Ya ha pasado el esperado 10-M y se detecta más de lo mismo, un PP enrocado en la Constitución y un soberanismo ansioso por pasar del acto cívico-político a un referéndum de verdad. Persiste la polarización entre la frialdad de lo legal y la emocionalidad de lo identitario. La racionalidad política sigue ausente. Al menos aquella digna de tal nombre. Impera la otra, la puramente instrumental, más atenta a recoger los esperables beneficios electorales y a no perder pie entre sus mariachis más radicales que a resolver un problema de Estado. La partida se juega entre los dos extremos, el irredentismo nacionalista y el ya exasperante dolcefarniente de Rajoy. Lo curioso es que ambos se creen ganadores de la última prueba. Uno por haber movilizado a más de dos millones de personas en un acto que era, de facto, de desobediencia civil; y el otro, por haber dejado en casa a casi dos tercios de los potencialmente llamados a votar. Y ambos se equivocan. Es muy probable que esa mayoría que no se ha pronunciado no esté ni con uno ni con otro. Aguarda, con un silencio que clama, a que alguien le ofrezca una percha de la que poder colgarse, una vía media por la que poder transitar.
Todo este conflicto destila un fuerte tufo a masculinismo político primario. Falta sutileza, empatía, voluntad para el entendimiento. Y sobra chulería, “astucia” y estrategia sectaria. Uno se cree ungido por la gracia de conducir a su pueblo a la tierra prometida; el otro ejerce de guardián de las esencias de un orden constitucional y un régimen que hace agua por todos lados. Mientras, nosotros, los espectadores afectados por este desaguisado, asistimos incrédulos a lo que cada vez tiene más aire de farsa.
Llevamos ya cerca de tres años esperando a que se sienten y se pongan a negociar, a que ejerzan como políticos; es decir, a que resuelvan el problema con valentía y amplitud de miras. Y eso no será posible sin cesiones por ambas partes. Para empezar, la que representa al Gobierno catalán debería renunciar a la independencia como horizonte inmediato o como fin a medio plazo; y la que representa al Gobierno del Estado tendrá que comenzar reconociendo a Cataluña su estatus de nación y la renovación de su situación fiscal. Es el mínimo imprescindible para que tenga sentido el inicio de una negociación. Y deberán hacerlo incorporando el mayor número de voces posibles. Puede hacerse, como sugiere S. Muñoz Machado, empezando por una revisión del Estatut, que luego exigiría la correspondiente reforma constitucional, o metiendo el bisturí a fondo en la organización territorial del Estado para darle un giro federalizante.
La forma y los resultados posibles son muchos y tampoco se augura una salida fácil. Pero siempre tendrá menos riesgos que esta situación de impase, de falta de acción y de iniciativa. Y es porque en el fondo no hay voluntad de renunciar a la dimensión electoral y sobra cobardía para dar el salto a lo inesperado. Cuanto más se deje pasar el tiempo más estrechos serán también los cauces para una solución razonable.
fuenteshttp://politica.elpais.com/politica/2014/11/13/actualidad/1415907795_924916.html
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