jueves, 28 de marzo de 2013

La enfermedad del clientelismo


En sociedades con frágiles mecanismos democráticos, al individuo sin capital social no le queda más remedio que conectarse a redes de influencia buscando atajos para superar sus carencias. Y se impone la corrupción


Si según Karl Popper una sociedad abierta se caracteriza por ser “una asociación de individuos libres que respetan los derechos el uno del otro dentro del marco de la mutua protección proporcionada por el Estado y que logra, mediante la toma responsable y racional de decisiones, una vida más humana y rica para todos”, entonces España ha fracasado estrepitosamente.
Dejando de lado lo engorroso de la definición (incluida quizá la traducción del propio articulista), lo que ponen de manifiesto los últimos acontecimientos de presunta corrupción que han indignado hasta el límite a la opinión pública española (empezando con Iñaki Urdangarin, pasando por Amy Martin y Carlos Mulas y acabando con Luis Bárcenas) es que vivimos en un coto cerrado en el que los mayores enemigos de las sociedades abiertas, los Gobiernos, las partitocracias y las oligarquías económicas, han sabido sacar provecho de un viejo patrón organizativo de las sociedades mediterráneas llamado clientelismo, o caciquismo en su versión más castiza.
El clientelismo es, no nos engañemos, una variante o sucedáneo de la corrupción. Es una forma de organización social que se salta las fronteras geográficas, llamado rousfeti en Grecia y de la misma forma en Italia y Portugal, y une en un mismo destino a los países del sur de Europa y a los latinoamericanos. La principal consecuencia que el clientelismo tiene en la vida de los ciudadanos es que el acceso a determinados recursos es controlado por una serie de patrones, cuya condición viene determinada por tratarse de políticos, detentadores de poder económico o ambas cosas a la vez, que reparten dádivas a sus clientes a cambio de su apoyo. Es un fenómeno social con raíces profundas en nuestro país, heredado de los tiempos feudales en que una mayoría de la población campesina dependía de los latifundistas.
La pertenencia o proximidad a un partido facilita en España llegar a determinados puestos
La longevidad del fenómeno clientelista en una sociedad como la española solo puede explicarse como una carencia de capital social (usando el término del sociólogo francés Pierre Bourdieu, referido a la suma de los recursos con los que cuenta cada individuo en virtud de sus relaciones personales) de una mayoría de la población que carece de acceso a los centros de poder mediante un mercado libre, unas instituciones políticas representativas o un sistema legal igual para todos. Al individuo sin capital social no le queda más remedio que conectarse a redes de influencia buscando un atajo que le permita saltarse las barreras sociales. Este atajo puede consistir en entrar a formar parte de un partido político o, si se ofrece la posibilidad, aprovechar las conexiones familiares que uno tiene a mano.
El clientelismo, en suma, vendría a ser una respuesta a la persistencia de tradicionales estructuras sociales jerárquicas que alienan al individuo y caracterizan a las sociedades cerradas. Esta cruda naturaleza de las desigualdades sociales se expresa incluso en Norteamérica, paradigma de las sociedades abiertas, con el famoso dicho It is not what you know, it is who you know (“No es lo que uno sabe, sino a quién conoce”) que en román paladino vendría a equivaler que un buen enchufe vale más que una carrera.
En las sociedades regidas por una lógica clientelista los niveles de protesta tienden a ser más bien escasos. El individuo acepta las situaciones injustas, tiende a desconfiar del Estado y de las instituciones y a buscar la solución individual renunciando a la lógica, la racionalidad o la aplicación de las leyes. La lógica clientelista salpica a la sociedad en su conjunto y no solamente a los políticos o los empresarios. De la misma forma que determinadas empresas que querían beneficiarse de subvenciones o fondos públicos se aliaron con uno de los “patronos”, por ejemplo Iñaki Urdangarin o Luis Bárcenas and company, para compartir juntos el botín, el resto de los ciudadanos también tratan de saltarse las reglas del sistema. Que tire la primera piedra, por ejemplo, quien no ha conocido a alguien en lista de espera que, tras ponerse en contacto con un familiar o un conocido, ha logrado ser operado antes, pasando por encima de aquellos que se encontraban por delante de él en la misma lista desde la absoluta comprensión de sus allegados.
Lo cierto es que la vida de las empresas y cualquier organización en nuestra sociedad depende en gran medida de sus relaciones con el Gobierno o los partidos políticos que han asumido muchas de las funciones de los patrones individuales en el pasado. De hecho, los partidos políticos que, no olvidemos, se financian en buena parte con el dinero de los ciudadanos, son la piedra angular del clientelismo. No dejan de ser el equivalente contemporáneo, en términos de movilidad social, de lo que era el clero y la milicia en tiempos pasados al estar en muchos casos integrados por personas de escasa formación que ven en la política una posibilidad de progreso social en ausencia de otro tipo de méritos.
La pertenencia a Europa no ha significado que se impongan sus estándares de razón y legalidad
No era este necesariamente el caso de Carlos Mulas y Irene Zoe Alameda. Muy al contrario, ambos tienen doctorados en universidades de prestigio y son beneficiarios directos del célebre cierre de clase weberiano, es decir, del afán de las clases privilegiadas de subir los requisitos para poder pertenecer a ellas que en España hoy día se traduce, debido al descrédito de la universidad local, a que las familias pudientes manden a estudiar a sus chicos a universidades de élite generalmente norteamericanas para seguir manteniendo las distancias sociales. Para qué engañarse, cualquiera mínimamente versado en el mundo académico norteamericano sabe que obtener un doctorado en una universidad de prestigio, sobre todo si se viene del extranjero, depende tanto de los méritos académicos como de la solvencia económica. Pero incluso teniendo en cuenta sus favorables circunstancias de partida, Mulas y Alameda entendieron que la pertenencia o proximidad a un partido era un camino mucho más corto de acceder a determinados puestos adjudicados por criterios más políticos que profesionales (como por ejemplo el de director de la sede del Instituto Cervantes en Estocolmo o el de asesor del FMI). En lo que su caso no se distingue en absoluto de muchos otros es en la lógica cínica (alguno de los artículos de Amy Martin versaba sobre el hambre en Somalia) y familiarista (enchufar a la mujer) típica de las maniobras clientelares.
La indignación creciente de la opinión pública española no es solo un suceso puntual como respuesta a unos acontecimientos de corrupción y nepotismo que se acumulan en tiempo de crisis acuciante. Es sobre todo una reacción de hartazgo y de decepción ante una realidad indubitable: España sigue siendo una sociedad cerrada y dual como siempre ha sido aunque de vez en cuando se den algunos Antonios Alcántara (el personaje de Imanol Arias en Cuéntame lo que pasó). Si alguna vez hubo un ascensor que permitía el ascenso (y se supone que la caída también) social de los individuos, este se averió hace mucho tiempo. España sigue pareciéndose al reino en el que, parafraseando a la reina del relato Alicia en el País de las Maravillas, da igual que uno corra lo más rápido que pueda, ya que hay muchas posibilidades de permanecer en el mismo lugar.
El viejo sueño de que la pertenencia a Europa impondría unos estándares en los que regiría la razón y la legalidad en nuestra sociedad parece haberse desvanecido. Ni siquiera la dictadura de la eficacia que parecía traer aparejada la globalización ha logrado alterar el sistema de relaciones que rige en nuestras instituciones. Desafortunadamente, como afirma el politólogo italiano Caciagli, el clientelismo tiene raíces profundas. Implica “un lenguaje, unos ritos, unos valores y símbolos, pautas de comportamiento y redes de relaciones aceptadas por una comunidad que comparte una mentalidad”. Se adapta bien a la mentalidad posmoderna siempre en búsqueda de soluciones flexibles orientadas a satisfacer las necesidades individuales, al declive de las ideologías, a la fuerza de lo local y a la personalización de la política. El cerrojo está bien echado y sus beneficiarios lo saben.
César García es profesor en la Universidad Pública del Estado de Washington. Es autor de American psique (Editorial Lo Que No Existe).
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Un diagnóstico realista


