El caso de corrupción masiva con fondos de la Junta de Andalucía, destinados a empresas en crisis, amenaza con convertirse en una causa tan enorme que difícilmente puede caber en un cuello de botella judicial como el que representa su única instructora, Mercedes Alaya. Con las 15 nuevas imputaciones dictadas por la juez, más la revocación por un tribunal superior de dos de las que ella había decidido antes, el número de implicados en el caso de los ERE rebasa los 160 y es probable que aumente, porque Alaya está analizando otros atestados policiales y ha previsto nuevas diligencias.
El interés de la justicia habría exigido quizá otra actitud por parte de la magistrada, a quien cabe suponer tan interesada en llegar hasta el final de los hechos investigados, como ha demostrado estarlo a la hora de mantener el procedimiento bajo su estricto control durante los tres años que lleva abierto. Pero la juez no ha querido escindir la causa en piezas separadas, como le había pedido expresamente la Fiscalía Anticorrupción.
El proceso se alarga sobre todo en la parte que afecta de lleno a los políticos. La teoría de la juez instructora, según se deduce de sus resoluciones, es que existió una concertación para delinquir entre altas autoridades de la Junta de Andalucía. Crearon o aplicaron un procedimiento ex profeso para trasvasar fondos a la Consejería de Empleo, que esta pudo repartir con todo tipo de irregularidades y, en muchos casos, a golpe de influencias de sindicalistas, mediadores y abogados.
El procedimiento se dirige contra el corazón del poder socialista en Andalucía durante el decenio pasado, y de ahí la comunicación de la condición de “preimputados” a siete ex altos cargos de la Junta: dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán; y cinco exconsejeros, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio y Francisco Vallejo. Pero la juez no envía los autos a los tribunales en los que esas personas están aforadas —tres de ellas, en el Supremo—. Tampoco ha aceptado el criterio de la Audiencia de Sevilla, que hace meses le sugirió que no podía seguir con la parte de los aforados. Guste o no esa figura legal, lo cierto es que existe y se aplica a todos los asuntos donde aparecen cargos con derecho a fuero.
Formalidades aparte, el problema de fondo es que la justicia penal no se basa en hipótesis, sino en pruebas. Magdalena Álvarez, política sometida a la jurisdicción de Alaya —por carecer de fuero—, ya ha sido desimputada una vez por la Audiencia de Sevilla, imputada de nuevo por Alaya y a la espera de lo que el tribunal dicte sobre esa segunda imputación. La Audiencia sevillana ha dado numerosos toques a la juez instructora, principalmente por cuestiones formales. Si alguna vez se pronuncia sobre el fondo, aportará un poco más de luz respecto a la trascendencia de unos hechos ciertamente graves.
fuenteshttp://elpais.com/elpais/2014/04/22/opinion/1398191269_424750.html
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