El Parlamento de Cataluña aprobó la pasada semana una declaración que proclama al pueblo catalán como “sujeto político y jurídico soberano” y reclama la celebración de una consulta para decidir su futuro político. Comienza un largo e incierto camino para Cataluña. En este artículo exploramos ese camino utilizando la analogía del dilema del prisionero, un conocido dilema de la teoría de juegos, muy común en la acción política.
En el dilema original, la policía arresta a dos sospechosos y los mantiene incomunicados en celdas separadas. Si ambos prisioneros se comportan de modo egoísta y acusan al otro, serán condenados los dos. Si colaboran, pueden exculparse el uno al otro y conseguir una reducción significativa de la pena. La lección interesante del juego es que el egoísmo de las partes las inclina a no cooperar aunque cooperando obtendrían un resultado más favorable.
La actual problemática en torno a la relación entre España y Cataluña se parece a este dilema. Las partes pueden elegir entre dos estrategias: (1) la confrontación, que lleva a una “independencia desordenada” de Cataluña (en adelante el mal equilibrio) o bien (2) la cooperación, que termina en un acuerdo sin independencia, pero con mayor soberanía para Cataluña y una eventual reforma constitucional (en adelante, el buen equilibrio).
Nosotros argumentamos que el buen equilibrio es más probable porque los riesgos que conlleva la independencia desordenada —asumiendo que Madrid nunca aceptaría una ordenada— activarán unas dinámicas a nivel doméstico e internacional que forzarán a las partes a llegar a un acuerdo que evite la ruptura.
¿Por qué nos encontramos en esta situación de confrontación? Desde el siglo XVIII las relaciones entre el poder central y Cataluña no han sido fáciles debido a que ambas partes tienen una idea fundamentalmente distinta del Estado. El centralismo concibe a España como una unidad nacional sin fisuras, una visión alejada del Estado plurinacional que defienden el nacionalismo catalán y vasco.
Asimismo, la existencia de una lengua propia, una mayor ligazón con el continente europeo y la lejanía del poder central han generado en Cataluña y el País Vasco una fuerte cosmovisión propia y un modo diferente de entender el progreso económico y empresarial. La historia de la política española de los últimos siglos puede entenderse, en parte, como un intento de nivelar estas tensiones entre el centro y la periferia.
El Estado de las autonomías, la solución que se propuso en la Transición, fue un intento de solucionar los problemas vasco y catalán. Pero mientras el País Vasco recibió un trato fiscal especial, Cataluña entró en el sistema general, a través del cual ha venido aportando más recursos que la media de las comunidades autónomas al sistema de financiación (debido a ser más rica que la media) y recibiendo por debajo de la media.
Ahora, con el poder central debilitado por la crisis, los catalanes reivindican de nuevo sus aspiraciones. Reclaman un acuerdo económico parecido al de País Vasco y Navarra; una política de infraestructuras que reconozca su peso industrial; mayor autogobierno y el pleno respeto y reconocimiento a sus instituciones educativas y culturales.
Unas reivindicaciones, conviene recordar, en la línea de las que prometía el fallido estatuto de autonomía, que garantizaba un acuerdo de inversión por encima de la media durante siete años para aminorar el déficit de infraestructuras. Pero una desgraciada constelación política echó a perder ese camino.
Madrid teme que ceder ante las presiones catalanas pueda significar la desmembración de España y permanece enrocado. En vez de ofrecer a Cataluña, como Londres a Escocia, un debate abierto y un referéndum, Madrid niega la existencia misma del problema y ataca los elementos más preciados del catalanismo como la lengua o la educación. A eso se une un problema económico: sin crecimiento y sin dinero en las arcas públicas, ¿de dónde sacará Madrid los fondos (sino es de otras comunidades) para ofrecer un mejor régimen fiscal a Cataluña?
Los prisioneros permanecen enfrentados porque la confrontación es, de momento, la estrategia que maximiza su rédito político. Pero ¿qué fuerzas pueden llevar a las partes a evitar el mal equilibrio? Creemos que son tres: (1) los riesgos de la “independencia desordenada” —que irán ganando significación a medida que se vaya acercando el día del referéndum—; (2) las presiones de la eurozona —que ante el riesgo de contagio presionarán a Madrid para que ceda— y (3) el interés de las élites y de parte del nuevo independentismo en aceptar un potencial “pacto razonable” dentro de España.
Más allá del riesgo real de quedarse fuera de la UE, económicamente, la tensión en las relaciones comerciales y la incertidumbre causada por la independencia desordenada llevarían al colapso en el corto plazo de ambas economías. El proceso de transición, en el que habría que renegociar infinidad de deudas y obligaciones compartidas, sería caótico y los costes que conllevaría transformar Cataluña en un nuevo Estado serían complicados de asumir en el actual momento de crisis. En el peor de los casos Madrid podría suspender la autonomía catalana mediante el artículo 155 de la Constitución y en último extremo ejercer el uso de la fuerza para evitar la secesión.
La dimensión internacional será determinante en el cambio hacia el buen equilibrio. Como hemos aprendido, los desarrollos de la política interna de los miembros de la eurozona son muy importantes para la evolución del conjunto. Pongamos, por ejemplo, que en un clima de mayor recesión en España y creciente volatilidad en los mercados se acerca el referéndum y sigue sin haber pacto. Los inversores temen el colapso español y venden sus bonos antes de que el colapso llegue, causando las famosas profecías autocumplidas. La prima en España se dispara, arrastrando a la italiana. El BCE, ya sin bazokas en la recámara, decide no intervenir puesto que ante la potencial insolvencia de una España sin Cataluña puede poner su credibilidad en juego. La aparentemente inofensiva independencia de una región de la periferia podría llevar a la ruptura de la eurozona.
Antes de que eso pase, las principales naciones europeas presionarán a un Madrid, muy debilitado, para que ofrezca un nuevo pacto a Cataluña. Madrid se resistirá, puesto que la cuestión territorial es quizás el último espacio en el que conserva soberanía, pero es posible que se vea obligado a ceder.
Aunque parte de la élite económica catalana se ha sumado al discurso independentista tras la negativa de Madrid al pacto fiscal, su esencia pactista y el miedo a la incertidumbre económica le llevará probablemente a aceptar un “acuerdo razonable” que dé más soberanía a Cataluña. De un modo parecido podría actuar el nuevo independentismo puesto que, mayoritariamente, no se basa en un independentismo romántico e inmovilista sino en la percepción de que, por la mala gestión de la crisis y su rechazo al Estatuto, el Estado español ha dejado de ofrecer un pacto conveniente a Cataluña.
En este artículo planteamos una posible solución al dilema del prisionero. Llegado cierto punto (incluso antes del referéndum) los riesgos de una independencia desordenada y las presiones internacionales, una variable ignorada en el debate hasta el momento, pueden hacer cambiar los incentivos de los jugadores y propiciar una negociación que resulte en el buen equilibrio. Para que ese equilibrio sea permanente y los prisioneros estén interesados en cooperar, ese acuerdo debe ofrecer mayor soberanía a Cataluña, incluyendo una eventual reforma constitucional que dibuje las bases de una España federal.
Antonio Roldán Monés es máster en Política Económica por la Columbia University e Investigador en London School of Economics. Nil Brullet Francí es licenciado en Filosofía y arquitecto.
fuentes http://elpais.com
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