Nuevamente, las explicaciones políticas van a remolque de la investigación judicial y siguen sin dar respuesta a la principal cuestión política que suscita el escándalo de los ERE: ¿cómo es posible que la Junta de Andalucía permitiera durante 10 años un sistema de subvenciones del que se desviaron al menos 136 millones de euros sin aparente control alguno? Ha sido el reciente avance en la investigación judicial —con la detención de 22 personas— el que ha aireado nuevos y graves datos y el que ha provocado una comparecencia de urgencia del presidente de la Junta, el socialista José Antonio Griñán, en el Parlamento autónomo. Su disposición y prontitud en dar explicaciones públicas es una actitud loable, pero esta se saldó el miércoles sin nuevos datos que aclaren la actuación de la Junta y sin asunción de responsabilidad política alguna.
La situación de Griñán es comprometida. Él ocupaba el cargo de consejero de Economía y Hacienda cuando la Intervención General elaboró sucesivos informes que alertaron de que el Departamento de Empleo prescindía “de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto en la ley” para financiar los ERE. Pero el presidente insiste en su línea de defensa de que la Intervención no hizo el llamado “informe de actuación”, que advierte del menoscabo de fondos públicos, y se apoya en las declaraciones de la actual consejera de Hacienda y entonces viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, que asumió públicamente que jamás le entregó a su jefe los informes.
El equipo de Griñán se siente ajeno a este fraude y suele quejarse de la herencia que recibió del Gobierno de Manuel Chaves, al que relevó en abril de 2009. Fue bajo el mandato de su antecesor cuando nació y creció esta trama de corrupción cuya gravedad aumenta a medida que avanza la investigación de la juez Mercedes Alaya. Esta, tras dos años y medio de pesquisas, acumula ya casi 70 imputados en una causa con la que el equipo de Griñán dice colaborar activamente. A nivel político, sin embargo, la actitud es otra. Así lo demostró el PSOE al vetar que la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre el fraude señalase a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera (diputado socialista en el Congreso) y Antonio Fernández, en libertad bajo fianza, como responsables políticos del caso.
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