Abundan las llamadas enfermedades autoinmunes. Son trastornos del organismo que producen anticuerpos contra determinados componentes de sus propios tejidos que no reconocen y a los que atacan. En estas patologías no hay causa exógena: el origen está en el mal funcionamiento del organismo del enfermo. En política ocurre lo mismo: se producen iniciativas que terminan constituyendo fracasos por autoinmunidad. Es el caso del pacto entre CiU y ERC que, basado en una serie de ficciones groseras, terminará por autodestruirse sin la imprescindible necesidad de que se produzca un conflicto jurídico y político sistémico. El pacto diseña un planteamiento dogmático e inconstitucional y cuya única viabilidad consistiría en la iniciación de un inverosímil proceso constituyente en España que abriese la puerta a la secesión de Catalunya.
La verdad rigurosa es que el entendimiento entre la federación nacionalista y los republicanos se fundamenta en un cúmulo de incoherencias ideológicas -las que separan a una formación de centroderecha de otra netamente izquierdista- y en una serie de suposiciones que se tienen por verdades inconcusas. La mayor de la incoherencias reside en la entrega de Mas, atado de pies y manos, a Junqueras. CiU ha asumido en su integridad los planteamientos republicanos. Incluso, hasta la determinación de la fecha de una consulta netamente independentista -y por lo tanto ilegal-, abocando la legislatura a apenas dos ejercicios, destrozando la promesa -otra que se evapora- del ya president de la Generalitat según la cual su Govern iba a ser serio y estable. Resulta irreal que en menos de dos años, en un contexto de depauperación económica y financiera, pueda plantearse una consulta secesionista, al tiempo que se pretende construir unas "estructuras de Estado" que van desde un Banco público de Catalunya, a una Agencia Tributaria propia, pasando por una Administración electoral catalana o una policía integral. Urdimbre estatal que sería simultánea a una cascada de nueva fiscalidad que desagregará de adhesiones independentista a las clases medias y al empresariado catalán, hasta el momento auténticos stakeholders de CiU de la que huirán por su metamorfosis ideológica y táctica.
A todo ello hay que añadir la ficción, que es el dato esencial: las elecciones del 25-N no permiten a CiU y a ERC afirmar que existe en Catalunya una voluntad secesionista mayoritaria, de tal manera que en el improbable supuesto de que se celebrase una consulta de esa naturaleza, estaría abocada a una negativa del electorado a la constitución de un Estado propio. El socialismo catalán es federalista, en ICV prima la ideología social sobre la pulsión estatal, PP y Ciutadans están en las antípodas de cualquier segregación y en la propia CiU, una parte de UDC, no optaría por la independencia. Lograr persuasiones adicionales a la causa separatista con una política presupuestaria así en una sociedad de las características de la catalana tampoco es realista. Tanto por falta de tiempo para una política de convencimiento como por la ausencia de idoneidad del contenido del pacto. A mayor abundamiento, la radicalidad de los términos del acuerdo -debidos a la superioridad negociadora de ERC sobre CiU- son de tal naturaleza que resultan excluyentes y reactivos. Se trata de un planteamiento político inviable porque, como escribió en estas páginas el siempre ponderado Lluís Foix, la independencia de Catalunya no es posible "ni contra España ni sin Europa", añadiendo, que el pacto representa -y así es- "una doble ruptura", con la Constitución, pero también con la ley catalana de mayor rango que es el Estatut.
Debe añadirse una observación importante: el pacto suscrito acredita que ERC ha impuesto un sistema de fiscalización inquisitorial sobre la acción de gobierno de CiU, de modo tal que los nueve organismos de seguimiento y control convenidos constituyen un ejecutivo en la sombra que, de hecho, se convierten en una administración catalana paralela. Así la autoinmunidad del acuerdo es prácticamente total. Le bastará al Estado una aplicación legal del ejercicio de sus facultades y responsabilidades para que la entente entre republicanos y nacionalistas alcance grados de incoherencia exasperantes. De ahí que carezca de sentido político alguno la maximización de los objetivos secesionistas y la imposición de un programa fiscal asfixiante, salvo que se entienda que ERC pretenda generar una frustración profunda y, en el medio plazo, sustituir a CiU en el liderazgo de lo que fue el catalanismo durante los últimos treinta años. Este episodio que se pretende histórico para Catalunya, terminará mal. Porque su naturaleza es autoinmune.
El pacto concede a ERC una fiscalización inquisitorial y crea una administración paralela.
La verdad rigurosa es que el entendimiento entre la federación nacionalista y los republicanos se fundamenta en un cúmulo de incoherencias ideológicas -las que separan a una formación de centroderecha de otra netamente izquierdista- y en una serie de suposiciones que se tienen por verdades inconcusas. La mayor de la incoherencias reside en la entrega de Mas, atado de pies y manos, a Junqueras. CiU ha asumido en su integridad los planteamientos republicanos. Incluso, hasta la determinación de la fecha de una consulta netamente independentista -y por lo tanto ilegal-, abocando la legislatura a apenas dos ejercicios, destrozando la promesa -otra que se evapora- del ya president de la Generalitat según la cual su Govern iba a ser serio y estable. Resulta irreal que en menos de dos años, en un contexto de depauperación económica y financiera, pueda plantearse una consulta secesionista, al tiempo que se pretende construir unas "estructuras de Estado" que van desde un Banco público de Catalunya, a una Agencia Tributaria propia, pasando por una Administración electoral catalana o una policía integral. Urdimbre estatal que sería simultánea a una cascada de nueva fiscalidad que desagregará de adhesiones independentista a las clases medias y al empresariado catalán, hasta el momento auténticos stakeholders de CiU de la que huirán por su metamorfosis ideológica y táctica.
