La Unión Europea se ha quedado sin fuelle. Construida, en un principio, para desactivar las tensiones existentes tras dos guerras mundiales y ayudar a crear un mercado más amplio y profundo, después se transformó en un club al que los países más pobres del sur de Europa y los antiguos miembros del bloque soviético podían aspirar a pertenecer. Su éxito le otorgó una legitimidad inmediata a ojos de sus ciudadanos. Pero desde que la crisis financiera y económica interrumpieron el crecimiento y la convergencia, muchos europeos han empezado a preguntarse si de verdad necesitamos la UE. El sur sufre las duras medidas de austeridad y la pérdida de soberanía; el norte está cada vez más molesto por tener que subvencionar a sus “hermanos despilfarradores”, con políticos corruptos, aparatos del Estado ineficaces y estilos de vida insostenibles. Con su justificación histórica desvanecida hace tiempo, el proyecto de la UE afronta una crisis existencial.
Sin embargo, la crisis actual es una oportunidad, aunque no lo parezca. Si los líderes europeos la aprovechan, podrán mejorar la competitividad y, por tanto, el nivel de vida en el sur y el este, y al mismo tiempo aumentar la legitimidad de la UE. Para ello, necesitan cambiar su centro de atención. Deben pasar de la estrategia de “receta y control”, con un objetivo fiscal, a una participación verdaderamente activa, sobre el terreno, centrada sobre todo en arreglar las problemáticas Administraciones públicas de esos países. Es una estrategia audaz que concebiría Europa como una unión de gobernanza y que podría recuperar el entusiasmo por el proyecto europeo y darle el relato convincente que no tiene en la actualidad. Y es una cosa factible, si se recurre a las fuentes que poseen la experiencia adecuada (por ejemplo, el Banco Mundial, la OCDE y el FMI).
Nuestra propuesta consiste sobre todo en centrarse en mejorar la gobernanza y reducir la influencia política, utilizando y adaptando los mecanismos de la UE y su imparcialidad potencial para mejorar la administración en los países con problemas estructurales y económicos. Los países periféricos solo podrán crecer de forma sostenible si aumentan la capacidad de sus economías —y sus empresas— de innovar, disminuyen el papel distorsionador del sector público, con sus protecciones forzosas y burocracias innecesarias, y mejoran la utilización de los recursos que hace ese sector público. La experiencia indica que las reformas para mejorar la competitividad no suelen ser tan duras como parecen, salvo para algunos cargos vociferantes y bien relacionados. Tanto en el sur como en el este, son pocos los que se negarían a ayudar a sus empresarios, mejorar la calidad de sus universidades, remediar los excesos burocráticos y combatir plagas sociales como la evasión fiscal. Además, esas medidas harían probablemente que el norte estuviera más dispuesto a contribuir al desarrollo del continente.
Ahora bien, existe un gran obstáculo práctico para aplicar esas reformas, que es la debilidad de la Administración pública, agravada por la intervención política y el amiguismo. En parte debido a la crisis, cada vez son más numerosos los dirigentes políticos con la visión y el impulso necesarios para hacer las reformas, incluso en países como Italia o Grecia. Pero el entorno en el que intentan sacarlas adelante suele ser poco favorable. Los líderes reformistas no pueden obtener resultados por sí solos. La puesta en práctica debe contar en los niveles inferiores con una Administración pública que tenga también esa voluntad, además de la capacidad técnica y profesional necesaria. Y ese es el problema. Es difícil encontrar una Administración así en el sur y el este de Europa. Sus ciudadanos desean unos Gobiernos competentes que no malgasten el dinero de sus impuestos y les proporcionen servicios públicos eficaces. Si la UE pudiera ser la principal impulsora de esos cambios, incrementaría enormemente su popularidad y su legitimidad.
La UE debe obligar a los países con problemas a examinarse a sí mismos, y empujarles a hacer las reformas administrativas hasta que mejoren las circunstancias económicas. Para ello, el aparato administrativo de la UE debe centrarse más en los resultados e impulsar una mejor gobernanza. Hay que reemplazar a los encargados de redactar normas por personas capaces de gestionar el cambio, y sustituir las circulares por planes de acción. El norte puede utilizar su eficiente Administración y su ventaja competitiva para desarrollar el sur y el este, sin dejar de subrayar los beneficios para la población europea. Con ello puede elaborar el relato y crear el valor añadido que Europa necesita.
Este cambio exigiría una gran revisión de las tácticas, las estructuras y las políticas de la UE. En lugar de dedicarse a recetar políticas y controlar al detalle la gestión, como está haciendo el Grupo de Trabajo de la UE en Grecia, hay que identificar las estructuras capaces de transformar la Administración pública y rediseñar los incentivos. No debemos dictar ni gestionar desde arriba; debemos presionar para que haya transparencia y liberar las fuerzas de base que desean un Gobierno más eficiente y mejores condiciones para la iniciativa emprendedora y la competitividad. Además hay que contar con la gente más apropiada: más que cuadros medios de la burocracia europea, gestores del cambio, con experiencia, una responsabilidad clara y un mandato también claro.
A la hora de abordar los problemas, una unión de gobernanza debería adoptar una perspectiva de auténtica reestructuración y aprovechar la experiencia del Banco Mundial y otras organizaciones en la reconstrucción de instituciones. No debemos pensar en cómo y por qué los griegos, españoles o italianos son diferentes. Debemos pensar en las patologías comunes, las soluciones comunes y las respuestas que se pueden obtener con una UE decidida a mejorar la Administración y el contexto para la actividad económica.
Somos muy conscientes de las dificultades que supone un programa similar de reformas y de que es probable que haya una gran resistencia al cambio. Hay quien dice que “si para la empresa el cambio es necesario para sobrevivir, para la Administración pública y los políticos es la ruta más rápida hacia el fracaso”. Las Administraciones y, todavía más, las organizaciones internacionales como la UE, han aprendido a proteger sus burocracias más que sus intereses nacionales, y no serán las que tomen la iniciativa. Tampoco los políticos, cada vez más obsesionados por la reacción inmediata de la opinión pública y los medios. Por eso debemos presionar para que las cosas cambien, hacer que los políticos comprendan su importancia y vean que la alternativa es peor. Debemos educar a los medios y utilizar la blogosfera para seguir la repercusión a largo plazo de nuestras estrategias. Debemos asegurar la viabilidad del proyecto europeo; y para ello hacen falta valor y una visión que podamos articular. El lema puede ser Europa como unión basada en la gobernanza.
La resistencia a esa unión de gobernanza será feroz entre algunos políticos obcecados, funcionarios recalcitrantes y empresarios con conexiones políticas, que intentarán proteger un statu quo que les beneficia. De hecho, quizá preferirían que hubiera un ascenso de los extremismos y nacionalismos, que permiten tener menos transparencia, responsabilidad y competitividad. A pesar de ello, debemos replantear la tarea de revisión. Alcanzar una unión de gobernanza, basada en la rendición de cuentas, y no en formalismos legales y tomas mecánicas de decisiones, es aún más importante que construir una unión fiscal basada en transferencias presupuestarias. Si lo conseguimos, es posible que los europeos vuelvan a creer en la UE y Europa tenga por fin la oportunidad de desempeñar el importante papel que le corresponde.
Michael G. Jacobides ocupa la cátedra Sir Donald Gordon de Iniciativa Empresarial e Innovación en la London Business School. Martin Bruncko es director y responsable para Europa del Fondo Económico Mundial.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
fuentes http://elpais.com/elpais
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