Se ultima la nueva ley para paralizar los desahucios. Se mantiene casi de forma idéntica el decreto ley de 27 de noviembre pasado. Se incluyen normas de futuro que habrán de discutirse debidamente, pero es el hoy, reconocidamente excepcional, lo que ahora importa.
Se ha despreciado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que cogía el toro por los cuernos y planteaba medidas excepcionales. El partido gobernante hizo un gesto, aceptando a trámite la ILP. Una vez aprobada la ley se constata que aquello fue sólo un gesto. No se ha considerado lo que la ILP implicaba de diferencia. Su pretensión de respuesta específica y contundente ante el actual drama social. La dación en pago, al margen de su potencial encaje en una legislación futura, puede ser la opción menos mala para todas las partes, precisamente en esta especial coyuntura.
Siempre he cuestionado la forma en que se elaboran las leyes, sin datos y sin evaluación alguna de las normas anteriores, pero ahora resulta más incomprensible que nunca que el Congreso no haya tenido en cuenta los resultados de la aplicación del Decreto ley 27/2012.
El Consejo General del Poder Judicial, aunque debía haber recogido esta evaluación por sí mismo, nos ha dejado actuar. La Asociación Ciudadanía y Justicia, en colaboración con Metroscopia, hicieron el resto. Aquí se presenta el Estudio, realizado en tiempo récord. Las cifras hablan: el Decreto ley sólo se ha aplicado a una ínfima minoría de los procedimientos incoados en los Juzgados de Madrid (6,3% en los del 2010 y 8,9% en los del 2011).
La conclusión no puede ser otra. Hace falta, en la línea de la ILP, instrumentar medidas excepcionales, ante la coyuntura igualmente excepcional de más de un 27% de personas en paro. Habría que concebir y regular un proceso excepcional, para hoy, sobre la base de que el prestatario de buena fe no puede ser el responsable, ni en menor medida el único, que sufra las negativas consecuencias de esa situación. La propuesta de ese nuevo procedimiento rebasa los límites de esta tribuna. Queda emplazada su descripción a otra ocasión.
Nos necesitamos todos, ahora más que nunca y nuestros políticos tienen que permitir la participación y el debate directo de los ciudadanos en la elaboración de las leyes. Razonamiento y empatía son los ingredientes necesarios en el debate legislativo, que han faltado en la redacción de esta nueva ley.
Manuela Carmena fue juez y presidenta de la asociación Ciudadanía y Justicia.
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