La financiación autonómica

La compleja realidad recién vivida en España ha evidenciado la necesidad de abordar reformas estructurales de calado. Acometida la reforma laboral, de pensiones, de Administraciones públicas, bancaria y financiera, la reforma tributaria debe enlazar con la otra gran pendiente: la de la financiación de las Administraciones públicas, y, en particular, las territoriales con especial mención a la financiación autonómica.

Se estudia qué nivel administrativo debe prestar los servicios públicos para eliminar duplicidades, cómo prestarlos... Pero carece de sentido centrarse en la competencia y en la oferta o provisión de los mismos si no abordamos los instrumentos para su financiación, es decir, la financiación de las Administraciones públicas territoriales, ligándola a la reforma tributaria mediante el correspondiente reparto de hechos imponibles.

El actual sistema de financiación autonómica no permite que la prestación de los servicios públicos fundamentales, con independencia de la comunidad autónoma de residencia, se ofrezca de forma igualitaria, contradiciendo los principios constitucionales de justicia, igualdad y solidaridad interterritorial. Muy al contrario, provoca que algunas autonomías sufran enormes dificultades para desplegar las competencias constitucional y estatutariamente transferidas o asignadas.

Un hándicap achacable al diseño de los sistemas de financiación basados en el principio de coste efectivo al transferirse las competencias, independientemente del año de asunción de las mismas, y del mantenimiento del statu quo inicial, que provoca diferencias injustificadas, perpetuadas en el tiempo y acentuadas en la última revisión de 2009. Y no es la opinión personal del consejero de Hacienda de una de las autonomías más perjudicadas por el sistema, como es la Comunitat Valenciana, sino un hecho objetivo, contrastable con datos rigurosos y constatado por investigadores, catedráticos universitarios y científicos como Ángel de la Fuente a través de la Fundación BBVA Research, Standard & Poors o el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, a los que sumar el riguroso documento realizado por un grupo de expertos economistas, recién presentado en las Cortes Valencianas, para mostrar los efectos del actual sistema sobre cada autonomía. Grupo que emana de los legítimos representantes de los valencianos, cuyo informe constata la abismal desigualdad entre comunidades autónomas y que el caso de la Comunidad Valenciana es particularmente sangrante.

La redistribución de recursos debe realizarse con equidad y eficiencia

Tras analizar la distribución de los fondos que llegan a las arcas públicas, y a la vista de las liquidaciones de 2011 (última realizada) y la evolución de las entregas a cuenta de 2012 a 2014, los expertos evidencian la reiterada infrafinanciación valenciana. Las cifras muestran que cada valenciano recibe 204 euros menos per capita de media que los demás españoles, lo que supone más de 1.000 millones menos anuales —somos más de 5 millones— y esto sucede de forma histórica y sistemática. Es inevitable comparar con otras comunidades de régimen común: en algunas reciben hasta 850 euros más por cada, prueba objetiva de la discriminación que sufrimos. Con este importe hubiésemos tenido superávit en 2012. Y ello amén del tratamiento singular de los territorios forales.

Los servicios que prestan las comunidades autónomas van dirigidos a las personas. Los servicios sanitarios, educativos y de protección social tienen un componente rígido. A un valenciano le cuesta igual una estancia hospitalaria, un colegio o la atención de sus dependientes que al ciudadano de cualquier otra autonomía. Esta asimetría en lo que recibimos unos y otros se concreta en los valencianos hemos dejado de percibir cerca de 11.000 millones de euros en los últimos años según los expertos. Si sumamos los intereses financieros que esto supone, nuestra deuda actual se situaría 13.500 millones por debajo si tuviésemos la misma financiación.

Este injusto reparto es consecuencia directa del sistema de 2009, el nocivo statu quo, fórmulas farragosas y el diseño de fondos opacos, lejos de las necesidades de la España actual.

Para salir de este atolladero de agravios, desajustes y asimetrías, para evitar las tensiones territoriales existentes, debe contarse con la propuesta realista, lúcida, bien fundada técnica y solidariamente presentada por los expertos valencianos para diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica, pues encaja en el ordenamiento jurídico actual y puede ser perfectamente aceptada por el Estado y las demás comunidades autónomas.

Dejemos atrás un sistema perverso que nos lleva a situaciones insostenibles

También ha de contarse con el informe del profesor Lagares sobre la reforma fiscal y tributaria y con el grupo integrado por los Premios Jaume I, que complementará a los anteriores. Honestamente, pienso que la Comunidad Valenciana tiene mucho que aportar al diseño de ese nuevo sistema de reparto, insto a abrir el debate y a que se consideren las propuestas que emanan de nuestra región.

Marcada la “cuestión técnica” por los expertos, de nosotros, políticos y gestores públicos, es la responsabilidad de hablar sin crispación en los foros y tiempos adecuados, que deben girar en torno al Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Ley de Reforma de la Financiación de las Administraciones Públicas.

Tengamos amplitud de miras para analizar con sensatez el reparto de los impuestos que pagamos, afrontar las competencias asignadas a las Administraciones territoriales, para que la redistribución de recursos se base en estrictos criterios de eficiencia y equidad, nunca en cuotas o presiones políticas. No puede ser que se presten determinados servicios con un mayor coste, en algunos casos, en las comunidades que cumplen con el déficit y que otras, que incumplimos con el déficit, lo estemos prestando de forma eficiente, porque entonces lo que es ineficiente es el sistema.

