El PSOE debe meditar muy seriamente su respuesta a la nueva fase en la que entra el caso de los ERE en Andalucía, tras la convocatoria a declarar como imputados de dos ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de tres ex consejeros que también tienen la condición de aforados. Y debe hacerlo no sólo por la gran repercusión política que tiene este hecho en vísperas de la campaña electoral en Andalucía, sino también por el fuerte compromiso asumido por el secretario general, Pedro Sánchez, y la presidenta andaluza, Susana Díaz, para exigir la renuncia de los escaños a los que sean imputados.
Que un juez llame a alguien a declarar como imputado no implica culpabilidad ni inocencia. Significa que hay indicios que lo relacionan con los hechos investigados, por lo que debe acudir a la convocatoria acompañado de un abogado. El Supremo aún no ha atribuido ningún delito a las cinco personas llamadas a declarar en el caso de los ERE. Por tanto, es razonable esperar que ellos expliquen en las comparecencias previstas para los días 9 y 14 de abril -solicitada por los mismos afectados- ya la posterior actuación judicial para determinar si se les atribuyen delitos o se les descarta de la investigación. Si se les atribuyen delitos, los imputados y su partido tendrán que dar un paso adelante y actuar de acuerdo con las exigencias éticas que el PSOE proclamando.El paso que ha hecho el Supremo implica que se dilucidará si los ex presidentes y ex consejeros intervinieron en el diseño del procedimiento administrativo que permitió la utilización fraudulenta del fondo destinado a ayudar a las empresas en crisis. El fondo estuvo dotado con 850 millones de euros y se estima que la cantidad defraudada entre 2001 y 2011 ascendió a 136 millones.
El problema radica en las expectativas creadas por Pedro Sánchez y Susana Díaz al haber afirmado la incompatibilidad entre ser imputado penalmente y ser parlamentario. El 6 de noviembre, Díaz dijo que los aforados deberían dejar el escaño si eran imputados, una postura mucho más exigente que la prevista en el código ético del PSOE, que fija la renuncia al cargo cuando se produzca la apertura del juicio oral. Una semana más tarde, Díaz matizó que no le temblaría el pulso "si cuando comparezcan ante un juez les imputa algún delito". Luego, Pedro Sánchez remachó en un programa televisivo que si Chaves o Griñán eran imputados, "deberán abandonar su puesto de diputados".
Cuando se generan tantas expectativas es fácil causar decepciones.En su afán de separarse de los escándalos del pasado, los nuevos dirigentes fueron varios pasos por delante de lo previsto en las normas de su propio partido. No se pueden improvisar compromisos rotundos en una materia tan delicada que ahora les cuesta aplicar, les obliga a matizar y, en definitiva, los debilita políticamente.
fuentes http://cat.elpais.com/cat/2015/02/17/opinion/1424203367_574858.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario