sábado, 20 de julio de 2013

Los periodistas, de lejos y sin preguntar

España continúa en la lista negra de las organizaciones internacionales de periodistas. Prácticas como las ruedas de prensa sin preguntas, el veto a las cámaras de televisión en los mítines electorales, los videocomunicados y los discursos transmitidos solo por circuitos cerrados de televisión ponen en entredicho el estado de la libertad de prensa en España. Este año se añadirá otro motivo: la prohibición de fotografiar y tomar imágenes de vídeo de determinados actos oficiales del Gobierno.
El pasado martes, el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, recibió al Consejo Empresarial de la Competitividad, que agrupa a los líderes de las grandes compañías (Telefónica, La Caixa, Santander, BBVA, Repsol, Inditex...). La convocatoria no era secreta. Figuraba en la agenda diaria que el Gobierno facilita a la prensa. Pero tres horas antes de la reunión, La Moncloa remitió un SMS a los medios con este aviso: “El acto no tendrá cobertura gráfica y más tarde se repartirán imágenes y fotos”. A las redacciones de los periódicos llegaron tres fotografías. En todas ellas Rajoy charlaba con aspecto distendido con los empresarios. Era la imagen que quería difundir el palacio presidencial. Y lo logró. Los rotativos, entre ellos EL PAÍS, publicaron en primera página las instantáneas dejando claro que habían sido distribuidas por el Ejecutivo.
Este nuevo giro restrictivo en la política comunicativa ha generado el rechazo de las organizaciones profesionales. “El Gobierno tiene que saber que este tipo de actuaciones debilita los derechos constitucionales de libertad de expresión e información”, dicen. Además, consideran que estas trabas “solo buscan convertir la información en mera propaganda oficial”.
Sacudido por los escándalos que rodean al PP, Rajoy elude su presencia ante la prensa en los momentos informativos cumbre (la publicación de los papeles de Bárcenas, el encarcelamiento del extesorero del PP). Solo comparece cuando está obligado. Es decir, tras las reuniones con presidentes o primeros ministros de otros países. En estas ocasiones, los periodistas aprovechan para preguntar por el caso Bárcenas. Este mes lo hicieron ante la canciller alemana Angela Merkel en Berlín y ante el primer ministro polaco, Donald Tusk, de viaje oficial en España.
Siguiendo la tradición, los periodistas pactaron los temas de las dos preguntas a Rajoy y quiénes las formularían (en esta ocasión la agencia Efe y el diario El Mundo). Rompiendo el acuerdo, Rajoy le dio la palabra al representante de Abc. La Asociación de la Prensa de Madrid, cuestiona estos pactos entre los informadores —“limitan el trabajo de los periodistas y, consecuentemente, los derechos constitucionales de libertad de expresión y de información”— pero entiende que son la única posibilidad de hacer preguntas sobre asuntos concretos en unos tiempos en los que las ruedas de prensa de los representantes públicos “son cada vez más escasas, sobre todo cuando se encuentran en dificultades”. La Moncloa se disculpó más tarde argumentando que fue un malentendido por estar de vacaciones la persona que se ocupa de estos asuntos.
Episodios como este ponen de manifiesto que “entre las debilidades del Gobierno no está la de comunicarse con los medios”, afirma el catedrático de Periodismo José Luis Martínez Albertos, que critica la moda (ya menos frecuente) de las ruedas de prensa sin preguntas. “Las trabas del Gobierno a la libertad de información son una muestra más de la brecha existente entre los grandes partidos políticos y el ciudadano de a pie”, añade Víctor Manuel Marí Sáez, profesor de la Universidad de Cádiz.
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Un contrato de basuras bajo sospecha

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EL PAÍS
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Un suculento contrato de basuras para limpiar la ciudad de Toledo, de 84.000 habitantes, durante una década a cambio de 61 millones de euros ha puesto bajo sospecha la financiación del PP en Castilla-La Mancha durante la presidencia de María Dolores de Cospedal (PP). Luis Bárcenas, extesorero de este partido, aseguró al juez Pablo Ruz que recibió de Sacyr —la empresa adjudicataria— una comisión ilegal de 200.000 euros y que entregó ese dinero a José Ángel Cañas, gerente del partido en esa comunidad. Este último firmó un recibí por esa cantidad que Bárcenas entregó durante su última comparecencia en la Audiencia Nacional. El PP lo niega.
¿Cómo salió a concurso el contrato de basuras? ¿Se cumplieron los procedimientos administrativos o hubo amaño para que Sacyr se llevara la millonaria contrata? En 2006 el Ayuntamiento de Toledo estaba gobernado por el PP y su alcalde era José Manuel Molina, hoy retirado de la política, una persona que ahora responde con SMS y el signo de interrogación a las llamadas y mensajes de EL PAÍS a su teléfono móvil solicitando una opinión sobre el contrato.
El concurso para el Servicio de Limpieza Viaria y Basuras de Toledo salió con un monto de licitación de 6,5 millones anuales. Concurrieron ocho empresas, entre las que figuraba Urbaser, la compañía que había gestionado hasta entonces este servicio. El procedimiento administrativo fue igual que en otros contratos, salvo que en esta ocasión los concejales del PP decidieron que una consultora externa valorara las ofertas. La empresa elegida para esta función fue Consultora de Gestión de Empresas SL, una pequeña compañía de Toledo. José Montero, su responsable, explica así su trabajo: “Hicimos un análisis comparativo de las ofertas a la luz de los pliegos, las ordenamos y valoramos. Sobre la base de ese informe fueron los técnicos municipales los que puntuaron”.
Era la primera vez que el análisis no lo hacían los técnicos municipales
La Mesa de Contratación del Ayuntamiento se reunió el 19 de diciembre de 2006, presidida por el entonces vicealcalde del PP, Lamberto García. También asistieron el jefe de Servicios y Contratación Julio Gómez, el concejal de Participación Ciudadana Fernando Sanz, el concejal de Obras y Servicios Javier Alonso, y el viceinterventor Javier Sánchez. La oferta ganadora con 92,97 puntos sobre 100 fue la de Sufi, filial de Sacyr, que hizo la propuesta económica más baja (6.138.383 euros), aunque en la valoración este concepto contaba solo 20 puntos, lo mismo que el de mejoras técnicas y seguridad e higiene. El que más sumaba era el de metodología del trabajo y medios (50 puntos).
El viceinterventor puso una pega a la adjudicación a Sufi. Recomendó reforzar la propuesta con un estudio de viabilidad económica de la empresa ganadora, según el acta de la reunión. Al día siguiente la consultora presentó un análisis que validaba la solvencia de la filial de Sacyr. En sus conclusiones decía: “En nuestra opinión existe correlación entre los gastos directos ofertados y los precios unitarios descompuestos ofertados en la proposición económica”. El informe lo firmó Montero.
El 21 de diciembre la Junta de Gobierno municipal aprobó la adjudicación del concurso a Sufi por 6,1 millones durante 10 años prorrogables a otros cuatro. El alcalde José Manuel Molina no asistió a la reunión. “Faltaba mucho”, asegura Gabriel González, entonces concejal socialista en la oposición. Se firmó el 15 de enero de 2007 y comenzó a operar el 1 de marzo.
La empresa ganadora recibió poco después otro contrato millonario
¿No notaron nada extraño? “Honestamente no vimos nada raro. Lo único que nos llamó la atención es que se cediera la valoración a una consultora externa. Era la primera vez que se hacía para contratar un servicio público. Estábamos en precampaña electoral, la limpieza era un desastre y queríamos ser constructivos”, recuerda González, ahora concejal de Gestión y Servicios. ¿Revisaron el expediente? “Sí, Salvo la singularidad de la consultora, el procedimiento era correcto”. Poco después Sufi recibió otro contrato: 350.000 euros anuales por el mantenimiento de viales que hasta entonces hacía la plantilla municipal. “Creemos que es una compensación del anterior”, apostilla González.
Ni Molina, el exalcalde, ni los concejales del PP de entonces siguen en el Ayuntamiento. Cospedal admite que los 200.000 euros se entregaron a la organización regional, pero niega que fuera una comisión. El apunte no figura en las cuentas del partido, ni en la contabilidad electoral. Nadie explica por qué.
