Los Estados siguen siendo instrumentos relativamente eficaces para asegurar la vitalidad de las lenguas y satisfacer los intereses lingüísticos de sus hablantes. Desde este punto de vista, son muchos los españoles —no necesariamente secesionistas catalanes— que consideran que el Estado, en España, no está actuando adecuadamente para “respetar y proteger” a todas las lenguas españolas (como manda la Constitución). Nos hallamos seguramente ante un déficit simbólico que no solo mantiene Cataluña respecto a España, sino también todas las demás comunidades que tienen una o más lenguas propias diferentes de la castellana.
Los estados siguen siendo instrumentos eficaces para  asegurar la vitalidad de las lenguas
España, sin duda, no tiene una política estatal de protección de las lenguas españolas; nunca ha desarrollado el artículo 3.3 de la Constitución y, a pesar de haber ratificado generosamente la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, la incumple de manera flagrante. En los últimos tiempos el Estado ha permitido desaguisados respecto a lenguas españolas que nunca permitiría respecto al castellano: ¿alguien cree que el Estado permitiría que una comunidad autónoma decidiese relegar el castellano a simple mérito para acceder a la función pública? Es lo que ha pasado en las islas Baleares con el catalán. ¿O alguien cree que el Estado permitiría que una ley autonómica llamase al castellano por otro nombre que no fuera “castellano”? Es lo que ha pasado en Aragón con el catalán y el aragonés. (Por cierto, si el catalán es ahora la “lengua aragonesa propia del área oriental” y el aragonés, la “lengua aragonesa propia del área pirenaica y prepirenaica”, ¿el castellano no debería llamarse “lengua aragonesa propia del resto de Aragón”?).
En una tribuna reciente (Por una ley de lenguas (de una maldita vez), 7-5-2013), Juan Claudio de Ramón defendía una posible solución para este déficit simbólico: una ley de lenguas que convirtiera al catalán-valenciano, vasco y gallego en lenguas oficiales del Estado. El propio de Ramón vaticinaba que a algunos les daría risa la propuesta y otros se llevarían las manos a la cabeza. La aversión al multilingüismo estatal une a la mayoría de unionistas españoles con ciertos independentistas catalanes (como Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural): para los primeros, el castellano y solo el castellano debe seguir siendo la lengua oficial de España; para los segundos, el catalán y solo el catalán debería ser la lengua oficial de una Cataluña independiente.
La aversión al multilingüismo une a la mayoría de unionistas españoles con ciertos independentistas catalanes
En Europa hay unos cuantos ejemplos de Estados “extraños” (al decir de Casals) que cuentan con más de una lengua oficial, y acaso sería oportuno fijarse en ellos para saber de qué estamos hablando. En Finlandia, por ejemplo, las lenguas oficiales del Estado son el finés y el sueco. A pesar de que todo el mundo sabe finés (el sueco es la lengua de un exiguo 5% de la población), todas las instituciones estatales funcionan también en sueco. Los diputados del Parlamento pueden expresarse en la lengua oficial que deseen; a nadie se le ocurriría exigir (o esperar) el uso del finés con el argumento de que es la lengua “común” del país. En el estado europeo más joven, Kosovo, la hegemonía demográfica del albanés tampoco es óbice para que el Parlamento local funcione también en serbio.
Ni Finlandia ni Kosovo son los casos más prominentes de multilingüismo estatal en Europa. Los casos más conocidos son aquellos en los que el multilingüismo estatal se da la mano con el federalismo político (Bélgica y Suiza, pero también Bosnia y Herzegovina). En estos casos, todas las lenguas digamos “nacionales” son oficiales del Estado y cada región, cantón o entidad determina su propio régimen lingüístico. Es lo que podríamos llamar “federalismo lingüístico” —una técnica de gestión de la diversidad lingüística a la que podemos dirigir unas cuantas preguntas—.
Primera pregunta: ¿el federalismo lingüístico podría aplicarse a España? Sin duda. Las cuatro grandes lenguas españolas serían las lenguas oficiales de las instituciones estatales y las comunidades autónomas optarían previsiblemente por mantener sistemas de doble (o triple) oficialidad, del mismo modo que la región de Bruselas en Bélgica, los cantones de Berga, Friburgo y Valais en Suiza y las dos entidades de BiH (la Repubika Srpska y la Federación de Bosnia y Herzegovina). El verdadero cambio, pues, no estaría en las comunidades autónomas, sino en las instituciones estatales, en los símbolos del Estado, en sus delegaciones diplomáticas, etcétera.
¿El federalismo lingüístico podría aplicarse a España? Sin duda.
Segunda pregunta: ¿el federalismo lingüístico podría frenar el secesionismo catalán? Aquí la respuesta no es clara. La política comparada no es muy esperanzadora: el federalismo lingüístico no impidió dos referendos de secesión en Quebec, y no parece que sea capaz de contener una posible secesión de Flandes o de la Republika Srpska. ¡Pero conviene recordar que la finalidad del federalismo lingüístico no es frenar la secesión!
Y tercera y más delicada pregunta: ¿España se encamina hacia el federalismo lingüístico? Aquí la respuesta es rotundamente no. España no puede acercarse al federalismo lingüístico sin acercarse al federalismo tout court. Y a pesar de los esfuerzos del PSC (que el día 29 presentó en Madrid su propuesta federalista) y de la presunta simpatía del PSOE, las cosas no se están moviendo precisamente en una dirección federal. Uno de los indicios más recientes es la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Y no (o no solo) por el trato desigual que dispensa a las lenguas españolas, sino por el mismísimo hecho de ser una ley estatal. (En los Estados federales serios, la educación depende de las unidades federadas; Alemania es el ejemplo más claro de que una gran descentralización no está reñida con la calidad educativa). Para resolver déficits simbólicos al final resultará que, a falta de federalismo, buenas son “autonomías” como la de Portugal.
Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona.

