miércoles, 19 de junio de 2013

El hacha de sílex

El otro dia hablé largamente con la paleontóloga Marina Mosquera. Me mostró una piedra que hace 28 años que la acompaña. Se trata de un trozo de sílex tallado por alguno de los antiguos habitantes del yacimiento de Atapuerca, donde ella se ha pasado ya media vida. Le pregunté sobre la violencia connatural de la especie humana y me repondió con una observación esperanzadora. Decía Mosquera que en algunos lugares del mundo el llamadohomo heidelbergensis había hecho algo para la perpetuación de la Humanidad.
Se han encontrado cadáveres sin ningún tipo de dentición que habían perdido la vida mucho después que los dientes. El secreto de su supervivencia responde a la capacidad de sus congéneres de masticar los alimentos y de introducirlos en la boca del más débil. Solo de esa manera se explica el hecho de que hubieran llegado más allá y de que surgiera en esos yacimientos lo que sería el fermento de la solidaridad humana.
Esa solidaridad tenía un sentido cuando nuestros ancestros se habían quedado sometidos a la escasez o a la desgracia biológica. Pero quedaba la piedra de sílex, que tanto servía para cortar la carne recién cazada como para enfrentarse a los enemigos.
Ha llovido mucho desde entonces. Pero todo parece indicar que nada ha cambiado. La crisis económica no es otra cosa que la escasa eficiencia de los poderosos para gestionar sus recursos en favor de todos.
Es curioso que para explicar la crisis sus voceros nos hablen siempre de la responsabilidad de banqueros sin escrúpulos y de profetas de la austeridad. Tal vez el problema profundo sea el del sistema capitalista, que ha permitido llegar hasta donde hemos llegado pero que ha ignorado los mínimos preceptos de la prudencia. Si, como parece, el capitalismo está llamado a ser la única alternativa posible bueno sería que alguien intentara desbrozar los infaustos caminos de las cifras para dedicarse a los principios y a las virtudes.
Las virtudes
Y ahora cabe preguntarse si realmente el capitalismo puede tener alguna virtud. Se trata de encontrar elementos correctores que eviten la barbaridad a la que lleva la codicia de los más fuertes. Y eso ya no lo da solo el código penal, sino ante todo la convicción de que hay momentos en los que el capitalismo a ultranza ha de resignarse a su propio barbecho.
Cuando desde las asociaciones empresariales se nos dice que cuatro días por la muerte de un familiar en primer grado es excesivo nos están dando un nuevo bofetón. La CEOE puede pensar lo que quiera, pero al menos debería reflexionar en ciertas cosas antes de decirlas. Porque la muerte de un padre o de un hijo no son equiparables al absentismo del que que ha pasado la noche de juerga.
Mal asunto cuando el hacha de sílex vuelve a aparecer. El capitalismo de hoy, sin miedo al comunismo y con unos sindicatos amaestrados, goza de una exaltación escandalosa de su propia inmunidad. Y eso no es bueno para la buena marcha de la convivencia. La culpa del desastre económico es suya y no es de buen contrincante hacer pasar a las víctimas como culpables.