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El maestro en hacerse el muerto

Pedro Arriola (Sevilla, 1948) llega siempre a las reuniones con su voluminosa cartera de fuelle. Saca sus papeles con notas a lápiz, y explica con detalle sus cábalas y proyecciones demoscópicas. Pero nunca enseña a nadie sus datos y siempre guarda para sí el origen de esos cálculos y deducciones.
Como dueño del arcano, este sociólogo se ha hecho poderoso e imprescindible primero para José María Aznar y ahora para Mariano Rajoy, a los que se refiere como “mi cliente”. Arriola ha orientado el centro derecha desde 1989; su mano está detrás de todas las estrategias del PP; su impronta marca la política española desde esa fecha y su nombre aparece como el principal perceptor de dinero opaco de los papeles de Bárcenas, con 1,23 millones de euros entre 1990 y 2008.
Él explica que la contabilidad secreta del extesorero popular incluye datos falsos; que su empresa (Instituto de Estudios Sociales) firmó un contrato en 1989 con el entonces secretario general del PP, Francisco Álvarez-Cascos, con un fijo mensual y pagos por servicios extras, como las encuestas que encarga o las campañas electorales pero todo con facturas, como cualquier proveedor.
Su contrato se renueva cada año automáticamente, obliga a confidencialidad e incluye una cláusula para asesorar solo al líder del partido. Arriola sostiene que las cuentas manuscritas de Bárcenas y los documentos que las respaldan son pruebas preconstituidas como coartada futura por el extesorero ahora encarcelado.
Su contrato obliga a confidencialidad e incluye una cláusula para asesorar solo al líder del partido
El servicio completo que Arriola presta a su cliente en la cocina del poder incluye análisis de encuestas que él mismo encarga, factura e interpreta con reconocida intuición; consejos estratégicos sobre política; orientación en contenidos de discursos y hasta directrices de imagen y telegenia. Admite que, según explica un destacado dirigente del PP, viene a ser una especie de entrenador personal y terapeuta que reconforta a los jefes, les reafirma en sus posiciones y les hace sentir a gusto consigo mismos.
Se ve a sí mismo no como un militante o un dirigente, sino como alguien que trabaja y presta un servicio al margen de ideologías, para ofrecer un resultado a su cliente.
Arriola militó en la izquierda cuando estaba en la universidad y hasta estuvo en la cárcel en el final del franquismo en uno de los estados de excepción de la dictadura. Con la llegada de la democracia fue virando a la derecha. En 1982 rechazó ir en las listas de AP al Congreso y renunció a hacer carrera política. Llegó al PP en 1989, tras haber colaborado gratis con Aznar en sus inicios en Castilla y León y procedente de una empresa que trabajaba para la CEOE, donde era especialista en negociar convenios colectivos. Ahora es el gurú de los sucesivos líderes del PP.
“A favor de corriente, se gana y en contra de corriente, se pierde”, suele decir
Ha creado la etiqueta de arriolismo, que él considera una “leyenda urbana” y que se define como una especie de relativismo pragmático o de perfil ideológico bajo, al que Rajoy se ha acoplado perfectamente con su forma de ser reposada y de combustión lenta de motor diésel. En momentos de zozobra, su consejo suele ser bajar el pulso del enfermo y hacerse el muerto hasta que pase el peligro. Él lo llama “interpretar los tiempos adecuadamente”. Por ejemplo, dejar caer por aburrimiento el clamor de que Rajoy comparezca en el Congreso por el caso Bárcenas. O buscar salidas dialécticas a las preguntas de los periodistas, aunque luego Rajoy las interprete a su manera.
“A favor de corriente se gana y en contra de corriente se pierde”, suele decir para justificar que se aparquen asuntos que pueden ser conflictivos según su interpretación de las encuestas, aunque estén en el sustrato ideológico de su cliente o en sus programas. Es lo que en otros momentos se llamó el centrismo o la lluvia fina de Aznar y que se manifiesta ahora en enfriar el asunto del aborto por “divisivo” entre los ciudadanos o no forzar el discurso público contra el independentismo catalán. Explica que él no aconseja lo que piensa, sino lo que cree que conviene al cliente. Se trata de dar poco valor a lo ideológico en beneficio de la estrategia y del resultado, como si cobrara por objetivos. Y cuando es preciso se le da una vuelta a la rueda de la intensidad y se construyen discursos agresivos, de ataque personal y de demolición del adversario. Suyas son frases como el “váyase, señor González” que Aznar le dijo a Felipe González en 1995 y el “usted traiciona a los muertos” que Rajoy espetó a Zapatero diez años más tarde. Cuando hay que convertir en un killer político al cliente, se le convierte.