Dejemos atrás un sistema perverso, que en el caso valenciano nos ha llevado a una situación insostenible, obligándonos a recurrir al endeudamiento para cubrir gastos que deberíamos cubrir con las aportaciones del sistema. Si hubiéramos recibido igual que la media, nuestra deuda sería sustancialmente menor, no recibiríamos críticas y se dejaría de hablar de recortes.

Queda mucha Política, en mayúsculas, para consensuar un modelo de financiación que atienda a la premisa esencial de asegurar los servicios públicos fundamentales; ofrezca las mismas condiciones en todo el territorio español, con independencia del nivel de renta y establezca un reparto efectivo de los ingresos tributarios entre todos los niveles del Estado existentes.

Cambiar este modelo, cuanto antes mejor, rebajará las tensiones entre comunidades y Administraciones, mejorará la autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal.

Tenemos la oportunidad de diseñar un modelo equitativo, sencillo, transparente y convergente, que evite los desequilibrios de los ciclos económicos y las asimetrías permitiendo a las autonomías andar con firmeza y determinación en la línea de la consolidación fiscal y el equilibrio presupuestario. Renunciemos a intereses particulares y aprobemos con nota la asignatura pendiente de la financiación autonómica con un sistema sostenible y perdurable en el tiempo.

Juan Carlos Moragues es consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana.

fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/10/16/opinion/1381915893_908676.html

La propaganda de las reformas

En lo tocante a las reformas económicas, probablemente todo el pescado ya esté vendido para lo que queda de legislatura. A menos que el presidente Rajoy tenga un desconocido gusto por los experimentos, y si ningún factor exterior obliga a tomar medidas imprevistas, la lógica preelectoral que gobierna a nuestros gobiernos será cada vez más implacable. En un momento en el que el país necesita diálogo y colaboración de todos para resolver los problemas pendientes, lo más probable es que en los dos próximos años el Gobierno siga a la defensiva frente a una oposición que es francamente poco constructiva. Cuando más necesitamos de la política para corregir la economía es cuando parece que menos podemos esperar de ella.

No es ahora el momento, ni mucho menos, de hacer balances. Como la labor del Gobierno no ha terminado, ello no es posible y, además, ya habrá tiempo. Ahora bien, no todo ni todos en España pueden esperar. Puede que para algunos, tanto en el poder como en la oposición, mantener el status quo signifique ganar tiempo, pero me temo para la mayoría de ciudadanos significa perderlo.

La realidad según la última EPA es que en España hay casi 6 millones de parados y más de 1,8 millones de hogares con todos sus miembros en paro. Las cifras conocidas a finales de octubre representan unos incrementos del 2% y del 4% respectivamente en relación a las del año anterior. El paro se extiende, la morosidad alcanza cotas nunca vistas y el sistema financiero, auténtico pozo sin fondo de recursos públicos e inyecciones de liquidez, sigue averiado y sin cumplir su función social fundamental de apoyar a la actividad económica y la creación de empleo.

Debería ser evidente que la crisis económica es algo mucho más serio que un bajón cíclico o una cadena de trimestres de recesión. Puede marcar la entrada de España en una fase de decadencia más o menos lenta y prolongada, que nos dejará más pobres y, probablemente, desiguales entre sí. Nuestra situación económica actual es el resultado de la superposición de problemas a tres niveles. Empezando por lo más cercano, el modelo económico-financiero español de crecimiento iniciado a principios de los años noventa está agotado y sin recambio. En cuanto a la UE, todavía no está claro cómo nos coordinaremos en cuestiones clave de política económica, como la unión bancaria y la fiscal. Estas dudas, naturalmente, penalizan más a los Estados más débiles y que han necesitado asistencia, como España. Finalmente, lo que sí está claro es que el peso económico, comercial, demográfico —y por tanto, político— de las economías desarrolladas se reducirá a favor de las economías emergentes, cuyos menores costes de producción siguen ganando contratos internacionales.

España necesita repensar su futuro económico si quiere salvar el progreso acumulado desde 1975

A todo ello hay que añadir las mutaciones que el capitalismo experimenta en todo el mundo. Por citar sólo dos: se va desdibujando el perfil del empresario tradicional, que asumía riesgos propios en un negocio que conocía y que gestionaba de forma más o menos personal, y vamos hacia un mundo en el que las empresas mismas son bienes que se compran y venden. En paralelo, se están quebrando los fundamentos del contrato social vigente, dado que, por un lado, las rentas del capital crecen de forma sostenida más que la remuneración al trabajo y, por otro, la viabilidad de los Estados de bienestar, tal como están ahora, está seriamente comprometida.

Frente a este cuadro, relajarse y hablar de recuperación por una alegría de la prima de riesgo, unas décimas de mejora en las previsiones de crecimiento o el aumento del gasto de los extranjeros en nuestro país es pura superficialidad. España necesita repensar muy seriamente su futuro económico si quiere preservar el avance en nivel de vida y progreso social que, de forma tan clara y tangible, hemos alcanzado desde 1975. Mucho de lo anterior es también aplicable para el resto de la UE, pero esto no reduce la urgencia y la profundidad de los cambios que debemos operar aquí.

