El Tribunal Constitucional necesita restablecer el prestigio perdido en batallas protagonizadas en el pasado. Es poco probable que avance en esa dirección con la decisión tomada ayer, en que rechazó las decenas de recusaciones pedidas por el Gobierno y el Parlamento catalanes contra el presidente del alto tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, por haber ocultado su militancia en el PP al menos hasta 2011, cuando ya era magistrado del Constitucional.
Se supone que los nueve miembros del mismo que votaron a favor pretenden estabilizar el órgano, pero el efecto es el contrario: en vez de enviar señales a la sociedad de que comprenden la necesidad de restablecer la independencia, lo que hacen es subestimar el valor de la imparcialidad. Y eso es grave, cuando está planteado el proceso soberanista en Cataluña y otras cuestiones cargadas de significación jurídica y política.
Se daba por descontado el voto favorable a Pérez de los Cobos del sector conservador del tribunal. Pero resulta más llamativa la división entre los magistrados progresistas, de los cuales solo Luis Ortega y Fernando Valdés han votado en contra. A falta de conocer el contenido completo de la resolución y los votos discrepantes, está claro que la mayoría prefiere ignorar el problema o considerar totalmente compatible la militancia política y la magistratura constitucional. El dato resulta de especial relevancia en el caso del presidente, que ha tenido antecesores de prestigio indiscutible. La decisión de ayer tampoco despeja nada, porque el curso viene cargado de problemas en los que la duda de parcialidad puede volver a suscitarse a cada paso, lo que mostrará las consecuencias de un primer error.
No es posible convalidar la tesis de que militar en un partido y ocultarlo al Parlamento son hechos sin importancia. Tampoco es positivo que continúe de presidente del alto tribunal el autor de comentarios públicos salpicados de prejuicios hacia Cataluña. Y esto lo hace el mismo órgano que recusó en 2007 al magistrado Pablo Pérez Tremps para juzgar el recurso del PP contra el Estatuto catalán, por no considerarle imparcial tras haber redactado un informe profesional para la Generalitat. Tanta restricción entonces y tal laxitud de criterios ahora no se entiende en un tribunal cuyo máximo interés debería ser reafirmarse como árbitro imparcial del debate constitucional.
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