La cuarta revolución industrial

Hablar de industria es volver a los principios básicos de una economía real, que ofrece soluciones tangibles a los problemas a los que se enfrenta la sociedad cada día. Hablar de industria es aferrarnos a una tabla de salvación, que se ha mostrado muy fiable en medio de la tormenta económica que vivimos. Hablar de industria es sinónimo de innovación para conseguir hacer más por menos. Hablar de industria es, en definitiva, hablar de calidad de vida, riqueza y desarrollo económico.
Los datos son evidentes y refrendan, una vez más, la necesidad de apostar por la industria. Si nos fijamos en los países que mejor han sobrevivido a esta crisis, nos daremos cuenta de que todos ellos tienen un importante sector secundario. De los 10 países más competitivos del mundo, en cinco de ellos el peso del PIB industrial supera el 20%. A nivel mundial, la industria representa el 16% del PIB, el 70% del comercio global y origina más de las tres cuartas partes de la investigación y desarrollo en el ámbito privado. Por ello, no es de extrañar que los países con planes de crecimiento más ambiciosos estén experimentando un “Renacimiento de la industria”. El objetivo de todos ellos es conseguir una cuota industrial ligeramente por encima del 20% del PIB.
De hecho, la importancia creciente de la industria puede atribuirse a diversas características estabilizadoras y sostenibles. Constituye el punto de partida de una extensa cadena de valor que abarca desde la investigación y el desarrollo hasta servicios basados en tecnología. Este sector se considera una garantía para el crecimiento (cada dólar estadounidense en valor añadido bruto en la industria genera 1,4 dólares en valor añadido bruto en otros sectores de la economía), el empleo (por cada nuevo puesto de trabajo en la industria, se crea una media de dos empleos en otros sectores), la competitividad (los países más industrializados tienen una mayor cuota de mercado en exportaciones) y, por tanto, un factor de estabilidad para la sociedad.
A pesar de todo esto, la tercerización de la economía es evidente, como apuntan los datos del Fondo Monetario Internacional que indican que la cifra de empleados de sectores industriales se ha reducido desde los 62 millones en 2000 a poco más de 45 millones en 2010 y alerta que de no poner freno a esta tendencia la cifra podría llegar a menos de 40 millones en 2030.
En España, es el principal generador de empleo cualificado, de I+D+i
y de comercio exterior
En España, no hemos sido ajenos a esta tendencia y el peso del sector se ha reducido desde el 34% de 1970 a poco más del 15% actual. Se trata de una caída dramática a la que es necesario poner fin de manera inmediata, ya que pese a su reducido tamaño se trata del principal generador de empleo cualificado (el 85% del empleo es fijo), de I+D+i (su inversión supone el 50%) y de comercio exterior en nuestro país. El automóvil y la industria alimentaria son un buen ejemplo para analizar qué se ha hecho bien para permitir a nuestro país situarse como una referencia mundial en estos campos.
La industria se enfrenta a importantes obstáculos que lastran su capacidad de crecimiento y su productividad. En primer lugar, cabe destacar el precio de la energía, que es uno de los más caros de Europa. Debemos tener en cuenta que el precio de la electricidad ha crecido en los últimos cinco años muy por encima de la inflación, lo que supone una importante barrera de crecimiento, máxime cuando los costes energéticos pueden suponer hasta el 60% de los totales. En España, el sector consume tres veces más energía que la media de la UE, por lo que urge implantar medidas que favorezcan la eficiencia energética para garantizar una mayor competitividad de las fábricas.
La flexibilidad del mercado es un problema añadido más al que la reforma laboral parece que podría poner coto. En este sentido, es necesario articular las medidas necesarias para amoldar las jornadas laborales a los picos de trabajo y así evitar paradas innecesarias, que no hacen más que retrasar la producción y aumentar los costes. En Siemens, por ejemplo, durante los primeros años de la crisis, más de 19.000 empleados de nuestras fábricas en Alemania redujeron sus jornadas.
La formación de nuestros jóvenes es otro gran hándicap. Pese a que la calidad de los ingenieros españoles está más que contrastada es necesario seguir fomentando el interés por la formación técnica. Así, urge una reforma profunda del modelo de formación profesional para adaptarlo mucho más a las necesidades de las empresas. En este sentido, los modelos duales han mostrado su éxito, ya que unen lo mejor de las formaciones teórica y práctica y su fuerza laboral es más acorde a las necesidades reales del mercado. De hecho en los países en los que este modelo está implantado desde hace años como Alemania o Austria, las tasas de paro juvenil son mucho menores y no superan el 10%, pese a que la tasa de universitarios es mucho menor (28% contra 38,5%). Por otro lado, no debemos olvidar la importancia del inglés donde no salimos muy bien parados: en España lo habla con fluidez tres veces menos gente que en otros países más avanzados. La última propuesta del Gobierno puede ser un paso importante en este campo.
Es importante también hacer referencia al tamaño de las empresas. Los países más competitivos como Alemania, por ejemplo, tienen más empresas medianas y grandes (estas dan trabajo al 60% de los empleados frente al 40% de nuestro país). Este pequeño tamaño impide la generación de economías de escala, hace que resistan peor losshocks cíclicos, que tengan muchas más dificultades para desarrollar procesos exportadores y de I+D+i y dificulta el acceso a la financiación. Las pymes españolas se enfrentan a grandes problemas para incrementar su capital, además de que el acceso a fondos financieros sigue siendo muy complicado y a unos precios que casi duplican el pagado por algunos de nuestros competidores europeos. Es necesario tomar medidas para que dejen de aumentar sus deudas y puedan aumentar su capital.
Ya hay tecnologías que consiguen ahorros de tiempo cercanos al 40% y del 30% en costes
Puede que todavía no nos hayamos dado cuenta, pero en la actualidad, estamos fabricando el futuro. La convergencia de un gran número de nuevos materiales, software más potentes, procesos más eficientes y una enorme cantidad de servicios basados en Internet está cambiando la industria, tal y como la conocemos. Algunos expertos ya se atreven a hablar de una cuarta revolución industrial debido a la magnitud de estos avances. Ya hay tecnología que puede conseguir ahorros de tiempos cercanos al 40% y del 30% en costes. Así, por ejemplo, la impresión en 3D está llamada a revolucionar el mercado industrial. Su uso ya es una realidad en la fabricación de piezas para audífonos o partes de aviones militares.
Esta revolución tendrá consecuencias reales en nuestras vidas. En primer lugar, afectará no solo a cómo se hacen las cosas, sino también dónde. Los grandes ahorros de costes de estas tecnologías no harán necesario llevar las fábricas a países lejanos, sino que obligarán a localizarlas cerca de los clientes para responder mejor y más rápido a sus necesidades. Según un estudio de Boston Consulting Group en áreas como el transporte, ordenadores y maquinaria industrial, entre el 10% y 30% de lo que Estados Unidos importa de China podría hacerlo en su país, lo que supondría un aumento de sus ingresos entre 20.000 y 55.000 millones de dólares al año.
Ahora es cuando debemos saber qué parte de la fase productiva queremos liderar y si queremos apostar por la tecnología para industria o dejar pasar el momento. En Siemens, aspiramos a marcar el camino y desde 2007 hemos invertido 4.000 millones de euros en compañías especializadas en este campo. Así, ya contamos con 17.500 ingenieros de software, de los cuales 7.500 trabajan en el sector industria.
Por último, no debemos olvidarnos del activo más importante con el que contamos y sin el que ninguno de estos cambios sería posible: las personas. A pesar de la apuesta por la tecnología, seguiremos necesitando profesionales bien cualificados para que planifiquen, controlen y desarrollen todos los procesos. Por ello, insisto en que debemos destinar una parte importante de la inversión a formación, para que nuestros equipos estén preparados para afrontar las necesidades de un mercado que cambia cada día.
Si hablar de industria es hacerlo de calidad de vida, riqueza y desarrollo económico, ¿por qué nos empeñamos en seguir evitando el debate?
Rosa García es presidenta de Siemens en España.