Para afrontar una situación tan delicada, el Gobierno ha optado por la paciencia, forzando a muchos ciudadanos a vivir la situación con resignación y abrazándose al mismo tiempo a la propaganda de las “reformas”. Y en este punto España sí que es algo original. Aquí las reformas se definen por exclusión: todo aquello que hace el Gobierno y que no son recortes son necesariamente reformas. Como atenuante, cabe decir que parte de Europa participa de este juego. Pide reformas en el sur y luego, cuando llegan, sea lo que sea lo que llegue (salvo en casos muy exagerados, como la propuesta española inicial de creación de la CNMC), las aplauden a medio gas, se felicitan por la dirección pero demandan más intensidad. Naturalmente, estos juegos de cubrimiento mutuo terminan por minar la credibilidad de las instituciones.

¿Cómo son las verdaderas reformas? Los estudios internacionales, por ejemplo los de la OCDE, muestran que las reformas más eficaces son aquellas que se preparan con tiempo (el periodo de preparación activa parece rondar los dos años en promedio), en las que se dialoga con las partes implicadas, cuentan con un mandato electoral claro y se desarrollan de forma gradual y conforme a un plan. Por contra, las reformas rápidas e impuestas suelen ser de diseño defectuoso, vuelo bajo y corto recorrido. En definitiva se trata de relajar al máximo la tensión que genera toda reforma verdaderamente estructural: sus perjuicios suelen estar concentrados pero sus beneficios, dispersos. En España quedan unas cuantas pendientes: la educación, las políticas activas de empleo, la administración pública, el sistema impositivo, el Estado de bienestar o la agencia de investigación, por citar algunos ejemplos. No es este el lugar para hablar de todas ellas en detalle, pero en todos estos expedientes contamos con experiencias internacionales que se pueden estudiar a fondo para tomar o dejar los elementos que más nos convengan. Un trabajo de este tipo sería el primer paso para hacer reformas en condiciones.

Europa pide cambios al Sur; cuando llegan, los aplaude a medio gas y reclama má intensidad

¿Cómo se sacan adelante las reformas? En una democracia no hay otro camino que las explicaciones claras y la participación ciudadana. Además es importante que los que las proponen muestren con objetividad los costes de no reformar y que se prevean mecanismos para compensar a los perjudicados. Por supuesto, una primera condición para reformar con legitimidad es incluir el plan de la reforma con suficiente definición en el programa electoral, sin perjuicio de que se encargue a los expertos la concreción final. Estas condiciones pueden parecer elementales en otros países pero, desgraciadamente, resultan utópicas en España.

¿Es fácil reformar? Naturalmente que no. La historia reciente de Italia es aleccionadora y muestra con claridad lo complejo de la cuestión. Muchos en España envidiaron durante un tiempo a los italianos por contar con una figura como la de Mario Monti que parecía acercarse al reformador ideal. Se trata de un político experto, serio, honesto y bien relacionado con Bruselas. Sea como fuere, Mario Monti gobernó por virtud de gestiones de despacho y cuando llegó el momento de la verdad y presentó a los votantes su proyecto, obtuvo una rotunda (y tal vez injusta) derrota.

¿Es imposible reformar? Como contrapunto, y por citar sólo algunos, los casos de Suecia, Finlandia, Australia, Holanda, Alemania (éste, con luces y sombras) y, sin ir más lejos, el de España al inicio de la Transición, muestran que las reformas de calado son posibles. Además, un suceso reciente ocurrido dentro de la península italiana, pero ajeno a la política, puede que tenga algo que enseñarnos sobre el espíritu y la dinámica de las reformas: la elección del papa Francisco. El nuevo papa, que se enfrenta también a una tarea compleja, empezó por renovar los gestos y siguió con las palabras. Ahora faltan por llegar los hechos; veremos qué hace y qué le dejan hacer. Pero quizá lo más importante es hasta qué punto sus reformas movilicen y motiven a su gente y generen un clima “prorreforma” en la base, que a su vez, mueva a las estructuras a avanzar en esta dirección. Ese clima es, precisamente, otro de los factores que los estudios internacionales citan como condición para realizar con éxito las reformas estructurales.

Salvando todas las distancias, puede que algo así nos viniera bien por aquí. Y tenemos dos años por delante.

Ramon Xifré Oliva es profesor de Negocios Internacionales en ESCI-UPF e investigador en el Centro Sector Público-Sector Privado del IESE.

fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/10/08/opinion/1381236231_064688.html

Por una Cataluña solidaria

Como recordara El Roto, “el sueño de la nación produce —cuando menos— exilios”. Ante las últimas resoluciones del Parlamento de Cataluña, de 27 de septiembre, se hacen indispensables ciertas reflexiones que pretenden hacer visible que, hoy en Cataluña, hay otras voces y otras alternativas a lo que, bajo la cobertura del eufemismo llamado “derecho a decidir”, es pura y simplemente la ruptura con los españoles que conviven y, posiblemente, sufren más que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña.

Pero, resulta necesario llamar la atención sobre la Declaración de Soberanía del 23 de enero de este año, que constituye su precedente.

Primero, basta ya de manipulaciones históricas. Ya sabemos lo que significó para Barcelona y Cataluña el 11 de septiembre de 1714, ¡hace más de tres siglos!, pero que no nos oculten la verdad. Manuel Vázquez Montalbán se refirió a ese acontecimiento así: “La feroz resistencia de sus clases populares encabezada por Rafael Casanova y el general Villarroel, mártires víctimas de una causa nacional perdida”. ¿Quién se acuerda de Villarroel? Y, en esa terrible fecha, los Comuneros de Barcelona, representantes del pueblo, lo animaban a soportar las consecuencias de la derrota, advirtiéndoles él que quedarían “esclavos con todos los demás españoles engañados”. ¿Dónde estaba la ruptura con España?

