Todo a la justicia! Es el nuevo grito de guerra de un gobierno que considera que la judicatura es su patio trasero, y que pueden atiborrarla con todas las neurosis ideológicas que les sacan de quicio. Sin ninguna duda, quien más afición tiene a tamaña práctica es la virreina de Catalunya, que ha vuelto a denunciar a municipios como Girona o Igualada por declararse "territorio soberano". Y ello a pesar de que Llanos de Luna ya recibió una reprimenda del juez cuando denunció a los ayuntamientos por lo de los trenes, amonestándola por "malgastar recursos judiciales, humanos y económicos". Pero como debe de ser dura de oído y para el Gobierno español no existe ningún otro problema que las declaraciones de un pleno municipal, vuelve a la carga, inasequible al desaliento. No tengo memoria, desde los años oscuros de los gobernadores franquistas, de alguien tan ideológicamente obsesivo. A la par, Soraya Sáenz de Santamaría también amenaza con denunciar otra declaración, en este caso por todo lo alto ya que se trata de la solemne declaración del Parlament catalán. Es decir, en un Estado que se cae a trozos, con un drama de desahucios terrible, un paro disparado hasta la estratosfera y una cadena de escándalos de corrupción que hunden España hasta lo más hondo, el Gobierno tiene tiempo de denunciar algo tan democrático como expresar públicamente el deseo de un pueblo. No es que sea inconstitucional -según su lectura restrictiva- el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Es que quieren que sea inconstitucional decirlo, pensarlo, pronto hasta respirarlo, lo cual significa que lo saben todo del poder, pero no saben nada de la democracia.
Sin embargo, y dada esa afición a llevarlo todo a la justicia, ¿por qué no hacemos lo propio?, y la idea se la vampirizo a Jaume Barberà, que me la propuso vía Twitter. Por ejemplo, podemos denunciar al Ministerio de Fomento por el mal estado de nuestras carreteras y por el incumplimiento flagrante de los acuerdos presupuestarios para mejorarlas. O denunciarlos por las muchas muertes en la nacional II, la última, una mujer de Bàscara, permitiendo el paso de camiones de gran tonelaje por los pueblos. En realidad, así lo ha hecho el abogado Carles Monguilod en nombre de varios municipios afectados, en cuyo escrito ante la Fiscalía acusa directamente a Fomento de dichas muertes por el malísimo estado de las carreteras por donde pasan los camiones, algunas incluso sin viales.
Y este tipo de denuncias sí que tienen que ver con la gestión política y no con el derecho a opinar de un pueblo. El PP ha perdido tanto el norte que se está convirtiendo en una caricatura. Y por ello no recuerda que su función no es crear problemas judiciales con la libertad de expresión, sino resolver problemas reales que son de su competencia. Menos denuncias contra Catalunya y más pagar el dinero que nos deben.
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