martes, 18 de junio de 2013

La teoría de Cameron

Las teorías deben servir para todos los casos. Si es teoría de uno, ya no es teoría sino casuística. La tradición imperial británica tiene su casuística y su teoría, guiadas ambas por el pragmatismo y los intereses. Recordemos que lo único permanente en la política exterior del Reino Unido son sus intereses, según frase proverbial atribuida a lord Palmerston. Las teorías británicas se adaptan así al sentido práctico de las cosas, a su capacidad para resolver las situaciones difíciles y, por supuesto, a los intereses.
La teoría de Cameron, expuesta ante la prensa española el pasado miércoles, es muy sencilla, y se aplica a Escocia, naturalmente, pero sirve para Gibraltar o las Malvinas —Falkland, para los británicos—. Primero, mirar de frente a los problemas: “No creo que sea bueno ignorar las cuestiones de nacionalidad, de independencia o de identidad”. Segundo, saber cómo tratarlos: “Pienso que es mejor explicar tus argumentos...”. Y tercero y lo más importante, resolver: “Hay que dejar que el pueblo decida”.
El primer ministro británico se ha cuidado muy mucho de aclarar que no quiere dar consejos a Rajoy ante las demandas catalanas de independencia. Pero todos sabemos que se trata de una cláusula diplomática: “Es lo que creo que se ha de hacer en Reino Unido, pero nunca me atrevería a decir a los españoles cómo deben enfrentarse a estos retos, pues es una cuestión que han de decidir el Gobierno español y su presidente”.
La teoría es buena, incluso muy buena, porque sirve para los tres casos en los que el Reino Unido se enfrenta a cuestiones de este tipo y en los tres casos todo gira en favor de sus intereses. En dos de ellos, Gibraltar y Malvinas, la consulta es la garantía de la permanencia del vínculo británico, y en el tercero también, porque todo se dirige a que el independentismo escocés la pierda, gracias precisamente a la claridad, rapidez y rotundidad con que Cameron ha aceptado el envite del premier escocés.
La teoría no se aplicó en Hong Kong, cuando la mentora política de Cameron, Margaret Thatcher, cedió el territorio colonial a China en 1984 por dos razones, ambas pragmáticas: el vínculo británico era insostenible a largo plazo y era obligatorio para mantenerlo que los habitantes de la ciudad recibieran la nacionalidad británica. El caso se resolvió sin dársela y sin consultarles.
Cuando Cameron dice que es el pueblo quien debe decidir, se refiere a la gente, no al pueblo étnico de raíz alemana ni al pueblo republicano enfrentado al poder de la corona de raíz francesa. La democracia es el gobierno con el consentimiento de los gobernados. La base de la teoría es la gente en un territorio bien dibujado: el gobierno y el futuro los deben decidir quienes viven en él, no los gobiernos ni la gente que viven en otros lugares. Vale para los casos británicos, pero también vale para Ceuta y Melilla, y debiera valer para cualquier otro caso.

Élites extractivas

El de élites extractivas es el último concepto mediático de gran éxito. Propagado por los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson (Por qué fracasan los países, editorial Deusto), ahora se ha trasladado al debate público en España. La última vez que ocurrió algo parecido fue con el de nueva economía, que decía que se habían terminado los ciclos mediante la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, y la flexibilización de la empresa. Poco después de la bendición apostólica de la nueva economía empezó la crisis más larga y profunda desde la Gran Depresión, y de nueva economía no se volvió a hablar.
Las élites extractivas de un país, según los economistas citados, son aquellas que se apartan de la obtención del bien común y dedican sus esfuerzos a su propio bienestar y al del grupo al que pertenecen. Las instituciones extractivas concentran el poder en manos de una élite reducida y fijan pocos límites al ejercicio de su poder. Estas élites elaboran un sistema de captura de rentas que les permite, sin crear riqueza, detraer rentas de la mayor parte de la ciudadanía en beneficio propio. Según Acemoglu y Robinson, las élites extractivas se encuentran en el mundo de las finanzas, de la economía, de la política, los medios de comunicación o la inteligencia.
Pues bien, la introducción del concepto —que sustituye al más amplio de establishment— en España ha adquirido un carácter restrictivo, pues se está haciendo una equivalencia de élites extractivas y clase política. Cómo ha conseguido el resto de las élites, sobre todo las financieras y económicas, pasar a segundo plano en una crisis cuyo origen ha sido financiero y económico, es algo que tendrán que analizar con precisión los científicos sociales. El caso es que han logrado trasladar el único debate existente a otro lugar (el de la naturaleza del sistema político) obviando sus responsabilidades en el desastre que nos rodea, desviando la atención de su propio papel (el de la naturaleza profundamente desregulada de las finanzas y sus aliados).
Cuando está a punto de cumplirse el sexto aniversario del inicio de la crisis económica por el estallido de las hipotecas de alto riesgo (coincidente en España con la polémica de las cláusulas suelo de las hipotecas y en pleno estallido de las preferentes) hay que ordenar las responsabilidades sobre lo sucedido: ¿lo fueron en primer lugar las ideas equivocadas, favorables a la continua desregulación, después de tres décadas de hegemonía absoluta de la revolución conservadora, o los principales causantes del empobrecimiento y del paro son los que abusaron, los que cometieron acciones irregulares, los que robaron, los que comercializaron productos opacos y descontrolados; en resumen, los golfos apandadores? ¿O más bien los primeros culpables fueron los reguladores y los supervisores que no cumplieron bien con su función? En este caso, el orden de los factores sí altera el producto.