En dicha Declaración se atribuía exclusivamente al Estado español “la involución del autogobierno” de Cataluña. Una mentira más de los gobernantes de CiU, asumida por ERC e ICV. Por ejemplo, el proceso de destrucción del sistema sanitario público catalán, ¿es responsabilidad exclusiva del Gobierno de Rajoy? Evidentemente, no. Cuando el presidente Mas denuncia los “agravios” del Estado español, se olvida de que son peores los agravios que él y sus gobernantes han infligido a su pueblo, al que ahora trata de embaucar con delirios remotos. Su grupo parlamentario en el Congreso de Diputados apoyó las medidas más duras del PP, como el RDL 20/2011, que incluía enormes restricciones en el sector público —incluidas la educación y la sanidad— y congelación de salarios, así como cuantas medidas se adoptaron para la reestructuración bancaria y saneamiento del sector financiero en beneficio de los más poderosos. Pero, eso sí, como denunció el diputado Joan Coscubiela, el presidente Mas mantenía “un doble lenguaje” mientras “defendía los intereses de sectores económicos y lobbys catalanes y españoles”.

Mas denuncia “agravios” del Estado español, pero son peores los que él ha infligido a su pueblo

Pero aún es más reprochable en esa Declaración que no cite en ningún momento a los ciudadanos y pueblos de España, como si las mujeres, hombres y niños/as de España pudieran ser confundidos con las instituciones y normas jurídicas que los regulan. Para los firmantes de esa Declaración, España solo son el Estado español, la Constitución de 1978 y la II República. Es muy grave. Como es, igualmente irritante e injusto, que si bien el apartado 5 de la Declaración se refiere a “Europa” —luego a la Unión Europea—, se omita toda referencia a España, a la que Cataluña ha estado vinculada hace centenares de años, y, en su lugar, se haga referencia al “Estado español” como sujeto de negociaciones, al mismo nivel que las instituciones europeas o la comunidad internacional, cuando la continuidad o no de los lazos de Cataluña con España es, en definitiva, el núcleo del debate y el objetivo fundamental de la supuesta consulta. Al menos, así lo entendemos los denominados en el Estatuto “ciutadans espanyols” y, sobre todo, los ciudadanos de esa España que, indignamente, se oculta. Y, por último, en el apartado Legitimidad democrática, se dice que en el proceso que plantea se garantizará “la pluralidad de opciones y el respeto a todas ellas”, afirmación completamente falsa, que descalifica al propio proceso.

Frente a las pretensiones expuestas en dicha Declaración, hay que hacer constar que el Gobierno de CiU está incumpliendo de forma flagrante el Estatuto vigente, que “quiere proseguir… la construcción de una sociedad democrática y avanzada… solidaria con el conjunto de España…” y que quiere “desarrollar su personalidad política en el marco de un Estado que reconoce y respeta la diversidad de identidades de los pueblos de España”. Se niega a admitir que igual que había varias “Barcelonas”, también hay varias “Cataluñas” que desean convivir en paz y armonía con todos los pueblos de España.

Naturalmente que Cataluña es una indudable “realidad nacional”, pero también es cierto que esa realidad se ha fraguado, fundamentalmente en el siglo XX, por el apoyo que ha recibido constantemente de todos los pueblos de España. Cataluña es lo que es porque, tras las oleadas migratorias de dentro y fuera de España, se ha construido una “sociedad integradora” donde pueden convivir “identidades diversas”. Esta es la gran riqueza de Cataluña, como pueblo y como cultura.

Es la suma de los sufrimientos y aspiraciones de catalanes de origen y de inmigrantes, nacionales y extranjeros, que abandonaron sus tierras a causa de las políticas capitalistas que gobernaron coordinadamente las burguesías de España y Cataluña.

Esta tierra es la suma de los sufrimientos y aspiraciones
de catalanes de origen y de inmigrantes

En las resoluciones parlamentarias citadas se plantea un marco institucional inmediato, que es claramente contradictorio con nuestra Constitución democrática. Más allá de las dificultades legales que ciertamente concurren para la celebración de consultas, competencia exclusiva del Estado y que solo pueden ser consultivas, es justo reconocer que esta competencia del Estado es delegable en una comunidad autónoma pero deberá hacerlo a través de una ley aprobada por el Congreso de Diputados. En todo caso, la pretensión de los partidos soberanistas se enfrenta a un precepto constitucional esencial, porque afecta a la igualdad de todos los ciudadanos: “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”.

Ciertamente, se hace referencia a “un proceso democrático” y a un “diálogo con las instituciones del Estado para acordar las condiciones legales para el ejercicio del derecho a decidir”. Luego, se reitera “el diálogo y la negociación con el Gobierno del Estado” con el objetivo de realizar una “consulta democrática” para determinar el resultado del ejercicio de aquel derecho. Para, a continuación, argumentar, con evidente error, anticipación histórica y manipulación política, que “la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña” ha quedado expresada en la manifestación del pasado 11 de septiembre. El Parlamento de Cataluña llega, pues, a asociar derecho a decidir con independencia a partir de unos datos sociológicos, los que fueran, que en absoluto se corresponden a la libre y democrática expresión de la voluntad popular en las urnas. Por tanto, ya no estamos hablando de derecho a decidir sino, pura y simplemente, de una consecuencia, la secesión de España, que es radicalmente incompatible con la Constitución vigente.

