domingo, 22 de septiembre de 2013

El PSOE duda de la constitucionalidad de la reforma de las pensiones

El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Valeriano Gómez, ha insistido este martes en que los socialistas no apoyarán la reforma del sistema de pensiones que propone el PP y han puesto en duda que respete la Constitución. Según ha explicado el portavoz socialista Valeriano Gómez, la propuesta del Gobierno no garantizar el poder adquisitivo de las prestaciones, lo que choca contra el “diseño constitucional” del sistema, que indica que “las pensiones deben ser actualizadas periódicamente”, ha recordado.
“Los que diseñaron nuestra Constitución pensaban que al pensionista, que desde muchos puntos de vista es una persona indefensa porque no puede adaptar su situación, se le debe garantizar un horizonte de ingresos, y eso se hace no sólo manteniendo la cuantía sino también actualizándola periódicamente pero no según cómo estén las cuentas de la Seguridad Social, que se pueden modificar con la acción del Gobierno, sino según suba el coste de la vida", ha recordado el socialista.
Sin embargo, ha añadido Gómez, la fórmula de revalorización planteada por el Ejecutivo no garantiza que se mantenga el poder adquisitivo. Según ha comentado, "puede haber años concretos" en los que las pensiones no se actualicen por la coyuntura económica, como ocurrió en 2010 —cuando el PSOE las congeló— o en 2012 —cuando el PP las incrementó pero por debajo del IPC—, pero eso no se puede mantener en el largo plazo porque lo fundamental es "garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas en el largo plazo".
En declaraciones a la Cadena Ser, el exministro de Trabajo ha reiterado que el PSOE no está de acuerdo con el nuevo índice de revalorización de las pensiones del Ministerio de Empleo, que se desvincula de la inflación y tiene en cuenta los ingresos y gastos del sistema y la coyuntura económica, con un suelo de subida del 0,25% y un techo del IPC más el 0,25%. "Si se mantiene esa fórmula de revalorizar las pensiones no estaremos en el juego, no estamos de acuerdo. La Seguridad Social no lo necesita ni lo deben sufrir los pensionistas", ha dicho. El propio Gobierno ha cifrado el ahorro hasta el año 2022 en 30.000 millones de euros "que pagarán todos los pensionistas, a costa de ver reducida la cuantía de su pensión", en opinión de Gómez.
Por estos motivos, el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez-Rubalcaba, ha declarado a través de un post en una red social que “si el Gobierno se sale con la suya, para los pensionistas lo peor de la crisis está por llegar”. “Han hablado de un ahorro de 33.000 millones de euros en pensiones, ocultando que para quienes los van sufrir no son ahorros, sino recortes puros y duros”.
"La fórmula es una excusa para que el Gobierno no tenga que decir en cada momento cuánto quiere subir o bajar las pensiones", ha insistido Valeriano Gómez. Por eso, el principal partido de la oposición recoge en su propuesta alternativa la posibilidad de hacer uso de la "gran bolsa de reserva generada durante el periodo de auge", y que actualmente cuenta con unos 65.000 millones de euros, para "afrontar los desfases de las cuentas de la Seguridad Social" durante al menos "cinco o seis años”.
Entre otras alternativas, los socialistas sugieren bajar las cotizaciones por incapacidad temporal, y subir las de contingencias comunes, que se quedan cortas. Asimismo, ha añadido que "se pueden destopar las cotizaciones de los salarios más altos, lo que producirá más ingresos en un primer momento aunque más adelante conllevará más gastos" porque darán lugar a pensiones más elevadas. Como tercer ejemplo, Gómez ha mencionado que se puede ir incrementando, en un horizonte de dos o tres décadas, la aportación de los Presupuestos a la Seguridad Social para cubrir algunos gastos, como ocurre en el sistema francés.
La propuesta del Gobierno tampoco gusta entre el resto de la oposición. Desde el PNV, su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha acusado al Ejecutivo de estar obsesionado en decir que las pensiones subirán siempre cuando, a su entender, "está claro que no será así".
“Dadas las situaciones económicas y sociales de las actuales y de las próximas décadas" el sistema de Seguridad Social "tiene que retocarse y repensarse para que pueda ser duradero en el futuro", pero hablando con claridad. "Si ésta es la solución que se aplica no se puede decir a la opinión pública cosas que no son ciertas", ha zanjado.