No han aprendido nada. No se enmiendan

Parece que fue Jeremías, el profeta, quien primero trasladó el concepto de pecado de un pueblo a los individuos. Si fue así, Jeremías, además de dejar un libro bastante confuso y tan lleno de lamentaciones que parece actual, nos transmitió un legado apreciable. Son las personas las que asumen la responsabilidad por lo que hacen. Han sido el presidente del Gobierno, el ministro de Justicia y el presidente saliente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, quienes han puesto su rúbrica al pie de un documento que certifica la vigencia de la apropiación partidista de las instituciones. Han sido ellos quienes han impuesto el nombramiento de Enrique López como magistrado del Tribunal Constitucional, en contra de toda prudencia o ponderación.
Las decisiones imprudentes tienen consecuencias, y en este caso son importantes. El nombramiento del señor López no es un problema menor, un caso poco pulcro que se pueda criticar un día y olvidar al siguiente, porque desmiente de manera radical que exista en el Gobierno la menor intención de atajar el creciente desprestigio de las instituciones.
Estaba en su mano hacer honor al compromiso manifestado por el Gobierno de que pensaba trabajar para la recuperación del buen crédito de las instituciones, muchas de las cuales tienen su fama seriamente dañada. Pero a la primera oportunidad lo han vuelto a hacer. No han aprendido nada. Nadie está dispuesto a enmendarse.
No se trata de atacar al señor López por su reconocida simpatía o su cercanía al Partido Popular. El problema no es ese. El problema es que un magistrado que no solo no tiene el reconocido prestigio jurídico que se exige para ser miembro del Constitucional, sino que es conocido precisamente por su discutible prestigio jurídico, va a ocupar uno de los 12 sillones del máximo tribunal español, el único que puede quitar la razón al Tribunal Supremo y el que interpreta el principal texto jurídico de este país, por encima de las decisiones de los Parlamentos o de los referendos populares.
Los títulos y la trayectoria profesional del señor López hicieron dudar a seis magistrados del Constitucional sobre su idoneidad y su grado de especialización jurídica, pero no hicieron recapacitar al señor Sala.
En sus 50 años de vida, Enrique López ha sido ponente en un total de 64 sentencias, según datos de jurisprudencia de la Audiencia Nacional, el único tribunal en el que ha ejercido esa labor, durante cuatros años y medio. Previamente, el señor Lopez ha sido juez instructor en juzgados de primera instancia de Coruña, Valladolid y León, y letrado y portavoz del Consejo General del Poder Judicial.
De las 64 sentencias en las que ha sido ponente, 28 fueron dictadas de conformidad entre el fiscal y los abogados defensores. De las 36 restantes, el propio señor López tuvo que dictar autos de aclaración en más de un 10% de los casos para corregir errores graves, no erratas, como declarar rebelde en los hechos probados al condenado o dictar una pena de cárcel no compatible con los hechos probados. Consta, por otra parte, que el Tribunal Supremo ha corregido un porcentaje sensible de las sentencias en las que el señor López fue ponente.
Podría argumentarse que el señor López no tiene gran experiencia jurídica, pero que su prestigio se basa en su labor docente. Pero la carrera docente del magistrado es fácil de resumir: profesor de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de Valladolid, 1990-1991; profesor asociado en el área de Derecho Penal de la Universidad de León (1996-1998) y profesor de Derecho Penal de la Universidad Europea de Madrid. En cuanto a sus publicaciones, consta un variado catálogo, coloquios como tertuliano y artículos en prensa. Su artículo más comentado en ámbitos jurídicos fue el publicado en junio de 2010 y titulado La justicia de los toros, en el que el autor establecía un paralelismo entre las corridas de toros y los procedimientos judiciales.
El problema no es el señor López, es el prestigio del Constitucional, su eficacia y su futuro. La amargura, la pena y el disgusto que causa ver arruinada y debilitada, una vez más, a una de las principales instituciones de este país.

