Artur Mas ha tomado el peor de los caminos posibles. Su pacto soberanista de legislatura con Oriol Junqueras (ERC) puede ser legítimo. Pero es el peor de los escenarios imaginables, sobre todo en las actuales condiciones de crisis financiera y de falta de liquidez que sufre la Administración catalana.
El acuerdo no se propone superar las líneas divisorias internas de la sociedad catalana evidenciadas en las últimas elecciones. Al revés, su aplicación tenderá a agravarlas. Y a profundizar también el progresivo desencaje de Cataluña en el conjunto español. Anuncia y baliza en sus puntos programáticos una legislatura conflictiva, áspera y llena de incertidumbres: lo menos indicado para la recuperación económica.
Con este acuerdo, Mas desecha otros teóricamente posibles, que descartó casi de entrada. Con el PP, lo que ya parecía difícil por su deriva hacia el independentismo y la querencia centralista de los populares, pero que no era impensable, dada su coincidencia en políticas de austeridad. O con el PSC, con el que compartían el objetivo de realizar una consulta a la ciudadanía sobre la independencia, si bien los socialistas lo condicionaban a que fuese legal, mientras que CiU lo dejaba, y lo deja, en una peligrosa indeterminación que ni siquiera su socio de Unió comparte.
De forma que Artur Mas ha elegido a este socio, y no a otro, deliberadamente. Hasta el punto de sacrificar una de las principales demandas de Duran i Lleida, que se oponía a la fijación de una fecha para el referéndum independentista y tendrá ahora, cuando se ha establecido su celebración para 2014, la ocasión de demostrar la solidez de su antisecesionismo.
La subordinación de CiU a ERC no se agota en el calendario. También aflora en el blindaje del pacto, mediante su control por cinco organismos y grupos de trabajo extraparlamentarios bipartitos (tripartitos, si se cuenta a Unió), que colocan a la Cámara en una posición menguante. Es un Gobierno de coalición de facto, aunque con consejeros de solo una de sus facciones.
La primogenitura del partido ausente del Ejecutivo formal, Esquerra, se prolonga en unas medidas que pretenden construir un Estado ajeno al español y en el intervencionismo que destila su programa económico, opuesto al ideario liberal que CiU propuso a sus electores. No es extraño que los empresarios, que optaron por la discreción durante la campaña, hayan expresado rotundamente su desazón. El malestar aqueja a la gran patronal, Fomento; a la Cámara de Comercio, más técnica; y a la pequeña y mediana empresa de la Pimec, vinculada a la propia CiU.
La oposición empresarial no se debe solo al capítulo fiscal del acuerdo. Este recupera algún impuesto (sucesiones) enfáticamente suprimido por el propio Mas en la anterior legislatura, y dribla el boicoteo del Gobierno a las tasas autonómicas sobre depósitos bancarios. Pero también propone la implantación de un sinfín de nuevas gabelas (sobre bebidas azucaradas, grandes superficies, gases contaminantes, viviendas desocupadas, patrimonio...). La aparente orientación redistributiva de algunas de estas figuras impositivas pretende operar como un velo respecto a los recortes de los servicios sociales en los que tan expeditivo se mostró el primer Ejecutivo de Artur Mas.
El aroma intervencionista es inconfundible. La creación de un banco público sin perfil definido (originariamente, banco central) y la de otros organismos y observatorios prescindibles, y el carácter residual de sus propuestas de simplificación administrativa traslucen una obsesión burocrática contradictoria con las recetas del primer Mas que ganó las elecciones de 2010. El segundo Mas de 2012 se parece al primer Junqueras, al que le está regalando, a cambio de nada, el liderazgo del catalanismo.
fuentes http://elpais.com
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