La recaudación del sistema rondará el 10% del PIB en las próximas décadas, el gasto sube al 14%
Fuente: Seguridad Social y Ageing Report 2012. / EL PAÍS
“Esta reforma abre el debate sobre los ingresos del sistema”, declaraba el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, esta misma semana. Y parece que sindicatos, oposición y estudiosos del sistema de pensiones le han tomado la palabra.
En el horizonte de todos, también del Ejecutivo, hay dos cifras: los ingresos del sistema, tal y como está diseñado en la actualidad, difícilmente superarán en las próximas décadas el 10% del PIB; los gastos, por su parte, se pueden acercar al 14% (la media de los países de la eurozona) cuando el envejecimiento previsto para las próximas décadas en la sociedad española alcance su cénit. También están muy presentes los números rojos actuales —llegarán a 35.000 millones entre 2012 y 2014— relacionados directamente con la recesión que vive España desde 2011.
Burgos hablaba de ingresos cuando defiende la reforma que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa estos días, pero en ella no hay ninguna medida para elevarlos. Él y su superior inmediata, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se declaran dispuestos a abordar el asunto si alguien se lo propone “por escrito”. Entretanto, y si esto no se concreta en el anteproyecto de ley, hay dos vías de ajuste, que, como señala José Antonio Herce, de AFI, “tienen la potencialidad de corregir por sí mismo el déficit del sistema”. Aunque, como a continuación admite este estudioso del sistema, esto se hace a costa de una importante pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas.
En el informe que el Ministerio de Empleo ha remitido al Consejo Económico y Social, el recorte ascendía a 33.000 millones de euros acumulados hasta 2022. Aunque lo cierto es que este cálculo está hecho sobre una inflación del 1%. Si, como es probable, el IPC se va más allá en esos nueve años, el recorte para los pensionistas —ahorro para la Seguridad Social— puede aumentar mucho. Hasta el punto de que con una inflación del 2%, la pérdida de poder adquisitivo puede llegar a suponer unos 1.500 euros menos al año para un pensionista que perciba la pensión media.
Para la mayoría de expertos consultados para este reportaje, así como para los sindicatos y la oposición, evitar esta devaluación pasa por buscar otras vías de financiación para las pensiones.
El objetivo sería cerrar esa brecha entre unos ingresos estables en torno al 10% del PIB (porcentaje no superado ni en los años buenos como 2008) y unos gastos que, conforme llegue a la edad de la jubilación la generación del baby boom, crecerán hasta llegar a casi un 14% en torno a 2050.
“Todo el mundo sabe que la alternativa pasa por subir los ingresos”, apunta Felipe Serrano, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco. Serrano, como Herce, y como Javier Díaz-Giménez, del IESE, reprochan a partidos políticos y agentes sociales que no hablen abiertamente de que el sistema necesita una reforma porque, en su opinión, sin cambios no es viable en el futuro. Díaz-Giménez lo resume así: “Creo que nunca he visto un divorcio tan grande entre lo que piensan los expertos y lo que dicen los políticos”.
En las antípodas de esta posición se sitúan UGT e Izquierda Plural. El sindicato reclamó su retirada y la coalición política califica de fraude esta reforma. También CiU la rechaza de plano y pide distinguir los problemas actuales de los nubarrones demográficos futuros. No obstante, también estas formaciones piden más dinero —y no solo el que llega por las cotizaciones— para las pensiones futuras.
Para aumentar los ingresos, Serrano, de la UPV, lanza una serie de propuestas que, en buena medida, podrían corregir ese desfase teórico de unos cuatro puntos del PIB a largo plazo. Aunque levantarían ampollas. La primera pasa aumentar las cotizaciones que los trabajadores pagan a la Seguridad Social. Ahora, entre trabajadores y empresarios se paga una cuota para pensiones que equivale al 28,3% del coste laboral total (salario, cotizaciones e IRPF). Para no perjudicar a la competitividad, Serrano habla de incrementar la parte que pagan los trabajadores, ahora 4,7 puntos de esos 28,3, lo que acabaría por traducirse en una reducción del sueldo neto. “Es una de las aportaciones más bajas de Europa y hay margen”, defiende.
También CC OO y el PSOE han planteado aumentar los ingresos por cotizaciones, aunque no de la misma forma. Los primeros la proponen de forma provisional y de una forma compartida entre empresarios y asalariados. Quieren evitar que el Fondo de Reserva se agote rápido, y defienden su posición pese a que son conscientes de que así se castigaría al empleo en una coyuntura muy difícil. “También fue malo subir el IVA y se hizo para contener el déficit”, argumentan. Los segundos hablan de incrementar lo que se paga de cuotas en los contratos temporales y desviar parte de las cuotas que se pagan a las mutuas de accidentes de trabajo por la incapacidad temporal, donde también UGT aprecia un considerable margen de actuación.
La otra posibilidad que Serrano pone sobre la mesa es que llegue dinero al sistema desde los impuestos, no desde las cotizaciones. Y en este punto menciona la posibilidad de que los Presupuestos Generales del Estado se hagan cargo de la pensión de viudedad y orfandad, en total, y según los presupuestos de 2013, casi 20.000 millones (dos puntos del PIB). Todo un balón de oxígeno para la Seguridad Social.
Herce, partidario de la reforma que hay sobre la mesa, no detalla tanto cómo cerrar el agujero entre ingresos y gastos: “Hay dos formas de corregirlo: o subes cotización, opción que castiga el empleo, o desplazas gasto de otros programas de bienestar social (educación, sanidad o desempleo)”.
El Gobierno, por su parte, consciente del desfase a largo plazo entre ingresos y gastos se muestra abierto a estudiar las opciones que sindicatos y oposición le pongan sobre la mesa, con el aval que le da haber asumido este año por primera vez con cargo a los presupuestos toda la factura de los complementos a mínimos (casi 8.000 millones).
El secretario de Estado habla de aumentar las bases máximas de cotización, ahora limitadas hasta 3.425,7 euros (si un trabajador cobra 5.000 euros mensuales, a la Seguridad Social solo le paga como si ganara 3.425,7), algo que ya hizo este año al subirlas un 5%. Pero eso, según sus previsiones, apenas iba a suponer unos 600 millones en 2013, poco para cerrar el agujero a no ser que el límite se eleve considerablemente.
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