El miedo a la democracia

“Lo mejor es ofrecer tus argumentos, afrontar el problema y dejar que la gente decida”. Esta es la elemental lección de democracia que David Cameron dedicó a Mariano Rajoy cuando un periodista español le preguntó sobre la autodeterminación de Escocia. Por supuesto, Cameron se cubrió precisando que “nunca se atrevería a decir que los españoles tienen que hacer eso”. Pero el guion de Cameron, voluntariamente o no, era una réplica, punto por punto, al modo en que Rajoy trata la cuestión catalana. Primero, ofrecer tus argumentos: hasta la fecha, Rajoy no ha opuesto una sola propuesta en positivo a lasdemandas que vienen de Cataluña. Simplemente, ha bajado la barrera: prohibido pasar, la ley no lo permite, confiando en que el proceso se deshinche, como diría Duran i Lleida. Segundo: afrontar el problema. Es decir, tomarlo como lo que es: un asunto político relevante. Y tratarlo como tal: proponer, dialogar, negociar. Tercero: dejar que la gente decida. No utilizar la legalidad como un arma arrojadiza contra los ciudadanos, porque es una manera de convertir lo que debería ser el espacio compartido en un patio enrejado. Simplemente, dar la palabra a la ciudadanía, que es lo que corresponde en democracia. A partir de este guion se puede y se debe discutir todo: las ideas y los procedimientos. Pero el principio es claro: la ciudadanía tiene la última palabra. Evidentemente, la lección de Cameron está en las antípodas del aviso que recibió Mariano Rajoy de su antiguo mentor José María Aznar, que, una vez más, le conminó a poner en marcha los mecanismos constitucionales necesarios para abortar cualquier proceso soberanista. Dos culturas de resonancia muy distinta: primacía a los ciudadanos o primacía al “imperio de la ley”.
Se puede pensar que David Cameron juega con ventaja porque tiene la certeza de que en Escocia va a ganar el referéndum. Pero equivaldría a decir que Rajoy teme perder el referéndum en Cataluña. No aceptarlo por miedo a perderlo no es precisamente un criterio democrático. Creo que las razones son más profundas y tienen que ver con la tradición democrática de unos y otros. En España pesa una cuestión de principios: aceptar el referéndum es reconocer a Cataluña como sujeto político autónomo, y esto es lo que resulta inaceptable, independientemente de cuál sea la voluntad de sus ciudadanos, porque “el solar es nuestro”. El guion de Cameron responde a una democracia parlamentaria fuerte, en la cual la argumentación, la discusión política y la negociación están muy vivas, con un poder legislativo combativo y con unos partidos políticos cuyos diputados desconocen el principio de las adhesiones incondicionales que reina en los partidos españoles. Simplemente, lo que está diciendo Cameron es que en democracia los problemas se resuelven con la confrontación política abierta y, en última instancia, la ciudadanía decide.
Con lo cual, la reflexión de Cameron no nos interpela solo sobre la llamada cuestión catalana, sino que nos confronta también con las limitaciones del gripado régimen político de la Transición, donde el poder ejecutivo prevalece sobre los demás poderes (quizá como un eco de la tradición de caudillaje), donde las raras discrepancias dentro de los partidos se convierten en peligrosas disidencias cuando trascienden más allá de los salones conspirativos; donde la conflictividad, esencia de la democracia porque es el único régimen que se funda sobre ella, es vista como una amenaza; y donde cuando aparece un problema, se busca enquistarlo o enfriarlo antes que afrontarlo políticamente. El miedo al referéndum es una expresión de las debilidades de la democracia española. En el fondo es el miedo a la democracia.
Los dos grandes partidos han llegado a un acuerdo para reivindicar en Europa algunas medidas contra el paro y a favor del crecimiento. Solo cuando se han visto en graves apuros han buscado un punto de encuentro en auxilio mutuo. Y el resultado ha sido un pacto a puerta cerrada, que ha dejado fuera a los demás. El consenso tiene muy buena prensa en este país. Tengo la impresión de que más que consenso, lo que necesitaría la democracia española es que la oposición construyera una verdadera alternativa para cuando el PP complete su desplome. El consenso hizo la función de las muletas en una Transición que no respondió a ningún guion previo y que tuvo mucho de improvisación y momentos de gran confrontación. Pero hay un consenso implícito que está deteriorando la democracia: el acuerdo de los dos grandes partidos en no reformar el sistema institucional. ¿Por qué la izquierda no lo rompe y asume la bandera de la refundación?