Sostenibilidad no es cuasi-congelación

El Gobierno ha presentado su propuesta sobre el Factor de Sostenibilidad. Se basa en el informe del grupo de expertos conocido en junio. La propuesta tiene dos elementos clave. El primero es lo que aquel grupo —del que formé parte— denominó el Factor de Equidad Intergeneracional. Su objetivo es tratar igual a personas que se jubilen con la misma edad y con el mismo historial laboral pero pertenecientes a generaciones con diferente esperanza de vida. Este factor, similar al de otros países de nuestro entorno, no ha generado mucha controversia. Parece razonable que un trabajador con mayor esperanza de vida, para recibir el mismo montante total en pensiones durante toda su jubilación, reciba un poco menos cada año.
El segundo factor, el que determina la actualización anual, es el que está generando polémica. La propuesta inicial, aunque de formulación muy compleja, consiste en fijar una restricción presupuestaria que básicamente aseguraba que a lo largo de un ciclo económico los ingresos del sistema tienen que ser suficientes para financiar el gasto en pensiones. Deja en manos del Parlamento decidir qué regla de revalorización quiere para sus pensionistas, y lo único que tiene que hacer es asegurarse los recursos suficientes para financiarla. Creo que nadie puede estar en contra de esto. Un sistema de pensiones de reparto no puede repartir lo que no tiene.
La regla elegida por el Gobierno asegura que, aunque los ingresos no sean suficientes para financiar los gastos, las pensiones deben subir al menos un 0,25%. El problema surge porque sabemos que el sistema actual difícilmente tendrá superávits en el futuro. Una vez superada la crisis económica empezaremos a sufrir las consecuencias del envejecimiento donde se jubilarán las cohortes más grandes y con una mayor esperanza de vida. Y esto quiere decir que si no se hace nada estamos condenando a los pensionistas a una cuasi-congelación del 0,25% de las pensiones con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. Sabemos que un periodo de congelación de las pensiones largo lograría el ansiado equilibrio presupuestario. Pero ¿tiene esto algún sentido? Esta vía no parece muy razonable, condenaría al jubilado a reducir su consumo cuando es probable que con la edad, al empeorar la salud, requiera más cuidados y atenciones.
La sostenibilidad se debe conseguir con reformas. Bien con medidas que contengan el gasto como, por ejemplo, considerando toda la vida laboral para el cómputo de la pensión o retrasando la edad de jubilación. O bien con medidas que aumenten los ingresos. Para conseguirlo no sería buena idea subir las cotizaciones, pero se podían usar otros impuestos como el IVA o alternativamente que los Presupuestos financiaran las pensiones de viudedad, como hacen con los complementos a mínimos.
En definitiva, la propuesta del Gobierno puede ser útil al introducir transparencia y establecer unas reglas claras. Pero no se puede dejar en manos del cumplimiento de una restricción presupuestaria la sostenibilidad de las pensiones, eso llevará a una pérdida paulatina e injusta del poder adquisitivo de nuestros pensionistas.
José Ignacio Conde-Ruiz es subdirector de Fedea y profesor de la Universidad Complutense.


La pérdida de poder adquisitivo obstaculiza el pacto de pensiones

La reforma de las pensiones es el debate social más importante que tiene planteado la sociedad española”, ha declarado con solemnidad la ministra de Empleo, Fátima Báñez, “estamos trabajando para lograr el mayor consenso posible”. Pero este objetivo corre un serio riesgo. La propuesta que Báñez presentó el lunes a sindicatos y empresarios, sin otras medidas, acarrea pérdidas de poder adquisitivo para todos los pensionistas —presentes y futuros— al menos en los primeros años de vigencia, salvo que las previsiones económicas no acierten o crezcan mucho los ingresos de la Seguridad Social. “No era necesario poner sobre la mesa la fórmula de revalorización anual, dificulta mucho el acuerdo”, analiza Carlos Bravo, responsable de pensiones de CC OO.
Este sindicalista se refiere a la primera parte de la propuesta de reforma del Gobierno: los cambios en la forma en que se actualizarán las pensiones, que dejarán de estar ligadas —al menos legalmente— a los precios ya desde 2014 y, en consecuencia, afectará tanto a pensionistas presentes como futuros. Su opinión es compartida por su homóloga de UGT, Carmen López, y por la mayor parte de grupos políticos: llegar a un pacto con un calendario apretado es muy difícil si hay que redefinir la fórmula de actualización anual de las pensiones. “La Constitución obliga a mirar siempre al poder adquisitivo. El modelo actual es válido”, defiende Valeriano Gómez, del PSOE, pese a que en 2011 y 2012 se suspendió y las pensiones se devaluaron. “Solo dos veces en 20 años”, justifica.
Quien no ve ninguna posibilidad para el pacto es Joan Coscubiera, portavoz de Izquierda Plural. “Impugnamos que sea necesaria esta reforma. Los problemas tienen que ver con el mercado laboral. La propuesta de actualización anual es un fraude”.

