La preocupación de ciertas embajadas y de algunos inversores internacionales por la corrupción en España no se corresponde con la realidad actual. Es un reflejo ante la acumulación de casos del pasado en los juzgados y su gran eco mediático, más que de la aparición de asuntos nuevos. El problema principal se deriva de la tardanza en sustanciarlos y de la negativa de altos responsables o exresponsables políticos a admitir cualquier implicación, propia o de sus colaboradores, hasta que judicialmente no les queda más remedio. Pero es muy arriesgado acudir a los procesos electorales de los años venideros con las investigaciones empantanadas y la injustificable esperanza de que las urnas lo perdonarán.
La sensibilidad de la sociedad está cambiando. El 51% de los españoles creen que hay mucha gente corrupta; y casi todos los demás, aun aceptando que los corruptos son pocos, piensan que causan un gran perjuicio por las enormes cantidades de dinero que manejan, según el último sondeo de Metroscopia para EL PAÍS. Apenas rebasan un tercio los que creen que la corrupción va en aumento, porcentaje nada desdeñable, pero inferior al que está de acuerdo con que ahora se lucha más y mejor contra la corrupción, y que a eso responde la salida a la luz de muchos más casos: 6 de cada 10 españoles participan de esa idea.
El caso Gürtel lleva cinco años bajo instrucción y los hechos investigados son de la década pasada e incluso antes, aunque los llamados papeles de Bárcenas eran desconocidos hasta su publicación por este periódico, a finales de enero. La presunta desviación de fondos de los ERE en Andalucía se produjo durante el decenio anterior y la investigación se encamina a los tres años. El llamado caso Pallerols se descubrió nada menos que en 2000, pero hasta hace pocos meses no se tomaron las decisiones judiciales definitivas y el partido Unió Democrática de Catalunya aceptó su culpabilidad. Y la presunta malversación evidenciada por el caso Urdangarin se refiere también a presuntos hechos de la década pasada.
Son asuntos complejos y sometidos al acentuado conjunto de garantías del procedimiento español, donde todo se puede recurrir reiteradamente y que exige muy pocos requisitos para multiplicar las acusaciones particulares o las personaciones en los sumarios. Todo eso sin olvidar la falta de medios señalada muchas veces, la última de ellas la semana pasada y por el juez decano de Palma de Mallorca, tras las críticas suscitadas por la lenta instrucción delcaso Nóos.
Hay que dejar a la justicia que termine su trabajo. Mientras tanto, la pelota está en el tejado de los partidos, que no terminan de dar luz verde a la Ley de Transparencia y a otras reformas pendientes (financiación de la política, contratos públicos, ley del Tribunal de Cuentas), ni de impulsar el salto indispensable para la eficacia de los mecanismos de control, incluida una justicia bien dotada de medios.
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