domingo, 16 de noviembre de 2014

Qué divertidos son estos banqueros

Qué divertidos son estos grandes banqueros internacionales. No paran de estafar a sus clientes. Y solo al cabo de mucho tiempo encajan multas faraónicas para cualquiera, pero que a ellos apenas les suponen un rasguño. Enseguida todo se olvida, y hasta los periodistas, gente también sana y envidiable, pugnamos por captar su visión como expertos, sus pronósticos, sus dictámenes sobre empresas y economías nacionales.
Este caso de las trampas en los tipos de cambio de las divisas incluye información privilegiada en beneficio propio de seis entidades y en maleficio del cliente, que paga su compra de moneda más cara de lo que tocaría. Multa de EE UU y el Reino Unido por cuantía de 3.450 millones de euros.
El gran caso anterior fue el escándalo de la manipulación del euríbor y el líbor, en diciembre de 2013. También fueron seis, dos de ellos comunes a ambos asuntos, los de la mítica casa Morgan y los escoceses del RBS.
Amañaban los tipos de interés vinculados a las referencias líbor y euríbor. Ambas se calculan aún privadamente y en base a expectativas (no sobre operaciones cerradas), aunque ahora eso cambiará con el inminente "euríbor plus". Obtenían así beneficios siderales contra millones de clientes. Con ventajismo sobre sus competidores no conjurados. "¿Puedes decirle a tus chicos que rebajen el euríbor a 12 meses? OK, hecho", pasteleaban con desfachatez, en vez de cuadrar cálculos técnicos.
Multar no basta. Hay que inhabilitarlos y tacharlos de los registros de la banca
Piensen que sólo el euríbor se emplea para fijar el precio de 250 billones de euros en activos variados, no solo hipotecas. La sanción de la Comisión Europea, a instancias de Joaquín Almunia, ascendió a 1.712 millones de euros.
Más recientemente, otra manipulación similar del líbor —el tipo de interés de Londres— perpetrada por cuatro grandes bancos, casi todos repes, acabó en otra sanción de Bruselas. Multa de 94 millones de euros.
La fragua de estas multas merecería un relato de terror: bancos que denuncian a otros para evitar ser multados; altos empleados que obedecen órdenes; otros que las desbordan; jefes que fingen escandalizarse de sus operadores, como el comisario francés de Casablanca (¡qué escándalo, aquí se juega!); despidos catárquicos y negociaciones con el regulador para recibir una sanción más suave a cambio de no impugnarla en los tribunales...
Los casos graves se producen a ritmo de pizzicato a dos manos. Será que estamos ante una corrupción de la banca sistémica y plurifuncional: contratos de derivados ful; de hipotecas basura; de créditos abusivos; de apoyo a la evasión fiscal, como la de los monstruos suizos pescados in fraganti por EE UU por ayudar a miles de clientes a delinquir...
De este compendio de miserias y maldades se infiere que la regulación sancionadora por la vía de la defensa de la competencia en la UE, con ser ya mucho más usada contra la banca, resulta insuficiente.
Habrá que ir más allá. Cuando las multas sean confiscatorias; cuando se establezcan sanciones como la prohibición de reparto de dividendo por causa no solo de insolvencia sino también de manipulación y/o especulación; cuando se inhabilite sine die a directivos responsables y se retire a consejeros y presidentes culpables de los Registros de bancos y banqueros, igual los accionistas toman cartas en el asunto y despiden a quienes debe despedirse. Sin indemnización.
fuenteshttp://economia.elpais.com/economia/2014/11/12/actualidad/1415824186_157801.html

Venecia, Barcelona y los cruceros

En los últimos 15 años la expansiva industria turística ha desarrollado un nuevo campo de viaje masivo con los cruceros: en Venecia entre 1997 y 2011 han aumentado en un 439%, llegando a 1.795.000 pasajeros, y en Barcelona se ha pasado de los 115.000 cruceristas en el año 1990 a 2,6 millones en 2013. Este gigantismo naval está pensado para un nuevo target, clases medias y bajas, preferentemente jubilados y parejas con hijos, más gregarios que los que van en buses y viajes organizados, y que encuentran una manera de ver mundo rápida, distraída y encantadora, masificando puertos y aeropuertos.
Un crucero puede transportar hasta 5.000 viajeros, que descienden de golpe en las ciudades, dedicándoles pocas horas y exigiendo visitas rápidas y lugares de consumo eficaces. Ante tal afluencia, tiendas, restaurantes, discotecas y museos compiten para acogerlos, aunque sea unos minutos. Barcelona ya ha sufrido los efectos de algunos fines de semana colapsada de cruceristas y buses turísticos. Y Ecologistas en Acción ya han demostrado la creciente contaminación atmosférica ocasionada en Barcelona por estas naves; cada crucero, que no detiene sus motores, contamina como 12.000 automóviles.
Un crucero puede transportar hasta 5.000 viajeros, que descienden de golpe en las ciudades, dedicándoles pocas horas y exigiendo visitas rápidas y lugares de consumo eficaces
El problema llega a límites escandalosos en Venecia, donde no solo se sufren estos efectos, sino que los cruceros cada mañana y cada tarde hacen su tour por el Canal de la Giudecca y el Bacino di San Marco, ofreciendo a sus pasajeros una vista insólita de la ciudad ducal desde una altura aproximada de doce pisos, al mismo tiempo que ocultan y sobrepasan los monumentos de Venecia. Hay pocas visiones más tristes y apocalípticas que las preciosas arquitecturas de Palladio empequeñecidas por las grandes naves.
Pero esta es solo la parte estética del problema, ya que los efectos para la ciudad son altamente nocivos. Cada vez que un crucero atraviesa la laguna, según su velocidad, tamaño y peso levanta el nivel del agua por la proa, lo baja por los laterales y recupera su nivel por la popa. Ello provoca un desplazamiento de toneladas de agua, que crean cadenas de olas, elevan artificialmente los niveles de los canales internos y erosionan los ya muy desgastados y débiles cimientos y muros de una infraestructura veneciana que en el 2100 se habrá hundido unos 5 centímetros, al tiempo que, por el calentamiento global ocasionado por el cambio climático, el nivel del agua habrá subido unos 10 centímetros. Tras el paso de cada nave, la suspensión de los sedimentos en el agua dura 20 minutos y con tantos barcos esta ciudad sin automóviles tiene el aire más contaminado de plomo y mercurio que si tuviera avenidas atascadas de tráfico.
Hace algunos años que la ciudadanía lucha contra este abuso de apropiación indebida del ecosistema veneciano, organizados en el Comité No Grandi Navi-Laguna Bene Comune, manifestándose y colgando pancartas “contra la mafia”, y “contra el paso de las grandes naves”. Ante estas quejas, la autoridad portuaria y las grandes compañías de navegación, que son las que mueven el negocio, han planteado un nuevo proyecto de canal en la laguna para facilitar este paso invasivo de los cruceros, proyecto al que se oponen los venecianos, proponiendo alternativas para que los grandes barcos no atraviesen la laguna.
Mientras tanto, cada vez que un crucero se planta frente a Venecia se produce el espectáculo de la mutua contemplación del colapso: miles de turistas que están en la isla contemplan estupefactos y sorprendidos los buques que ocultan los monumentos; y les hacen fotos. Al mismo tiempo, los pasajeros en la cubierta, más o menos conscientes de una transgresión que ojalá tenga los meses contados, observan la bella y frágil ciudad y a los turistas que los contemplan; y les hacen fotos.
La UNESCO, que vela por Venecia como patrimonio mundial, está sumamente preocupada y amenaza con retirarle la calificación. Y el Ministerio de Infraestructuras del Gobierno italiano consiguió hace pocos años prohibir el paso de los cruceros tan cerca de Venecia. Navieras y autoridad portuaria recurrieron y consiguieron que la Magistratura dictaminase a favor del derecho de las grandes naves a atravesar Venecia. Se comprueba así que las autoridades portuarias son igual de especuladoras y carentes de escrúpulos en todos lados. Aprovechan vorazmente las cualidades de la ciudad contigua, sin importarles los efectos nocivos que puedan producir sobre su ecosistema. Al puerto de Venecia y a las compañías no les importa si la ciudad se deteriora. Es similar a la avaricia de la Autoridad Portuaria de Barcelona: la Ley de Puertos le permite hacer lo que le de la gana y aún le hemos de agradecer la rebaja de unos pisos del alegal hotel W y que haya conseguido una inversión tan lujosa y transparente para privatizar el puerto con la Marina del Port Vell. Les es igual si Venecia se hunde o Barcelona se hace invivible: ellos tienen previsto huir en un barco de lujo a las montañas de Suiza.
Josep Maria Montaner, arquitecto y catedrático de la ETSAB-UPC.
fuenteshttp://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/13/catalunya/1415905311_161184.html

