Abordar barcos de narcotraficantes en alta mar, arrestar a sus tripulantes y decomisar la droga que transportan no son operaciones tan simples como para desbaratarlas por una discusión entre magistrados sobre el alcance de los apartados “d” e “i” de un texto legal. Tras las limitaciones introducidas en la aplicación de la justicia universal, la mayoría de los jueces penales de la Audiencia Nacional respaldaron la excarcelación de decenas de arrestados en barcos que navegaban por aguas internacionales; pero la Sala Penal del Supremo, requerida por la fiscalía, resuelve ahora por unanimidad que aquellos jueces estaban equivocados.
Se trata de interpretaciones de una ley “confusa”, término usado por el propio Tribunal Supremo. El Gobierno se saltó en su día las consultas necesarias (Consejo de Estado, Poder Judicial, fiscalía) que podrían haber servido para detectar los problemas de interpretación de las limitaciones legales pretendidas. Para ello utilizó la vía de una propuesta de su grupo parlamentario, en lugar de redactar un proyecto de ley que habría exigido esos controles previos. El partido del Gobierno estaba urgido por las prisas para cortar las alas a los tribunales ante la protesta de China por la orden de detención internacional de su expresidente y su ex primer ministro en la causa del genocidio del Tíbet. Ahora nos encontramos con interpretaciones divergentes del confuso texto legal resultante. No sería extraño que se plantearan más problemas, bien sobre futuros casos de narcotráfico, bien respecto a asuntos de genocidio o crímenes de lesa humanidad.
Urge encontrar soluciones sensatas. Todo el respeto que merece la independencia del poder judicial se cuartea ante el desperdicio de tiempo, dinero y energías en operaciones de busca y captura de presuntos delincuentes egipcios, sirios o de otras nacionalidades, que de repente se ven en libertad por una decisión judicial y que, semanas más tarde, otros jueces de mayor rango ordenan capturar de nuevo —lógicamente, con limitadas posibilidades de éxito—. Y todavía falta en este asunto la intervención del Constitucional, requerido por el PSOE para que se pronuncie sobre la cuestionada reforma. Todo muy formal y muy correcto, pero la delincuencia no va a respetar los dilatados tiempos de espera. Echarse pulsos entre instituciones trae consecuencias tan negativas como estas.
fuenteshttp://elpais.com/elpais/2014/07/25/opinion/1406313257_305827.html
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