A Aznar y a Rajoy les preparó para sus debates de campaña y explica que lo que más le costó fue quitarles el defecto que comparten por su procedencia: el tono de opositor que canta los temas ante un tribunal.
Fue el responsable de que Rajoy centrara en 2008 su debate electoral con Zapatero en las negociaciones del Gobierno con ETA aunque él mismo en 1998 había participado en la comisión que por encargo de Aznar se reunió con la banda en Suiza. En las actas de aquella reunión, publicadas por ETA y aceptadas por Aznar, Arriola es el único que reiteradamente habla de Navarra, de cambiar las leyes y de la reforma de la Constitución.
Ahora solo despacha con Rajoy, sin periodicidad fija, pero con mucho contacto telefónico. No pisa la sede nacional del PP, aunque cobra del partido como ha hecho en los últimos 24 años. No provoca recelos ya porque todos saben en el partido que su poder es imbatible, como nadie discutiría las siglas o el anagrama de la gaviota. Es parte de la marca y el sucesor de Rajoy, quien quiere que sea, será, antes que líder del partido, el cliente de Arriola.
“El que tiene la boca cerca de la oreja del César siempre provoca odios y envidias”, explica con cierta impostura, en el papel de quien debe asumir que todos le culpen de lo que va mal, sin que se le reconozca que ha llevado a La Moncloa a sus dos clientes.
Arriola, sobrino nieto del poeta Juan Ramón Jiménez, está casado con la vicepresidenta del Congreso Celia Villalobos. Seductor en la distancia corta, es de los que cuando se le pregunta la hora no solo la explica con detalle sino que es capaz de encadenar con especial gracejo chistes y anécdotas divertidas durante horas. Y al final termina convenciendo de que, en realidad, no es la hora que marca el reloj.
Sabe perfectamente que su poder depende de su silencio público. Y sabe también hacerse el muerto para ponerse a salvo y alimentar su propia leyenda.
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Rajoy se acoraza para aguantar

Cuando todo va mal, siempre queda el Ibex 35 y el partido. Le pasó a José Luis Rodríguez Zapatero: en los peores momentos de su mandato, en 2010 y 2011, al borde del rescate, buscó y logró la foto y el apoyo de los grandes banqueros y empresarios en La Moncloa. Y nunca escuchó críticas abiertas en una reunión del PSOE. Ahora le pasa con más fuerza aún aMariano Rajoy, que en el peor momento del escándalo del caso Bárcenas citó el martes a los grandes banqueros y empresarios en La Moncloa. Estos le han trasladado su apoyo para que siga. El presidente tiene el PP incluso más silencioso, al menos en público, de lo que tuvo Zapatero al PSOE.
Rajoy, consciente de que viene una batalla muy dura y larga contra Bárcenas, y de que puede haber más revelaciones —los suyos temen especialmente la posibilidad de que el extesorero grabara conversaciones con el presidente— ha decidido blindarse.
Esta semana ha sido una de las más delicadas de su mandato, con la publicación, el pasado domingo, de los mensajes de móvil que se intercambió con el extesorero; la declaración el lunes de Bárcenas ante el juez, y la amenaza de una moción de censura el martes. Rajoy ha buscado el apoyo del poder real. La reunión con los financieros y empresarios y la fotografía con los ministros de Exteriores en Mallorca es un mensaje claro a los temidos mercados de que está dispuesto a resistir.