De aquí se desprende que en la Resolución se plantee una situación de “transitoriedad jurídica” y de “estructuras de Estado” cuando, hoy por hoy y no sabemos hasta cuándo, el actual estatus institucional de Cataluña es el establecido en el Título VIII de la Constitución. Y en un Estado democrático choca que un Parlamento plantee unas propuestas con un cierto tono de provocación como cuando afirma que el deseado diálogo “no se puede eternizar”. ¿Es una velada amenaza? Y es igualmente rechazable, por la falta de respeto a otras opciones legítimas sobre las relaciones de Cataluña y España, que la pretendida “consulta” solo verse sobre “la pregunta”, dando a entender que es única y excluyente fuera de la independencia. Si fuere así, debemos rechazar y denunciar un programa tan sesgado como engañoso para los ciudadanos.

Y, para concluir, el objetivo constitucional de que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean “reales y efectivas” en el marco de una democracia avanzada —centro de la Constitución y del Estatuto vigente— ha quedado limitado a una genérica referencia a la “profundización del Estado del Bienestar”. Proclamación que, como ha sostenido SOS Racisme, está “en flagrante contradicción con las políticas económicas del actual gobierno”. Realmente, estamos ante un gravísimo retroceso histórico que, como siempre, perjudicará a las clases populares.

Carlos Jiménez Villarejo es jurista y miembro de Federalistes d’Esquerres.

fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/10/29/opinion/1383046471_311012.html

No queremos que nos desnuden

El Gran Hermano nunca lo ha tenido tan fácil. ¿Por qué? En una palabra, por la tecnología. El volumen de información privada que compartimos en nuestro smartphone y la facilidad de acceso a esos datos que tienen hoy los espías hacen que, a su lado, la Stasi sea una reliquia de la Edad Media. Por desgracia, los espías no son los únicos que “leen nuestras cartas”, por usar una expresión pasada de moda, y que siguen todos nuestros movimientos. También lo hacen periodistas británicos que pinchan teléfonos y empresas estadounidenses de Internet que devoran datos en busca de beneficios.

También basta con una palabra para decir qué bien fundamental es el que está amenazado por todos esos agentes reforzados por la tecnología: la privacidad. “La privacidad ha muerto. Hay que hacerse a la idea”, dijo una vez, por lo visto, un directivo de Silicon Valley. Pero algunos no estamos dispuestos a aceptarlo. Queremos que no nos desnuden por completo. Creemos que proteger la intimidad personal es crucial, no solo para la dignidad humana, sino también para otros dos bienes fundamentales: la libertad y la seguridad.

El problema es que la privacidad es esencial para la libertad y la seguridad pero, al mismo tiempo, está en tensión con ellas. Un ministro del Gobierno que le paga las sábanas de raso a su amante a expensas del contribuyente francés no tiene derecho a protestar cuando la prensa divulga sus vergüenzas. La libertad del ciudadano para examinar la conducta de los personajes superiores es más importante que el derecho a la intimidad del ministro. La pregunta es: ¿Dónde y cómo trazamos el límite entre lo que redunda en interés de la gente y lo que solo “interesa a la gente”? Del mismo modo, si queremos estar protegidos frente a atentados terroristas cuando vamos a trabajar, es necesario pinchar los teléfonos y leer los correos de algunos personajes posiblemente peligrosos. La pregunta es: ¿Quiénes, cuántos y con qué controles?

La conclusión principal de lo que han sacado a la luz las informaciones de The Guardian, The New York Times y otros periódicos sobre las filtraciones de Edward Snowden es que esos controles no han funcionado bien ni en Estados Unidos ni en Gran Bretaña. La NSA y el GCHQ se dedicaron a absorber demasiados datos sobre demasiadas personas particulares en demasiados países, aprovechando el margen que les otorgaban unas leyes caducas y poco específicas y una supervisión insuficiente del Congreso y el Parlamento, respectivamente. El hecho de que, al parecer, el Gobierno de Obama y el Congreso estadounidense quieran establecer ahora unos controles más estrictos y Reino Unido esté avanzando en esa misma dirección indica que algo estaba mal. ¿Tomarían estas medidas hoy si no hubiera sido por las filtraciones y la existencia de una prensa libre? La pregunta se responde por sí sola.

La NSA y el GCHQ han conseguido demasiados datos sobre demasiadas personas particulares

En las últimas semanas, el debate se ha desviado hacia el problema de los Gobiernos supuestamente amigos que se espían entre sí. Esa es otra cuestión. Si yo soy el Gobierno del país X, por supuesto que quiero que mis secretos estén totalmente seguros mientras accedo de forma clandestina a los de todos los demás Gobiernos. En la práctica, todos lo intentan. Algunos podrían alegar —y así lo hicieron los espías de los dos bandos durante la guerra fría— que, si los ministerios de Defensa de todo el mundo se miran mutuamente hasta la ropa interior, el mundo quizá acabe siendo un lugar más seguro. Parafraseando a George W. Bush, habrá menos peligro de que unos y otros se valoren demasiado.