A todo ello hay que añadir la ficción, que es el dato esencial: las elecciones del 25-N no permiten a CiU y a ERC afirmar que existe en Catalunya una voluntad secesionista mayoritaria, de tal manera que en el improbable supuesto de que se celebrase una consulta de esa naturaleza, estaría abocada a una negativa del electorado a la constitución de un Estado propio. El socialismo catalán es federalista, en ICV prima la ideología social sobre la pulsión estatal, PP y Ciutadans están en las antípodas de cualquier segregación y en la propia CiU, una parte de UDC, no optaría por la independencia. Lograr persuasiones adicionales a la causa separatista con una política presupuestaria así en una sociedad de las características de la catalana tampoco es realista. Tanto por falta de tiempo para una política de convencimiento como por la ausencia de idoneidad del contenido del pacto. A mayor abundamiento, la radicalidad de los términos del acuerdo -debidos a la superioridad negociadora de ERC sobre CiU- son de tal naturaleza que resultan excluyentes y reactivos. Se trata de un planteamiento político inviable porque, como escribió en estas páginas el siempre ponderado Lluís Foix, la independencia de Catalunya no es posible "ni contra España ni sin Europa", añadiendo, que el pacto representa -y así es- "una doble ruptura", con la Constitución, pero también con la ley catalana de mayor rango que es el Estatut.
Debe añadirse una observación importante: el pacto suscrito acredita que ERC ha impuesto un sistema de fiscalización inquisitorial sobre la acción de gobierno de CiU, de modo tal que los nueve organismos de seguimiento y control convenidos constituyen un ejecutivo en la sombra que, de hecho, se convierten en una administración catalana paralela. Así la autoinmunidad del acuerdo es prácticamente total. Le bastará al Estado una aplicación legal del ejercicio de sus facultades y responsabilidades para que la entente entre republicanos y nacionalistas alcance grados de incoherencia exasperantes. De ahí que carezca de sentido político alguno la maximización de los objetivos secesionistas y la imposición de un programa fiscal asfixiante, salvo que se entienda que ERC pretenda generar una frustración profunda y, en el medio plazo, sustituir a CiU en el liderazgo de lo que fue el catalanismo durante los últimos treinta años. Este episodio que se pretende histórico para Catalunya, terminará mal. Porque su naturaleza es autoinmune.
El pacto concede a ERC una fiscalización inquisitorial y crea una administración paralela.
Oposición impermeable
Sea porque CiU-ERC han “privatizado el derecho a decidir” (PSC), sea porque el pacto entre ambos partidos contempla una “austeridad salvaje” (ICV), sea porque republicanos y nacionalistas “quieren romper la vinculación de Catalunya con España” (PP), sea porque Mas “es un problema y debe dimitir” (C’s) o por planteamientos más radicales (CUP), el bipartito no amplió durante el debate de investidura los perímetros de sus territorios, ni el soberanista, ni el social. De 135 diputados, son 71 los que encaran el Estado propio catalán en una Europa de la que apenas se habló. La oposición, cada cual amparada en su argumento definitorio, se mostró impermeable a las apelaciones de Mas y, en menor medida, de Junqueras. Otra fotografía de la realidad subyacente al 25-N.
Sea porque CiU-ERC han “privatizado el derecho a decidir” (PSC), sea porque el pacto entre ambos partidos contempla una “austeridad salvaje” (ICV), sea porque republicanos y nacionalistas “quieren romper la vinculación de Catalunya con España” (PP), sea porque Mas “es un problema y debe dimitir” (C’s) o por planteamientos más radicales (CUP), el bipartito no amplió durante el debate de investidura los perímetros de sus territorios, ni el soberanista, ni el social. De 135 diputados, son 71 los que encaran el Estado propio catalán en una Europa de la que apenas se habló. La oposición, cada cual amparada en su argumento definitorio, se mostró impermeable a las apelaciones de Mas y, en menor medida, de Junqueras. Otra fotografía de la realidad subyacente al 25-N.
Los otros pactos
Los socialistas han dejado colgado al alcalde de Barcelona con los presupuestos del 2013, después de que lo hicieran los populares. ¿Significa que los que pactos municipales y provinciales entretejidos entre las tres fuerzas políticas se van a revisar? Sería posible que así sucediese. Si no hay geometría variable en el Govern, ¿por qué tendría que haberla en otros niveles de las administraciones tales como los ayuntamientos –Badalona, por ejemplo– o las diputaciones como la barcelonesa? El pacto CiU-ERC va a tener una segunda vuelta: la ocupación del poder en instancias de necesario control para llevar adelante sus muy arriesgadas previsiones. Las convulsiones en Catalunya no han terminado. Quedan capítulos muy complicados por escribir. Mientras, la crisis galopa.
Los socialistas han dejado colgado al alcalde de Barcelona con los presupuestos del 2013, después de que lo hicieran los populares. ¿Significa que los que pactos municipales y provinciales entretejidos entre las tres fuerzas políticas se van a revisar? Sería posible que así sucediese. Si no hay geometría variable en el Govern, ¿por qué tendría que haberla en otros niveles de las administraciones tales como los ayuntamientos –Badalona, por ejemplo– o las diputaciones como la barcelonesa? El pacto CiU-ERC va a tener una segunda vuelta: la ocupación del poder en instancias de necesario control para llevar adelante sus muy arriesgadas previsiones. Las convulsiones en Catalunya no han terminado. Quedan capítulos muy complicados por escribir. Mientras, la crisis galopa.
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