La foto con el Ibex 35 es un mecanismo muy socorrido. Lo buscó incluso el rey Juan Carlos en sus peores momentos tras la cacería en Botsuana. Pero en Rajoy es aún más significativa porque es un mundo del que ha huido bastante, con esa idea suya de la independencia que tanto defiende. De hecho, los empresarios suelen quejarse en privado de que no es fácil hablar con el presidente, que ha reducido al mínimo su vida social y renuncia a asistir a las cenas donde suelen encontrarse ellos. Pero a la fuerza ahorcan y esta vez La Moncloa le sacó el máximo partido posible forzando una reunión no prevista, difundiendo fotografías muy controladas —solo tuvo acceso el fotógrafo oficial de Rajoy— y contando inmediatamente que le habían dado su apoyo para que siga.
Rajoy, dicen los suyos, está fuerte. Los ministros le vieron el viernes incluso “con ganas de pelea”. Siente que está reviviendo una batalla similar a la de 2008, cuando una parte del PP, pero sobre todo de la prensa conservadora, buscó su dimisión tras la segunda derrota electoral.
Los marianistas no paran ahora de rememorar aquellos días y reivindican casi como una heroicidad la resistencia de Rajoy. El mensaje que escribió el presidente en mayo de 2011 a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, resume su filosofía: “Al final la vida es resistir y que alguien te ayude”.
Pero ahora no es su capacidad política lo que se cuestiona, sino su participación o al menos conocimiento de un escándalo político de corrupción, sobresueldos, financiación ilegal y dinero negro que ha saltado a las portadas de la prensa europea. Y eso es lo que más preocupa en La Moncloa. Que se extienda en Europa la idea de que Rajoy puede caer.
De hecho, en un gesto poco habitual en un Ejecutivo reacio a dar explicaciones a la prensa —aunque poco a poco va cambiando— La Moncloa citó el miércoles a los principales corresponsales para decirles lo mismo que Rajoy les había contado a los empresarios el día anterior: que el caso va a quedar en nada, que él no tiene problemas con la justicia, que va a terminar su mandato y sobre todo esa idea de 2008. “Ya hemos pasado cosas peores”, fue el mensaje de La Moncloa para hacer calar la idea de que no hay ninguna posibilidad de que caiga.
Pese al escándalo y la repercusión, diputados marianistas y escépticos, dirigentes regionales, barones autonómicos, ministros y miembros del Gobierno consultados coinciden solo en una cosa: Rajoy no va a caer. Están seguros incluso sin saber qué más tiene Bárcenas.
Hay muchas críticas en sordina, sobre todo a la estrategia. “Con el silencio hemos permitido que sea más creíble lo que dice Bárcenas que el presidente, cuando no es así. Parece que no hablamos porque tenemos algo que ocultar, es un fallo porque no es la verdad”, resume un barón autonómico en opinión muy extendida. Otros están preocupados porque ven la hemorragia que está provocando en los votantes del PP, entre otras cosas porque este partido llegó al poder en 1996 con un discurso contra la corrupción. Pero nadie parece ni mucho menos interesado en que caiga Rajoy.
El presidente puede tener un lío interno con el reparto del déficit —y lo tiene, y se va a recrudecer ahora, cuando se convoque el Consejo de Política Fiscal, en principio esta semana— pero no con el caso Bárcenas. Nadie se está moviendo en serio en el PP para tumbar a Rajoy. Ni siquiera Esperanza Aguirre, por mucho que aproveche cualquier hueco para criticarle y desvincularse de su forma de actuar. Aguirre está de salida, no es la que era en 2008, ha cedido el poder aIgnacio González y este último no quiere líos con La Moncloa, de quien depende que le arreglen la financiación o que le desbloqueen reformas de la ley antitabaco y similares para que se concrete la inversión deEurovegas.
Mucho menos José María Aznar. Los marianistas se indignan porque Bárcenas le protege en sus declaraciones y le deja fuera de los sobresueldos, cuando no tiene lógica que no estuviera en la contabilidad secreta. Pero él, aunque esté muy arrepentido de haber elegido a Rajoy, según dicen los aznaristas, no está metido en la vida del PP; no moviliza a ningún grupo relevante y no lo está moviendo. Y además está tan metido en el escándalo o más que Rajoy. Otros, como Jaime Mayor, también tienen mucha menos fuerza de la que tenían en 2008.
Otros han ido despareciendo hasta que Rajoy se ha encontrado, al contrario que los partidos europeos tradicionales, sin oposición interna, sin sector crítico organizado.