Europa ausente

Mientras Merkel cuenta que Alemania va bien, Rajoy que España va mejor, Le Pen quiere que Francia salga del euro, en Cataluña se plantean la independencia y Podemos promete bajar el precio de las entradas a los estadios de fútbol, en China se han reunido los países americanos y asiáticos para hablar de comercio. China ha sorprendido proponiendo un tratado de libre comercio del pacífico, moviendo ficha para contrarrestar la iniciativa de Obama de desarrollar el tratado de libre comercio en el atlántico entre americanos y europeos.
Desde que China abandonó la planificación comunista en 1979 y apostó por la economía de mercado han multiplicado su renta por habitante por 40 veces y han sacado de la pobreza extrema a más de 500 millones de personas. Impresionante y digno de admiración. China empezó con una estrategia de salarios baratos y tipos de cambio infravalorado y se convirtió en la fábrica del mundo.
Pero el modelo ha muerto de éxito y el salario medio chino ya supera a la mayoría de países emergentes. Por eso las empresas chinas ahora quieren competir en sectores de alto contenido tecnológico y con capital humano muy cualificado que era coto cerrado de los países desarrollados. Sin reconocerlo, el tratado de libre comercio del Atlántico es una forma de protegerse de Asia. Eliminamos aranceles entre nosotros y los mantenemos con China. Lo mejor sería desarrollar la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Pero China quiere jugar la partida para liderar el tablero económico mundial. Lo tiene complicado ya que mantiene controles a los movimientos de capital, su moneda no es convertible y tras su espectacular boom de crédito hay dudas razonables sobre la solvencia de su sistema bancario. Pero los chinos le han perdido el miedo a la globalización y hacen política industrial y tecnológica activa para que sus empresas sean campeones mundiales. Corea, Taiwan y los tigres asiáticos también.
EE UU no se lo pondrá fácil. Sus empresas lideran la vanguardia tecnológica mundial y sus universidades la investigación básica. Pero Europa se ha convertido en un jugador irrelevante en esta partida. Los chinos y los estadounidenses nos han perdido el respeto por nuestra incapacidad para resolver la actual crisis en la que nos encontramos inmersos.
En Europa, los líderes van con las luces cortas, abducidos por la obsesión alemana de la austeridad. Merkel reniega de cualquier intervención del estado en la economía. Y el populismo desde Le Pen hasta Podemos, pasando por Syriza y Grillo demonizan el tratado del atlántico y abogan por el proteccionismo y cerrarnos para proteger nuestros empleos. Los fantasmas de los años treinta vuelven.
Esta semana leía un artículo de Mario Cimoli de Cepal, Crisis, Estancamiento Secular y Destrucción Creativa, que ha presentado en Brasil. Defiende que Latam no cometa los errores europeos de austericidio, ahora que la fiesta de materias primas se ha acabado.
Y recomienda una política industrial equiparable a la asiática para no acabar devaluando los salarios y diluyendo el peso económico de la región en el nuevo tablero económico mundial. Hasta 2007, Europa era referente de integración y estado de bienestar para Latam. Ahora somos ejemplo de errores de política económica.
Europa tiene el capital humano, las infraestructuras, el parque empresarial y el saber hacer para jugar la partida global y ganarla. Pero falta visión estratégica, liderazgo político y apetito ganador.
fuenteshttp://economia.elpais.com/economia/2014/11/13/actualidad/1415914937_018029.html

Esperando la tercera vía

Ya ha pasado el esperado 10-M y se detecta más de lo mismo, un PP enrocado en la Constitución y un soberanismo ansioso por pasar del acto cívico-político a un referéndum de verdad. Persiste la polarización entre la frialdad de lo legal y la emocionalidad de lo identitario. La racionalidad política sigue ausente. Al menos aquella digna de tal nombre. Impera la otra, la puramente instrumental, más atenta a recoger los esperables beneficios electorales y a no perder pie entre sus mariachis más radicales que a resolver un problema de Estado. La partida se juega entre los dos extremos, el irredentismo nacionalista y el ya exasperante dolcefarniente de Rajoy. Lo curioso es que ambos se creen ganadores de la última prueba. Uno por haber movilizado a más de dos millones de personas en un acto que era, de facto, de desobediencia civil; y el otro, por haber dejado en casa a casi dos tercios de los potencialmente llamados a votar. Y ambos se equivocan. Es muy probable que esa mayoría que no se ha pronunciado no esté ni con uno ni con otro. Aguarda, con un silencio que clama, a que alguien le ofrezca una percha de la que poder colgarse, una vía media por la que poder transitar.
Todo este conflicto destila un fuerte tufo a masculinismo político primario. Falta sutileza, empatía, voluntad para el entendimiento. Y sobra chulería, “astucia” y estrategia sectaria. Uno se cree ungido por la gracia de conducir a su pueblo a la tierra prometida; el otro ejerce de guardián de las esencias de un orden constitucional y un régimen que hace agua por todos lados. Mientras, nosotros, los espectadores afectados por este desaguisado, asistimos incrédulos a lo que cada vez tiene más aire de farsa.
Llevamos ya cerca de tres años esperando a que se sienten y se pongan a negociar, a que ejerzan como políticos; es decir, a que resuelvan el problema con valentía y amplitud de miras. Y eso no será posible sin cesiones por ambas partes. Para empezar, la que representa al Gobierno catalán debería renunciar a la independencia como horizonte inmediato o como fin a medio plazo; y la que representa al Gobierno del Estado tendrá que comenzar reconociendo a Cataluña su estatus de nación y la renovación de su situación fiscal. Es el mínimo imprescindible para que tenga sentido el inicio de una negociación. Y deberán hacerlo incorporando el mayor número de voces posibles. Puede hacerse, como sugiere S. Muñoz Machado, empezando por una revisión del Estatut, que luego exigiría la correspondiente reforma constitucional, o metiendo el bisturí a fondo en la organización territorial del Estado para darle un giro federalizante.
La forma y los resultados posibles son muchos y tampoco se augura una salida fácil. Pero siempre tendrá menos riesgos que esta situación de impase, de falta de acción y de iniciativa. Y es porque en el fondo no hay voluntad de renunciar a la dimensión electoral y sobra cobardía para dar el salto a lo inesperado. Cuanto más se deje pasar el tiempo más estrechos serán también los cauces para una solución razonable.
fuenteshttp://politica.elpais.com/politica/2014/11/13/actualidad/1415907795_924916.html