Acoso virtual al gamberro

La sociedad china, dispuesta a abrirse al mundo y a mostrar lo mejor de sí misma, ha puesto en marcha un original sistema para afear las malas conductas de sus ciudadanos tanto en casa como en el extranjero: el acoso cibernético, que no se queda frente a la puerta de casa, sino que se introduce hasta los ordenadores de familia y amigos para sonrojo delculpable. Ding Jinhao, un adolescente de 14 años de familia acomodada de Nankín, era, seguramente, ajeno a estas prácticas y al valor de los bajorrelieves milenarios egipcios cuando se le ocurrió la felizidea de hacer una inscripción en uno de ellos del templo de Amenofis III, en Luxor. “Ding Jinhao estuvo aquí” rotuló con una piedra con evidente falta de originalidad cuando visitaba el lugar junto a sus padres, cometiendo un error flagrante, dado que China es muy sensible a la propia imagen que proyecta fuera.
Un conciudadano denunció la fechoría fotografiando el graffiti y subiéndolo a la red social más importante del país, Weibo, dando inicio así a la caza del vándalo.
Su foto fue replicada en la red hasta 100.000 veces y el lunes varios periódicos chinos ofrecían en portada la historia de la caza, espoleada por las recientes declaraciones del vicejefe del gobierno Wang Yang, que lamentó los malos modales de algunos de sus compatriotas: “Hablan alto en público, realizan inscripciones en sitios turísticos, cruzan con el semáforo en rojo, escupen por todas partes...”. El caso es que los internautas terminaron dando con Ding Jinhao y hasta lograron hackearla web de su escuela de manera que el que quería entrar en ella se topaba con la ya famosa inscripción del chaval.
Finalmente, los padres de Ding han pedido clemencia. Se han excusado por el fallo educativo que ha demostrado su hijo y han pedido que se detenga el acoso (la verdad, un poco excesivo) mientras desde El Cairo los expertos anunciaban que el bajorrelieve dañado ya está restaurado.
Esta es, en fin, una anécdota cuyo valor se multiplica en un país tan gigantesco. 82 millones de chinos viajan ya cada año al extranjero. Ahora saben que un desmán fuera les puede acarrear en casa un incómodo problema. fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/05/29/opinion/1369852250_046940.html

Oportunidad de cambio

La decisión de Bruselas de conceder dos años más a España para alcanzar el objetivo de déficit a cambio de una aceleración de las reformas en el sistema de pensiones y en el mercado laboral debe interpretarse como la confirmación de dos fracasos envueltos en un triunfo que solo el tiempo dirá cuál es su importancia. Es un fracaso que la Comisión haya tardado tanto en reconocer que las políticas de recorte del gasto a ultranza tienen un recorrido limitado, que no resuelven por sí solas los problemas y que, además, buena parte de sus éxitos a corto plazo dependen de la capacidad técnica y política de los Gobiernos que las trasladan desde el papel a la realidad. Y es un claro revés del Gobierno no haber cumplido los objetivos comprometidos con Europa, a pesar de las declaraciones asegurando que los planes de estabilidad se cumplirían a rajatabla.
No ha sido así y puede discutirse si este Ejecutivo es el idóneo para aplicar un programa de ajuste muy drástico en el tablero de ajedrez de los intereses autonómicos y con una debilidad de la estructura laboral que genera millones de parados en cada crisis o recesión. Pero estos dos fracasos han conducido a Bruselas a una reflexión posibilista. Puesto que parece imposible que la economía española consiga rápidamente el objetivo de estabilidad (un déficit del 3% del PIB, reducción significativa de la deuda) es más práctico relegar los objetivos cuantificables de estabilidad a un segundo plano y traer al escaparate compromisos de reformas estructurales. Es cuestionable sustituir criterios mensurables (deuda, déficit...) por otros difíciles de calibrar (¿cómo se mide una reforma con éxito?), pero tal cambio de percepción debería convertirse en un alivio presupuestario y proporcionar alguna oportunidad de inversión pública.
Oportunidades que no se pueden precisar porque dependerán (otra vez) de la capacidad técnica y política del Gobierno. Por ejemplo, para aprovechar la iniciativa contra el paro juvenil en Europa propuesta el martes en París. Lo que sería erróneo es mantener una política económica con los límites claramente fijados por Bruselas y esperar pacientemente a que la recesión se agote por sí misma, reiterando el estribillo de que las reformas “pronto darán resultado”.
El equipo económico debe tener en cuenta que la OCDE acaba de poner patas arriba las previsiones económicas contenidas en el Plan de Estabilidad. La organización calcula que este año el producto interior bruto se contraerá el 1,7%, que la tasa de paro llegará al 28%, que el déficit apenas bajará una décima (tampoco cumplirá el 6,5% que le ha concedido Bruselas). La OCDE recomienda a Rajoy que se centre en la reactivación (“impulsar el crecimiento debería ser la prioridad número uno”) y el empleo, y pide que se mantengan los “pasos positivos” dados para incrementar las políticas de activación del mercado laboral. Para poder reducir el paro masivo, el Ejecutivo no debería interpretar mal estos mensajes.

