El Gobierno que ha nombrado el presidente catalán Artur Mas es un fiel reflejo de la mayor debilidad de CiU en la décima legislatura que comienza y, por tanto, de la necesidad del presidente de rodearse de un núcleo compacto que le permita afrontar el envite soberanista radical al que le obliga el acuerdo con ERC. A diferencia de hace dos años, Mas ya no habla del “Gobierno de los mejores”, sino de un Gobierno fuerte para un “momento único” destinado a “cambiar el rumbo de la historia de un país milenario”. Persistiendo en un análisis erróneo de la realidad, Mas cree que debe pilotar este cambio radical aunque ello comporte un alto riesgo de colisión y recurre de nuevo a metáforas excesivas: proclama su “voluntad de hierro” para encarar, “firme en los objetivos y sereno en las formas”, la convocatoria de una consulta sobre el futuro de Cataluña, para la que reclama diálogo, pero sin ocultar la amenaza de recurrir a los hechos consumados si lo creyera necesario.
La composición del Ejecutivo, con menos independientes y con incorporaciones significativas del núcleo duro soberanista, obedece ante todo a la necesidad de facilitar el cumplimiento del acuerdo con ERC y restañar las heridas de Unió, que recupera la cuota del 25%. Aunque incluye algún guiño para tratar de mostrar una mayor sensibilidad social, mantiene en Sanidad a Boi Ruiz, adalid de las políticas de privatización.
El Gobierno descansa sobre dos puntales. En el ámbito político, Francesc Homs, que se incorpora al Ejecutivo con las funciones que ya tenía como secretario y portavoz, pero reforzado con asuntos exteriores. Mano derecha de Mas e ideólogo del giro soberanista de CiU, Homs será el encargado de organizar la pretendida consulta sobre la independencia y recabar apoyos internacionales para la causa, lo que permite pronosticar tensiones con el Gobierno de España.
En el económico, el Gobierno descansa sobre el consejero Andreu Mas-Colell, que garantiza al menos seriedad en una coyuntura muy delicada. Con los mercados financieros totalmente cerrados, la Generalitat depende para su financiación de que el Gobierno central le transfiera recursos del fondo de rescate autonómico. Mas-Colell ha aplicado hasta ahora un programa político de la máxima ortodoxia en las políticas de austeridad, pero la caída de los ingresos fiscales hace prever una legislatura aún más difícil que la anterior. Los recursos del fondo de rescate autonómico están condicionados al cumplimiento de los objetivos de déficit, que Cataluña ya ha dicho que no va a poder satisfacer. La ley que regula este fondo permite que el Gobierno intervenga las finanzas de las comunidades que no cumplan. Así las cosas, sería un error que el Gobierno usara la política financiera para torpedear el programa soberanista del Gobierno catalán. La Generalitat debe poder funcionar con normalidad y la lealtad institucional debería ser la premisa de conducta recíproca.
fuentes http://elpais.com/elpais
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