El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, confirmó ayer el endurecimiento del castigo a la piratería digital, traducido en una penalización expresa de las webs que enlacen con sitios donde se almacena material sujeto a legítimos derechos de autor. La criminalización de las páginas de enlaces se limita a los casos en que exista ánimo de lucro y en ningún caso se actuará contra los usuarios, ni contra los programas P2P que permiten compartir contenidos. Se aleja así la tentación de incurrir en fracasos como el de la norma francesa, recientemente anulada, que autorizaba el corte del acceso a Internet para hogares donde se efectúan descargas ilegales.
Acierta, sin duda, el Ejecutivo al prometer la cárcel a los autores de conductas graves, aunque los juristas se muestran un tanto escépticos sobre la eficacia de la medida. La persecución a golpe de Código Penal exige, primero, que entre en vigor: el castigo a la piratería digital va incluido en una reforma muy amplia de la ley penal, lo cual alargará las discusiones parlamentarias durante meses. Y por cierto, hay un debate pendiente sobre la proporcionalidad de las penas previstas, que son de hasta seis años de cárcel. El castigo penal debe considerarse un medio de disuasión de los ladrones, insuficiente para rectificar el auge de la piratería digital, aunque oportuno para volver al debate de la falta de respeto a la propiedad intelectual, que tan mala imagen internacional da de España.
La libertad predicada de la Red ha extendido la idea de que el ciberespacio es prácticamente ajeno al Estado de derecho y de que todo cuanto existe en el mismo debe usarse gratuitamente. Si esta idea pervive, se puede dar por terminada la creación cultural y considerar que hay consenso social para estrangular el futuro de músicos, escritores, cineastas y demás creadores, puesto que ya no podrían vivir de su trabajo. Una perspectiva dramática para la industria cultural —ya suficientemente rejoneada por la elevación del IVA al 21% en sus productos—, y amenazada de destrucción por los piratas del siglo XXI. No es casualidad que acabe de cerrar la principal distribuidora de cine de autor que existía en España; ni que Estados Unidos, siempre inquieto por el enorme volumen de la piratería digital española, haya designado embajador en Madrid a una persona procedente de su industria cultural.
Sin perjuicio de penalizar las conductas más dañinas, los poderes públicos tienen la obligación paralela de invertir en la educación y concienciación de la sociedad. No se pueden utilizar otros muchos productos y servicios —incluidas las redes de telecomunicación— sin pagar su precio, porque se llevaría a la ruina a sus empresas y trabajadores; lo mismo sucede con los productos culturales. Facilitar su uso gratuito no solo es un robo, sino el modo más seguro de acabar con la cultura. Y eso no puede permitírselo ninguna sociedad civilizada.
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