La derecha más reaccionaria siempre ha tenido una idea muy patrimonial del Estado. Siente que le pertenece, del mismo modo que piensa que el país es suyo. En este sentido adquiere carácter emblemático el caso del presidente del Constitucional, Pérez de los Cobos, una combinación de la arrogancia del propietario y del sagrado espíritu de cuerpo. Solo el que se considera por encima de la institución, como si de una finca propia se tratara, puede esconder información relevante para acceder a ella —la militancia en el PP, en este caso— o anticipar en público que sus colegas votaran en contra de las recusaciones de su persona. Un acto de chulería y de falta de respeto a sus compañeros impropio de quien tiene que gobernar una institución clave. La ambición es legítima, pero no justifica la ligereza en el acceso a las altas responsabilidades del Estado, ni la frivolidad en su manejo. La corrupción no es solo dinero, es también alterar la forma de las instituciones, dañar su reputación, debilitarles con comportamientos irresponsables en beneficio propio.
Para Pérez de los Cobos parece que todo vale con tal de conseguir su objetivo. Sus colegas le han salvado la papeleta rechazando las primeras recusaciones contra su persona. La vara de medir ha sido tan distinta en el caso de Pérez de los Cobos y en el caso de Pérez Tremps, que uno sospecha que el principal problema de este último fue que no era de la familia. Pero dos magistrados han hecho pública su discrepancia. Lo cual significa que las recusaciones no eran infundadas. Vendrán más, porque el historial de este presidente reúne elementos abundantes para dudar de su imparcialidad. Y quién sabe si alguno de estos casos puede acabar en Estrasburgo, con consecuencias nada prometedoras para el prestigio de la institución. En consecuencia, tenemos a un Constitucional bajo sospecha en plena crisis del Estado, con el PP dispuesto, conforme a sus malas costumbres, a utilizarlo para que resuelva los problemas que el Gobierno no es capaz de afrontar políticamente. La transferencia sistemática de responsabilidades políticas a los tribunales también es una forma de degradación del sistema democrático.
Es fácil decir que la culpa del descrédito del Constitucional es de los partidos y sus pasteleos para elegir a los magistrados. Los procedimientos vigentes no son ejemplares. El PP fue especialmente pérfido en su uso, retrasando la renovación del tribunal hasta asegurarse una mayoría favorable. Pero el pecado de origen no exculpa a los elegidos. Una vez nombrados, su independencia y su imparcialidad solo dependen de ellos y de su idea de la dignidad. Cuando un presidente esconde informaciones relevantes sobre la propia idoneidad, la desconfianza se impone. Y cuando, pese a ello, la mayoría hace bloque, le confirma y defiende su idoneidad, el Tribunal queda bajo sospecha. El Constitucional será protagonista destacado, y no para bien, de la actualidad política de los próximos tiempos. Pérez de los Cobos —y el PP que le catapultó para utilizarlo en beneficio propio— tendrán mucha culpa de ello. El régimen político está gripado y, en vez de reformarlo, lo dejan pudrir.
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