miércoles, 29 de mayo de 2013

Abajo no está arriba, ni arriba está abajo

Vemos a José K. inmerso en un trabajo que ahora conoceremos, más concentrado y afanoso que nunca, sin prestar atención a su emisora de siempre, rumor de fondo en su costroso transistor. Ha optado por quedarse en la mesa de la cocina —única, por otra parte— en el muy modesto tabuco en el que agota sus años de vejez. Íngrimo en su rincón, alejado de ruidos externos perturbadores, nuestro hombre avanza en su labor. José K., impactado por esta vuelta al siglo XX, o quizá al XIX, o al XVIII, o incluso al XVII o el XVI, a los que nos lleva el ministro Wert y su vuelta a la asignatura de religión, ha decidido preparar un esquema para un próximo libro sobre la materia que se podría dar, por ejemplo, en todos los centros de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Ya lleva pensados algunos capítulos. Tal que la Historia del Vaticano. Ha quedado para más adelante la descripción sobre algunas fruslerías recientes como la del banco Ambrosiano y el ahorcamiento de Roberto Calvi, que se ha quedado enredado José K. en aquellos memorables días en los que los cardenales, directamente, se asesinaban los unos a los otros mientras ponían al frente de la Iglesia a hijos, hijas, queridas y mantenidos. Otro capítulo entretenido podría tratar sobre la Santa Inquisición, métodos y utensilios de tortura, tan eficaces para arrancar senos, romper brazos o arrancar jirones de carne con el misericordioso fin de salvaguardar la fe verdadera: los aplastacabezas, la bota española, el cepo, la cuna de Judas, la silla del interrogatorio, el potro. Por último, está pensando en cómo explicar con detalle el impúdico apoyo de la jerarquía católica a la mugrienta cruzada de Francisco Franco, aquel glorioso general que tras fusilar a miles de españoles entraba en las catedrales bajo palio y al que los cardenales rendían pleitesía medieval. ¡Claro que es conveniente que nuestros infantes estudien tan piadosas gestas!
La sintonía del boletín informativo le saca de su ensimismamiento, cual perro de Pavlov, y presta oídos a la actualidad. En mala hora lo hiciera, que otra vez se le revuelven los higadillos y la pajarilla se le arrebola por los adentros. Porque quienes dirigen el mundo han acabado por robarnos, además, el juicio y hasta las palabras. Se divierten con ellas y nos subvierten su significado para que justicia siempre sea lo que les beneficia a ellos y delito lo que a ellos les perjudica. La misma piedra es una joya cuando sale de sus manos, y un simple pedrusco cuando llega a las tuyas. De su lado los campos feraces, del nuestro el barbecho. La culpa, finalmente, como el fracaso, son siempre nuestros, que la recompensa y el éxito siempre premian a los suyos.
José K. quiere que la asignatura de religión incluya la Inquisición
y el apoyo a Franco
De Wert y la asignatura de Religión, verbigracia, hablábamos. ¿Es una muestra de arcaico y retrógrado clericalismo esa imposición? No, en absoluto. Es anticlericalismo rancio y añoso oponerse a ella. ¿Queda claro? Este malabarismo de conceptos, esta tergiversación de ideas, sujetos, verbos y predicados impregnan todo lo que tocamos. ¡Cómo será de obvio y manifiesto el hurto, la ratería, el latrocinio, que hasta una princesa —¡una princesa, allá en las alturas!— se ha dado cuenta de la existencia de tanto vampiro!
Insta José K. a seguir el razonamiento de Slavoj Žižek a propósito de la condena en Rusia a las Pussy Riot: “Hay dos tipos de cinismo, el cinismo amargo de los oprimidos que desenmascara la hipocresía de aquellos en el poder, y el cinismo de los propios opresores que violan abiertamente sus propios principios proclamados”. ¿Piden ustedes muestras? Con gusto. Fíjense qué enorme violencia la de esas decenas de ciudadanos que se acercan —solo se acercan— a la vivienda del señor ministro de Justicia a pegarle cuatro gritos y enseñarle unas pancartas. Intolerable, claro: una terrible coacción a la libertad del ministro y de su familia. Por contra, cuánta paz encierra la decisión de Alberto Ruiz-Gallardón de negar a la madre que haga lo que crea conveniente con su vientre. Qué ausente de violencia se muestra la decisión del ministro y todo el Gobierno de obligar a esa madre a convivir —ya sea un día o 30 años— con un ser no querido, haya nacido o no con tal o cual enfermedad. ¿Esos católicos que tanto presumen de amar y respetar al prójimo, por qué obligan —sí, obligan con la violencia de la ley— a tener que aceptar sus creencias sobre algo tan alejado de las competencias de los obispos como la biología? Porque el adusto Antonio María Rouco Varela no parece ser un experto investigador de zigotos, mórulas, blástulas y embriones.
¿Cómo es posible que luzcan como grandes genios de las finanzas esos egresados de carísimas escuelas de negocios, que día sí y otro también inventan productos financieros a cuál más complejo para que los bancos que les pagan —con obscena generosidad— puedan engañar más y mejor a sus usuarios y guapear sus socaliñas? ¿Por qué la culpa es del incauto endeudado que se pringó de por vida, se pregunta José K. al borde de la apoplejía, y no del delincuente que vendía basura envuelta en papel dorado? Loado y listísimo quien vendió engaños; culpable, malquisto y bobón quien los compró. Con gran dolor ha observado nuestro hombre que los segundos andan ahora rebuscando yogures caducados en las basuras de los supermercados, mientras los primeros siguen mandando, dirigiendo y ordenando la circulación. Y además, insultan a los más angustiados y empobrecidos: manirrotos, les dicen. Imprudentes, les afean.
Lucen como genios de
las finanzas quienes inventan productos para engañar a los usuarios
Así llegamos a que los jubilados sean unos insensatos que ponen en peligro el equilibrio financiero del mundo occidental porque piden, gentuza insolidaria, que no les bajen su ya magra pensión o, al menos, que se ajusten a la subida del IPC. Pero en cambio, qué injusto y disolvente —cosas de rojos irredentos— exigir, supongamos, una tasa a las operaciones financieras, una décima de más en las Sicav, o un mayor control fiscal a las grandes fortunas. ¿Qué tal si apretamos un poco las desorbitadas ganancias de ciertos empresarios textiles —espejos de emprendedores— que hacen blusitas en edificios infectos de Bangladesh? Ya sabe José K., ya, que es muy feo decir estas cosas. Una grosería, una muestra de intemperancia. Lo que le asombra es que sea mucho peor denunciar el crimen que cometerlo. Porque los culpables, no hay más que tener ojos, son quienes promueven o mantienen con su acción o falta de ella, tantas y tantas injusticias. Y no, en absoluto, los damnificados por ellas o quienes, adoloridos, claman contra tanta infamia.
Y ahora, en medio de todos estos desmanes, surge un doloroso trabajo extra, que hay que ver lo acongojados que están Gobiernos y banqueros porque acaban de descubrir que en el mundo existen, qué sorpresa, ciertos lugares de nombres encantadores donde unos desaprensivos depositan miles de millones de euros, sin pagar por ellos ni un céntimo en impuestos ni cosa que se le asemeje. Los llaman, qué bonito, paraísos fiscales. Y es allí donde al parecer, los pobres del mundo guardan sus ahorros. ¡Cuánto trabajador, cuánto pequeño empresario, cuánto autónomo esconde sus miles de millones en las islas Jersey, por citar una simpática localización! Avariciosos y canallas que privan a sus conciudadanos de unos impuestos que permitirían, por lo menos, acabar con la pobreza.
Porque quién va a creer —anatema— que son esos mismos banqueros y esos mismos gobernantes que tanto sufren —pobres— y que tanto se preocupan por nosotros, los culpables de esa infamia, de esa indecencia cósmica. Oh, no, de ninguna manera, se dice José K., sonrisa de hiena, que anoche, antes de poner término al detallado libro para Wert, había echado un vistazo, una vez más, a su muy querida Alicia:
—Pero es que a mí no me gusta tratar a gente loca.
—Oh, eso no lo puedes evitar. Aquí todos estamos locos. Yo estoy loco. Tú estás loca.
-—¿Cómo sabes que yo estoy loca?
—Tienes que estarlo, o no habrías venido aquí.
(Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll).

