a Fiscalía Anticorrupción tiene por delante un duro trabajo para seguir descubriendo a ciudadanos que entierran los fondos hurtados al erario público en paraísos fiscales. El filón investigativo se debe a la colaboración de un antiguo técnico de sistemas del HSBC, Hervé Falciani, con los aparatos judiciales francés y español, que ha permitido tirar de los hilos. Tras la primera relación de 1.500 nombres de españoles entregada hace tres años, en la que se pudo identificar a 659 presuntos defraudadores, la fiscalía española dispone ahora de otras 2.500 cuentas entregadas por Francia en fecha reciente.
La ofensiva contra el fraude merece todo el apoyo. España y otros países europeos sufren un grave problema de deuda soberana. El presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, espera de los jefes de Estado y de Gobierno que discutan soluciones en la próxima cumbre. Un billón de euros al año se escapa por los agujeros del fraude tributario, según estimaciones de la UE, lo cual es inaceptable para sociedades sometidas a fuertes recortes en los gastos y a incrementos generalizados de impuestos y tarifas.
La internacionalización del problema explica también la protección que España ha dado a Falciani, que sacó información encriptada de 130.000 clientes de la filial suiza de su banco. Y eso no se resume en una serie de nombres, sino que implica disponer de claves informáticas que revelan los procedimientos utilizados para ocultar los fondos de los presuntos defraudadores, posiblemente extrapolables a otras entidades. Al margen de cuáles fueran las motivaciones concretas de Falciani para hacerlo, todo parece indicar que la Administración de Estados Unidos, preocupada por el descuido de los bancos suizos en señalar casos de blanqueo de dinero ilícito, está detrás de la protección que se ha concedido en España al topo, quien teme por su vida y está pendiente de la posible extradición a Suiza, un hecho que no debería producirse porque su colaboración es esencial.
Para hacer creíble la retórica de la comunidad internacional contra las decenas de jurisdicciones que ocultan los dineros de anónimos depositantes, hay que salir de la impotencia y presionar con firmeza a los que facilitan la ocultación. En la propia UE, la ofensiva sobre Luxemburgo le ha obligado a anunciar una suavización del secreto bancario para 2015, aunque Austria todavía se resiste. El proyecto de intercambio automático de información entre los países comunitarios y la mejora del control de los datos, impulsado por la Comisión Europea, plantea el problema de Reino Unido —bajo cuya jurisdicción funcionan varios paraísos fiscales— y cuestiona la relación con Suiza.
Ni este país ni los territorios offshore tienen directamente la culpa de que la economía de gran parte de Europa esté exhausta, pero sí de ocultar a propietarios o beneficiarios de bienes que se niegan a pagar la tributación que les corresponde. Y eso no se puede consentir.
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