Pero ese no debería ser el tema central de este debate. Lo prioritario es la privacidad de los ciudadanos particulares e inocentes. La libertad de prensa ha asestado un golpe a esa privacidad cada vez que los controles legales y parlamentarios no han funcionado. Ahora bien, los espías no son los únicos que aprovechan las posibilidades de las tecnologías contemporáneas de la comunicación, muy superiores a lo que pudo soñar Orwell, para violar la intimidad de las personas sin motivos legítimos. La revista satírica británica Private Eye lo resume de manera genial. Bajo el titular “La furia de Merkel por las escuchas telefónicas de Obama”, muestra una foto de la canciller alemana sujetando su móvil mientras frunce el ceño. En el bocadillo que tiene encima se lee: “¿Pero quién te crees que eres? ¿Rupert Murdoch?”.

Mientras el primer ministro británico David Cameron y los columnistas de los periódicos de Murdoch acusan al Guardian de poner en peligro la seguridad nacional, comienza el juicio de Rebekah Brooks, antigua directora del difunto diario sensacionalista de Murdoch News of the World. Los cargos se remontan a las escuchas telefónicas realizadas a particulares por periodistas que trabajaban a sus órdenes cuando era directora. Unas escuchas que no se practicaron en interés de la seguridad nacional, sino del morbo nacional y cuyo propósito era, por tanto, obtener beneficios económicos con la venta de más periódicos.

El diario de Murdoch realizó escuchas telefónicas para alimentar el morbo nacional

Por eso, aunque necesitamos una prensa libre que controle los excesos del Estado con su espionaje secreto, los británicos, en su mayoría, quieren limitar también los excesos que comete esa prensa libre. Pero no quieren dejarlo en manos de los políticos, y hacen bien, a juzgar por el reciente intento del presidente del Partido Conservador, Grant Schapps, de manipular a la BBC con vistas a las próximas elecciones generales, en mayo de 2015. Pese a ello, el miércoles presenciamos un intento torpe y anticuado de reforzar la autorregulación de la prensa británica mediante una Cédula Real aprobada en el Consejo Privado. El Consejo Privado consiste, en la práctica, en unos cuantos ministros de los partidos en el Gobierno que asisten (de pie, no sentados) al acto por el que su británica majestad se limita a decir “aprobado”. Y ya está. Si Estados Unidos tiene su magnífica, clara y sencilla Primera Enmienda, nosotros tenemos a la reina Isabel<TH>II que declara que, “gracias a nuestra prerrogativa real y nuestra gracia especial, conocimiento certero y mero gesto”, se establece “un órgano corporativo llamado Comité de Reconocimiento”. Lo único que ha hecho es crear un mecanismo para dar reconocimiento oficial a un órgano autorregulador de la prensa al que muchos de los grandes periódicos (incluidos los de Murdoch) han dicho ya que no se van a someter. Ni Washington podría hacerlo peor.

Más aún, la mera idea de regular algo llamado “la prensa” en un marco puramente nacional se está quedando anacrónica. ¿Dónde termina “la prensa” y empieza una persona que dice algo en Twitter o Facebook? Además, los datos, las palabras y las imágenes se difunden sin tener en cuenta medios ni fronteras nacionales. La UE quiere proteger mejor la privacidad de los europeos frente a los gigantes estadounidenses mediante una nueva directiva sobre protección de datos. Pero eso puede llevar a que Internet se fragmente en territorios soberanos, algo que sería del agrado de regímenes autoritarios como China y Rusia. Defender la intimidad de unos pocos podría costarnos a todos la libertad de expresión en la Red.

¿Qué solución hay? Ninguna fácil; pero al menos no perdamos de vista lo fundamental, que no es que unos Estados espíen a otros, sino la merma masiva de nuestra privacidad.

Timothy Garton Ash es catedrático de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford, donde dirige www.freespeechdebate.com, e investigador titular de la Hoover Institution, Universidad de Stanford. Su último libro es Los hechos son subversivos: Ideas y personajes para una década sin nombre.Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/10/31/opinion/1383223854_289096.html

Guerra de pobres, huelga de futbolistas

Son dos imágenes que ilustran la rabia de los franceses. Por un lado, los asalariados del matadero bretón Gad, cuyas condiciones de trabajo son tan duras como bajos sus salarios. Luchan con desesperación por salvar sus empleos. Por otro, la unión de clubes profesionales de fútbol, que ha anunciado una huelga de partidos el 30 de noviembre para protestar contra el impuesto del 75% sobre los salarios anuales de más de un millón de euros, y para “salvar el fútbol, que supone 25.000 empleos”. Por un lado, los asalariados del final de la escala social que no tienen nada más que perder. Por otro, los ricos que intentan cabalgar sobre un hartazgo fiscal real para conservar sus privilegios (...).

Puede criticarse ese impuesto del 75%, que además es inútil porque aportará unos ingresos insignificantes. Tras haber sido modificada por el Consejo Constitucional, la medida, que será retroactiva, recae sobre las empresas que contratan personal con altas remuneraciones, durante dos años y con un techo del 5% de la facturación. Los clubes dicen que con la retroactividad, los fichajes a precio de oro de hace dos años no se habrían llevado a cabo. (...) De hecho, afectará a 14 clubes de élite, y apenas salpicará a los más ricos. No importa. Desde el momento en que ese impuesto ha sido aprobado, “no hay razón para que el fútbol no participe en este esfuerzo nacional”, como dice Noël Le Graët, presidente de la Federación de Fútbol y exalcalde socialista de Guingamp.

