Del destape a la ética política

Ahora ya sabemos cuánto ha ganado el presidente del Gobierno en los últimos doce años. Y cuánto ha pagado a Hacienda. Conocemos también el sueldo del alcalde y concejales del Ayuntamiento de Barcelona. Incluso, es posible consultar el detalle de sus propiedades. Podemos escudriñar en los ingresos y gastos de algunos políticos, como dicen que hacen los alemanes. Hemos pasado de la opacidad al destape. Como en la transición.

Bien está el ejercicio de transparencia. Aunque esté resultando algo atropellado y caótico porque unos se someten al escrutinio público mientras otros tapan sus vergüenzas. Tampoco sería bueno que creyéramos que para ser un buen servidor público hay que hacer voto de pobreza, que el hábito no hace al monje...

Para ser sinceros, además, habrá que concluir que el presidente del Gobierno está mal pagado para los sinsabores que soporta más allá de la satisfacción de la propia vanidad. O que ser concejal de la oposición sale mejor que ser alcalde de Barcelona. O que un diputado de a pie, por apretar el botón para votar cuando se lo mandan (incluso aunque se indiscipline y le multen por ello) goza de una nómina más agradecida que la de un conseller teniendo en cuenta estos tiempos de recortes.

Se aboga por publicar sueldos públicos, crear órganos de control, reformar leyes, convocar cumbres anticorrupción... Sea todo bienvenido, aunque la realidad haya superado esas buenas intenciones. Porque ya no tenemos sólo un problema de corrupción, sino de confianza. El político es sospechoso de todo tipo de pillerías y atropellos por el mero hecho de serlo. Y, por muchos controles que se impongan, es fácil creer que podrán saltárselos si se lo proponen.

La cultura del servicio público depende de lo que una sociedad está dispuesta a tolerar en sus relaciones, en todos los ámbitos, desde el empresarial al laboral, desde el educativo al de la comunicación. La ética de la política requiere de un hábitat adecuado para brotar. Sólo si está muy mal visto defraudar al fisco o pagar en negro, será insostenible para un político mantenerse en el cargo tras haber incurrido en algún comportamiento equivalente. Sólo cuando las promesas incumplidas, el engaño y la insensibilidad ante las necesidades de los ciudadanos desprestigien al político de forma que sea insostenible su continuidad, estaremos avanzando en lo que hemos empezado a llamar regeneración democrática.

Por eso, más allá de las grandes reformas legales prometidas, hoy mismo se presentan dos oportunidades que ni pintadas para emprender ese camino: la primera, que el Congreso admita la iniciativa legislativa popular contra los desahucios, la debata y no deje caer esa lacra en saco roto, y la segunda, ¿sería mucho pedir que alguno de los políticos que está bajo sospecha se decida a dejar el cargo? ¿incluso todos sus cargos y no a medias?

Tres o cuatro protestas diarias

El descontento social se puede medir de muchas formas. Una de ellas es la evidencia de que cada vez más colectivos salen a la calle a protestar por despidos, reducciones de sueldo, desahucios, etcétera. En Catalunya el número de protestas ha ido creciendo sin cesar desde hace cuatro años y ahora mismo se producen una media de entre tres y cuatro manifestaciones cada día, sean o no autorizadas.

Registro de empresas

Veremos hasta dónde llega la ley de transparencia que debe tramitarse en el Parlament. Entre las propuestas que se han debatido figura la de crear un registro de las empresas que trabajan para la administración catalana, de forma que se pueda conocer en todo momento qué contratos tienen y por cuánto importe. Para que esa información sea eficiente, la ley de partidos debería obligar a revelar las empresas y particulares que hagan donaciones a formaciones políticas.

El ajuste que se avecina

A la espera de que se conozca si la UE relaja la previsión de déficit para España y si Rajoy hace lo propio con las autonomías, el presupuesto de la Generalitat se presenta duro, ya que el ajuste irá de los 3.000 a los 4.000 millones. Pero en esa diferencia confían algunos consellers, como el de Salut, para no tener que tomar medidas muy drásticas como sería el cierre de algún hospital comarcal.

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