El eterno

Aznar, por así decirlo, es un estado de ánimo. Cada cierto tiempo los columnistas tienen su día Aznar y desearían hacerlo público, pero contienen su impulso porque son conscientes de que a este hombre es al que más artículos se le habrán dedicado en los años que llevamos de democracia. Flota en el ambiente la idea de que cuando al columnista no se le ocurre nada, tira de Aznar para salir del atolladero. ¡Maledicencias! Aznar se merece todas las columnas que sobre él se han escrito. Las hagiográficas, porque reflejan el sentir de una España eterna; también aquellas que representan a los que tiemblan ante una posible vuelta de este Cid redivivo. Según las encuestas, no son demasiados los españoles que desearían confiar en él la salvación de esta patria maltrecha. Imagino que a quien tiene vocación de salvapatrias le tiene que sacar de quicio que no haya un clamor que reclame su vuelta. Será por eso que en los últimos tiempos el ex ha entrado en bucle e imparte doctrina sobre lo que él haría si fuera presidente. Esperanza Aguirre, que comparte la condición de ex, aprovecha la ocasión para banderillear a Rajoy y asegura que las medidas que propone Aznar son las únicas que pueden rescatarnos de la ruina en la que nos sumió Zapatero. Con lo que a Rajoy, rodeado de tantos puñales, solo le queda llamar a las puertas del PSOE; al menos se encontraría con Rubalcaba, que busca desde hace tiempo un pacto de Estado.
De cualquier manera, no se comprende cómo alguien tan pro americano como Aznar no contempla el emular el comportamiento de su gran amigo Bush, que si algo bueno ha tenido desde que pisó la arena política es la discreción tras la retirada. Su paso por la presidencia ha quedado en manos de cronistas. En el caso de Aznar es él mismo el que se encarga de celebrar sus méritos. No parece tener problemas de autoestima. ¿O sí?

Alemanes

El 27 de septiembre de 2011 se consumó un asalto, con nocturnidad y alevosía, contra la voluntad de los españoles, al cambiarse la Constitución utilizando triquiñuelas legales. El texto inviolable, el votado en 1978, se cambió para satisfacer las exigencias de Bruselas, una capital europea que es, en realidad, una sucursal de la Alemania de Merkel.
Ese día, el texto del artículo 135 pasó a decir que los pagos de los intereses de los créditos para financiar la deuda se deberían hacer con la prioridad absoluta. Lo cierto es que no se hizo el cambio con ningún afán de que quedara en el limbo de las interpretaciones.
Los tenedores de deuda española, o sea, entre otros los bancos y cajas alemanas, tienen una garantía superior: aquí se puede estar hundiendo el mundo, se pueden morir de hambre niños, pero en cuanto haya un euro se tiene que ir primero a los que han comprado deuda. Prioridad absoluta.
Ahora, el Tribunal Constitucional alemán discute si el Banco Central Europeo puede seguir comprando bonos. Como dijera que no, la habríamos liado un poco.
La potente diplomacia española no se ha dado cuenta, vistos los antecedentes, de que hay solución para eso. Podemos imaginar a José Manuel García Margallo, acompañado por Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, llegar una noche a Berlín, reunir a la CDU, al SPD y los liberales y decirles: “esto lo cambian ahora mismo”. Si no tienen la suficiente seguridad en sí mismos, que se hagan acompañar por el verbo fácil de María Dolores de Cospedal y de Carlos Floriano.
Asunto zanjado: si el Tribunal Constitucional alemán tiene dudas, se le cambia la Constitución para que las pierda. Si ya se hizo aquí, se puede hacer allí, ¿no?
Según los responsables del cambio de septiembre de 2011, España ganó credibilidad aquel día de septiembre. Dejemos a los alemanes que también ellos la consigan.