Si al final se celebra, esta será una huelga inédita con respecto al derecho laboral (...). Y con respeto a los que luchan por sobrevivir es, sobre todo, indecente.

París, 25 de octubre.

fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/10/26/opinion/1382819390_320094.html

Formatos publicitarios

La publicidad y los medios se necesitan. Estos son una plataforma para su comunicación y la primera es un ingreso vital para aquellos que son de acceso gratuito o cuyo precio es inferior a los costes de producción. Pero ambos se dirigen al lector y es fundamental una cohabitación amigable entre contenidos y publicidad para no provocar el rechazo de su destinatario, algo que sucede cuando, centrándonos en el caso de los sitios digitales, se trata de una publicidad intrusiva. La percepción de la publicidad digital por parte de los internautas es objeto de periódicos estudios con resultados dispares. Adobe, un caso, en una encuesta de este año que no incluye España, aseguraba que un 68% de los internautas estadounidenses consideran molesta la publicidad digital, un porcentaje que bajaba al 39% en Japón.

Sin embargo, según otra encuesta de este año en Francia, de Netbooster y Axance, únicamente un 13% de internautas declara aceptar pagar por acceder a un sitio sin publicidad y apenas un 27% desea la ausencia total de publicidad de un sitio al que están abonados.

Con respecto a este diario, recibo esporádicamente quejas sobre determinados anuncios en el soporte digital. Una muy concreta señalaba que se disparaba el sonido de un anuncio sin que el lector hubiera realizado ninguna maniobra de navegación tendente a activarlo.

Trasladé la misma al Departamento de Publicidad y revisaron los mensajes aludidos para cancelar esta intrusión sonora. Se trata de un formato publicitario no permitido en las condiciones técnicas que se presentan a los clientes y que deben respetarse en la arquitectura del anuncio.

Otra cosa, como había sucedido, es que un error hubiera permitido su emisión que, tengo constancia de ello, se subsanó. Otro lector advirtió la existencia de un anuncio desplegable que no presentaba la opción de cierre. También se trata de un formato no admitido por el diario.

El sonido de un anuncio digital no puede dispararse por defecto

Es de común interés, tanto por parte de quien presenta los contenidos como por parte de quien contrata un anuncio, que la legítima aspiración de visibilidad del segundo no se haga a costa de la recepción de los primeros porque ello, a no muy largo plazo, conduciría al abandono del lector y penalizaría a ambos. El Departamento de Publicidad me ha trasladado la exhaustiva documentación sobre formatos que rige la contratación publicitaria en el soporte digital. Se trata de condiciones técnicas detalladas que buscan el objetivo mencionado. Ello no cancela críticas de lectores sobre la permanencia de determinadas soluciones publicitarias y de clientes que desearían para sus creatividades permisos más indulgentes, de hecho, ha habido cancelaciones de campañas por este motivo. No todo está permitido y se restringe la publicación de fórmulas que puedan resultar altamente perturbadoras.

Sin ir más lejos, esta semana, se ha cancelado una campaña que presentaba un anuncio en la edición digital que empleaba una tipografía muy cercana a la usada para los contenidos periodísticos y podía inducir a confusión, aunque iba claramente etiquetado como publicidad, sobre su origen comercial y no redaccional.

Sin entrar en todos sus aspectos, y en favor de la transparencia, transcribo algunas de las condiciones que se exigen para los formatos contratados más debatidos.

En el caso del llamado Interstitial, formato de una sola pieza flotante ocultando contenido de la página, deben incorporar el icono de cierre, opción que deben presentar este tipo de anuncios desplegables. No se puede capturar ni modificar el ratón del usuario —una exigencia presente en todos los formularios— y el anuncio no puede permanecer más de 10 segundos.

En la careta, un formato de despliegue que ocupa parcialmente la pantalla, y para un mismo anuncio, el citado despliegue se produce la primera vez que se acude a la página no permitiéndose las siguientes veces que se regresa a la misma.

En la publicidad que se inserta antes del visionado de un vídeo debe aparecer, a los siete segundos, la opción de ir directamente al contenido sin que forzosamente deba terminarse el visionado del mencionado anuncio. El vídeo debe presentar los comandos de pausa y activar / desactivar el sonido.

Las caretas publicitarias deben presentarse mudas por defecto y el sonido únicamente ha de activarse si se interactúa con ellas.

Por regla general, en los casos de anuncios con Flash o animación con determinadas técnicas se limita el peso de la creatividad para evitar que ocupe más del 30% de la CPU del ordenador del usuario, calculando que se trata de una máquina con 4 gigas de RAM y sin aceleración gráfica.

Otro episodio que se ha producido y que no tiene nada que ver con lo reseñado hasta ahora, son quejas de lectores por la obscenidad gráfica de algunos anuncios, algunas veces en inglés, que acostumbran a promocionar productos supuestamente milagrosos de adelgazamiento o sitios pornográficos. Cuando se han recibido quejas por ello, se ha revisado la cartera publicitaria y no se ha detectado que fueran anuncios contratados por el diario.

Sin poder estudiar la máquina del lector por parte de los técnicos, no se descarta como explicación en estos casos la existencia inadvertida en la misma de un programa malicioso, adware, que incrusta este tipo de mensajes en los espacios publicitarios de la página sin que en ello intervenga la distribución publicitaria de este diario.

