Escuchas y fallos

La detención, anoche, de cuatro responsables de la agencia de detectives que realizó las escuchas sobre las que se ha basado la trama del espionaje a políticos y empresarios en un restaurante barcelonés es prueba de que Interior se ha puesto manos a la obra. La acción resulta bienvenida. Pero sorprende la actuación de los gobernantes, sobre todo de los más directos responsables, el ministro, Jorge Fernández, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas: ambos han acreditado lentitud en un asunto grave en extremo. Grave por la violación que supone de la intimidad de las personas. Y grave para la credibilidad de la clase política y para el imperio de la ley, uno de los pilares del sistema democrático.

El asunto del espionaje está vinculado al de las parainvestigaciones policiales que estalló en la recta final de la campaña electoral catalana, en noviembre: la denuncia finalmente formalizada de una antigua amiga del hijo mayor de Jordi Pujol es su nexo. En aquella ocasión, el ministro del Interior se comprometió a investigar la autoría, la legitimidad y la calidad de las acusaciones públicas surgidas, en última instancia, de su departamento. Acusaciones a las que dio pábulo, como la secretaria general de su partido y la vicepresidenta del Gobierno.

Ante el caso de las escuchas sobre todo, aunque no solo, a políticos catalanes —se trata de un segundo caso, tras el escándalo de espionaje, tampoco aclarado, en la Comunidad de Madrid bajo mandato de Esperanza Aguirre—, Fernández Díaz hizo sonar las alarmas, prometió eficacia policial y otorgó envergadura al asunto, asegurando que había “mucha información”. Si hay información política significativa, ¿por qué se oculta? Si es jurídicamente relevante, ¿por qué no se traslada a la Fiscalía?

La reacción de Artur Mas es decepcionante. Parece que el caso de las escuchas solo le interese por las implicaciones activas, pasivas o cruzadas de su gente, incluidos consejeros. Y para aparecer como una víctima indefensa por su apostasía autonomista en favor del secesionismo. Pero sucede que Mas es el responsable político último del cuerpo, siempre tan contundente, de los Mossos d’Esquadra. Es, por tanto, uno de los gobernantes que debería dar cuentas a la ciudadanía sobre el alucinante espectáculo de las escuchas en su propio territorio, y no pedirlas.

Carece de entidad la queja del jefe de CiU (cuya sede sigue embargada judicialmente para responder del saqueo al Palau de la Música) porque la floración de asuntos de corrupción —de forma convencional o estrambótica— daña a su nueva fe política. Dañará, seguro, a quienes exhiban más corruptos en sus filas, a quienes muestren con ellos más complacencia, a quienes menos persigan esa lacra: como la federación nacionalista. Pero quizá beneficie al otro independentismo, el de Esquerra, que goza de una imagen más limpia. ¿Para eso trabajan los herederos físicos y políticos de Jordi Pujol?

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