En tiempos de zozobra y de desbarajuste institucional, la imputación de la infanta Cristina permite un minuto de satisfacción: a pesar de todo, vivimos en un país en que todavía hay jueces convencidos de que “la justicia es igual para todos”. El hecho de que el propio juez Castro se sienta obligado a citar este principio en su auto, confirma que la desconfianza de la ciudadanía no es infundada. El mismo magistrado es consciente de la excepcionalidad del hecho. En realidad, solo desde prejuicios que nada tienen que ver con la rectitud procesal se podía haber evitado la imputación de la Infanta: el prejuicio favorable a la autoridad, de los que piensan que es legítimo tratar con privilegio a una persona en función de su posición para no perjudicar la institución, la Corona en este caso; el prejuicio aristocrático, de los que creen que el plebeyo tiene que cargar con el mochuelo y aceptar el papel de cortafuegos para proteger la nobleza de origen; y el prejuicio machista que piensa que las mujeres son irresponsables de sus actos porque su obligación es apoyar incondicionalmente a sus maridos.
El juez Castro decide la imputación y lo hace con elegancia: para no dejar que “la incógnita se perpetúe” y que el caso se cierre en falso. La verdad como tabla de redención. La imputación de la infanta Cristina ha sido ganada milímetro a milímetro por la calculada defensa del imputado Diego Torres, sobre el que Iñaki Urdangarin, en su declaración de febrero de 2012, quiso descargar todas las responsabilidades. Desde entonces Torres ha ido aportando las informaciones que han hecho inevitable la imputación de Cristina y que han desplegado negros nubarrones sobre la Casa Real. Un aviso sobre los riesgos que corre una institución cuando está amenazada por alguien que sabe demasiado. Y no olvidemos que este es el caso de la Corona, pero también de la Presidencia del Gobierno, que tiene en Bárcenas una espada que pende sobre la cabeza de Rajoy.
De modo que el buen sabor de un acto de independencia judicial no puede obviar que, como dice The New York Times, los casos de corrupción “han sacudido a prácticamente todas las instituciones públicas” del país. Y que España aparece hoy en la escena internacional asociada a tres conceptos: paro, corrupción y crisis del Estado. Paro significa también desigualdad y crisis social profunda; corrupción equivale a crisis institucional, que va más allá de la política y alcanza a las élites dirigentes del país; y crisis del Estado es la suma delgripaje del régimen surgido de la Transición, de la crisis de la Corona, con la sombra de la abdicación, y del proceso soberanista catalán, convertido ahora en un pulso de supervivencia. La autonomía catalana está en emergencia financiera, pero no por ello España está en mayor posición de fuerza: una quiebra de Cataluña, que representa casi el 20% del PIB, se llevaría a todo el país por delante.
Ante este escenario, ¿dónde está el Gobierno? La imputación de la Infanta coincidió con la comparecencia televisada de Mariano Rajoy ante la Junta Directiva de su partido. Instalado en su peculiar idea posdemocrática de la comunicación política, el presidente habló, según costumbre, desde la comodidad del monólogo, sin dar opción a los periodistas para que no perturbaran su guion. Y dejó principalmente tres mensajes: un triunfalismo que solo puede entenderse como insensibilidad para con la gente, la obstinación en las políticas emprendidas y la apelación a la unidad del partido. Sobre la fractura social pasó de puntillas, utilizando el escrache como escudo, como si el problema fuera la protesta y no los abusos, la desigualdad y la marginación. Sobre la corrupción habló en pasado, cuando todavía debe las explicaciones sobre Bárcenas. Y sobre la crisis de Estado se limitó al sonsonete que bloquea cualquier diálogo político: “Si alguien quiere cambiar la ley, ya sabe lo que tiene que hacer, cuál es el mecanismo”. Rajoy a lo suyo: él y su partido, como si los demás actores políticos y sociales, empezando por los ciudadanos, no existieran. Dejar a la gente con la palabra en la boca: el ninguneo que Rajoy practica con los periodistas expresa su manera de entender la política.
La aceptación de la cultura de mercado como horizonte absoluto de nuestro tiempo ha drenado el discurso público de toda energía moral y cívica. Lo explica el filósofo americano Michael Sandel en Lo que el dinero no puede comprar. En este sentido, Rajoy es un político muy moderno: es el político sin alma que corresponde a este estadio del desarrollo del capitalismo europeo. Es la política inexistente.
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