Un formato de negociación diferente

Las conversaciones entre Gobierno y sindicatos para pactar esta reforma de pensiones van a correr de forma paralela a su tramitación parlamentaria, algo muy diferente de lo que sucedió en 2011, cuando se acordó el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años. “Esta vez no se va a hablar de una reforma integral de la Ley General de Seguridad Social, como entonces”, justifica el secretario de Estado, Tomás Burgos, “esta vez es un desarrollo de la reforma de 2011, nos parece un mecanismo adecuado, incluso podríamos entender que con el pacto de entonces teníamos cobertura”.
El Gobierno quiere que la reforma esté lista ya en 2014 y eso implica que antes de que acabe este mes debe estar listo el primer borrador para enviarlo al Consejo Económico y Social, y poco después el proyecto de ley. A tenor del calado de los cambios previstos, estos plazos se antojan insuficientes para alcanzar cualquier tipo de pacto con sindicatos y oposición y, por tanto, las negociaciones tendrán que continuar durante la tramitación parlamentaria si, como ratifica Burgos, el Ejecutivo quiere una reforma pactada.
Para cambiar la fórmula vigente, Báñez ha planteado una ecuación que se basa en la salud de las cuentas de la Seguridad Social. Parte del informe que una docena de expertos elaboraron en primavera, que también ligaba la pensión inicial del jubilado a la esperanza de vida en el momento del retiro, pero le pone límites: el incremento nunca podrá ser menor del 0,25% ni mayor del 0,25% más el IPC. “Es evidente que el sistema actual crea desajustes. Proponemos un modelo a largo plazo, y ahí sí que se garantiza el poder adquisitivo”, defiende el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos.
Pero estudiosos del sistema de pensiones, oposición y sindicatos discrepan de las palabras de Burgos. “Claro que con esa fórmula se pierde poder adquisitivo”, defiende Javier Díaz-Giménez, profesor del IESE y partidario de una reforma sustancial del sistema. Como él piensan todos de expertos consultados para este artículo, incluso entre los que integraron la comisión de expertos a los que el Gobierno encargó la redacción del informe. Los hay que incluso, teniendo presentes las perspectivas económicas para España, apuntan que en los próximos siete u ocho años, la subida de pensiones quedará siempre en el 0,25% y, en cambio, los precios subirán bastante más.
“Sí, claro que hay pérdida de poder adquisitivo. Y la subida en años buenos del 0,25%, no es suficiente para compensar los años malos”, analiza López, de UGT, quien define la propuesta oficial como desequilibrada.
“Esta propuesta nos genera rechazo y preocupación”, explica el portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo, “esta actualización anual genera injusticia a largo plazo”. También CiU sitúa el listón en este punto. “Se tiene que garantizar el poder adquisitivo. Hay que buscar opciones alternativas en los ingresos”, demanda Carles Campuzano, que apunta a cambios en viudedad.
Para evitar la devaluación de las pensiones, las dos centrales mayoritarias preparan estos días alternativas que aumenten los ingresos de la Seguridad Social. Quieren equilibrar la ecuación basada en la salud de las cuentas del instituto público, ahora en números rojos y que no cambiará de no mediar un giro radical —e inesperado— en el mercado laboral, y prolongar la vida del Fondo de Reserva, cuyos recursos se están gastando ahora para pagar las pensiones actuales. El objetivo lo define Bravo: “Podemos discutir si medimos el poder adquisitivo con el IPC, los salarios o el PIB. Pero lo que está claro es que cuando un pensionista muera no puede tener un poder de compra menor que cuando se retiró”.
“El problema está en que hacen falta ingresos y todo lo que no sea reconocer eso, es no querer afrontar el problema”, explica Felipe Serrano, de la Universidad del País Vasco. Algo similar venía a decir aquel informe primaveral, que abría la puerta a la aportación de recursos adicionales al sistema de pensiones y que contenía una fórmula de actualización anual de las pensiones a la que Empleo ha puesto suelo y techo porque daba “lugar a grandes oscilaciones”, explica Burgos y corroboran varios expertos que han realizado simulaciones con años pasados (se dan incrementos cercanos al 6% en años buenos y caídas en torno al 5% en los malos).
“Estamos dispuestos a escuchar propuestas en esa dirección”, explica Burgos, que señala que podrían aumentar las bases máximas de cotización. En cambio, cierra la puerta a cambios en la otra parte de la propuesta, la que liga la prestación inicial a la esperanza de vida. El PSOE, en cambio, pide cambios en este punto: “La esperanza de vida no tiene por qué afectar solo a la pensión, también puede afectar a la edad o el número de años necesarios para calcular la pensión”.

