El día para delinquir

Lo menos que siente cualquier ciudadano al leer en la prensa los tejemanejes de la Justicia para repartirse el caso Bárcenas es perplejidad.

¿Por qué dos jueces de la Audiencia Nacional pueden llegar a pugnar por instruir un asunto? ¿Qué intereses, personales, políticos o profesionales pueden hacer que la Magistratura se divida y se convierta en el foco de la atención mediática, por encima del cogollo del caso, que no es otro que la presunta corrupción generada en un partido político en torno a las comisiones ilegales pagadas por empresarios?

Por experiencia, sabemos todos que cuanto más se enreda un caso judicial mejor parados suelen salir los acusados. Las dilaciones pueden acabar con extinción del delito, por ejemplo. No está muy lejos en el tiempo la hazaña de los abogados de Emilio Botín, que nos impidió saber si el mayor banquero español era culpable o no de las cesiones de crédito. Los grandes bufetes de abogados solían tener su mejor arma en ese recurso. Porque algunos delitos tenían fecha de caducidad, como las conservas de pescado.

Es inquietante saber algo al respecto cuando se leen los periódicos. Saber si un juez es progresista o conservador, si es cercano al PP o al PSOE. Lo que no puede sino crear una inseguridad de gran calibre. De que esto sea así se han encargado el propio conjunto de los jueces, a través de sus asociaciones, y los partidos políticos, que cuando consiguen mayoría de sus simpatizantes en instancias corporativas como el Consejo General del Poder Judicial, o profesionales, como el Tribunal Constitucional suelen aprovechar la circunstancia para mover salas o convalidar leyes, mientras dan palmas con las orejas.

Pablo Ruz se ha convertido, probablemente a su pesar, en el favorito del Partido Popular para instruir el caso Bárcenas. ¿Por qué? Por una circunstancia ajena a él: en pocos meses, dejará de ser titular del Juzgado número 5, porque es un sustituto provisional, un interino. Eso, sin lugar a dudas, alargará la causa en un tiempo indeterminado.

A Javier Gómez Bermúdez, titular del Juzgado número 3 de la misma Audiencia Nacional, le pasa lo contrario: el PP le detesta. Por su actuación durante el juicio del 11-M, en el que quedó demostrada sin asomo de duda la autoría de los atentados de Madrid en 2004. La herida en el PP sigue abierta. La propia secretaria general del partido, la inefable María Dolores de Cospedal, volvió hace poco a poner en duda los resultados de la investigación y la justeza de la sentencia. Más grave aún es que lo hiciera delante del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no pestañeó ante las barbaridades de su ejemplar protegida. Cospedal había dicho un par de minutos antes que ya estaba tranquila sobre el asunto Bárcenas porque estaba judicializado.

¿Seguirá tranquila Cospedal sabiendo que Bermúdez está tras el asunto de las presuntas comisiones pagadas por empresarios a los que Bárcenas cita en su al parecer auténtica contabilidad paralela? Parece imaginable que no.

Y ahí es donde entra el fiscal general, Torres Dulce, que ha tomado partido para que sea Pablo Ruz el que se haga cargo del sumario completo. ¿Con buena o con mala fe?

Es desastroso que pueda caber la duda al respecto. Sea cual sea el resultado de la que podemos imaginar limpia pugna, ya están puestas las bases para dinamitar la instrucción. Un juez que tiene que irse, lo que facilita la dilación del procedimiento. Y un juez que, según la feroz derecha empujada por un rencoroso Aznar y un fanático Jaime Mayor Oreja, es hostil al PP.

Para el común, la Justicia aparece ya tocada. Bien es cierto que, como institución, se lo ha ganado a pulso. No hay más que recordar el caso Garzón o el caso Gómez de Liaño para saber cómo se las gastan algunos dentro de la carrera. Pero lo grave es que siembra la desconfianza entre los ciudadanos. De una manera que habrá (habrán, ellos) que abordar algún día. Porque no es soportable que ese pilar esencial del Estado se ponga en duda de forma permanente.

Recuerdo una tertulia a la que a veces acudía hace años, en la que uno de los participantes era juez, y otro, que era periodista, siempre le hacía la misma pregunta, envuelta en risotadas:

—¿Cuándo estás de guardia? Lo digo para delinquir ese día.

Ningún ciudadano, ningún periodista, debería tener que saber de qué pie cojea ningún juez español. Saberlo acaba siendo información privilegiada, que está penada para ciertas cosas.

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