Una inmensa estafa

Parodiando al inefable Claude Rains cuando en la películaCasablanca exclama indignado “¡aquí se juega!” y acto seguido el crupier se le acerca por detrás y le dice: “Tenga, capitán, sus ganancias”, el presidente de la Comisión Europea, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, intenta estos días convencer a 500 millones de europeos de que no sólo está escandalizado por las revelaciones conocidas esta semana que apuntan a que 340 multinacionales utilizaron Luxemburgo para no pagar los impuestos que les correspondían sino de que no le va a temblar el pulso a la hora de tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir.
Que Juncker, que ha presidido el Gran Ducado luxemburgués durante nada menos que 18 años compaginando ese puesto con el de ministro de Finanzas, pretenda hacernos creer que no sabía nada nos deja ante una difícil disyuntiva: o bien está mintiendo, lo que debería llevar al Parlamento Europeo a abrirle un proceso de censura, o bien está diciendo la verdad, lo que supone reconocer unos niveles de incompetencia y dejadez en el ejercicio de sus funciones que le restarían cualquier credibilidad para presidir la Comisión Europea.
Porque la cuestión aquí no es que las susodichas empresas aprovecharan un oscuro vacío legal para zafarse de sus obligaciones tributarias y defraudar al fisco luxemburgués sin que este se enterara, sino que la Hacienda de ese país firmó con todas y cada una de ellas acuerdos que convalidaban los esquemas fiscales que les permitirían tributar nada más que un ridículo 2%. Es decir, que en lugar de defraudar a espaldas de la Hacienda luxemburguesa y con algo de incertidumbre, estas empresas defraudaban al resto de los socios europeos con su plena cooperación, por escrito y con su firma al final de la última página.
La gravedad del asunto y sus consecuencias políticas no pueden ser minusvaloradas. Primero, porque evidencia que el éxito político de Juncker, que ha permitido a los luxemburgueses disfrutar tanto de un increíble nivel de vida como de unas prestaciones sociales sin parangón, está construido sobre un esquema fiscal que puede ser legal desde el punto de vista formal pero que era claramente fraudulento en su intención. Algo de mala conciencia tendrían las autoridades luxemburguesas cuando tantos reparos ponían a las solicitudes de información sobre estas prácticas que les dirigía el entonces comisario Joaquín Almunia, y algo de mala conciencia tienen ahora cuando, una vez descubierto todo, se aprestan a decir que no lo van a hacer más.
Pero el daño a la legitimidad de Juncker para presidir la Comisión va más allá del ámbito luxemburgués. Hay que recordar que como presidente del Eurogrupo durante lo más álgido de la crisis del euro, Juncker ha estado al frente de unas políticas de austeridad y de estabilidad presupuestaria que han desembocado en sangrantes recortes sociales y de derechos para millones de europeos. Ahora resulta que mientras eso ocurría el hoy presidente de la Comisión Europea lideraba un país que vaciaba de impuestos las arcas de sus socios justo cuanto más necesitaban esos impuestos. ¿A cuánto asciende lo dejado de ingresar? ¿Cuántos profesores y médicos se podían haber financiado con lo evadido? Ejemplar desde luego no es ni lo va a parecer. Por mucho que se empeñe en convencernos de que va a liderar un proceso de armonización fiscal que impida estas prácticas, Juncker ha quedado expuesto como cómplice de una inmensa estafa a los ciudadanos europeos.
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fuenteshttp://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/13/actualidad/1415901878_029629.html

La dieta

Al final de una buena comilona siempre hay alguien que lanza ritualmente este mantra: mañana sin falta me pongo a dieta. A continuación el glotón de turno, que acaba de zamparse un codillo o una fabada, en señal de arrepentimiento, pide el café con sacarina. En las copiosas y pesadas sobremesas se suele hablar mucho de dietas. Cada comensal aporta la suya: la de semillas de calabaza, la del melocotón, la del astronauta. Ante el firme propósito de adelgazar, alguien decide comer de todo y ayunar por completo un día a la semana, otro piensa en hacerse vegetariano. Estar gordo o flaco es solo cuestión de metabolismo, sentencia el sabiondo. En medio de la discusión dietética hay un punto de acuerdo: el único enemigo es la grasa del colesterol malo. Ahora bien, si este saludable deseo de limpieza se traslada de la barriga a la mente, es evidente que en este caso la grasa más perniciosa para el cerebro es esa sensación de que la política está podrida hasta la médula, el ambiente irrespirable creado por un escándalo diario, la asfixia moral que genera la corrupción. Mañana sin falta me pongo a dieta: esta necesidad de higiene mental se produce por hartazgo de la sobrecarga mediática repleta de titulares agobiantes, declaraciones estúpidas y chismorreo inane. Para limpiar el cerebro de esa basura también existen dietas muy variadas. Es recomendable pasar al menos un día a la semana sin periódicos, la radio y televisión apagadas, con la idea de que eres tú el único dueño de tu vida y elegir la dieta más conveniente, por ejemplo, unos versos de Safo, una sonata de Bach, un ensayo de Montaigne, el silencio en una playa desierta, el aire puro de alta montaña. Ese día descubrirás que el futuro no es tan negro, que no todo está perdido. Se trata, como la nave Rosetta, de salir a la caza de cualquier cometa que pase por delante de casa.
fuenteshttp://elpais.com/elpais/2014/11/13/opinion/1415891674_320547.html