Campuzano (CiU) ha alertado hoy del "riesgo" de "empobrecer a los pensionistas"

El diputado de CiU Carles Campuzano ha alertado hoy del "riesgo" de "empobrecer a los pensionistas" que supone la reforma que propone el Gobierno, y ha considerado "significativo" que no se distinga entre las pensiones más altas y las más bajas, ya que todas son afectadas de la misma manera.
En una entrada publicada hoy en su blog, el diputado nacionalista, portavoz en materia de pensiones, recuerda además que la fórmula del Gobierno del factor anual de revalorización es "inédita" en el mundo e insta a ser "prudentes con determinados experimentos".
Añade que el sistema vigente ha funcionado de manera "razonable", ya que ha protegido a los pensionistas de los incrementos de los precios, y ha hecho posible que estuvieran más amparados ante la crisis que comenzó en 2008.
Además recuerda que los pensionistas, a diferencia de las personas en edad activa, tienen un margen muy escaso para tomar decisiones que les permitan adaptarse a una situación de crisis y su pérdida de ingresos no puede ser prácticamente compensada por ninguna decisión que puedan tomar.
Según Campuzano, que la actualización periódica de las pensiones incorpore no sólo datos reales sino también proyecciones económicas introduce "incertidumbre e inseguridad", y hace desaparecer el supuesto automatismo de la fórmula, ya que incorpora una variable decidida anualmente por la ley de presupuestos.
Asimismo llama a "no confundir" los problemas de hoy, que fundamentalmente tienen que ver con un alto nivel de desempleo y la correspondiente caída de la afiliación a la Seguridad Social, con el reto estructural que supone el inicio del periodo de jubilación de los "babby boomers", a partir de la próxima década.
Cuando se presentó en Consejo de Ministros el pasado día 13 la propuesta del Gobierno, Campuzano advirtió de que veía "difícil" el acuerdo.
La reforma se centra en aplicar el factor de sostenibilidad al sistema de pensiones, lo que supone adecuarlas a la esperanza de vida y que dejen de revalorizarse con el IPC, por lo que subirían un 0,25 % en épocas bajas de crecimiento y el 0,25 % más el IPC en las de bonanza.

La reforma devaluará en unos 1.500 euros anuales la pensión media

La pérdida de poder adquisitivo acumulada en seis años por los pensionistas será de más de un 10% si la inflación se sitúa en torno al 2% de media anual

