Tanto los negociadores del PSOE como del Gobierno reconocieron que habían llegado “bastante lejos” en los trabajos para modificar la situación de los impagos de las hipotecas y los consiguientes desahucios. Pero, a la hora de la verdad, se levantaron y no hubo acuerdo. El Gobierno llevará a cabo una medida de urgencia: la moratoria de dos años de los desahucios extremos. El PSOE pretendía una reforma de calado con el cambio de la centenaria Ley Hipotecaria. Rotas las conversaciones, cada uno ha tirado por su lado. Los alcaldes socialistas harán uso de todo su potencial para paliar la situación de los ciudadanos que no pueden pagar su hipoteca por una insolvencia “sobrevenida”. Para aunar criterios los regidores socialistas (una selección de los 3.030 existentes en España, una docena en grandes ciudades) se reunieron ayer en la sede federal del PSOE con la vicesecretaria general, Elena Valenciano, el responsable Municipal, Gaspar Zarrías y la portavoz de Vivienda, Leire Iglesias.
“No queremos caridad sino derechos”, señaló Valenciano. El decreto ley del Gobierno reviste este carácter asistencial a los ojos del PSOE, por lo que sus alcaldes han advertido que ponen en marcha desde hoy sus propuestas. De entrada retirarán las cuentas corrientes, cancelarán depósitos, y romperán toda relación con los bancos que ejecuten desahucios por impago de hipotecas, según anunciaron ayer en nombre de sus compañeros los alcaldes de Vigo y Toledo, Abel Caballero y Emiliano García-Page.
Asimismo los alcaldes socialistas no prestarán el apoyo de la policía municipal para que desaloje a personas de sus casas cuando la orden venga de una comunidad autónoma.
Como ya ocurre en otros países europeos, los alcaldes socialistas proponen servir como agentes de intermediación entre las entidades bancarias y los ciudadanos que no puedan hacer frente a sus hipotecas. En el programa de mediación, los alcaldes proponen la dación en pago, es decir la entrega de la casa a cambio de liquidar la deuda, junto a la opción de quedarse en otra casa con “un alquiler social”.
La moratoria aprobada por el Gobierno para paliar los desahucios a las familias más vulnerables ha unido en contra no solo a la oposición política, sino a todos los colectivos de la justicia: jueces (que censuraron el decreto por ser “un parche arbitrario), secretarios judiciales y ahora también los abogados, informa Elsa García de Blas. El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, afirma a EL PAÍS que la medida es “absolutamente insuficiente; se han quedado cortísimos, las causas para ser beneficiario son demasiado rígidas”. Éste órgano pide la reforma la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, tal como también exige el PSOE y el resto de la oposición, que también cuestiona la cortedad de la moratoria de dos años en los desahucios, ya que los intereses de la deuda no se paran. Se aplaza el desahucio pero la deuda sigue engordando.
No es ese el diagnóstico de Mariano Rajoy: “Las medidas propuestas son eficaces, afectan a un número importante de personas y no inciden negativamente en la marcha de la economía española”. El presidente del Gobierno valoró así ayer el decreto del viernes como primer gobierno que hace algo sobre este tema, especialmente en el apartado de la creación de un parque social de viviendas para alquilar.
La banca pide más casas y menos trabas al crédito
El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, negó ayer que los bancos fueran el problema en el asunto de los desahucios. “Los bancos lo que han hecho ha sido ayudar a las personas” a tener vivienda.
“Viendo las informaciones de estos días se podría pensar que el crédito hipotecario ha sido causa de exclusión social, y no ha sido así. Lo que ha provocado la exclusión ha sido la crisis”, afirmó. “El crédito ayuda a superar la crisis. Para proteger a las personas que están en peligro de quedarse sin casa, hay que dar más créditos y crear más casas y no poner trabas al crédito”, en alusión a las modificaciones de la Ley Hipotecaria.
FUENTES http://politica.elpais.com
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