Nunca he creído que sobrevivieran a la muerte de Franco. La España democrática es una y son muchas, ni más ni menos que otras naciones europeas. Eso creía, y sin embargo ya no estoy tan segura, aunque si han vuelto a existir dos Españas, son desde luego nuevas, distintas de las tradicionales. Jamás, en nuestra historia reciente, ha sido tan necesario oponer el progreso a la reacción, pero por desgracia ya no se trata de eso, sino de algo que quizás parezca menos grave y puede resultar más peligroso. Porque el factor que hoy divide a España en dos es, simplemente, la realidad.
Si nuestro país fuera una persona, sus familiares intentarían llevarla a un psicoterapeuta que le ayudara a discriminar entre sus fantasías y su situación objetiva. Y no me refiero solo al debate parlamentario, ese triunfalismo de Rajoy que Bárcenas ha derribado de un soplo, igual que el lobo destrozó la casa del cerdito holgazán. Vivimos en un país donde, en general, los gobernantes corruptos proponen ambiciosos programas contra la corrupción, los creadores de leyes injustas piden que se apliquen con justicia, y los impulsores de delitos se apresuran a acudir a un juzgado para denunciarlos.
Mientras los responsables de los problemas se ofrecen gustosos para solucionar el problema que ellos mismos constituyen, sus víctimas sufren. Cuando alguien se atreve a decirlo en voz alta, se convierte en un populista, sinvergüenza, que está en política para ver si le cae un sobre o vive de las subvenciones y pretende encima cobrar por su trabajo. Observar la realidad se ha convertido en una provocación, una agresión al poder que no solo se considera legitimado para ignorar lo que pasa, sino para criminalizar a quien intenta contárselo. Así, antes de que la mate la corrupción, la democracia española morirá de irrealidad, y nadie tendrá dinero para enterrarla.
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