El futuro de la sanidad pública

SE la conoce como ley de Acompañamiento para los Presupuestos del 2013 de la Comunidad de Madrid, fue aprobada el jueves por el pleno de la Asamblea e incluye elementos dispares, como la externalización de servicios sanitarios, la modificación de la ley del Juego para adecuarla a las exigencias de Eurovegas o la implantación del euro por receta. Esta ley ómnibus presenta diversos aspectos polémicos. Pero, entre todos ellos, quizás se lleven la palma los relativos a lo que una parte importante del colectivo médico madrileño ha calificado como el mayor plan de privatización de la sanidad pública puesto en marcha en España y como el paso inicial para una ulterior política de privatizaciones. En efecto, dicha norma contempla la cesión a operadores privados de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud, que atienden a un total de 1,5 millones de personas. Los políticos populares que rigen la Comunidad de Madrid cifran en 200 millones de euros el ahorro que permitirá la privatización. Pero una parte notable del colectivo profesional -un 70%, según fuentes del mismo- le ha hecho frente con una huelga de un mes y con otras movilizaciones. Dichas actividades han tenido su repercusión en la atención al ciudadano. Hasta 6.000 operaciones quirúrgicas no urgentes se han visto pospuestas, y unas 40.000 consultas, suspendidas. Pero, al decir de los médicos, el coste de la privatización podría llegar a ser a la larga muy superior para los pacientes. O, al menos, para muchos de ellos, que ya temen verse privados, por razones económicas, de servicios que hasta la fecha garantiza la administración pública a todos los ciudadanos de modo gratuito.

Ayer, tras la derrota política sufrida en una Asamblea madrileña donde el PP goza de cómoda mayoría absoluta -tan cómoda y relajante que algunos de sus diputados usan tabletas y teléfonos móviles para distraerse con juegos en línea durante las sesiones-, los médicos decidieron desconvocar la huelga y seguir su lucha en los tribunales, persiguiendo irregularidades. 

Cerrado este episodio, cabe lamentar que la huelga se haya prolongado tanto y que las posturas se hayan enconado entre los huelguistas y el gobierno autonómico madrileño, presidido por Ignacio González. Este último ha llegado a criticar el uso, a su parecer abusivo, que la clase médica hacía del derecho a la huelga. Pero las cosas pueden verse de otro modo. Por ejemplo, desde la óptica de quienes creen que semejante reforma no debería hacerla una única fuerza política, con toda la oposición en contra, y sin buscar la complicidad de los profesionales que atienden a la población.

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