Se ha escrito mucho sobre la posibilidad de bajar impuestos en la actual coyuntura económica española. Sin embargo, la mayoría de los análisis realizados desde la política no tienen en cuenta aspectos como en qué parte del ciclo económico nos encontramos o el nivel del déficit público existente; es decir, con frecuencia se hacen análisis parciales sin pensar en todas las variables que habría que valorar a la hora de llevar a cabo la reducción de impuestos. Dichas propuestas, la de FAES incluida, al no tener en cuenta la situación económica actual, provocarían un incremento del déficit público y ocultan los nuevos recortes del Estado del bienestar que traerían consigo. Por consiguiente, en la vigente coyuntura, la única vía para reducir los impuestos a las rentas medias es luchar de manera decidida contra el fraude y la elusión fiscal, aspecto este que ha sufrido un gran retroceso en los últimos quince meses con la aprobación de la amnistía fiscal, que ha deteriorado la maltrecha conciencia fiscal de los españoles, así como la reducción de medios y efectivos.
En general, podemos afirmar que, con niveles altos de deuda, los impuestos que pagan los ciudadanos se pueden reducir bajo tres supuestos alternativos. El primero, en un escenario de expansión económica, porque de lo contrario, en una coyuntura recesiva, se desplomaría de manera adicional la recaudación, incrementando el déficit público. En un segundo supuesto, a la vez que se reducen los impuestos se debería minorar el gasto público para que el déficit no sea mayor del que tenemos en estos momentos y evitar así que los problemas de financiación de la economía en general y de las empresas en particular fueran mayores. Este supuesto tiene el inconveniente de que el gasto relacionado con el ciclo, los intereses, el seguro de desempleo, etcétera, está aumentando, y ello implicaría una reducción aún mayor del gasto público relacionado con el mantenimiento del Estado del bienestar. En tercer lugar, se podrían bajar los impuestos reduciendo drásticamente el fraude y la elusión fiscal. En este caso, la decisión política de reducir los impuestos a las rentas medias y a las pequeñas y medianas empresas tendría la ventaja de combinar incremento de las bases imponibles y, por tanto, sostenimiento de la recaudación, con el mantenimiento de la política de cohesión social.
El fraude conduce a una presión fiscal superior sobre las rentas que sí tributan, y a una pérdida de competitividad de las empresas más productivas (y honradas). No se debe olvidar que la Unión Europea estima en alrededor de 74.000 millones de euros el fraude fiscal en España. Si en los próximos años aspiramos a reducir a la mitad dicho fraude, la recaudación en función de PIB se incrementaría alrededor de 3,5 puntos del PIB, y ello sí que permitiría una reducción del esfuerzo fiscal de las rentas medias y bajas.
Pero además, la lucha contra el fraude tiene la ventaja de que contribuye a una ganancia de eficiencia para el conjunto de la economía, y es que la distorsión del fraude no reduce, sino que se suma a la distorsión de los impuestos. Por ejemplo, la imposición sobre los rendimientos del capital puede reducir el incentivo a ahorrar, pero el fraude distorsiona además la canalización de ese ahorro hacia actividades productivas, y las rentas ahorradas, en lugar de estar disponibles a través del sistema financiero, se bloquean en activos con precios opacos como puede haberlo sido la propiedad inmobiliaria. En cuanto a las decisiones individuales de trabajo, la introducción del fraude las sesga hacia decisiones de menor valor añadido social y de menor proyección futura individual.
La lucha contra el fraude también favorece al cambio de modelo de crecimiento, ya que las empresas con beneficios no declarados difícilmente los usan en políticas de crecimiento sólidas (desde la innovación a la exportación), aunque dispongan de oportunidades, de forma que el fraude socava el crecimiento empresarial y del conjunto de la sociedad.
Lograr el objetivo de incrementar la recaudación mediante la lucha contra el fraude exige medidas concretas e inmediatas por parte del Gobierno. La medida más importante es aumentar los recursos destinados a la lucha contra el fraude, que vendría justificada por varios hechos. En primer lugar, España gasta en lucha contra el fraude, en porcentaje del PIB, en torno a la mitad de lo que lo hacen los países más desarrollados de la UE. En segundo lugar, la eficacia y los retornos que un euro gastado en la lucha contra el fraude tiene para la Hacienda pública española es uno de los costes más bajos de la Unión Europea, ya que el coste de gestión de nuestra Agencia Tributaria es del 0,78 euros por cada 100 euros líquidos obtenidos. De esta manera, la disyuntiva en el presupuesto no es entre inspectores y profesores, sino que la existencia de más inspectores financiaría la presencia de más profesores en las aulas.
En definitiva, la conveniencia de bajar los impuestos no es automática. Depende del contexto económico que estemos viviendo, del nivel de deuda pública … y es la lucha contra el fraude la política que permite bajar los impuestos a las rentas medias, reducir de manera paulatina el déficit público y mantener una necesaria política social. Por el contrario, el Gobierno ha decidido subir los impuestos a las rentas medias y se inhibe frente al problema del fraude fiscal o incluso lo premia con amnistías fiscales que legalizan las conductas defraudadoras. A la luz de los últimos datos de recaudación tributaria, se pone de manifiesto que las medidas de política fiscal en el último año y medio han deteriorado aún más las bases imponibles. En concreto, durante el año 2012 la base imponible agregada de todos los impuestos se ha reducido un 3%, un 5% la del IVA y hasta abril de este año la base imponible agregada se redujo en más de 62.000 millones de euros, de los cuales 38.000 millones pertenecen al IVA.
Pedro Saura García es profesor titular de Fundamentos del Análisis Económico y portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.
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