Allá por el año 2000, cuando la familia real española gozaba de un enorme apoyo popular, una veintena de empresarios, junto al Gobierno balear, hizo un espléndido regalo al rey Juan Carlos: el yate Fortuna. Era el tercero que disfrutaría con el mismo nombre y lo ha exhibido durante más de una década en los veranos mallorquines para regocijo de invitados —de otras casas reales o no— y festín de los reporteros de la prensa del corazón.
Las dos embarcaciones anteriores finalizaron su vida activa y pasaron una —el primer Fortuna— al desguace y la otra —regalo del rey Fahd de Arabia Saudí— al Museo Olímpico de Barcelona, cumpliendo el deseo del propio Monarca. Este tercero, una vez que el Rey ha renunciado a su disfrute, debería transferirse al patrimonio del Estado, titular último del barco, para darle el mejor y más rentable uso posible, como dijo la vicepresidenta del Gobierno. Pero es evidente que los tiempos son muy distintos y que el idilio entre Mallorca y la casa real ha sufrido algunos contratiempos.
Cuando los más ilustres apellidos del sector turístico regalaron elFortuna al Rey querían hacer, en realidad, una buena inversión. Aquellos paseos por la bahía de Palma ofrecían “una extraordinaria imagen internacional de Baleares”, como ellos mismos alegaron para gastarse los casi 3.500 millones de pesetas (21 millones de euros) que costó construir el yate. De paso, sus empresas se acogían a ciertos beneficios fiscales al constituirse en fundación. El regalo cumplió su cometido. El flamante yate, libre de las humillantes averías del anterior, remolcado una vez por pescadores con el Rey y el príncipe de Gales a bordo, ofreció una estampa ideal de las islas.
Pero ahora, tras la renuncia y cuando hay más críticas a la Monarquía, los dadivosos empresarios piden la devolución del regalo. Aparte de cuestiones sobre educación y buen gusto, ¿acaso el yate no cumplió su función? De todas formas, el Gobierno debería hacer cuentas. Quizá resulte más económico devolver un regalo que genera mucho gasto —solo llenar el depósito cuesta 26.000 euros— y exigir la compensación por aquellas exenciones fiscales a las que algunos se acogieron.
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