El Gobierno se ha quedado muy corto al evaluar cuánto reducirá el gasto en pensiones con la reforma que acaba de plantear. En el anteproyecto, difundido este lunes, el Ministerio de Empleo calcula que se ahorrará unos 33.000 millones en nueve años. Pero, para llegar a esa estimación, la Seguridad Social supone que la inflación solo será del 1% anual en ese periodo, una hipótesis que contrasta con la realidad de los últimos años. Con parámetros más ajustados, la cuenta se eleva de forma notable: si se toma una inflación del 2%, la utilizada por el Banco Central Europeo en toda la zona euro, el recorte entre 2014 y 2022 rondaría los 70.000 millones, más del doble que la estimación oficial. Y si en los cálculos del Ejecutivo se sustituye el 1% anual de inflación por el 3%, que ha sido el promedio de IPC en España desde el arranque de la zona euro, la reducción sobrepasaría de largo los 110.000 millones.
Este ahorro para las arcas de la Seguridad Social se traducirá en un recorte del poder adquisitivo de los pensionistas. La prestación media de un jubilado, según el último dato publicado, asciende a 13.746,88 euros al año, repartida en 14 pagas de 981,92 euros. Con la estimación del Gobierno (inflación del 1%), la pensión de 2019 será 638 euros inferior a lo que sería si no se aplica la reforma. Si la inflación en los próximos seis años se situara en el 2% anual, la devaluación acumulada en el mismo periodo equivaldría a 109 euros mensuales, unos 1.527 euros en todo el año. Con el 3% de inflación, lo perdido por los pensionistas llegaría a 2.460 euros, más de 175 euros en cada paga.
El recorte real del gasto puede duplicar la estimación oficial
La reforma que plantea el Gobierno tiene dos patas: cambiar la fórmula de actualización anual de las pensiones, ligada ahora al IPC, y relacionar la cuantía de la pensión con un nueva variable, la esperanza de vida a los 67 años. Ambas propuestas confluyen en el mismo objetivo, frenar el aumento del gasto en pensiones. Sin embargo, solo el primero, que entraría en vigor el próximo año —el parámetro ligado a la esperanza de vida no se incorporará hasta 2019— es el que influye en el recorte estimado hasta 2022.
Desde 1998, para actualizar las pensiones, se aprobaba cada año una subida anual, equivalente a la inflación esperada, anclada al 2% anual. Y si, en noviembre del ejercicio en curso, el IPC superaba ese porcentaje, se compensaba a los pensionistas. Las excepciones han llegado en los últimos años, cuando la crisis empezó a hacer estragos en las cuentas de la Seguridad Social. En 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero las congeló. Para 2012, Rajoy limitó la subida al 1% anual y se saltó la compensación por la inflación en noviembre. Para este año, el incremento inicial quedó en el 2% para los que cobran menos de 1.000 euros al mes (el 70% de los pensionistas) y el 1% para el resto.
Los años de bonanza no servirán para recuperar todo lo perdido
La reforma plantea sustituir el sistema vigente por una fórmula, elaborada por un comité de expertos, que vincula las subidas de las pensiones a los ingresos (cotizaciones) y gastos (pensiones) del sistema. A ese índice el Gobierno ha incorporado dos topes: un suelo (una subida del 0,25%) en el caso de que la fórmula refleje que los ingresos no son suficientes para financiar los gastos; y un techo (inflación más 0,25%), para cuando el sistema arroje superávit.
