El rodillo parlamentario del Partido Popular ha pasado por encima de todos los antagonistas de la reforma del Consejo del Poder Judicial: la oposición política, varias de las asociaciones de jueces, el Consejo actual y gran número de magistrados en ejercicio. Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, ni siquiera asistió el jueves al debate definitivo en el Congreso. Las lecciones que se extraen del episodio están claras. Tras renunciar a las propuestas de despolitización de la justicia planteadas por el PP cuando estaba en la oposición, su actual mayoría absoluta fía la estabilidad a dejar el trabajo parlamentario en mero trámite de decisiones adoptadas de antemano. No hay que felicitarse por ello, sino inquietarse de que el partido gobernante dedique tanto esfuerzo a acentuar su carácter de poder monocolor.
El escándalo protagonizado por el anterior presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, vino bien al PP para hacer más digerible su reforma. Dívar sufragó actividades privadas con fondos públicos, y al hilo de ese escándalo se conocieron más datos sobre la liberalidad con que se gastaba dinero del erario en el órgano del gobierno de los jueces. En vez de establecer severas cortapisas a tal comportamiento, el PP retira a 14 de los 20 vocales del Consejo el carácter de miembros permanentes, con el pretexto de ahorrar costes, y les permite hacer compatibles el ejercicio de su profesión (por ejemplo, la de abogado), o la función de juez, con la de actuar a ratos como miembros del Consejo del Poder Judicial. No es positivo abrir la puerta a la confusión entre la misión de gobernar y disciplinar a los jueces, con los asuntos profesionales o jurisdiccionales que llevan los llamados al Consejo. Todo ello en plena eclosión de casos de corrupción, en buena parte relacionados con personas que son o han sido del PP.
La renovación del Consejo está prevista para septiembre. La mayoría popular en el Senado (161 de 265) le permite nombrar a diez miembros del órgano de gobierno de los jueces solo con sus votos. Su mayoría no es tan amplia en el Congreso, pero los diez elegidos por esa cámara, años atrás, seguirán en sus puestos hasta que la cámara baja se rinda al Gobierno, y es evidente que varios de aquellos fueron nombrados a propuesta del PP. En dos tiempos, el partido gobernante incrementa su control sobre el Poder Judicial. Así de simple. Así de descarnado.
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