jueves, 28 de marzo de 2013

Las graves noticias que llegan del Este


Son necesarias medidas urgentes contra la deriva racista de Hungria



En la Unión Europea no parece existir más que el sur, un sur indisciplinado, que pone en peligro el euro y que desespera a los austeros protestantes del norte. Pero ya se sabe que “noticias es lo que llega del sur, del norte, del este y del oeste. Cuando solo llegan de un punto del compás, se trata de propaganda, no de noticias”, como aclaraba en el siglo XVIII un político inglés, Benjamín Disraeli, famoso por su oratoria, rapidísima y feroz. Cuando Gladstone le predijo que moriría “ahorcado o de una enfermedad venérea”, le contestó sobre la marcha: “Señor, eso dependerá de si me abrazo a sus ideas o a su amante”.
Pero el principal don de Disraeli, inestimable en un político de cualquier siglo, era su capacidad de observación. Si se ejerce ahora, se constata que la UE se ha olvidado del compás.
Nadie puede negar que los problemas que plantea el sur, siempre relacionados con la moneda única, son serios, pero en el este están pasando cosas, relacionadas con los derechos humanos, de las que nadie parece querer hablar y que son extraordinariamente graves. Tanto como para que el líder de los liberales europeos, el eurodiputado belga Guy Verhofstadt, ex primer ministro, propusiera este jueves que se aplique el artículo 7 del Tratado de la Unión y se asigne la máxima sanción posible, es decir, que se retire el derecho a voto dentro de la UE, no a Chipre, sino a Hungría.
Mes tras mes, el Gobierno del conservador Viktor Orban, que posee mayoría absoluta en el Parlamento de Budapest, va exhibiendo sus rasgos más ultraderechistas y haciendo aprobar nuevas leyes que restringen libertades, acosan a las minorías y violan la independencia judicial. Cierto que Durão Barroso ha hecho alguna llamada telefónica a Orban expresando su protesta, pero no se tiene constancia de que lo hayan hecho los poderosos líderes europeos, como Merkel, Hollande o Cameron. Tampoco sabemos que Rajoy haya mandado llamar al embajador húngaro.
¿Tienen otras cosas de las que preocuparse? Sin duda, pero nada debería ser más urgente que Hungría y la actitud desafiante de su Gobierno.
¿De qué han servido las llamadas de Durão? De nada. La semana pasada, el Gobierno de Orban concedió los premios más importantes del país a un periodista que es un notorio antisemita y que califica a los gitanos de “no humanos”; a un arqueólogo que asegura que los judíos eran traficantes de esclavos en la Edad Media y a una banda de rock que ameniza los desfiles del partido nazi Jobbik, el mismo que aterroriza a los gitanos con sus frecuentes agresiones por pequeños pueblos del interior del país.
Ferenc Szaniszlo (quedémonos con su nombre para negarle donde sea posible la condición de periodista) lleva uno de los programas más populares del canal de televisión propiedad del Gobierno, pero el ministro responsable del premio se burló de quienes le criticaban alegando que no tenía conocimiento de las opiniones racistas del periodista. El canal de televisión, por su parte, alega que Szaniszlo ya fue multado (con 500 euros) cuando llamó “monos” a los gitanos. Claro que otro periodista, Zsolt Bayer, fundador del partido gobernante, Fidesz, escribió en su diario que los miembros de la minoría gitana (7% de la población húngara) son “animales”, “no aptos para la convivencia con las personas”.
Guy Verhofstadt llama la atención sobre el recorte de los poderes de la Corte Constitucional de Hungría, el único freno que ha existido hasta ahora al Gobierno de Orban. “Ya no estamos ante una situación de riesgo”, escribe el liberal belga, “estamos ante una brecha, persistente y sistemática, en los valores democráticos de la Unión”.
El llamamiento formal de Verhofstadt debería resonar en los oídos de todos los europeos: “Llamo a todos cuantos en Europa creemos que este continente está construido sobre valores comunes y derechos fundamentales a tomar inmediatamente medidas”. “Apelo a la Comisión Europea para que active el artículo 7 del Tratado de la Unión, abra el procedimiento previsto y suspenda, por mayoría cualificada, algunos derechos (del Gobierno húngaro), incluidos los derechos de voto”.
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