martes, 28 de mayo de 2013

La inflación está ausente

Hace tiempo que la inflación no es la principal obsesión de las economías avanzadas, sobre todo después de la irrupción de la crisis que condujo a la Gran Recesión. En realidad, hemos visto en los años iniciales de la crisis registros negativos en la variación de los precios en no pocos países, entre ellos, España. El desplome de la demanda de bienes y servicios, de forma intensa en las economías avanzadas, ha tenido lugar en un contexto de agudización de la competencia en los mercados globales, especialmente por parte de las economías emergentes, que han neutralizado cualquier ascenso en precios de bienes y en servicios. Como “el perro que no ladró”, parafraseando a Sherlock Holmes en Estrella de Plata, ha caracterizado el FMI a la inflación a lo largo de la crisis: ni registró caídas muy pronunciadas y continuadas, propias de anteriores recesiones, ni se ha constituido en una amenaza ahora que la economía global puede crecer algo más.
En el conjunto de la economía mundial había caído hasta el 3,25% desde el 3,75% el año pasado, y ese será el nivel en el que se mantenga hasta concluir 2014. En algunas economías avanzadas como Japón, en una situación próxima a la deflación durante varios años, será muy beneficioso el repunte en la variación de los precios consecuente con los estímulos a la demanda que las autoridades de aquel país han instrumentado. El propio Banco de Japón ha establecido un objetivo de inflación para tratar de alejar definitivamente las amenazas de los últimos años.
Han sido precisamente las políticas expansivas practicadas en EE UU y más recientemente en Japón las que han provocado algunas alarmas de los menos partidarios de la intervención pública. La combinación de una burbuja de bonos e implicaciones inflacionistas a medio plazo han sido los principales argumentos para defender el ajuste automático aun cuando significara demasiado desempleo durante demasiado tiempo. No es probable que tales efectos secundarios emerjan, y en todo caso, que lo hagan con intensidad suficiente como para cuestionar ese objetivo preeminente, la reducción del desempleo, que hoy debe orientar las políticas económicas.
Los recientes análisis del FMI no abonan la inquietud. Se preguntan por qué no ha bajado más durante la fase más recesiva de la crisis. La propia naturaleza estructural del desempleo podría ayudar a explicarlo. Lo relevante en todo caso es que las expectativas de inflación se encuentran ancladas sin percibir riesgos excesivos de repunte a lo largo de la esperada fase de recuperación del crecimiento económico. Ello no quiere decir que no puedan darse elevaciones, especialmente si la tasa de desempleo en algunas economías desciende significativamente por debajo de la considerada como no aceleradora de la inflación.
Las consecuencias políticas de esa ausencia de justificación a temores inflacionistas son claras para la eurozona, el área hoy más deprimida de la economía global. El Banco Central Europeo (BCE) debería centrarse, como lo está haciendo la Reserva Federal estadounidense, en reducir de forma prioritaria y urgente el elevado desempleo del área monetaria. Sobre todo por los graves problemas de transmisión a la periferia de sus estímulos recientes. Evitar la fragmentación financiera también es compatible con hacerlo con el alarmante desempleo.
fuentes