La falta de contexto cambia la historia

La locución “los niños de Clotilde” puede referirse a los hijos de una mujer o a los alumnos de una profesora, y el primer sentido o el segundo se activarán en nuestra mente dependiendo del contexto.
A Nebrija le persigue aquella frase que pronunció en agosto de 1492 al presentar ante la reina Isabel la primera gramática del español: “Siempre fue la lengua compañera del imperio”, dijo. Los ventajistas de discursos ajenos vienen aprovechando esas palabras para retratar al castellano como idioma genéticamente imperial. Sin embargo, Nebrija las profiere cuando aún no se ha descubierto América y cuando el término “imperio” sólo podía asociarse al de Roma. Por tanto, hablaba sobre el latín.
Los políticos se refugian a menudo en que se han sacado de contexto sus declaraciones si incurren en algún desliz. Y a veces sucede así, claro. Pero más fácil parece aislar de su contexto lo sucedido en el pasado.
En efecto: para entender algo ocurrido siglos atrás, hace falta reconstruir las circunstancias que rodearon aquella acción, conocer profundamente el entorno y analizar los acontecimientos precedentes. A eso se dedican los historiadores.
A Nebrija le persigue aquella frase que pronunció en agosto de 1492 al presentar ante la reina Isabel la primera gramática del español: “Siempre fue la lengua compañera del imperio”, dijo.
Por su parte, los especialistas en los procesos cognitivos del lenguaje nos han explicado que todo mensaje activa un contexto. Y si en alguna ocasión nos ocultan el contexto adecuado, proyectaremos en las palabras escuchadas aquel que tengamos a mano: la experiencia más próxima, los prejuicios más arraigados y lo que nos resulte más sencillo de relacionar.
Por eso cuando se nos ofrecen datos de épocas anteriores sin el contexto de entonces, solemos envolverlas en el de hoy. Si oyésemos “rey de España” sin más datos, no imaginaríamos nunca a alguien que no supiera hablar español, que fuese francés y que se llamase Philippe.
Estamos llegando, como se ve, a los decretos de Nueva Planta (1716), que obligaron a “substanciar en lengua castellana” las causas en la Real Audiencia catalana (no así en instancias inferiores), generalizando en España el modelo francés.
Vale la pena leer en esto a dos autores catalanes muy distantes en los enfoques pero compatibles en los datos: Joaquim Albareda Salvadó y Marcelo Capdeferro.
Aquel supuesto ataque al catalán no fue sino un ataque contra el latín (Capdeferro, Otra historia de Cataluña, 1985. Pág. 340 ed. 2012). Porque los pleitos se sustanciaban entonces en la lengua de Roma, vehículo de la cultura y de la enseñanza universitaria en esa época. El rey Felipe V (cuyas decisiones condeno con mis ojos de hoy) podía haber elegido el idioma autóctono, sí; como también sus antecesores.
Hemos visto en los últimos años que aquella norma (igual que sucedió con Nebrija) se ha transmitido desprovista de contexto. Y la lengua de Cataluña ya ha sufrido suficientes agresiones ciertas a lo largo de su historia como para no necesitar que se le añada ninguna inventada.
El castellano se extiende en Cataluña desde el siglo XV, y en el XVI era la lengua escrita en determinados ámbitos sociales, mientras que “se reservaba el catalán para usos más domésticos”; y tal crecimiento fue “endógeno”, alentado por “el desarrollo del comercio peninsular” (frases del prestigioso historiador Joaquim Albareda en La guerra de Sucesión, 2014, págs. 441-442, apoyado en citas de Joan-Lluís Marfany). El castellano se debía introducir en la "nación" catalana con "las providencias más templadas y disimuladas", según los términos que usa el fiscal del Consejo de Castilla en una instrucción secreta enviada a los corregidores el 20 de febrero de 1712 (controvertida fecha que tomo de Capdeferro, 1967, pág. 256); pero eso no significó que se impusiera; ni que se prohibiese el catalán, del mismo modo que las actuales leyes en favor del catalán no impiden hablar en castellano.
En cualquier caso, el 90% de la población de entonces no sabía leer, con lo cual le traía sin cuidado en qué idioma escribieran los altos jueces y los corregidores.
La historia es más rugosa que plana. Por eso también deben desconfiar ustedes de lo que he relatado aquí. A este artículo le falta igualmente mucho contexto.
fuenteshttp://elpais.com/elpais/2014/11/14/opinion/1415964730_727309.html

Un trío que podría ser memorable

Frans Timmermans, primer vicepresidente de la Comisión Europea, holandés, socialdemócrata y mano derecha de Jean-Claude Juncker, cuenta que un viejo armenio, huido en 1915, le hizo la pregunta que llevaba décadas sin formular: “Dígame, ¿sienten los turcos de hoy la ausencia de los armenios?”. La respuesta, dice Timmermans, se la envió la joven escritora de origen turco Elif Shafak: “Desde que usted se fue, mi país se secó. Se hizo estéril, cultural y moralmente”.
Timmermans, que tiene 53 años, es licenciado en Literatura Francesa y en realidad se llama Franciscus Cornelis. Fue ministro de Asuntos Exteriores y luce buen sentido del humor y grandes dotes negociadoras. Cree que lo peor que existe es el miedo, el miedo al otro, que se extiende como una mancha por Europa, y el miedo al futuro, que atenaza a jóvenes y mayores. Vivir así, atemorizados, recuerda a menudo, es vivir como perros.
Juncker, su buen amigo, le ha encomendado las relaciones interinstitucionales, la mejora de las leyes, el imperio del derecho y la Carta de Derechos Fundamentales. Podrían hacer una pareja memorable para el futuro de la Unión Europea porque, en el fondo, son dos tipos con grandes capacidades y proceden de un mundo en el que el europeísmo fue auténtico. De hecho, podrían formar un buen trío con otro personaje tan resabiado como ellos, pero, dicen, incluso más brillante: el italiano Mario Draghi, del Banco Central Europeo (BCE).
La primera escaramuza se está librando ya en el Banco Central Europeo
Es posible que los tres (cuatro, si se suma al presidente de la otra institución comunitaria, el Parlamento Europeo, el alemán, también socialdemócrata, Martin Schulz) sean capaces de hacer sentir su sombra en Europa. Quizás ellos sean capaces de recuperar para las instituciones comunitarias el carácter y la iniciativa que nunca debieron perder y que quedaron hechas trizas con la crisis. Quizás ellos sepan luchar contra el miedo y ayuden a que no vivamos como perros.
Es verdad que Juncker arrastra historias oscuras que pueden terminar por inutilizarle. El sistema tributario luxemburgués, diseñado para que las multinacionales dejen de pagar impuestos en los países donde realmente mantienen sus actividades, es un tema grave. Juncker asegura que se mantendrá al margen de la investigación, pero la pregunta no es si lo hará (faltaría más), sino si es cierta su promesa de ayudar a acabar con esos sistemas fiscales. ¿Será verdad, como dicen sus defensores, que Juncker, un antiguo socialcristiano, busca dejar su huella en la Comisión? Si se leen sus discursos más recientes, así lo parece, para disgusto de Berlín, comodísimo con su aplastante hegemonía.
Quizás ellos sean capaces de recuperar para las instituciones comunitarias el carácter y la iniciativa que nunca debieron perder
Si existe realmente ese plan para revitalizar las instituciones comunitarias, y para regular lo que nunca debió dejarse sin control, habrá que estar atentos, porque Bruselas y Fráncfort van a ser escenarios de batallas formidables, en las que los ciudadanos, casi sin saberlo, nos jugaremos mucho.
La primera escaramuza se está librando ya en el Banco Central Europeo. El discurso que pronunció Mario Draghi en agosto, en la llamada reunión de Jackson Hole, explicando su intención de movilizar recursos para ayudar a la recuperación económica europea, se interpretó como un excesivo protagonismo. Todo el mundo sabe ya que el gobernador del Bundesbank, Jens Weidmann, le exige que actúe de manera colegiada, que se apoye más en los gobernadores de los bancos nacionales de países euro, es decir, en el propio Weidmann.
No se trata solo de una cuestión personal porque Weidmann defiende una posición ultraortodoxa, mientras que Draghi deja abierta la puerta a nuevas intervenciones del BCE para impedir una nueva recesión. “Los planes del BCE de inyectar más crédito barato pueden perjudicar la salud de la eurozona a largo plazo”, protestó esta misma semana el Consejo Alemán de Expertos Económicos. El consejo quiere, incluso, arrebatar al BCE la capacidad de supervisar a los grandes bancos y entregársela a una autoridad separada. La batalla va muy en serio. Harán falta todas las capacidades, todos los colmillos retorcidos, de Draghi, Juncker, Timmermans y Schulz para impedir que los profetas del templo nos tundan a palos una vez más.
fuenteshttp://elpais.com/elpais/2014/11/14/opinion/1415979449_326936.html

