El BBVA anunció ayer una decisión que debería ser seguida por las entidades financieras españolas. Dejará de aplicar, con efectos a partir del 9 de mayo de este año, la cláusula suelo que aparece en sus hipotecas, condición que, como es sabido, establece que los intereses que deben pagar los firmantes de los préstamos nunca podrían bajar de un determinado tipo (el suelo medio en el BBVA era del 2,8%) por más que el euríbor descendiera por debajo del suelo establecido. El impacto social es importante, puesto que afecta a unas 425.000 hipotecas. Se da además la circunstancia de que otras entidades, como Cajamar, se han sumado a la iniciativa.
El paso adelante del banco no es un salto en el vacío. La presión social contra los desahucios está fundamentada en parte en las denuncias de cláusulas hipotecarias abusivas que discriminan a los tomadores del préstamo en favor de los prestadores; las autoridades europeas han advertido sistemáticamente en contra de estas limitaciones injustas escondidas en la letra pequeña del contrato; y los jueces se han sumado a la tarea de defender a los tenedores de hipotecas, que con frecuencia no pueden pagar debido a la grave recesión, pronunciándose en contra de los contratos opacos o mal explicados. Ese es el sentido de la sentencia del Supremo que declaraba nulas, por falta de transparencia, las cláusulas suelo de contratos hipotecarios suscritos por varias entidades bancarias.
En rigor, el BBVA y Cajamar han actuado con suma prudencia adelantándose a lo inevitable y emitiendo un mensaje en favor de la transparencia. Es preferible para un banco calcular los costes y, si no son onerosos, sumarse al sentir general de los tribunales y ciudadanos, que encastillarse en conflictos legales e impopulares. El ahorro en los costes de los pleitos, para el banco y sus clientes, será considerable. La aminoración de beneficios, estimada por el BBVA en unos 35 millones durante el primer mes completo de supresión, es asumible y, en todo caso, equilibra en parte beneficios pasados sobre la base de limitaciones poco justificadas.
El sistema financiero ha de aceptar que la información transparente a los clientes es un criterio más de eficiencia. Debe abolirse la letra pequeña de cada contrato, de nefastas consecuencias económicas y políticas en el caso de las preferentes, y eliminar las restricciones contractuales que no estén avaladas por el mercado. Y la cláusula suelo no es la única.
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