Un yate real disputado

Allá por el año 2000, cuando la familia real española gozaba de un enorme apoyo popular, una veintena de empresarios, junto al Gobierno balear, hizo un espléndido regalo al rey Juan Carlos: el yate Fortuna. Era el tercero que disfrutaría con el mismo nombre y lo ha exhibido durante más de una década en los veranos mallorquines para regocijo de invitados —de otras casas reales o no— y festín de los reporteros de la prensa del corazón.
Las dos embarcaciones anteriores finalizaron su vida activa y pasaron una —el primer Fortuna— al desguace y la otra —regalo del rey Fahd de Arabia Saudí— al Museo Olímpico de Barcelona, cumpliendo el deseo del propio Monarca. Este tercero, una vez que el Rey ha renunciado a su disfrute, debería transferirse al patrimonio del Estado, titular último del barco, para darle el mejor y más rentable uso posible, como dijo la vicepresidenta del Gobierno. Pero es evidente que los tiempos son muy distintos y que el idilio entre Mallorca y la casa real ha sufrido algunos contratiempos.
Cuando los más ilustres apellidos del sector turístico regalaron elFortuna al Rey querían hacer, en realidad, una buena inversión. Aquellos paseos por la bahía de Palma ofrecían “una extraordinaria imagen internacional de Baleares”, como ellos mismos alegaron para gastarse los casi 3.500 millones de pesetas (21 millones de euros) que costó construir el yate. De paso, sus empresas se acogían a ciertos beneficios fiscales al constituirse en fundación. El regalo cumplió su cometido. El flamante yate, libre de las humillantes averías del anterior, remolcado una vez por pescadores con el Rey y el príncipe de Gales a bordo, ofreció una estampa ideal de las islas.
Pero ahora, tras la renuncia y cuando hay más críticas a la Monarquía, los dadivosos empresarios piden la devolución del regalo. Aparte de cuestiones sobre educación y buen gusto, ¿acaso el yate no cumplió su función? De todas formas, el Gobierno debería hacer cuentas. Quizá resulte más económico devolver un regalo que genera mucho gasto —solo llenar el depósito cuesta 26.000 euros— y exigir la compensación por aquellas exenciones fiscales a las que algunos se acogieron.

Hacer algo y hacerlo ya

Todos los participantes en el foro sobre empleo juvenil organizado en París por el Instituto Berggruen, desde el presidente francés, François Hollande, hasta el español, Mariano Rajoy, pasando por los expresidentes Felipe González y Mario Monti, han insistido en tres ideas básicas que definen perfectamente la alarmante situación de la economía europea: el crecimiento sigue estancado, la situación del paro, en especial el juvenil, es insostenible y es imperativo actuar ya, sin demoras ni excusas. Hay más de seis millones de jóvenes sin empleo en Europa y contra esta realidad tan desoladora, que condena a la frustración a las generaciones mejor preparadas de la economía europea, se ha articulado un programa defendido por Francia y Alemania que cuenta con 6.000 millones de euros; con ese capital, el Banco Europeo de Inversiones podría avalar créditos de hasta 60.000 millones para subvencionar a las empresas que se comprometan a contratar a menores de 25 años.
El paro, y sobre todo el paro juvenil, ha desatado una situación de emergencia laboral en Europa, tanto por la amenaza evidente sobre el crecimiento económico del continente como por el riesgo elevado de que se destruya la tambaleante cohesión social de la zona euro y la UE. La gravedad de esa emergencia es una de las razones principales por las que la Comisión Europea está mitigando su obsesión por la austeridad, como recordó ayer Hollande.
No está claro que la subvención directa a la contratación sea la fórmula mejor para favorecer el empleo juvenil; existen aproximaciones indirectas (estímulo de la inversión y el consumo, apoyos a la financiación empresarial) que deberían completar el programa franco-alemán, y en París se expusieron algunas ideas interesantes. Pero el factor decisivo en estos momentos es la urgencia. Urgencia en frenar la destrucción de puestos de trabajo; y urgencia en enviar el mensaje a la sociedad de que el paro juvenil concita la máxima dedicación de las autoridades. Ante cualquier problema definido, casi todas las opciones son mejores que la inacción. Había que romper con el fatalismo de que los tratamientos contra el desempleo estén obturados por restricciones inherentes a políticas de austeridad. Pues bien, el pesimismo no tiene por qué ser la única visión posible en esta fase de recesión, falta de recursos presupuestarios y escasa iniciativa en algunas instituciones comunitarias.
Esa es precisamente la gran virtud del encuentro de París. Se da un primer paso que puede cristalizar en nuevas iniciativas paneuropeas contra el desempleo y en favor del crecimiento; se sienta un precedente útil y se indica un camino probable de solución. De paso, se gana la probabilidad, quizá la esperanza, de que la parálisis laboral europea empiece a corregirse en el corto plazo. Pero es necesario recordar el axioma keynesiano de que las oportunidades no generan certezas. Para que la iniciativa tenga éxito, siquiera sea modesto, es imprescindible que las empresas acepten el desafío y la oportunidad. fuentes http://elpais.com/elpais/2013/05/28/opinion/1369765211_918347.html