La obligación de decidir

Aunque Mas y sus socios lo invoquen todos los días, el “derecho a decidir” no existe. Lo que, en cambio, sí hay es la “obligación de decidir” y ésta, consecuencia de la libertad del hombre, es la que da carácter moral a sus actos. Es precisamente por estar obligado a decidir entre bienes o valores opuestos y a asumir las consecuencias de la decisión por lo que el hombre es responsable de lo que hace. Sartre se dio cuenta de lo que ello significa cuando en El existencialismo es un humanismo escribió: “El hombre está condenado a ser libre”.
La filosofía moral, desde Aristóteles, ha elaborado diversos sistemas éticos. Hay éticas formales y materiales, individualistas y sociales, autónomas y heterónomas. Todas, por caminos distintos, tratan de averiguar la manera de obrar bien y el que sigamos discutiendo sobre ello demuestra que —contra lo que se suele opinar— la filosofía aún no ha terminado su larga andadura, lo cual es otra manera de decir que hay que seguir pensando. Lo que sí parece que se puede descartar, es que la solución a los problemas éticos pueda encontrarse en fórmula, método o código alguno. Porque, en efecto, la suprema dignidad de ser libre es a la vez una condena que hace al hombre responsable de sus decisiones y si se equivoca no le sirve de disculpa ni la ley de Dios ni la de los hombres. Pero sí está obligado a intentar acertar utilizando las luces de la razón y el esfuerzo y reflexión de que sea capaz, bien entendido que nada ni nadie le garantiza que su decisión será la correcta.
En Europa nuestro futuro va a depender de las decisiones de unos cuantos líderes que más vale que acierten
Todos los días tomamos decisiones y, con frecuencia, en el curso de la vida recordamos, para nuestra tranquilidad o nuestro remordimiento, lo acertado o equivocado de las elecciones que hicimos. Pero hay momentos esenciales en la vida de todo individuo, como los hay, sin duda, en la historia de los pueblos, en que una decisión trascendental cambia por completo el rumbo, con consecuencias de largo alcance. La historia está llena de ejemplos: Sócrates, frente a la opción de escapar a lugar seguro o aceptar la condena dictada por su ciudad decide morir y, además, explica por qué, en una de las grandes lecciones de ética de la historia de la filosofía y de lo que significa ser libre. Dos mil doscientos años después, Heidegger, tal vez la mente más poderosa de la filosofía contemporánea, conocedor como pocos del pensamiento griego, de la moral kantiana, de la nitscheana, educado en el rigor de un maestro ilustre como Husserl, cuando tuvo que tomar la decisión más importante de su vida se equivocó y, para su eterna ignominia, decidió apoyar el régimen y acatar las órdenes de unos nazis enloquecidos. Con él, la gran mayoría del pueblo alemán, incluyendo notables personalidades del mundo intelectual, optó por seguir a Hitler y sus verdugos. Como puede verse, ni los títulos académicos son garantía de buen juicio ni las sociedades más cultas e ilustradas responden siempre como cabría esperar.
La necesidad de tomar decisiones cuyas consecuencias pueden alterar de manera dramática el curso de nuestras vidas ofrece hoy un panorama inquietante aunque no se puede negar que, también, del mayor interés como objeto de análisis y conjeturas. En Reino Unido, Cameron se enfrenta a decisiones en relación con Europa que definirán el futuro de su país. Lo mismo sucede en Francia, donde los socialistas se juegan el ser o no ser de su partido y, en gran medida, de la Francia que hemos conocido. También en Alemania y, en definitiva, en Europa nuestro futuro va a depender de las decisiones de unos cuantos líderes que más vale que acierten. Y, por supuesto, podemos ampliar el foco e incluir a las demás naciones del mundo más y menos civilizado. Pero nos referiremos, para terminar, a nuestro país, donde sería deseable que la Generalitat de Cataluña dedicara sus recursos a exhortar a los ciudadanos en la dirección de cumplir con sus obligaciones en lugar de calentarles la cabeza con el dichoso derecho aludido al principio. Exhortación que, además de en Cataluña, vendría bien en todo el territorio nacional y sobre todo a los políticos, no precisamente la clase mejor valorada hoy por la ciudadanía. Para que no todo sean malas noticias cabe reseñar un cierto aire de renovación en el PSOE, y no sólo en las personas, después de la oportuna jubilación de Rubalcaba. Por el contrario, en la derecha no pasa nada. Ellos ya han tomado todas las medidas necesarias en relación con la corrupción, no tienen nada que decir sobre el problema catalán salvo que fiat iustitia pereat mundus y que la economía va muy bien. A lo mejor es que no han visto las encuestas de opinión y la valoración que merecen sus jefes. ¡Como son tan raros...! En cuanto a la obligación de decidir y en lo que se refiere a Cataluña, no digo que la táctica de no moverse no sea la mejor, o la menos mala, frente a un personaje como Mas. Pero el problema catalán es algo más que Mas. Y los demás problemas seguramente requieren algo más que meterlos debajo de la alfombra. Una cosa es segura: a plazo de un año habrá que hacer frente a todos ellos porque los ciudadanos decidirán quién creen que los puede resolver mejor. Eso sí, la batalla se dará en términos y con reglas de juego democráticas, mediante el voto libre de los españoles, no constreñido desde el poder político ni influido por la propaganda oficial como han tenido que sufrir los catalanes en ese lamentable esperpento de hace unos días.
Jaime Botín es es alumno de la Escuela de Filosofía. Fue presidente de Bankinter entre 1986 y 2002.
fuenteshttp://elpais.com/elpais/2014/11/15/opinion/1416071332_498675.html

martes, 30 de septiembre de 2014

Derecho y democracia

El Derecho, el verdadero Derecho, es el que ha nacido y el que fluye permanentemente de la sociedad civil. Es un Derecho anclado en la realidad social de las instituciones y de las comunidades, que se va formando a lo largo de la historia y también en la realidad individual y en la libertad de las personas. Es la propia realidad social organizada, la vida misma ordenada de modo libre y espontáneo por los particulares y las empresas privadas para establecer fórmulas básicas de organización, conciliación de intereses y resolución de conflictos.
Ahí, en ese caldo primordial de la sociedad civil, es donde radica la sustancia de los derechos fundamentales y de tantos principios jurídicos que nos demuestran cada día la insuficiencia del formalismo jurídico: prescripción, caducidad, preclusión, revocación, confirmación, convalidación y ratificación de los contratos, condonación, amnistía, indulto, buena fe, prohibición del abuso de derecho, interdicción de la arbitrariedad administrativa, economía de opción y otras muchas instituciones serían innecesarias y contradictorias en el mundo “ideal” del formalismo kelseniano en el que no hay lagunas del Derecho, todo es perfecto y las normas contemplan y modulan cualquier posible reacción social.
Pero el Derecho, por expresarlo en términos de las artes plásticas, no es una obra que responda al modelo académico de la figuración formal ni tampoco al hermetismo de la abstracción geométrica. Menos aún almarketing del “arte” conceptual y manufacturado de Damien Hirst o de Jeff Koons, que podría emparentar tal vez con alguna variante del decisionismo político. Se parece más el Derecho a los cuadros informalistas de Miró, de Millares, de Tàpies, o de Mompó, en los que la materia, los signos, los colores y los seres se mueven en el escenario dinámico del ciclo de la vida y se manifiestan con la autenticidad de la creación genuina e incondicional.
Como el Derecho proviene de y vuelve a la realidad social, no hay norma —Constitución incluida— que pueda suponer un freno material ante una realidad social extendida y consolidada que se formule en términos razonables y que se articule de modo pacífico y democrático. Huyamos del fundamentalismo constitucionalista dogmático. Antes de la Constitución está la democracia: elecciones libres, libertades y derechos fundamentales de las personas y de las sociedades. Lo demás —el régimen electoral, el bicameralismo, los privilegios de los partidos e incluso los procedimientos de revisión constitucional— son creaciones de la clase política que no forman parte del núcleo esencial de la democracia. Es Derecho constitucional secundario y contingente. Preocupan, en ese sentido, las alabanzas al “significado de las formas” contenidas en una serie inacabable y ya aburrida de artículos sobre el “principio de legalidad”, entendido en clave rabiosamente formalista, que se vienen publicando en los últimos meses.
Hay que fulminar a los gobernantes involucrados en actuaciones irregulares y a todas las autoridades y funcionarios corruptos
El principio democrático exige que si una comunidad organizada —desde una simple comunidad de propietarios hasta un territorio del Estado pasando por el patronato de una fundación, la asamblea de una asociación o de un colegio profesional o la junta general de una sociedad civil o mercantil— quiere votar su transformación, su fusión o su disolución, pueda hacerse. Pero el principio democrático impone también que, puesto que ese escrutinio ha de realizarse dentro de un marco normativo previo emanado del Estado a propuesta del sector interesado que establezca sus condiciones y consecuencias con toda precisión y transparencia, se determine previamente el régimen que haga posible la consulta. Es el Estado el primer interesado en constatar si la realidad social cuya existencia indubitada algunos proclaman es tal o solo existe en la imaginación interesada de una fracción política. El principio de legalidad no debe actuar como freno sino, todo lo contrario, como impulsor del proceso.
La democracia no es un sistema de bajo coste. Sus ventajas dependen de que existan mecanismos para conocer en cada momento la voluntad social. Y de que esa voluntad se exprese —tanto en las elecciones como en las consultas— a través de niveles de concurrencia significativos y de mayorías suficientes.
Para ello hay que votar y volver a votar. Votar a todos o casi todos los cargos públicos e introducir enmiendas a la Constitución siempre que sea necesario, como en EE UU. Utilizar los mecanismos de democracia directa, como en Suiza. Votar para reformar la estructura de la Administración pública y para fomentar la educación, la investigación y el arte como en Francia. Suprimir ayuntamientos y entidades innecesarias como en Italia. Negociar Gobiernos de coalición como en Alemania, dar responsabilidades a formaciones políticas diversas como en el Reino Unido, disolver el Parlamento y convocar elecciones generales cuando se acuse la pérdida de la legitimidad adquirida en unas elecciones, sustituir a quienes han sido puestos al frente de los organismos reguladores —y de las imperecederas empresas públicas— arbitrariamente, por su mera adscripción política y, por supuesto, fulminar a los gobernantes involucrados en actuaciones irregulares y a todas las autoridades y funcionarios corruptos. Así funcionan las democracias más desarrolladas, de las que, porque falta de diálogo, esfuerzo y dureza con la corrupción, no acabamos de formar parte.
Rafael Mateu de Ros es doctor en Derecho.
fuentes http://elpais.com/elpais/2014/08/21/opinion/1408631383_852992.html

