Voy a contar una historia de terror. Miguel Ángel (48 años) sufre esclerosis múltiple desde los 33. Hace 10 meses un ahogo dejó su cerebro sin oxígeno y quedó en estado vegetativo. Primero estuvo en La Paz, en donde ese pobre cuerpo herido se infectó además con tres bacterias hospitalarias. Pero si todo esto te parece una tortura, espera, porque el verdadero espanto empieza ahora.
“Eso de que puedes elegir el hospital es mentira”, dice con amargura Cristina, su mujer. De La Paz lo pasaron al Infanta Sofía, y ahí la gerencia se empeñó en echarlo. Querían que, o bien se lo llevara a casa (imposible), o bien a una residencia privada. Pero en las privadas no lo admitían por las infecciones. Cristina pidió que le trasladaran al instituto San José para vegetativos, pero en vez de eso le adjudicaron una clínica concertada, XXX, “a todas luces inapropiada para el estado de Miguel y además un lugar terrrible, sin colchones antiescaras, sin esponjas de usar y tirar, sin personal…”. Cristina se negó a irse y, además de sufrir la brutalidad de los abogados del hospital (“¿cree que esto es un hotel?”), fue denunciada. Un auto judicial ordenó el traslado de Miguel al trituradero de la clínica XXX. Tras ingresar allí, Cristina consiguió una plaza en una residencia privada (3.000 euros mes). Pero la clínica XXX, apoyándose en el auto judicial, se negó a dejarles salir (aunque el juez especificaba que eran libres de irse). Tras 20 días demenciales, el cuerpo roto y secuestrado de Miguel tuvo la amarga fortuna de empeorar, de modo que pudo escapar de XXX y ha vuelto al Infanta Sofía. Cristina, guerrera y desolada, se pregunta cuántos casos habrá como el suyo y aún peores, sin los 3.000 euros (“hasta que se me acabe el dinero”) para la privada. Cuerpos aparcados y maltratados por el nuevo sistema sanitario: “Médicos, enfermeras y demás, formidables; las gerencias, horribles”, dice ella.
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