domingo, 26 de mayo de 2013

Nazismo

a cosa viene de antiguo, de la misma puesta en marcha de la autonomía a partir de 1980. Pero, desde el pasado otoño, la formulación de analogías y equiparaciones entre el nacionalismo catalán y el nacional-socialismo hitleriano se ha convertido en un lugar común, en un latiguillo, en un recurso rutinario para opinadores y políticos, ayunos de mejores argumentos.
Así, algún sesudo académico ha afirmado que considerar la gigantesca manifestación del pasado 11 de septiembre como un hecho políticamente relevante, que eso entronca con la “democracia aclamativa” teorizada por el jurista nazi Carl Schmitt, y ha comparado un mosaico de la senyera en el Camp Nou a comienzos de temporada con los ritos anuales en el Núremberg del Tercer Reich. Y a cierto presunto artista del ramo del diseño la eclosión de banderas en las calles de Barcelona el citado 11-S le trasladó a “la época de Hitler”. Y la inefable cadena pública Telemadrid sostiene que invocar el “derecho a decidir” de los catalanes constituye una manipulación totalitaria del lenguaje, propia de Hitler y Stalin. Y, según el diputado regional del PP Rafael Maluenda, decir que en Valencia se habla una variante del catalán equivale a estar preparando un Anschluss como el de Hitler sobre Austria…
Algún sesudo académico ha afirmado que considerar la gigantesca manifestación del pasado 11 de septiembre como un hecho políticamente relevante
Así las cosas, se diría que, absorbidos por la denuncia de nazismos imaginarios, a todos esos celadores de la democracia genuina se les han escapado los nazis y los filonazis de verdad. Me refiero a los representantes de la Hermandad de Combatientes de la División Azul que participaron el pasado día 11, en Sant Andreu de la Barca, de un homenaje a la Guardia Civil, y a los que la delegada del Gobierno central, María de los Llanos de Luna, incluso distinguió con un diploma conmemorativo.
Aclaremos, de entrada, que el receptor de dicho diploma no era “un excombatiente de la División Azul” (a menos que hubiese permanecido hibernado desde la batalla de Krasny Bor, en 1943…), sino un joven vestido con el uniforme de la Falange de Franco, camisa azul mahón y boina roja. De hecho, es poco probable que pueda hallarse hoy en Cataluña ningún superviviente de aquella unidad, por lo menos ninguno en condiciones de asistir a ceremonias y homenajes, y resulta dudoso que familiares de aquellos veteranos participen de modo significativo en las actividades de la antedicha Hermandad.
Parece, más bien, que la componen un grupo de aficionados a la “recreación histórica”. Pero, claro, no es ni significa lo mismo vestirse de legionario romano en el marco del festival Tarraco Viva, o de grognardnapoleónico para recrear la batalla de Austerlitz, que enfundarse el uniforme franco-falangista y lucir en el pecho el distintivo rojigualdo de la División Azul en el seno de la Wehrmacht, con la cruz de hierro y el yugo y las flechas superpuestos.
Identificarse con la División Azul es exhibir nostalgia del nazismo y del franquismo, dos regímenes criminales
En este sentido, resulta insostenible la tesis exculpatoria defendida por la Guardia Civil, según la cual la Hermandad se fundamenta “en un contexto histórico, no ideológico”. La División Española de Voluntarios contra el Bolchevismo —tal fue su nombre oficial— era una unidad ideológica de filiación nazi-fascista. Tanto como las Waffen SS; ¿o acaso entre las ideas de Serrano Suñer (“el exterminio de Rusia es exigencia de la Historia y del porvenir de Europa”) y las de sus colegas Ribbentrop o Himmler existía alguna diferencia?
Hoy día, identificarse con la División Azul —cuyos miembros juraron lealtad a Adolf Hitler— es hacerlo con el nazismo y el franquismo, es exhibir nostalgia de aquellos regímenes totalitarios y criminales, algo perseguido penalmente en la Europa democrática. Que tal apología pueda producirse durante un acto oficial presidido por Llanos de Luna constituye una vergüenza y un escándalo cuyo equivalente, en Alemania, Bélgica o Francia, habría provocado una crisis de Gobierno. En fin, que el PP y Ciutadans no hayan sido capaces de exigir el cese fulminante de la delegada muestra que, por encima de las ínfulas cazanazis, está la unidad del movimiento. De su Movimiento Nacional, quiero decir.

Los sonámbulos

Hay veces que los medios de comunicación tienen la virtud de conectar con exactitud con un estado de opinión. Entonces aciertan y se les reconoce su calidad, su imprescindibilidad para la calidad de la democracia. Ha sido, por ejemplo, el caso de la última portada del semanario británico The Economist. En ella se ve a los principales líderes de la UE (Merkel, Hollande, Draghi, Rajoy, Van Rompuy, Barroso...) caminando al borde de un precipicio, y los califica de “los sonámbulos”.
Aunque se puede disentir de la idea de Europa que editorialmente defiende de modo tradicional el semanario, en su diagnóstico de la situación hay muchos elementos de lo que ahora ocurre en la eurozona. A saber:
—Es peligrosa la idea de que lo peor ha pasado porque en estos momentos haya calma chicha en los mercados de deuda y la prima de riesgo de muchos países tienda a bajar. Ello ha sido debido al efecto placebo de las declaraciones del gobernador del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, a favor el euro. Pero los indicadores centrales de la coyuntura (sobre todo el paro) no cejan de empeorar. Y Europa, cuando permanece en la inacción, retrocede. Ello dice la historia. La calma de Bruselas, más que un síntoma de recuperación, es una muestra de decadencia.
—La zona euro necesita desesperadamente un plan de impulso. Es preciso utilizar la liquidez de unos países centrales para impulsar la inversión y el empleo (juvenil) en los de la periferia, los que más sufren la recesión. Por eso al club de todos ellos se le denomina Unión Europea. El europeísmo significa la superación de las pulsiones nacionalistas.
—De nuevo, uno de los principales factores de estrangulamiento es la banca, que no proporciona apenas crédito. Los bancos europeos necesitan fondos a toda costa. EE UU ha conseguido recuperarse antes que Europa, entre otros aspectos porque ha puesto en orden su banca para que ayude a generar actividad.
—El eje francoalemán, que es el motor de la Europa unida, no está funcionando. A la distancia entre Merkel y Hollande contribuye la idea de austeridad: mientras la primera la extrema hasta el dogma, Francia opina como Pierre Moscovici, su ministro de Economía, que ha declarado, sin duda para acaparar titulares: “Austeridad es cuando se mata al paciente”.
—Hay movimientos antieuropeístas crecientes, no solo en la derecha del espectro político sino también en la izquierda del mismo. La unanimidad sobre las bondades del euro se ha roto, y se ha abierto un debate del que conviene no orillarse.
The Economist habla de desilusión, comunidades deterioradas, vidas desaprovechadas. Y concluye rotundo: “Si a los sonámbulos les importa su moneda y su pueblo, necesitan despertarse (...) El desastre es cuestión de tiempo”. Los sonámbulos salen de la cama, caminan, pero permanecen inconscientes y son incapaces de comunicarse con los demás.

