Un tribunal de la Audiencia Nacional tiene que decidir si es legal entregar a Suiza a Hervé Falciani, el ingeniero informático que en 2008 sacó de la filial en Ginebra de su banco, el HSBC, datos de 130.000 clientes que después le incautaron en Francia, lo cual dio origen a actuaciones administrativas y judiciales en Estados Unidos y en media docena de países europeos. Esos datos ayudaron a descubrir cuentas en Suiza de más de 600 españoles, que tuvieron que regularizar su situación, lo cual aportó más de 250 millones de euros al fisco según las cifras aportadas por el exsecretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, al tribunal encargado de dilucidar la extradición. El juez del caso Gürtel también investiga pistas a partir de los datos de Falciani.
Un tribunal suizo espera al informático para juzgarle por robo de datos personales, vulneración del secreto comercial y violación del secreto bancario. Los años transcurridos hasta su detención en Barcelona, en julio de 2012, dieron origen a dudas sobre si Falciani trató de sacar partido económico a la entrega de datos, que él negó ayer durante la vista celebrada en la Audiencia Nacional, asegurando que previamente había intentado ponerlos en conocimiento de las autoridades suizas, aunque de forma anónima.
Editoriales anteriores
Fraude planetario (06/04/2013)
Paraísos para el fraude (27/09/2009)
A la caza del evasor (24/02/2008)
La cuestión de fondo consiste en determinar hasta qué punto debe respetarse la protección del secreto bancario cuando encubre a defraudadores; esto es, si la existencia de paraísos fiscales y de Estados que mantienen diversos grados de opacidad bancaria es una lacra insoportable para otras sociedades. A nadie le gusta contar con piratas informáticos, pero sería mucho más difícil dar con los defraudadores sin información interna de las entidades que hacen posibles sus conductas.
A la extradición se opone la fiscal española encargada del caso, Dolores Delgado, basándose en que España no reconoce el secreto bancario como lo hace Suiza. También sostiene que haber colaborado con la justicia implica que no hay un ánimo delictivo. En todo caso, la fiscal tiene razón al argumentar que no se puede castigar a los que denuncian conductas fraudulentas. Al contrario: lo que viola los derechos fundamentales de los ciudadanos es la sustracción de fondos por los defraudadores, porque ese dinero debe ser destinado al interés general.
No hay comentarios:
Publicar un comentario