Y por eso, porque controla el PP y porque a nadie, tampoco a sus socios europeos, parece interesarle una caída de Rajoy, en Moncloa parecen un poco más tranquilos cada vez que pasan los días, aunque siempre pendientes de nuevas revelaciones.
El presidente, por mucho que públicamente se niegue, está totalmente metido en esto, según admiten algunos. Y mira con un ojo los movimientos de su extesorero y con otro los de los mercados, porque una crisis de desconfianza en España por este escándalo sí podría ser definitiva. Pero no está pasando.
La prima de riesgo parece controlada, las subastas de deuda van bien. Y aún no ha llamado ningún inversor internacional para cancelar sus planes, de los que depende también la sensación de recuperación.
El Gobierno trabaja con la idea de que vengan grandes inversiones en otoño, en el sector del automóvil e incluso en el de grandes fondos inmobiliarios. España y sus empresas en este momento están baratísimas, aseguran en el Ejecutivo. “Los inversores se mueven por números, España esta muy barata y están viniendo y van a venir más”, sentencia un ministro.
Todos confían en que el caso Bárcenas no afecte y Rajoy pueda seguir. Él más que nadie.
Espera a que sea su enemigo quien se mueva, y teme que si lo hace él, con una comparecencia parlamentaria, Bárcenas aproveche para redoblar su ataque. Aunque ahora tiene que moverse porque el PSOE le ha forzado.
Parece una guerra de resistencia, de paciencia. El presidente del Gobierno siempre ha ganado este tipo de batallas. Pero siempre hay una primera vez para todo. Los suyos insisten en que no será esta, y como mucho admiten que tal vez esto haga que no se presente de nuevo en 2015, nada más. El resultado real no tardará en conocerse.
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viernes, 19 de julio de 2013

La exasperación de la desigualdad

Entre los costes morales de la crisis, ninguno más insoportable que el incremento de las desigualdades en la UE. Entre los Estados miembros y dentro de ellos. El manejo de la recesión impuesto por la hegemonía conservadora ha dividido a los europeos hasta amenazar un proyecto que, hasta hace poco, se explicaba a sí mismo como la historia de un éxito. La brecha más elocuente no es hoy la que enfrenta al norte contra el sur, ni al centro contra la periferia; ni siquiera a los acreedores contra los endeudados; sino la que, socialmente, enfrenta a los ganadores que pescan en el río revuelto contra los perdedores, que son muchísimos más.
Tan impactante apoteosis de la desigualdad es contraria a la razón de ser de la integración europea. Su motor fue, en origen, un pacto social de rentas —interpersonal, interterritorial e intergeneracional— de aliento supranacional. Orientado a conformar un modelo europeo con un vector de cohesión y solidaridad que expresa inteligentemente el interés compartido de los Estados miembros y el mejor autointerés de cada uno de ellos. La austeridad recesiva impone un ajuste de cuentas contra ese modelo social fundamentado en los servicios públicos que realizan derechos, en la intervención de la política sobre la economía para regular el mercado —¡no para tranquilizarlo!— y en una fiscalidad progresiva.
Todo esto está siendo cuestionado en un ejercicio de desmemoria contra las enseñanzas del olvidado siglo XX sobre el que escribió Tony Judt. El espectro de la desigualdad recorre Europa. La confrontación entre las opiniones públicas de los Estados miembros, más desunidos que nunca ante la adversidad, bulle en un caldo de cultivo de tentaciones reaccionarias, rebrotes identitarios y pulsiones nacionalistas alternadas con señales de integrismo religioso. Prejuicios largamente larvados desatan el señalamiento de chivos expiatorios y la estigmatización del diferente o del otro: los exabruptos racistas de un eurodiputado extremista contra la ministra italiana de Integración reclaman que el discurso del odio sea penalizado en toda la UE. ¡Y el Parlamento Europeo es ahora el legislador para ello!
