Recientemente, el secretario general del PSOE presentó las medidas contenidas en el denominado Plan Rubalcaba (PR). Este tipo de iniciativas han de ser bienvenidas, independientemente de la acusación de no haberse llevado a cabo cuando estaban en el Gobierno. El pasado ya no cuenta y se necesitan urgentemente nuevas propuestas para salir del pozo. El PR contiene diferentes medidas relativas a la reestructuración de la deuda hipotecaria y los desahucios, además de medidas fiscales y de lucha contra la pobreza. Finalmente, hay un paquete de propuestas dirigidas a frenar la destrucción de empleo y fomentar su creación. A estas últimas dedico mis comentarios en estas líneas.
El PR insta a una moratoria en el tema de despidos mediante un sistema similar al Kurzarbeit (jornada laboral reducida) aplicado en Alemania al comienzo de la crisis. Se trata de ayudar a las empresas en dificultades, comprometidas a evitar despidos, mediante una reducción de jornada donde el coste laboral del empleado se repartiría equitativamente entre el empresario y el Estado, aumentado la aportación de este último al 60% en el caso de mayores de 50 años. Habría bonificaciones del 100%, 75% y 50% en los tres primeros años a las empresas con menos de 50 trabajadores que contraten indefinidamente. Finalmente, se insiste en facilitar créditos bonificados a las empresas que contraten personas (hay cerca de 600 mil parados que como máximo tienen la ESO) con necesidades de formación básica.
En relación a la primera medida, existe bastante evidencia apuntando a que el Kurzarbeit no funcionará en España. Este tipo de programas existen en Alemania desde hace un siglo pero se expandieron al comienzo de la Gran Recesión. El objetivo es que empresas con dificultades financieras transitorias (bien documentadas) no despidan a cambio de reducir jornada y el componente salarial variable. Los trabajadores cobran entre el 60 y el 67% del salario neto correspondiente a las horas no demandadas y las empresas recuperan esta cantidad (Kursabeitgeld) de la agencia estatal de empleo durante los dos años siguientes mediante un fondo de seguro frente al desempleo. Pese a estos esfuerzos, la proporción de afectados, la mayoría trabajadores cualificados, no supera el 1,5% del empleo total. Mucho más relevante ha sido el uso de las llamadas cuentas de horas de trabajo (Arbeitszeitkonten), que afecta a más de una tercera parte de los trabajadores. Permiten a los empresarios modificar al alza la jornada laboral sin remuneración adicional, a cambio de reducirla sin rebaja salarial dentro de un límite preestablecido. La idea es fomentar los ajustes internos a cambio de reducir los externos (vía despidos). Seguramente, la amplia presencia de representantes sindicales en los consejos de administración de las empresas alemanas (co-determinación) esta relacionada con el buen funcionamiento de este programa y con la moderación salarial entre 2001 y 2008.
Existe también evidencia de que estas empresas contrataron menos de lo esperado durante la expansión previa, lo que puede explicar un 40% de los buenos resultados durante la recesión en términos de empleo, frente a un 20% de la reducción de jornada. El 20% restante es atribuible a las reformas (Hartz) adoptadas en 2003-05 sobre el acceso a las prestaciones por desempleo y la mejora del sistema de intermediación laboral en 2003-05
La cuestión principal que nos afecta es que las medidas de reducción de jornada han funcionado bien en Alemania para el personal cualificado en el sector manufacturero porque este sector (fundamentalmente automóviles) experimento una caída transitoria de la demanda debido a la desaceleración del comercio mundial. Con la consiguiente recuperación, la demanda de los valorados BMW y Mercedes volvería a su nivel habitual y no era cuestión de perder trabajadores bien formados y experimentados que luego sería difícil reponer en un mercado laboral con elevada protección al empleo. Por contra, el shock en España es permanente: los parados de la construcción e industrias auxiliares no volverán a dichos sectores. No tiene sentido mantenerlos aunque sea 4 horas al día. Tienen que especializarse en otras tareas y eso conlleva tiempo y dinero. Eso sí, podría haberse utilizado para evitar despedir a 265 mil interinos del sector público en sectores clave, como educación y sanidad, pero no se hizo. Por todo ello, la medida propuesta en el PR llega tarde y es más bien un canto al sol.
Por lo que respecta a los contratos bonificados para Pymes, el PR parce olvidar que el RDL 3/2012 introdujo un nuevo contrato indefinido para empresas de menos de 50 trabajadores con un periodo de prueba de un año, trufado de bonificaciones mientras se mantuviera durante tres años. Por ahora ha sido un fracaso: solo representa el 8% de las contrataciones y un 35% de los contratos firmados se han rescindido antes de un año de vigencia. La razón es que, trascurrido el período de prueba, el coste de despedido asciende a 20 o 33 días de salarios lo que supone un muro a los ojos de los empresarios. Como diría Pink Floyd en su mitica The Wall, primero hay que derribar el muro. Bonificar a mansalva (un 40% del presupuesto en políticas activas) es tirar el dinero.
Juan J. Dolado es catedrático de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid
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