Relatos vascos

ETA, la organización terrorista vasca a la que José María Aznar definía como el Movimiento Vasco de Liberación, ha dejado de matar. Por el momento, es así. ¿Ha cambiado mucho el País Vasco debido a esa decisión? En el aspecto más duro, sí. Los concejales del PSE y del PP van perdiendo el miedo, poco a poco, a que les den un tiro en la nuca por ser españoles. Es un salto cualitativo importante.
Pero, ¿han cambiado muchas más cosas en el País Vasco? La eliminación del miedo a la muerte no es poca cosa, pero estamos muy lejos de llegar a la normalidad. No hay que bucear mucho, basta con salir a poblaciones de medio tamaño para sentirlo. Por un momento, dejemos Bilbao (la del sitio, la que ha resistido siempre), San Sebastián (donde los que han resistido son héroes o están muertos) y Vitoria. Vayamos a pasear por Mondragón o por Hernani. Una buena recomendación de turismo. Las calles siguen llenas de pancartas con caras de asesinos para los que se exige la libertad por su condición degudaris,de soldados vascos. Se hacen fiestas en las que en las casetas(txosnas) se exige no dar muestras de españolismo. Y entre risas y alcohol abundantes siempre en la patria de Sabino Arana, surgen los insultos a los que, con su comportamiento normal, arrojan sospechas de pertenecer a ese mundo imperial de los españoles.
Mencionar esos lugares es lo mismo que mencionar otros muchos, en los que la chulería, el matonismo de los patriotas sigue asomando en cada portal. Todo ello, acompañado con una muy importante “carga de razón”: el proceso de paz está estancado porque el Gobierno no da ningún paso adelante. La política penitenciaria no se ha modificado apenas desde que ETA anunció el cese de la violencia.
Los chulos, los matones, mantienen una importante representación pública. Muchos concejales, muchos diputados en el Parlamento autónomo. Muchos alcaldes. Y en todos ellos, el mismo comportamiento y el mismo argumento: si no hay movimiento desde el Gobierno español, el proceso no va a culminar.
¿Qué proceso? Se refieren, claro está, al que ellos mismos, con una corte bien pagada de mediadores internacionales escogidos también por ellos, han querido imponer. No ha habido ninguna negociación, ningún pacto en el que las presuntas dos partes tuvieran que ponerse de acuerdo para cambiar algo por algo. El mensaje es sencillo: ETA ha dado un paso. Hay que responder con otro, que es la política penitenciaria.
¿Por qué? Pues no lo sabemos. Solo sabemos que sigue habiendo militantes terroristas que andan sueltos, armados con pistolas, por el sur de Francia. Cada vez con menos dinero para mantener su escueto tren de vida, pero andan sueltos con pistolas. ¿Para qué? Tampoco nos lo han explicado. Brian Currin, el mediador por excelencia avisa: puede haber escisiones. Eso significa que algún descerebrado puede decidir matar por su cuenta.
Han dejado de matar, pero están ahí. Y su corte de hooligans les apoya y financia. Hasta ahí, más o menos, la cosa está clara. Hemos ganado una parte de la batalla, pero persiste una amenaza latente contra los demócratas (españoles, no se olvide).
Lo lacerante es que haya reclamaciones de una parte de ese sector, el de los demócratas, que pide acciones que equilibren el gesto de ETA. Según ellos, instalados algunos en el PSE, habría que mover las cárceles, adelantar permisos, atenuar condenas para que el llamado proceso siga adelante.
Pero, ¿qué proceso? Pues el que diseñó ETA, apoyó Bildu y todo el resto del mundo de la violencia, y quisieron controlar los mediadores. Un proceso al que se suman jubilosos “hombres de paz” como Arnaldo Otegi o Jesús Egiguren, enviando niñas a levantar ramos de flores en símbolo de reconciliación y amor.
Pero un proceso que intenta que se levante el castigo democrático a los asesinos de niños de guardias civiles, a los de concejales indefensos, a los de policías que solo cumplían con su deber. Un proceso que quiere sostener a los asesinos como parte negociadora y a las víctimas amordazadas. Un proceso con un relato construido en torno a la opresión de un país y a los “errores” cometidos por jóvenes impetuosos, xenófobos, totalitarios y sin escrúpulos.
Cabe la debilidad, provocada por el cansancio de tanto miedo acumulado. No es soportable pensarlo, pero cabe. Lo que no puede caber de ninguna manera es que el relato se construya así para las nuevas generaciones. Tiene que estar claro siempre quiénes fueron los asesinos y quienes los perseguidos.
fuentes