viernes, 19 de abril de 2013

Una ley contestada


La ley de desahucios que ayer recibió la luz verde en el Congreso, con el apoyo en solitario del PP, aporta mejoras, pero no satisface plenamente las demandas sociales y de la oposición ante un problema que se ha convertido en símbolo de la crisis. El texto ofrece cierto alivio a los deudores especialmente vulnerables y también supone una mejora para todos aquellos que suscriban un crédito hipotecario. Entre otras novedades, se exigirán tres impagos para que un banco pueda poner en marcha la ejecución (el desalojo de la vivienda), se refuerza la independencia de las tasadoras con relación a los bancos, se limitan los intereses de demora y se establece un fondo de alquiler social de 6.000 casas. Sin embargo, la oposición en bloque y los representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) clamaron contra estos cambios aprobados por no incluir sus demandas y haber renunciado a modificaciones más profundas en la normativa española.
El PP era contrario a acometer cambio alguno en este asunto. Pero la alarma social desatada por la multiplicación de ejecuciones de desahucio y el paro desbocado le han obligado a moverse de su tradicional posición. Algo similar le ha ocurrido al otro gran partido de gobierno, el PSOE, que hasta fechas recientes no vio la necesidad de reformar un marco legal tan desequilibrado y perjudicial para el consumidor. Las circunstancias, sin embargo, son hoy distintas y exigían a este Gobierno un mayor esfuerzo, una vez que tantas voces autorizadas, entre ellas la del Tribunal de Justicia de la UE, han puesto en evidencia los graves errores de una legislación que no solo está arruinando a miles de familias, sino que las condena a la incapacidad de recuperarse de por vida mientras la banca recibe ayudas públicas.
La oposición ha presentado propuestas interesantes; entre ellas, la de establecer mecanismos que otorguen al deudor una segunda oportunidad. La dación en pago con carácter retroactivo se podría haber valorado para determinados casos. En el camino ha quedado la propuesta andaluza de expropiar —en usufructo y temporalmente— pisos vacíos, una medida rechazada por el Gobierno que ayer volvió a primer plano cuando el INE desveló que en España hay casi 3,5 millones de viviendas desocupadas. En todo caso, decenas de miles de afectados no van a ser resarcidos del grave perjuicio que les ha infligido el actual e injusto marco legal.
Los datos, los análisis y las propuestas han dejado atrás a este Gobierno que, paradójicamente, es el primero que trata de mejorar —no era difícil— esta centenaria legislación hipotecaria. Sus propuestas quedan cortas frente a una judicatura que se está adelantando a impartir justicia. Así lo indica la última resolución judicial, de la audiencia de Burgos, que ha dictaminado que no se puede lanzar un desahucio mientras un juez no tenga potestad para anular cláusulas abusivas; algo que sigue ocurriendo a día de hoy.

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