Alguien cometió una descomunal chapuza en relación con la infanta Cristina, al adjudicarle falsamente la venta de unas fincas. En pocos días, por suerte para la acusada, se demostró que el embrollo estaba basado en errores monumentales en torno a su DNI.
Es cierto que todos (casi) pensamos que tenía que haber una mano negra en el asunto. Y a partir de ese consenso, los españoles nos dividimos entre quienes creían que la acción tenía por objeto ayudarla y los que pensaban que era una burda maniobra para dejar su figura pública aún más maltrecha.
Ahora Hacienda dice que la falsa acusación tiene su origen en los 11 errores cometidos por cuatro notarías. ¡Pero hombre, ya ni se respetan las notarías! Esto sí que es mentar la bicha. Uno de los pilares básicos de nuestro edificio civilizatorio está en entredicho.
Yo creo que había que poner en marcha una campaña para defender a los notarios. Pero olvidando menudencias como esta de la Infanta. Yo estoy dispuesto a poner mi granito de arena: puedo olvidar que hace pocos días, mi familia, después de pasar varios meses de trámites con un notario, recibió, a cambio de 700 euros a pagar en el acto, unas escrituras que resolvían una herencia de 2.000. Bueno, pues los datos de todos los implicados estaban mal. De todos. La dirección, el nombre, la fecha de nacimiento… todo. A alguien se le habían cruzado los cables. Y el notario, ¿qué dijo? Noblemente, aceptó el error, pidió excusas con actitud campechana y siguió cobrando los 700 euros.
¿No les parece noble su actitud? A mí casi me conmueve. Pero algo ha fallado.
Pensemos. En España, a un diputado de Valencia le echan por hablar y no por saquear oenegés; la Guardia Civil, como su nombre indica, es un cuerpo militar. Y la fe pública se da por lo privado.
Lógico.
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