Las cuentas del Gobierno dan por hecho que el índice de revalorización reflejará una situación de déficit hasta, al menos, 2018. Es una estimación coherente con una economía que refleja tasas de paro superiores al 20% desde 2009, un desempleo que, según la previsión del propio Ejecutivo, no bajará del 25% hasta 2018. Y, en paralelo al descenso de cotizaciones, el número de pensionistas no dejará de crecer. Solo en 2022, según Empleo, la fórmula empezará a reflejar mejores ingresos.
Ese escenario lleva al Ejecutivo a aplicar el límite inferior de revalorización previsto (un incremento del 0,25%, poco más que una congelación de pensiones), o una cifra muy similar, en seis de los nueve años previstos. Es en ese periodo (2014-2019), donde se concentra el grueso de la reducción, que el Gobierno calcula por comparación con lo que subirían las pensiones “en ausencia” de los cambios introducidos. Es aquí donde Empleo da por hecho que, sin la reforma, las pensiones subirían un 1%. Y que el recorte viene dado por ese 0,75% de diferencia que se dejarían de aumentar las pensiones. Sobre el gasto total en pensiones, esa menor subida se traduciría en un ahorro de 809 millones en 2014, que se iría acumulando en ejercicios posteriores (incide también el aumento de pensionistas) hasta alcanzar los 33.000 millones hasta 2022.
La elección de ese incremento teórico del 1% para calcular cuánto ahorrará con la reforma se basa en que esa ha sido la subida aprobada por el Ejecutivo del PP para la mayoría de pensiones en los dos últimos ejercicios. En 2012, esa decisión llevó a una notable pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas (la inflación de noviembre fue del 2,9%). Este año, es muy probable que la inflación ronde ese 1%, pero será consecuencia de una combinación de factores (tasa de paro en máximos, actividad económica muy débil, subidas de impuestos como la del IVA dejan de pesar en el IPC) muy difícil de repetir. De hecho, en los últimos 14 años, solo en un mes de noviembre, el de 2009 (el año de la Gran Recesión), el IPC español se situó por debajo del 1%. El promedio de inflación en ese periodo es del 2,9% anual. Ni siquiera en la zona euro, habitualmente menos inflacionista que España, ese 1% es habitual: el promedio en el mes de noviembre desde 1999 se sitúa en el 2,1%.
Además los topes incorporados por el Gobierno a la fórmula que elaboraron los expertos dificultan la recuperación de poder adquisitivo perdido. Si la diferencia entre inflación y subida de la pensión es del 0,75%, como plantea el Gobierno (un IPC del 1% en comparación con tope mínimo del 0,25%), la pérdida de poder adquisitivo de un año malo solo se recupera cuando se suceden tres años buenos, pues lo máximo que puede subir la pensión es la inflación más 0,25%.
Con una estimación del IPC más cercana a lo ocurrido en los últimos años, el tiempo para recuperar el poder adquisitivo que pierden los pensionistas se eterniza. Una merma del 1,75% (inflación del 2%, tope mínimo del 0,25%) en un solo año malo requiere siete años buenos para compensar lo perdido. Si esa merma es del 2,75% (inflación del 3%), harían falta 11 ejercicios con superávit de ingresos para compensar un solo año malo. Las pérdidas de poder adquisitivo que anticipa el Gobierno hasta 2019 con la aplicación de su reforma exigirían entre 18 años (con una inflación del 1% hasta 2022) y 71 años (si el IPC es del 3%) consecutivos de superávit de ingresos en el sistema de pensiones. Otra evidencia más de que la simple aplicación de esta reforma, sin propuestas adicionales, lograría el objetivo de frenar el gasto en pensiones a expensas del poder adquisitivo de los jubilados.

