La justicia es un indiscutible elemento dinamizador de la economía. Lo es siempre. Pero parece más urgente señalarlo en tiempos como los actuales, marcados por una profunda y dolorosa crisis económica. Y tiene esa capacidad, al menos, en una doble vertiente: como garante de los derechos de los ciudadanos (particulares o empresas, nacionales o extranjeros), proporcionando así una valiosa seguridad jurídica; y como agente capacitado extraordinariamente para dar salida a procedimientos que estrangulan a miles de mercantiles y que mantienen inmovilizados miles de millones de euros.
Solo en los últimos 12 meses, los movimientos en las cuentas de consignaciones (en las que se deposita dinero en concepto de garantías, fianzas, cauciones; cantidades procedentes de la intervención, aprehensión o incautación de moneda metálica, billetes de banco, cheques bancarios o valores realizables; ingresos como consecuencia del embargo de bienes, en ejecución voluntaria o forzosa de títulos que lleven aparejada ejecución) en toda España (ingresos más devoluciones) han ascendido a más de 14.000 millones de euros. Es decir, 2,3 billones de pesetas. Y esa cantidad responde a una mínima parte de los procesos que se tramitan en nuestro país, pues solo algunos conllevan consignación en las cuentas de los juzgados.
Parece poco discutible que 14.000 millones de euros (solo 3.000 millones están inmovilizados en procesos de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo) es un potencial económico. Por tanto, vemos claramente que en los tribunales de España hay importantes sumas de dinero en dique seco durante años en espera de la decisión del juez, por lo que no fluyen, no se reinvierten y no generan riqueza. La justicia debería ser precisamente el instrumento para engrasar el sistema dando certeza a los créditos en un plazo razonable. La justicia debería ser capaz de reducir los tiempos de respuesta. Todos. Pero especialmente en las jurisdicciones de mercantil, social y civil. Eso supondría que esas cantidades millonarias volverían a la circulación. En España, el tiempo de respuesta en un proceso civil en primera instancia debería ser de 120 días frente a los 430 actuales. No es de extrañar: tenemos la mitad de los jueces que la media europea, según datos del Consejo de Europa.
Esa agilización contribuye al otro factor al que he hecho referencia: potencia la tutela de los derechos de los ciudadanos. La judicatura debe ponerse a la cabeza. Se ha hecho, por ejemplo, en las ejecuciones hipotecarias, lo que coloquialmente se conoce como “desahucios”. Los jueces hemos contribuido de forma determinante para activar la alarma frente a un grave problema social y hemos ofrecido soluciones concretas para paliar la rigidez del sistema, para potenciar la tutela del ciudadano consumidor. Hemos avanzado en seis meses lo que no habíamos progresado en 20 años. Ha habido un debate público y se ha modificado la ley.
Pues avancemos. Seamos autocríticos y reconozcamos que será necesario en lo sucesivo prestar más atención a las decisiones y directrices del Tribunal de Luxemburgo. Lo cierto es que se ha producido una verdadera convulsión en el mundo judicial, sobre todo desde la famosa sentencia del Tribunal de 14 marzo de 2013, promovida por un juez español. No debe olvidarse que en materia de tutela de los derechos ciudadanos, también estamos en Europa. Por otro lado, es alentador observar cómo se suceden en los últimos meses sentencias del Tribunal Supremo novedosas en materia de protección de los derechos de los consumidores.
Hace unos días pude constatar el paso de gigante que hemos dado en esta materia al leer un informe del CGPJ sobre el anteproyecto de ley de apoyo a emprendedores, que prevé medidas tendentes a favorecer que el pequeño empresario pueda, en caso de insolvencia, reiniciar su actividad económica sin el lastre de deudas pretéritas, evitando su “muerte civil”. En dicho informe se sugiere que dichas medidas deberían extenderse a las personas físicas y a las familias en caso de sobreendeudamiento, y expresamente se menciona el concepto norteamericano del fresh start [nuevo comienzo] que se aplica en otros países europeos, algo realmente novedoso, impensable hasta fechas muy recientes.
Estos cambios nos llevan a ser moderadamente optimistas: nuevos debates, aproximación a otros sistemas jurídicos, nuevas normas y pioneras sentencias ponen de manifiesto que se pueden cambiar a mejor ciertas cosas en nuestro sistema jurídico.
La crisis nos ha abierto los ojos y la judicatura está llamada a desempeñar un determinante papel. Ya lo hace. Y pueden citarse ejemplos: procesos sobre participaciones preferentes, despidos, concursos, cláusulas abusivas, control de la actividad de la Administración e incluso procesos penales sobre corrupción. Y es que, al final, tras la vulneración de los derechos, solo quedará el juez.
En suma, la justicia no puede ser un problema, sino la solución. O al menos parte de ella.
Pero no debemos olvidar que el sistema judicial depende económicamente del Ejecutivo, y nunca ha sido una prioridad. No lo es ni lo ha sido en época de bonanza económica. Tal vez, una reflexión sobre la incidencia en la dinamización económica pueda cambiar voluntades. Siquiera desde una perspectiva puramente económica: ¿Ha llegado el día de invertir seriamente en justicia en España? ¿No valdría la pena hacer un pequeño esfuerzo apostando por un sistema judicial ágil, eficiente y moderno? ¿No sería interesante valorar sus potencialidades como dinamizador del tráfico jurídico y económico y como garante de los derechos ciudadanos? Sinceramente, sí.
Pedro-Luis Viguer es magistrado-juez decano de los juzgados de Valencia.
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