Se augura una Eurocámara como bomba de relojería repleta de populismos, extremismos y eurofobia
Pero en España esta secuencia raya la exasperación. El relanzamiento aquí de viejas desigualdades viene acompañado de una apología narrativa que exhibe toda su crudeza: El amedrentamiento ante la pérdida de empleo es instrumentalizado para encubrir atropellos al principio de igualdad como la amnistía fiscal, la represión salarial para abaratar el despido y las privatizaciones en sanidad, educación, seguridad y justicia. Las tasas contra el acceso a la tutela judicial imponen un canon fast track para los pudientes y un callejón de indefensión para todos los demás. El paro masivo golpea más a las mujeres y espolea la indignación entre millones de jóvenes a los que se condena a emigrar o a no alcanzar en su vida pensiones como sus abuelos.
Algunas advertencias son claras y para leerlas no es preciso chequear el índice de Gini. Como con la libertad, la lucha por la igualdad nunca se da por acabada. Ese combate es un proceso, no una conquista. Los avances en las oportunidades no duran sin más para siempre, ni se sostienen por sí solos, indefinidamente. Su reversibilidad es una amenaza verosímil, un riesgo constante. Cada consecución debe ser peleada para garantizarla, preservarla hacia el futuro y defenderla ante las muchas reinvenciones de la desigualdad.
Exactamente por ello esa razón social de Europa se encuentra en juego más que nunca. Las elecciones europeas de 2014 son la primera ocasión para cambiar la hoja de ruta que ha producido este horizonte de resentimientos cruzados contra el empobrecimiento. ¡Pero puede que también sea la última ocasión para hacerlo! Muchos pronósticos anuncian, como si se tratase de un parte meteorológico, que el próximo Parlamento Europeo será una bomba de relojería contra la UE, minado de nacionalistas, populistas, extrema derecha energúmena y eurofóbos. Me cuento entre los que no se resignan a las profecías autocumplidoras. No cabe el desistimiento. Estamos a tiempo de evitarlo.
De la mayoría política en el próximo Parlamento Europeo habrá de surgir el liderazgo de un nuevo ejecutivo europeo. Un “parlamento que se odie a sí mismo”, como ha explicado Torreblanca, no actuaría de contrapeso ni freno contra el Consejo ni tampoco de control sobre la Comisión: ¡Sería el hazmerreír de quienes han perpetrado este desaguisado! No sería el legislador más poderoso de Europa, sino del todo irrelevante para corregir la política que debería haber evitado el daño del que tantos se duelen y para el cambio europeísta que urge impostergablemente.
¡2014, alerta roja! Darle una patada al tablero no nos sacará del túnel. Ningún cóctel de eurofobia y populismo antieuropeo va a mejorar la vida de quienes hoy se sienten víctimas de esta crisis, sin haberla provocado, sabiéndose vapuleados por la injusticia en el reparto de sacrificios causados por la austeridad suicida. La elección de 2014 se dirimirá entre el “No a Europa” y el “Sí, pero” a otra Europa altereuropeísta y reeuropeizadora. Comprometida, en tiempos de cólera, con la ciudadanía maltratada y la dignidad del trabajo, y contra la exclusión y el estrago de la desigualdad.
Juan F. López Aguilar es catedrático de Derecho Constitucional y presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo.
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El cabreo de Viyuela

El actor Pepe Viyuela ha escrito para la revista de la Fundación Aisge,Actúa,un artículo en el que arremete con furia y razón contra los ministros “mostrencos” que consideran el cine y el teatro como entretenimiento y no como cultura, “lo que no es de extrañar en quien piensa que la educación y la sanidad son posibilidades de negocio antes que derechos fundamentales”. Más específicamente la emprende contra el ministro Montoro por sus “malintencionadas declaraciones” al sugerir que los actores y actrices españoles evaden impuestos, “sin dar nombres, injuriando y extendiendo con ello la insidia a todo el colectivo”. Mucho más indignante es esta insidia, continúa Viyuela, cuando “quien acusa pertenece a un partido en el que la corrupción ya es un clamor”.
No está solo en su cabreo. Asegura el actor que hay un 90% de paro en su gremio mientras continúa la escasez alarmante de producciones cinematográficas y teatrales, se siguen cerrando salas de cine y teatro, y la caída en el número de espectadores es brutal, “intensificada por el aumento escandaloso del IVA al 21% en el precio de las entradas”. Grita Viyuela: “Estamos enfadados, cabreados, enojados, airados, hartos...”, y titula su artículo No estamos solos. Se le entiende. En este país no suele dimitir nadie ni tampoco se puede cesar a un político por muchas legítimas razones que haya para ello, mientras que en la sociedad civil, en cambio, sí que hay buenos ejemplos en ese sentido. Sin ir más lejos durante esta semana se han producido dos.