El caso más extremo fue el testimonio de dos lectores, uno en México y otro en España, en cuyos móviles, con sistemas operativos distintos, al entrar en la web del diario se desplegaba un anuncio que dirigía a un sitio de pornografía e impedía la navegación por el diario. Es más, si conseguían cerrarlo devolvía la página que se había consultado antes de acceder al sitio del diario. Obviamente se trataba de un tipo de injerencia publicitaria que lesionaba gravemente los intereses del lector y también los del propio diario en la medida que impedía su acceso y consulta por parte del lector de la edición digital.

Aunque el problema, según indicó uno de los lectores, ha desaparecido no se ha podido establecer con certeza un diagnóstico de la causa.

La publicidad digital tiene un peso creciente en el mercado informativo. Según la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), mientras los diarios en papel ven reducida su factura publicitaria, las cabeceras digitales de los grandes grupos han elevado la misma, aunque sin llegar al volumen de ingresos de la primera.

Ello no ha de suponer, en beneficio de todos, que los medios no fijen una disciplina en la gestión de los formatos. Recuerdo hace años, en algunos sitios digitales, imágenes publicitarias que se paseaban por encima del texto informativo sin control posible por parte del lector internauta. Su mayoritaria desaparición, supongo que por los nocivos efectos sobre la marca anunciante, demuestra que es posible la citada cohabitación amigable.

fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/10/25/opinion/1382718131_788522.html

El cadáver estaba muerto

Lo publicó un diario madrileño el 1 de junio: “Ayer por la mañana se practicó la autopsia al cadáver del fallecido”.
Realmente nos dejaba ya muy tranquilos saber por esa frase que las autopsias se les practican a los cadáveres, pero todavía nos quedamos más a gusto cuando supimos que esos cadáveres están muertos.
El genio del idioma no quiere que se diga con dos palabras (o más) lo que se expresa a la perfección con una. Y eso encuentra una explicación en la máxima de relevancia que definió el filósofo de la lengua inglés Paul Herbert Grice (1913-1988).
La máxima de relevancia constituye una de las reglas de cualquier conversación en la que dos interlocutores intentan entenderse. Y consiste en que todo lo que cuentan ha de ser relevante (adecuado, pertinente) para la idea que desean transmitir. Lo superfluo queda eliminado antes de pronunciarse, y así se añade significado a la individualidad de cada término. Si una palabra está presente, será por algo: tendrá un sentido propio, igual que las demás.
Y como el buen estilo y la buena comprensión tienden a la economía de vocablos, ningún término puede resultar gratuito. El receptor entenderá siempre que si una palabra figura en una oración, es porque añade significado. Y si no lo añade, dificulta el entendimiento o engaña (a menudo sin que exista esa intención).
Por ejemplo, el 28 de junio a las 8.42 se pudo oír en una emisora española que narraba el encarcelamiento de Luis Bárcenas: “Le tomaron las huellas dactilares de los dedos de sus manos”. Lo cual da a entender que a veces las huellas dactilares se toman de algún otro lugar del cuerpo.
Y si contásemos que las calles de la ciudad se hallaban cubiertas de “nieve blanca”, entonces la máxima de relevancia nos invitaría a pensar que existe nieve de cualquier otro color. Ahora bien, supongamos que estamos escribiendo un cuento infantil en el que deseamos transmitir la idea de que la acción se desarrolla en un mundo irreal: los trigales serían azules, los mares amarillos, el carbón rosa y los renuevos negros. En ese caso sí podríamos narrar a continuación que, una vez ocurrido determinado fenómeno (el beso de un príncipe, sin ir más lejos), todo se tornó real, y nos volvimos a ver rodeados de carbón negro, mares azules, trigales amarillos, nieve blanca y brotes verdes.
La redundancia de significado no relevante (es decir, con palabras prescindibles) se denomina “pleonasmo”, vocablo procedente del griegopleonasmós (“sobreabundancia” o “exageración”). Como sucede con el colesterol y con las amistades, hay pleonasmos buenos y pleonasmos poco recomendables. Los buenos añaden expresividad, ironía… algo: “Cállate la boca”, por ejemplo. Y los pleonasmos malos no suelen añadir nada: “El estadio estaba completamente abarrotado”, “es totalmente gratis”, “vio un falso espejismo”, “se aprobó con la unanimidad de todos los grupos” (ejemplos extraídos de los periódicos).
La política y el periodismo abundan en pleonasmos malos. Y queríamos llegar hasta aquí para preguntarnos si la abundancia de pleonasmos no implicará que algunas personas están dejando de creer en la fuerza de muchas palabras y en sus significados redondos; y si eso explicará tal vez el desmedido uso del adverbio “absolutamente” entre quienes hablan en público: estamos absolutamente felices, absolutamente decididos, absolutamente seguros. Quienes se expresan así imaginan acaso fisuras en las palabras más sólidas; o quizás esos vocablos se les han desgastado por su desempeño falso y artificial. Un político que dice “vamos a resolver este difícil reto” está dejando de creer en la palabra “reto”, de tanto manosearla. Quizás él tenga la impresión de que un reto puede ya parecernos fácil; pero en tal caso nos encontraremos todos dentro de un cuento donde nacen brotes por cualquier parte y donde la crisis se presenta como un desafío que se resuelve en un periquete.
Dentro de un cuento infantil o dentro de algún que otro programa electoral.
fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/10/25/opinion/1382729810_875876.html