Estas pensiones necesitan más ingresos

La recaudación del sistema rondará el 10% del PIB en las próximas décadas, el gasto sube al 14%

“Esta reforma abre el debate sobre los ingresos del sistema”, declaraba el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, esta misma semana. Y parece que sindicatos, oposición y estudiosos del sistema de pensiones le han tomado la palabra.
En el horizonte de todos, también del Ejecutivo, hay dos cifras: los ingresos del sistema, tal y como está diseñado en la actualidad, difícilmente superarán en las próximas décadas el 10% del PIB; los gastos, por su parte, se pueden acercar al 14% (la media de los países de la eurozona) cuando el envejecimiento previsto para las próximas décadas en la sociedad española alcance su cénit. También están muy presentes los números rojos actuales —llegarán a 35.000 millones entre 2012 y 2014— relacionados directamente con la recesión que vive España desde 2011.
Burgos hablaba de ingresos cuando defiende la reforma que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa estos días, pero en ella no hay ninguna medida para elevarlos. Él y su superior inmediata, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se declaran dispuestos a abordar el asunto si alguien se lo propone “por escrito”. Entretanto, y si esto no se concreta en el anteproyecto de ley, hay dos vías de ajuste, que, como señala José Antonio Herce, de AFI, “tienen la potencialidad de corregir por sí mismo el déficit del sistema”. Aunque, como a continuación admite este estudioso del sistema, esto se hace a costa de una importante pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas.
En el informe que el Ministerio de Empleo ha remitido al Consejo Económico y Social, el recorte ascendía a 33.000 millones de euros acumulados hasta 2022. Aunque lo cierto es que este cálculo está hecho sobre una inflación del 1%. Si, como es probable, el IPC se va más allá en esos nueve años, el recorte para los pensionistas —ahorro para la Seguridad Social— puede aumentar mucho. Hasta el punto de que con una inflación del 2%, la pérdida de poder adquisitivo puede llegar a suponer unos 1.500 euros menos al año para un pensionista que perciba la pensión media.
Sin nuevas vías de ingresos, el ajuste recaerá en el poder adquisitivo de los pensionistas
Para la mayoría de expertos consultados para este reportaje, así como para los sindicatos y la oposición, evitar esta devaluación pasa por buscar otras vías de financiación para las pensiones.
El objetivo sería cerrar esa brecha entre unos ingresos estables en torno al 10% del PIB (porcentaje no superado ni en los años buenos como 2008) y unos gastos que, conforme llegue a la edad de la jubilación la generación del baby boom, crecerán hasta llegar a casi un 14% en torno a 2050.
“Todo el mundo sabe que la alternativa pasa por subir los ingresos”, apunta Felipe Serrano, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco. Serrano, como Herce, y como Javier Díaz-Giménez, del IESE, reprochan a partidos políticos y agentes sociales que no hablen abiertamente de que el sistema necesita una reforma porque, en su opinión, sin cambios no es viable en el futuro. Díaz-Giménez lo resume así: “Creo que nunca he visto un divorcio tan grande entre lo que piensan los expertos y lo que dicen los políticos”.
En las antípodas de esta posición se sitúan UGT e Izquierda Plural. El sindicato reclamó su retirada y la coalición política califica de fraude esta reforma. También CiU la rechaza de plano y pide distinguir los problemas actuales de los nubarrones demográficos futuros. No obstante, también estas formaciones piden más dinero —y no solo el que llega por las cotizaciones— para las pensiones futuras.
Para aumentar los ingresos, Serrano, de la UPV, lanza una serie de propuestas que, en buena medida, podrían corregir ese desfase teórico de unos cuatro puntos del PIB a largo plazo. Aunque levantarían ampollas. La primera pasa aumentar las cotizaciones que los trabajadores pagan a la Seguridad Social. Ahora, entre trabajadores y empresarios se paga una cuota para pensiones que equivale al 28,3% del coste laboral total (salario, cotizaciones e IRPF). Para no perjudicar a la competitividad, Serrano habla de incrementar la parte que pagan los trabajadores, ahora 4,7 puntos de esos 28,3, lo que acabaría por traducirse en una reducción del sueldo neto. “Es una de las aportaciones más bajas de Europa y hay margen”, defiende.
Se baraja aportar más a la Seguridad Social o que el Estado pague algunas pensiones
También CC OO y el PSOE han planteado aumentar los ingresos por cotizaciones, aunque no de la misma forma. Los primeros la proponen de forma provisional y de una forma compartida entre empresarios y asalariados. Quieren evitar que el Fondo de Reserva se agote rápido, y defienden su posición pese a que son conscientes de que así se castigaría al empleo en una coyuntura muy difícil. “También fue malo subir el IVA y se hizo para contener el déficit”, argumentan. Los segundos hablan de incrementar lo que se paga de cuotas en los contratos temporales y desviar parte de las cuotas que se pagan a las mutuas de accidentes de trabajo por la incapacidad temporal, donde también UGT aprecia un considerable margen de actuación.
La otra posibilidad que Serrano pone sobre la mesa es que llegue dinero al sistema desde los impuestos, no desde las cotizaciones. Y en este punto menciona la posibilidad de que los Presupuestos Generales del Estado se hagan cargo de la pensión de viudedad y orfandad, en total, y según los presupuestos de 2013, casi 20.000 millones (dos puntos del PIB). Todo un balón de oxígeno para la Seguridad Social.
Herce, partidario de la reforma que hay sobre la mesa, no detalla tanto cómo cerrar el agujero entre ingresos y gastos: “Hay dos formas de corregirlo: o subes cotización, opción que castiga el empleo, o desplazas gasto de otros programas de bienestar social (educación, sanidad o desempleo)”.
El Gobierno, por su parte, consciente del desfase a largo plazo entre ingresos y gastos se muestra abierto a estudiar las opciones que sindicatos y oposición le pongan sobre la mesa, con el aval que le da haber asumido este año por primera vez con cargo a los presupuestos toda la factura de los complementos a mínimos (casi 8.000 millones).
El secretario de Estado habla de aumentar las bases máximas de cotización, ahora limitadas hasta 3.425,7 euros (si un trabajador cobra 5.000 euros mensuales, a la Seguridad Social solo le paga como si ganara 3.425,7), algo que ya hizo este año al subirlas un 5%. Pero eso, según sus previsiones, apenas iba a suponer unos 600 millones en 2013, poco para cerrar el agujero a no ser que el límite se eleve considerablemente.

