Un clima de alta tensión lingüística, perfectamente evitable, invade lasislas Baleares. Evitable, porque es resultado de sendas reformas de los usos lingüísticos oficiales que hasta ahora no habían generado conflicto. Ello no significa que todo Gobierno —en este caso el del PP balear— deba considerar intocable cualquier normativa. Es legítimo que aspire a mejorarla. Pero conviene que todo cambio resuelva más problemas de los que genere.
Las interpretaciones territorialistas de la regulación lingüística constitucional no deben contraponerse a los derechos de los ciudadanos. Eso implica que en comunidades bilingües, la Administración debe ser capaz de atender plenamente a sus usuarios en los dos idiomas. La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley de Función Pública de 2012 establece un régimen dualista: el catalán será requisito para el acceso a la función pública en determinados casos, tasados y limitados, y mérito —no requisito— con carácter general.
Es probable que este planteamiento beneficiará los intereses de los sectores del funcionariado menos propensos al enriquecimiento lingüístico, pero quizá no satisfaga tan claramente los derechos de la ciudadanía. La cuestión, jurídicamente, es de acentos: para equilibrar mejor unos y otros derechos habría bastado con mantener el carácter general de la exigencia del bilingüismo a los funcionarios (como requisito), pues casi siempre se relacionan con los ciudadanos; y dejar como excepción los casos en que la capacidad de atender en las dos lenguas no es relevante (mérito). Y como es de acento, conviene contemplar la sentencia junto con los votos particulares, de gran sensatez práctica.
Políticamente, el asunto es más vidrioso. ¿Debe un gobernante crear problemas donde no los hay, sobre todo si hay fricciones sociales en asuntos sensibles y las decisiones se ejecutan sin el consenso básico que evite fracturas? La sentencia del TC aterriza en un clima de amplia rebelión en la enseñanza balear. La reforma, que suscita una potente huelga, pretende introducir habilidades trilingües en alumnado y profesores. Pero el escaso afecto de la cúpula conservadora local —no compartida por numerosos alcaldes del PP— hacia la enseñanza en catalán en las islas insinúa que se trata más bien de utilizar el inglés como ariete para reducir la importancia escolar de la lengua propia. Si la buena causa de la tercera lengua se usa para un mal objetivo, acaba soliviantando a los ciudadanos.
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