Hay que encontrar una salida

Artur Mas, actuando dentro de sus competencias como presidente de la Generalitat, promulgó ayer en nombre del Rey la Ley catalana de consultas no referendarias, ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat y, a continuación firmó el decreto que convoca una consulta en aplicación de dicha ley. Con este acto público, al que se querido revestir de una insólita, pero muy intencionada, solemnidad, se inicia un período que todos —unos y otros— ya tienen previsto: recurso del Gobierno ante el TC, suspensión de la ley durante un mínimo de cinco meses a partir de su admisión a trámite e invalidez de todo acto jurídico —por tanto, de la convocatoria de la consulta— que se lleve a efecto en virtud de la ley suspendida.
Por tanto, ¿nada va a pasar?, ¿mucho ruido y pocas nueces?, ¿es indiferente que las autoridades catalanas aprueben leyes presuntamente contrarias a Derecho ya que la legalidad lo acaba resolviendo al imponerse mediante resoluciones judiciales? Ciertamente, en todo Estado de Derecho la legalidad se impone pero no siempre resuelve los problemas. En este caso, como se ha comprobado en estos dos últimos años, si lo dejamos todo a la simple aplicación de la ley, seguiremos recorriendo un largo camino, plagado de piedras, en el que serán frecuentes unos tropezones que nos deberíamos ahorrar.
En efecto, no todo empieza y acaba en cumplir o incumplir la ley, hay vida más allá y más acá del Derecho, y a la visible deslealtad que las autoridades catalanas demuestran al retorcer la Constitución y el Estatuto para burlarse de la democracia, no se le puede hacer frente únicamente con la aplicación de las leyes y, en último término, de las sentencias de jueces y tribunales: hace falta, también, hacer política. Por supuesto dentro del marco de la ley, pero sin reducir esta política a la mera aplicación mecánica de las normas. Y hacer política, en una sociedad democrática, consiste, entre otras cosas, en argumentar para convencer.
Este es el punto en el que las fuerzas nacionalistas catalanas están ganando al Gobierno central, al PP y al PSOE. Recordando la célebre frase de Unamuno en la Universidad de Salamanca, con la actitud del Gobierno y de estos partidos, se vence en los tribunales, quizás se convence a una mayoría de ciudadanos del resto de España pero no a la mayoría de ciudadanos catalanes que, si bien muchos de ellos no son independentistas, quieren en su mayoría votar de forma explícita si quieren permanecer en España o separarse de ella.
Con el ordeno y mando no basta, hace falta persuadir, seducir y, como decíamos, convencer
Una larga tradición que, de forma rudimentaria, arranca quizás de Maquiavelo y, de manera altamente sofisticada, llega hasta nuestros días, entiende que la política se ejerce mediante el uso del poder y la organización del consentimiento. ¿En qué han fallado las fuerzas políticas que no son partidarias de la independencia de Cataluña? En eso segundo, han ejercido el nudo poder pero no han organizado el consentimiento. Con el ordeno y mando no basta, hay que persuadir, seducir y, como decíamos, convencer.
Ahora bien, en ese conflicto la responsabilidad de las partes no es la misma ni mucho menos. Hay enormes diferencias en el reparto de culpas y, sin duda, la carga principal recae, sobre todo, en el Gobierno de Cataluña y en los partidos que dan soporte al llamado, aunque inexistente, derecho a decidir. Tampoco queda exento de culpa el anterior Gobierno, de distinto signo. En efecto, cuando un presidente de la Generalitat —en este caso Montilla, en el año 2010— avala y casi convoca una manifestación contra una sentencia del Tribunal Constitucional, es evidente que deteriora seriamente al Estado de Derecho y, con carácter más general, deslegitima a las instituciones democráticas ante los ciudadanos. El Tribunal es un órgano político y la sentencia está argumentada con criterios políticos: esto es lo que dijeron las más altas autoridades del anterior Gobierno tripartito.
A partir de ahí, con el nuevo Gobierno de CiU presidido por Artur Mas, las cosas fueron aceleradamente a peor. Se propuso el concierto económico, al modo vasco y navarro, sabiendo que era un objetivo irrealizable pero necesario para justificar la necesidad de pasar a una nueva fase que el propio Mas calificó de “zona desconocida”. Era la fase de la independencia en la que ahora estamos. Había prisa, España estaba en un momento de grave debilidad económico y se debía aprovechar la ocasión.
¿Cómo se podía transitar por este camino, dar el salto hacia la independencia? En un artículo reciente recogía la consigna de Pompeu Gener, un pintoresco escritor catalán de fines del XIX y principios del XX, que siempre recordaba el añorado Jaume Vallcorba: “Endavant, endavant, sense ideia i sense plan”. Esta ha sido la estrategia de Mas en sus accidentados cuatro años de gobierno, una estrategia que recuerda la de Companys durante los meses anteriores al desastre del 6 de octubre de 1934, aquella fallida insurrección contra la II República con la estúpida excusa de salvarla.
El poder de Artur Mas se sostiene por sus continuas apelaciones al pueblo que se manifiesta en la calle
¿Cuál es el núcleo de esta estrategia? Algo que en Europa es propio de las fuerzas de extrema derecha o de extrema izquierda, tanto en tiempos de Companys como hoy: el populismo, es decir, la pretensión de que el pueblo está representado por los ciudadanos que se manifiestan en la calle y no por los ciudadanos censados que votan cuando les corresponde de acuerdo con la ley. Cuando menos desde 2012, el poder de Artur Mas se sostiene por sus continuas apelaciones a este pueblo que se manifiesta en la calle y en el que se mezclan los independentistas de toda la vida con los más recientes y a los que se han añadido aquellos que impugnan el sistema democrático. En este confuso batiburrillo se mueve, con un poder limitado y condicionado, el actual presidente de la Generalitat. No sé si muchos votantes de CiU entienden todo esto. Pero endavant, president, endavant.
Pero después está la otra parte, la que personifican Rajoy, su Gobierno, su partido y, en menos medida, el PSOE. Ya hemos dicho cual ha sido su respuesta al problema catalán: Constitución, ley, jueces y tribunales. Nada más. Se ha ejercido el poder de forma correcta, se ha recurrido judicialmente aquello que se debía recurrir, sin duda esto se seguirá haciendo, pero se ha olvidado de la otra cara de la política: convencer.
No era difícil convencer. Los planteamientos de los independentistas catalanes son de una debilidad apabullante. Se han equivocado en casi todo: en cuestiones de derecho interno, de derecho internacional, de derecho comunitario, en economía y en historia. No han aprobado ninguna asignatura. Sin embargo, no se les ha replicado. El presidente del Gobierno no ha sabido explicar ninguna respuesta política más allá de la ley y el derecho. No ha sabido argumentar de forma convincente las consecuencias negativas que tendría para los catalanes una Cataluña independiente y, sobre todo, no ha sabido explicar las ventajas de pertenecer a España, a la UE y al euro. Durante dos años, sólo Constiución, ley y sentencias. Obviamente esto no basta, se ha perdido un tiempo precioso.
No sé lo que sucederá el 9 de noviembre próximo, aparte de que no se va a celebrar consulta legal alguna. Pero el Gobierno —con el mayor consenso posible— debería plantear un acuerdo para encontrar un procedimiento que permita una salida. No es cuestión de plantear una reforma constitucional, que debe hacerse con tiempo y calma, tampoco una tercera vía, sino de encontrar un punto de encuentro con la Generalitat que, por supuesto dentro de la más estricta legalidad, despeje el camino y ofrezca seguridad cara al futuro. Quebec y Escocia, por lo que se ha visto, no son malos ejemplos.
Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional y autor del libroPaciencia e independencia, publicado recientemente.
fuentes http://elpais.com/elpais/2014/09/27/opinion/1411825331_473849.html

