España no merece quedarse a merced de grupos que actúan como policías privadas, al margen de los controles establecidos para las fuerzas y cuerpos de la seguridad pública. Los documentos difundidos ayer y hoy por este periódico indican que Método 3, teóricamente una agencia de detectives privados, se ha dedicado a las grabaciones ilegales, obtención de registros de llamadas o seguimientos de cargos públicos, empresarios y periodistas durante años. El escándalo se agranda al saber que los contratantes eran partidos políticos o empresas (una de ellas periodística) y que un mismo partido aparece a la vez como víctima y comprador de investigaciones sospechosas.
Así, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha denunciado la grabación de un almuerzo suyo con la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat catalana; mientras el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por su compañera de partido María Dolores de Cospedal, es supuesto cliente de Método 3. Otros documentos prueban que un teléfono proporcionado por el PP a su extesorero, Luis Bárcenas, también fue espiado, se ignora exactamente por quién.
Llueve sobre mojado. La Operación Pitiusa ya descubrió una trama compuesta por 135 personas que mercadeaba con declaraciones de Hacienda, movimientos de cuentas, historiales médicos (incluso de niños) y listados de llamadas telefónicas. Una de las personas presuntamente implicadas en esa operación trabajó también para Método 3. Los nuevos datos conocidos confirman la amplitud de las redes dedicadas a la obtención y explotación de datos confidenciales, y las fuertes sospechas de irregularidades que pesan sobre los métodos utilizados.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dice que se van a seguir más de cerca las investigaciones realizadas por las agencias de detectives. Parece una precaución insuficiente. De poco sirve regular la actividad de los detectives, como ya lo hace la ley, si no se controlan sus procedimientos ni quién encarga cada investigación. Hay que limitar el campo de trabajo de estos profesionales y penalizar con mayor dureza la violación del secreto de las comunicaciones, cuando se producen sin conocimiento del juez. Lo mismo que debe regularse la ósmosis entre policías públicas y privadas, porque si se acepta el principio de que los cuerpos policiales (o las Fuerzas Armadas) sean viveros de agentes para la seguridad privada, el Estado ha de encuadrar cuidadosamente las condiciones en que puede darse ese trasvase.
Lo sabido hasta ahora es suficiente como para temer que se hayan cometido atentados contra las libertades y los derechos constitucionales, muy lucrativos para los que se encargan de ejecutarlos y destructores de la confianza ciudadana en las instituciones. ¿Qué democracia puede permitirse la actuación impune de policías paralelas?
fuentes http://elpais.com/elpais
No hay comentarios:
Publicar un comentario