se dedicó durante años a saquear las ayudas de la Generalitat al Tercer Mundo, según la Fiscalía Anticorrupción. La Agencia Tributaria ha remitido ahora unas actuaciones a la juez que instruye el caso Blasco de las que se desprende que, mientras se embolsaba los fondos destinados a los más pobres del planeta, Tauroni realizó todo tipo de engaños al fisco con los que logró que la actividad de su empresa General de Comunicaciones y Servicios (GCS), pieza central en la trama de cooperación, le saliera a devolver. En concreto, 4.836 euros que Hacienda le ingresó en su cuenta el 21 de octubre de 2010.
La Agencia Tributaria descubrió, sin embargo, las múltiples trampas efectuadas por el único imputado de la trama de cooperación en prisión provisional y le ha impuesto una sanción que supera los 26.000 euros.
Entre los gastos que Tauroni se dedujo indebidamente en el año 2009 figura la amortización de su yate (adquirido dos años antes por 275.000 euros, sin IVA) por importe de 20.614 euros. Hacienda señala que al iniciar las actuaciones de inspección “se requirió al obligado tributario para que justificara la afectación de dicha embarcación a la actividad económica de GCS”. Una empresa dedicada teóricamente a la “explotación electrónica a terceros”, pero que según acredita el último informe policial aportado a la causa, centralizó la organización del saqueo de las ayudas a la cooperación.
La respuesta de CGS al requerimiento de Hacienda fue que la empresa tenía “la intención de explotarla con motivo de la Copa del América, pero que finalmente no fue así”. Valencia acogió la competición náutica en 2007, pero Hacienda señala que la compra del yate se produjo tres semanas después de que concluyeran las regatas.
En mayo de 2011, un mes después de su primera respuesta, la empresa de Tauroni añadió que la embarcación no había sido usada “y sólo ha salido de puerto para reparaciones”. Fue su última alegación al respecto.
Pero no fue la única desgravación impropia detectada por Hacienda. El mismo año 2009 CGS se dedujo 71.042 euros “en concepto de amortización de gastos de investigación y desarrollo”. Al escudriñar la deducción, Hacienda descubrió que provenía del 20% de una factura pagada supuestamente a otra empresa, Comunicación, Servicios y Sistemas, en la que constaba “la siguiente descripción: Investigación nuevas tecnologías orientadas a la nueva situación económica con objetivo de abaratamiento de costes y mejoras productivas”. Ante tal genérica explicación, la Agencia Tributaria requirió la documentación que respaldaba los mencionados gastos (la factura total ascendía a 355.210 euros).
La respuesta de GCS fue “que no había ninguna justificación documental soporte de la misma”. Por el camino, los inspectores descubrieron que la empresa que había emitido la factura, Comunicación Servicios y Sistemas, también era administrada por Tauroni, “se encontraba en situación de baja provisional desde el año 2003” y no constaba que tuviera empleados en el momento en que se suponía que había prestado el servicio de I+D.
El informe detecta otra trampa directamente relacionada con el desvío de los fondos de cooperación. GCS emitió en 2008 una factura por importe de 144.795 euros a otra de las muchas empresas del propio Tauroni, Arcmed, por el concepto: “Estudio sobre mejora de la producción de las tierras, aplicación de medidas para la mejora de recursos naturales y condiciones de vida de la población” en un municipio de Nicaragua. Se trataba del proyecto humanitario al que Blasco concedió 1,66 millones de euros que terminaron sirviendo para comprar pisos en Valencia y en las arcas de la trama.
Hacienda requirió reiteradamente los justificantes de gastos, hasta que GCS respondió que no existían porque el estudio lo había hecho el padre de Tauroni sin desplazarse a Nicaragua, utilizando solo Google Maps.
El centro de la trama
I. Z., VALENCIA
La mayor parte de los hechos que se atribuyen a los imputados en el caso Blasco por haber desviado cerca de seis millones de euros de la ayuda oficial al Tercer Mundo se refieren a 2009, 2010 y 2011. El último objetivo de la red fue quedarse con los fondos para la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto que asoló el país hace ahora tres años. El proyecto tenía un presupuesto de cuatro millones de euros, pero la trama solo logró apropiarse de los 177.000 euros de los trabajos preparatorios. La salida del Gobierno valenciano de Rafael Blasco, en mayo de 2011, frustró aparentemente el plan. Según Anticorrupción, el consejero era el director de la trama junto a Augusto César Tauroni.
La base de operaciones de la red era, según la investigación, la Fundación Hemisferio. Pero en los meses anteriores a ser desarticulada, la policía detectó que sus responsables estaban trasladando la documentación a la sede de General de Comunicaciones y Servicios, la empresa de Tauroni que ha sido sancionada por Hacienda.fuenteshttp://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/07/valencia/1367947565_134238.html
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