domingo, 28 de septiembre de 2014

Debemos, no solo podemos, hablar de Podemos

Una expresión de las perplejidades suscitadas por Podemos como fuerza “emergente” lo ha sido la dificultad para referirse a ella. No sólo entre los partidos —propensos a utilizar eufemismos al hablar de sus actitudes y discursos—, sino entre los comentaristas y tertulianos al aludir al “fenómeno”. Resulta inquietante la mezcla de estupor y autoncontención que ha revestido a Podemos de un salvoconducto de intangibilidad que empezó por no nombrarlo y ha acabado por alimentarlo tanto como su demonización —nada inocente— desde tribunas ultraconservadoras. Preocupa la inhibición que ha sacudido a buena parte de las filas progresistas. En este espacio se ha expandido en campo abierto, en parte por incomparecencia de contradictores.
Diríase que una suerte de tabú supersticioso impide criticar a Podemos, casi incluso hablar de ellos. “¿Podemos hablar de Podemos,…o no?” Porque muchos de los que hemos osado criticar sus postulados y su impacto sobre un alto número de exvotantes socialistas hemos experimentado respuestas que rayan ese intimidante “darle su merecido” que en España han conocido tantas variantes de la represión del librepensamiento. Cuando en el espectro ideológico de la izquierda alguien manifiesta reserva frente a las simplificaciones practicadas por Podemos, una ola de virulencia cibernauta se moviliza en las redes para acallarle. “¡Se os está acabando el chollo!” o “¡cómo se os nota el miedo!”… serían las fórmulas más suaves de una descalificación que a menudo se desliza hacia el juicio sumarísimo personal o digital.
Ojo con “las masas” y sus portavoces carismáticos hechos en los medios
El nuevo lugar común espera que desde la izquierda —y, en especial, quienes tenemos compromisos públicos con el PSOE— aparquemos toda crítica y nos apuntemos sin más a una jaculatoria de salutación obsecuente: reconocemos así (faltaría más) la legitimidad de sus votos (sin recordar —para qué— que es la misma exactamente que la de todos, incluidos los del PSOE); el respeto que merecen sus votantes (por supuesto, todos lo merecen, también los del PSOE) y sus representantes (y así debería ser con todos, también con los del PSOE). Sin embargo, nada de ello debería confundirse con credulidad acrítica ni con un laisser passer por el que supuestamente todos seríamos execrables como “casta” salvo los “intocables” que, como en la granja de Orwell, serían “más iguales que otros” hasta, irónicamente, alcanzar la inmunidad y la inviolabilidad contra la que se combate. En el debate político —la oposición dialogal de opciones alternativas sobre lo que nos importa— no hay nada ni nadie “intocable”. Tampoco debería Podemos sustraerse al escrutinio público como todos los demás. Así, su prueba del 9 pasa por su conversión en Partido —estatutos, reglamentos, dación de cuentas, garantías más allá del asamblearismo— y su irrupción en la dinámica de la competición por el voto.
Pero especialmente arriesgado resulta de un tiempo a esta parte impugnar el ADN supuestamente izquierdista de parte de su retórica. Somos muchos a quienes algunas de las propuestas distintivas de Podemos no nos parecen de izquierda. De hecho, no comparecen en la contraposición del eje derecha/izquierda, sino en la órbita “antirrégimen” (antisistema) o simplemente “anticasta” (acuñación del vociferante Beppe Grillo, que ha hecho furor en medios de ultraderecha, aunque muchos en España se la atribuyan a Podemos). El siglo pasado arrojó enseñanzas duras sobre el deslizamiento de quienes se presentaban como “lo nuevo” (frente a la “vieja distinción entre derecha e izquierda”) en populismos preñados de intolerancia sectaria. Se abona así la simiente de la actitud totalitaria, sea por vía fascistizante, sea por las depuraciones del “centralismo democrático”… sea por la banalización y jibarización del lenguaje político impuesto por los mass media y hoy por las redes sociales.
No es de izquierdas galopar la “obsolescencia” de la “arcaica diferencia entre derecha e izquierda"; no lo es bramar —una vez más, como si no lo hubiéramos visto antes en la atormentada historia del “olvidado siglo XX” sobre el que escribió Tony Judt— la necesidad de “superar” (por derruir o derribar) la “periclitada democracia representativa”, ni certificar la “defunción” del parlamentarismo “caduco” y los partidos “oligárquicos”. No lo es practicar la demagogia ramplona de la brocha gorda por la que todos estaríamos del “lado oscuro de la fuerza” salvo quien se autositúa en la Ciudad del Sol que describiera Campanella. No lo es negar la complejidad abandonándose al atajo de la simplificación. No lo es despreciar los grises de un debate dialogal en que la verdad absoluta (“lo que no es blanco, es negro”) no existe desde que aceptamos que lo que nos interesa se construye socialmente, en democracia, razonando, y avanzando por vía de contradicciones y corrección de errores.
Su prueba del nueve es su conversión en partido y competir por el voto
Sin duda, los partidos de izquierda —primero entre ellos, el PSOE— tenemos responsabilidades. Un combate sin cuartel contra la corrupción y una apuesta decidida por el restablecimiento de la progresividad fiscal. Un nuevo ciclo constituyente debería acometer la clamorosa fatiga de materiales que aqueja desde hace tiempo la democracia española. Su desmejoramiento reclama con impostergable urgencia reformas en todos los ámbitos; desde luego, en los partidos.
Empero, la calidad democrática avanza rara vez a empellones, ni con arrogante desprecio de las categorías constitucionales por “masas en movimiento”. ¡Cuidado! Del mismo modo en que las manifestaciones no pueden ser ignoradas (ni menos aún reprimidas) como si por ensalmo así dejaran de existir, tampoco pueden sin más abrirle paso a un “nuevo orden” donde no estemos obligados a dialogar y acordar lo que nos importe a todos. “Asamblearismo”, “masa”, portavoces “carismáticos” construidos en los medios que al mismo tiempo deploran la “ausencia de liderazgos”… son todas señales de alarma que dificultan entender que, como decía Ortega, “nos pasa que no sabemos lo que nos pasa”… Pero habrá que hablar de ello
Ningún espacio progresista puede permitirse suspender sus facultades críticas. Lo que incluye mantener la alerta ante el desafío que aguarde en la siguiente esquina. Llamando a las cosas por su nombre, y osando debatir sobre ellas. Porque ésa que Marx llamó “era de la sospecha”, a la que nada es inmune, es seña de identidad del pensamiento de izquierda a lo largo de su historia.
Juan F. López Aguilar es catedrático de Derecho Constitucional y eurodiputado socialista
fuentes http://elpais.com/elpais/2014/09/22/opinion/1411410866_899275.html

