El Consejo General del Poder Judicial informa de que los juzgados tramitan más de 1.600 asuntos por corrupción política o financiera. Valencia, seguida de Barcelona, encabezan ese deplorable ranking,con 280 y 215 asuntos, respectivamente. Es una información insuficiente, superficial y oportunista que no satisface las exigencias de transparencia que se esperan de una institución como esa. O desconocen o minusvaloran, u ocultan, cuántos casos se instruyen en el Tribunal Supremo y en los tribunales superiores de las comunidades autónomas, que son los órganos competentes para enjuiciar a los aforados, es decir, a los políticos más importantes.
Tampoco se informa de cuántos de esos casos han acabado con condenas, ni de las cifras de años precedentes, para poder comparar y evaluar la eficacia del sistema judicial. Además, las cifras de los procesos solo son indicativas del nivel real de criminalidad, y en este caso de corrupción, si existen datos criminológicos de proporción con la cifra negra, compuesta por la cantidad de delitos similares que no han sido denunciados, pero se sabe que se cometieron por informaciones fiables extrajudiciales. Un cálculo ponderado de datos reales de la corrupción punible, la enjuiciada y la no enjuiciada, arrojaría cifras desconocidas, probablemente muy superiores, y mucho más preocupantes.
Las penas impuestas a los humildes ladronzuelos de familias desestructuradas no pueden tener la misma finalidad que las aplicadas a los corruptos de ilustre ascendencia y fácil acceso a arcas públicas
Mientras tanto un escalofrío de indignación, impotencia, tristeza y dolor, aunque no de sorpresa, nos invadió antes de acabar el mes de abril, al conocer que habíamos sobrepasado los seis millones de parados. Millón y medio en Andalucía, casi un millón en Cataluña. Encabezamos el ranking europeo de desigualdad. El terrible castigo inmerecido que soportan millones de honrados trabajadores en paro es infinitamente superior al insignificante castigo que, con los datos conocidos, recae sobre los criminalmente responsables de corrupción política y financiera. Nada se ha informado de cuántos han sido condenados a penas de prisión, cuántos han ingresado efectivamente en la cárcel, ni cuántos han devuelto el dinero sustraído, que mayoritariamente es público, o sea, nuestro. Es razonable que la ciudadanía exprese su desconfianza, su desapego y su reproche contra el sistema judicial, por ineficiente, opaco y desigual.
Según la Constitución las penas privativas de libertad estarán orientadas a la reeducación y la reinserción social. Pero los fines de las penas, su orientación y su eficacia, son desiguales según quien las sufra. Las penas impuestas a los humildes ladronzuelos de familias desestructuradas y anónimas no pueden tener la misma finalidad que las aplicadas a los corruptos de ilustre ascendencia y fácil acceso a arcas públicas. Cuando el joven ladronzuelo sale de prisión y vuelve a su pandilla, la encuentra tan marginal y propicia al pequeño delito como cuando la dejó al ser detenido. Solo se reinserta en su grupo marginal, del que nunca se desinsertó del todo. Por eso su reinserción, en el sentido que proclama la Constitución, es más que problemática.
El famoso implicado en negocios de corrupción tampoco se desinsertó totalmente del grupo selecto y privilegiado en que fraguó su complejísimo artificio depredador. Sobre todo porque el corrupto de élite casi nunca es inquilino de centros penitenciarios.
Algunos ilustres juristas han llegado a plantear la duda sobre si está prevista para ese corrupto la reeducación y la reinserción. Si ya disfrutaba de una esmerada educación y de un entorno familiar y social acomodado, ordenado y apacible, su reeducación y reinserción social sería, según ellos, superflua, ya que ese horizonte está alcanzado de antemano. Y su prisión, inútil.
De los datos que nos dio el Consejo del Poder Judicial, y de los que no nos dio, cabe deducir que los corruptos de élite, aun condenados, casi nunca pisan las cárceles. Sabemos que en más de una ocasión han disfrutado de indultos inmotivados e injustificados. Con todo esto, en esta España de los escándalos, a la cabeza de la desigualdad social europea, ¿alguien puede creer que la justicia es igual para todos?
José María Mena es exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
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