El primero, la dimisión del presidente de los productores cinematográficos, Pedro Pérez, y segundo, la destitución del presidente de la SGAE, Antón Reixa. Sin entrar en las razones de cada caso, la sorpresa ha sido mayúscula… sobre todo por la falta de costumbre. Pero el caso es que a la situación catastrófica que Pepe Viyuela denuncia en su artículo solo le faltaban estas posteriores noticias, transformadas casi en escándalos por la opacidad que las rodea, para terminar de confundir la situación que afecta a los profesionales del espectáculo, que es también cultura. En cualquier caso, que vengan dimisiones, por favor.
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Usted engañó, señor presidente

El presidente del Tribunal Constitucional ha dejado de ser una persona fiable. Cuando accedió a la más alta magistratura que pueda ocupar un jurista ocultó que era un militante del Partido Popular que pagaba religiosamente las cuotas. De poco vale argumentar que la ley permite la afiliación de los componentes de este tribunal. Nadie con sentido común puede aceptar que quien está destinado a decidir sobre las más graves cuestiones de un país, esconda a la ciudadanía a la que sirve y a los partidos que le tienen que votar (excepto uno, claro está) que ha cerrado un contrato de militancia con la formación que le ha promocionado. A diferencia del voto o la afinidad ideológica, perfectamente defendibles, la afiliación a un partido entraña la aceptación de unas normas, jerarquías y directrices cosificadas en sus estatutos. Y estos, en el caso del Partido Popular, son meridianos. Cito textualmente el punto 1b, aquel que trata sobre los deberes del militante: “Cumplir los estatutos, reglamentos y demás normas internas del partido, las instrucciones y directrices emanadas de sus órganos de gobierno y grupos institucionales, y ajustar su actividad política a los principios, fines y programas del Partido Popular”.
¿Cómo dejar que siga como presidente del más alto tribunal quien aceptó cumplir estatutariamente con las directrices del partido que le otorgó luego el puesto?
Pueden, quienes quieran, defender que la Constitución admite, a través de alambicadas remisiones, que un magistrado sea militante. Incluso cabe alegar que un magistrado del Constitucional no es juez y que, por lo tanto, está liberado de la prohibición de pertenecer a un partido. Pero difícilmente podrán sostener que los padres de la Carta Magna estarían de acuerdo con que el máximo árbitro de los derechos fundamentales de los españoles, milite a escondidas en un partido. La situación creada por Pérez de los Cobos es demencial y amenaza con contaminar el trabajo del tribunal que preside. ¿Cuántos recursos presentados por el PP y sus terminales gubernamentales han pasado por sus manos y le han tenido como ponente o votante sin que nadie en la sala supiese que era un militante de ese mismo partido? ¿Cómo se puede admitir que se aferre al puesto quien ha traicionado la confianza de sus propios compañeros? ¿Cómo dejar que siga como presidente del más alto tribunal quien aceptó cumplir estatutariamente con las directrices del partido que le otorgó luego el puesto?
Nunca hasta ahora, la práctica del Partido Popular (y de otras formaciones) de ocupar los puestos de responsabilidad de organismos arbitrales y teóricamente independientes había llegado tan lejos. Pérez de los Cobos, cuyos méritos técnicos nadie pone en duda, se presentó a sí mismo en el Senado, en el fallido examen para su aprobación como magistrado del Constitucional, como un “modesto profesor universitario”. Ahora se ha descubierto cuál era el secreto de su meteórica carrera. Y también ha quedado al descubierto la hipocresía de sus jefes de partido, que le enviaron como un experto independiente, cuando era su militante. Posiblemente a este espectáculo le acompañe otro peor: el de su permanencia en el puesto, ajeno a la confianza traicionada, a la farsa creada en torno a su figura, al simulacro de una justicia a la que no le quedan ya máscaras con las que ocultar su deterioro ético.
@jmahrenshttp://politica.elpais.com/politica/2013/07/18/actualidad/1374155526_821209.html
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