Politizar la tecnología

El desarrollo tecnológico y la innovación se encuentran ante una encrucijada. Su ubicuidad hoy día se extiende a prácticamente todos los ámbitos de la vida. Privada y pública. De móviles en los bolsillos de cientos de millones de personas recolectando datos a drones sobrevolando ciudades y lanzado misiles en zonas de conflicto; de transacciones financieras saltando de una Bolsa a otra por redes privadas ultrarrápidas a repositorios de información con miles de millones de datos personales en manos de compañías no reguladas; y de una esfera pública en red en la que la información (y desinformación) viaja sin restricciones a los primeros síntomas de una guerra cibernética (la habilidad para inhabilitar infraestructuras estratégicas vía herramientas digitales).
Difícil poner en duda, pues, el impacto de la tecnología en la vida cotidiana. Y, sin embargo, la discusión pública sobre el tema es muy limitada. Limitada y de mala calidad. Más todavía: la conversación pública difícilmente logra ir más allá de alabar y maravillarse por la aparición del último cacharro o moda digital. Se asume, sin apenas valoración crítica, que el avance técnico y la implementación tecnológica son síntomas inequívocos de progreso. Y punto. Sin cuestionarse fines, medios ni consecuencias. En otras palabras, la conversación pública sobre tecnología, innovación y su valor social está vacía de una dimensión fundamental: la dimensión política.
¿Con qué fines desarrollamos nuevas tecnologías? ¿Quién las construye, promueve y controla en última instancia? ¿Qué tipo de desarrollo tecnológico privilegiamos? ¿El de consumo dirigido a selectas minorías o el que busca enfrentar grandes problemas sociales de largo plazo? ¿Qué papel le otorgamos al Estado en la investigación y el desarrollo? ¿Le damos prioridad a la innovación y el cambio tecnológico sobre derechos sociales, políticos y de privacidad individual? ¿Permitimos que los usos tecnológicos tanto de Gobiernos como de la sociedad civil vulneren prácticas democráticas que se han fraguado a lo largo de siglos? Son solo algunas de las tantas preguntas que deberíamos formular al analizar el tema y diseñar políticas públicas.
Y, sin embargo, no lo hacemos.
En pocos años hemos pasado de un uso privado de la tecnología (qué mejor ejemplo que el emblema que puso en marcha el cambio, el PC,personal computer) a una utilización pública de redes, servicios e información que tienen importantes consecuencias colectivas. Redes y servicios, por cierto, homologables ya con las grandes infraestructuras públicas del siglo XX.
Existe una puja de intereses privados para convertir el desarrollo tecnológico en un gran escaparate comercial al margen del control institucional
El problema con esta desconexión, en parte, pasa por el tipo de cobertura y discurso con el que la gran mayoría de los medios de comunicación enfocan el tema. No solo lo hacen desde una perspectiva naífque en la mayoría de los casos se limita a informar sobre tendencias, marcas y réditos comerciales y bursátiles de las empresas tecnológicas; lo hacen, más grave aún, sin el conocimiento técnico y legal necesario para abordar la complejidad del cambio tecnológico y sus consecuencias.
Se suele centrar en lo banal (selección de titulares recientes en la prensa española de calidad: “Facebook fuera de servicio durante más de dos horas”); lo anecdótico (“Sophie Amorudo empezó en un cobertizo. Ahora ingresa 128 millones de dólares en su tienda online”); o lo directamente inverosímil y grandilocuente (“Gobernar desde la nube”). Resulta mucho más difícil encontrar información detallada sobre cómo las políticas de privacidad y los filtros algorítmicos de una compañía como Facebook vulneran derechos individuales y pueden incluso poner en riesgo derechos políticos. O bien una explicación amplia sobre cómo las redes sociales están dañando la calidad del debate democrático y ahondando la polarización política, como recientemente documentó el Pew Research Center en su informe de finales de agosto Social Media and the Spiral of Silence.
Cuando se trata de la cobertura sobre tecnología e innovación se confunden las modas y los intereses privados de las compañías digitales con los intereses generales y el debate público bien informado. Se confunde, en el fondo, la figura de ciudadano con la de consumidor. La tensión fundamental que emerge de este nuevo ámbito digital —creado a partir de redes públicas— es la puja de intereses privados para convertirlo en un gran escaparate comercial al margen del control público. O, dicho de otra manera: la vieja tensión entre derechos privados e interés público se traslada a la esfera digital y se reviste de un positivismo tecnológico que la blinda de cualquier crítica.
Hace algunas semanas este periódico le preguntaba a Ulrich Beck sobre las transformaciones digitales y el riesgo para nuestras libertades. Su respuesta no podría haber sido más inquietante: la paradoja del riesgo digital, reflexionaba, es “que cuanto más cerca estemos del desastre, menos lo percibimos. Se trata de una amenaza intangible que no afecta a la vida (como el terrorismo), la supervivencia de la humanidad (el cambio climático) ni la propiedad (la crisis financiera). La violación de nuestra libertad no nos daña físicamente. Sin embargo, están en riesgo logros de la civilización como la libertad personal y la privacidad e instituciones como la democracia y la justicia”.
El dilema está servido: vale, tecnología, ¿pero para qué? Responder a conciencia exige llevar la política allí donde se discute y legisla sobre ciencia, tecnología e innovación. Solo así seremos capaces de construir tecnología socialmente útil. Solo así conseguiremos evitar caer en los graves riesgos a los que se refiere Beck y sacar verdadero partido del extraordinario avance técnico y científico del último medio siglo.
Diego Beas es autor de La reinvención de la política (Península); fue investigador invitado del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford.
fuenteshttp://elpais.com/elpais/2014/09/24/opinion/1411584405_269344.html