Sostener las pensiones públicas

El papel equilibrador de los sistemas de protección social ha constituido una de las señas de identidad de la Europa democrática a lo largo de su historia reciente. Tras la II Guerra Mundial, nuestro continente ha consolidado el crecimiento del gasto social, la protección de los derechos y libertades de sus ciudadanos y el acceso a bienes públicos fundamentales como la educación, la sanidad, el apoyo a la vivienda, la protección por desempleo o la regulación de derechos en el trabajo, hasta límites que casi nadie creía posibles cuando en 1889 se aprobó en el Parlamento alemán el primer sistema público de pensiones contributivas.
España, que se incorporó más tarde al proceso histórico de desarrollo de la sociedad del bienestar, ha realizado un esfuerzo trascendental durante las tres últimas décadas. La etapa democrática, sin duda la más fructífera de nuestra historia, permitió recuperar buena parte del terreno perdido en el ámbito de la política social. Pero no ha ocurrido lo mismo con Gobiernos socialistas y con Gobiernos del Partido Popular. La brecha social que nos separaba de los países europeos más desarrollados se redujo durante el periodo de 1982-1996, volvió a abrirse entre 1996 y 2004, para disminuir aceleradamente durante los años siguientes. Por desgracia, no es una afirmación partidista decir que desde diciembre de 2011, España vuelve a desandar un importante trecho de la senda recorrida.
El sistema español de pensiones vive hoy una encrucijada histórica. Podría estar en vísperas de sufrir un cambio que solo responde a los planteamientos ideológicos del PP: debilitar el carácter público del sistema y reducir la cuantía de las pensiones contributivas, para ampliar el campo de acción de los fondos privados de pensiones.
Hoy, el Gobierno del PP ha pulverizado el diálogo social. Unilateralmente recortó los instrumentos para adaptar la jubilación anticipada y se negó a actualizar las pensiones cuando el IPC se desvió casi dos puntos respecto a lo que subieron a principio de año. Y a la vuelta de vacaciones nos encontramos con una propuesta del Gobierno, inspirada en las recomendaciones de la Comisión de Expertos, en la que, en primer lugar, se elimina por ley la garantía legal del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, expropiando silenciosamente la capacidad de compra de los pensionistas; y, en segundo lugar, se reduce el importe real de la pensión como respuesta a las dificultades del sistema. Da igual que los problemas sean coyunturales o de medio y largo plazo, la solución siempre es la misma: bajar la cuantía de las pensiones o no actualizarlas de acuerdo con la evolución del coste de vida.
La brecha social que nos separa de los países europeos más desarrollados se amplía cuando gobierna el PP
Aunque una de las principales condiciones que deben reunir las propuestas de reforma del sistema es separar claramente los efectos cíclicos o coyunturales de los originados por tendencias económicas o demográficas de largo plazo, en realidad, la propuesta que se presenta es bastante obvia: si las cosas van bien, cabe revalorizar las pensiones —incluso por encima del IPC— y si van mal, hay que congelarlas (el mínimo del 0,25% es una congelación en toda regla). En nuestra opinión, las pensiones, una vez originadas, deben mantener su poder adquisitivo definido legalmente.
La Ley 27/2011 representó una gran reforma del sistema, que aseguraba su carácter público, garantizaba su sostenibilidad en el futuro y alcanzaba, además, el acuerdo de los interlocutores sociales. Reforma que rechazó el PP con la excusa de que supondría un recorte en las pensiones.
La reforma contemplada en aquella ley plantea la introducción en el sistema del factor de sostenibilidad en el año 2027 para dar respuesta al sobrecoste que representa el aumento progresivo de la esperanza de vida. Pero el ajuste que representa dicho factor no recaía solamente, como pretende hoy el Gobierno, en la reducción de la cuantía de la pensión. La pregunta es: ¿por qué no tener en cuenta otros parámetros importantes, como la edad de jubilación, el periodo de cómputo o el propio tipo de cotización en la medida necesaria para la absorción del sobrecoste? No hay respuesta del Gobierno a estas elementales cuestiones.
Para nosotros, no resulta necesario en absoluto implantar esa peculiar forma de congelación reduciendo el poder adquisitivo real de las pensiones. Con ello, el modelo que propone el Gobierno termina resultando contradictorio con el actual sistema de reparto y, desde luego, con el mandato constitucional de mantener unas pensiones adecuadas y actualizadas periódicamente.
Las causas del intenso deterioro del equilibrio financiero a corto plazo del sistema de pensiones deben situarse en el diseño de la política fiscal europea y española, basadas en la aplicación de la austeridad como único objetivo; en las insuficiencias de la política de financiación de la deuda pública; y, por encima de todo, en el bloqueo efectivo del crédito al sector privado. Pero no hay que olvidar la influencia de la intensa devaluación salarial y el tremendo impacto de una reforma laboral, cuya derogación deberá ser la primera obligación del futuro Gobierno.
Hay que usar el Fondo de Reserva acumulado por la sociedad española durante el periodo de auge
Nosotros creemos que si la sociedad española ha sido capaz de acumular durante el periodo de auge un gran Fondo de Reserva, para asegurar su andadura en los malos momentos, carecería de sentido —y supondría un enorme fraude a la complicidad ciudadana con su sistema público de pensiones— que durante la crisis, en lugar de utilizarlo, se plantee una reducción en la cuantía de las pensiones mediante la pérdida de su poder de compra.
Mientras tanto, si la situación del empleo no mejora —y no es fácil que lo haga en el marco de las políticas aplicadas en España y en Europa— hay que diseñar nuevas reformas de la estructura de ingresos del sistema de pensiones. Con los efectos de la Ley 27/2011, en unos 30 años, España gastará en pensiones prácticamente lo mismo que ya gastan hoy países como Alemania, Francia o Italia, en torno al 13% del PIB. Nuestro sistema recauda una media de 10 puntos de PIB procedentes de las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores. Habrá, pues, que diseñar, como se hizo con la sanidad o con los complementos para las pensiones mínimas, una mayor aportación del Estado para la financiación de un bien público que, como las pensiones, será a mucha distancia el más importante entre los que proporcionará nuestro sistema de bienestar social a lo largo de las próximas décadas.
Valeriano Gómez, economista, es portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Economía del Congreso. Manuel Chaves González fue presidente de la Junta de Andalucía y es diputado del Congreso por Cádiz.