Tratándose de seísmos, toda precaución está justificada. A la espera de que los estudios técnicos lo corroboren, parece claro que hay una relación directa entre la inyección de gas a presión en el antiguo yacimiento de petróleo situado frente al Delta del Ebro, y la actividad sísmica desencadenada en los últimos días y que ha despertado una muy lógica preocupación tanto en las autoridades locales como en la población. El principio de prudencia no solo exige la paralización de las operaciones de inyección, como ha hecho el Ministerio de Industria, sino realizar los estudios geológicos necesarios para determinar con exactitud si son la causa de los más de 300 terremotos registrados y calibrar los riesgos que pudiera comportar la reanudación de la actividad. Máxime cuando el episodio ha puesto en evidencia que los estudios requeridos para la apertura del depósito de gas no fueron todo lo rigurosos que una instalación de esta naturaleza requiere.
Ahora se ha sabido que el informe de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2009 no incluía parámetros de impacto sísmico, pese a que así lo habían solicitado, entre otros, la Generalitat de Cataluña y el Observatorio del Ebro. La naturaleza de la actividad lo aconsejaba: se trata de inyectar gas a fuerte presión en el antiguo yacimiento de Amposta, situado a 1.750 metros de profundidad, cuya estructura rocosa presumiblemente se había contraído tras la extracción y podía experimentar roturas al introducir el gas.
La fractura de las rocas es la causa más probable de los temblores que se han producido en los últimos días. La mayoría son de baja intensidad, pero el hecho de que uno haya alcanzado los 4,2 grados en la escala de Richter, algo muy excepcional en esa zona, indica que el riesgo no es despreciable. Hay que tener en cuenta que a partir de 4,5 los edificios pueden resultar afectados. La existencia de una falla sísmica muy cerca del depósito y otras en las proximidades plantea la inquietante posibilidad de que los movimientos del subsuelo pudieran llegar a alterar, por un efecto espejo, la situación de las placas y producir temblores de mayor intensidad, acompañados de un efecto tsunami.
La gestión del episodio por parte de la empresa ha sido muy deficiente. Sus portavoces han dado a entender que contaban con estudios sísmicos, pero no los han mostrado, aunque la compañía parecía ser consciente del problema, porque instaló un sistema de monitorización sísmica. Con ser muy importante el poder disponer de depósitos de gas que garanticen el suministro en caso de emergencia o desabastecimiento, su actividad debe estar siempre supeditada a la seguridad de la población. Desde este punto de vista, el Gobierno tiene ahora dos importantes deberes: aclarar si la autorización del depósito se hizo con el rigor exigible y realizar los estudios necesarios para determinar si se puede o no reanudar la actividad con garantías de seguridad.
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