Los indicadores económicos ratifican algo evidente para casi todos los analistas e instituciones, excepto para el Gobierno español: que la recesión intensa continuará durante 2013 e incluso puede extenderse a 2014. El Banco España prevé para ese año una contracción del PIB del 1,5% y un aumento de la tasa de paro hasta el 27%. Pronostica que la destrucción de empleo continuará durante 2014, un análisis perfectamente coherente con la dureza de la recesión y con el hecho obligado de que el Gobierno tendrá que seguir recortando el gasto y quizá enfrentándose a subidas de de impuestos, mejor o peor disimuladas, debido a que el déficit público sigue sin estar controlado. La Comisión Europea ha obligado a España a elevar el déficit de 2012 desde el 6,74% del PIB anunciado por Hacienda hasta el 6,98%, por la aplicación de un principio básico, y es que las devoluciones fiscales se contabilicen en el ejercicio correspondiente y no se desplacen hasta el siguiente, como había hecho España para cuadrar artificiosamente las cuentas.
El problema es que el Gobierno está obligado a practicar nuevos ajustes públicos, que los aplicados hasta el momento han dado resultados mediocres —no han conseguido situarlo en el objetivo del 6,3%— y que, por lo tanto, la política económica contribuirá a prolongar la recesión y retrasará la salida de la crisis. Y no sólo por el efecto directo de la falta de capital público, sino por la repercusión en los mercados de la incertidumbre sobre el déficit real. La rectificación impuesta por Bruselas provocó una elevación inmediata de la prima de riesgo y una subida del bono a diez años por encima del 5%. La financiación estable de la economía no es posible con vaivenes continuos de credibilidad.
Hay términos que no son sinónimos. La recesión es un concepto estadístico y terminará cuando la economía española entre en una fase de crecimiento. Pero aunque termine la fase recesiva aguda, la situación delicada de la economía española puede prolongarse debido a las dificultades para generar empleo neto, algo que probablemente no se conseguirá hasta que la economía crezca por encima del 1%, y por el peso de los costes asociados a un volumen excesivo de paro.
Huelga la complacencia pública del Gobierno, fundada tan sólo en el retorno de los capitales después de la desastrosa fuga registrada en 2012. Cuando se escucha al equipo económico, parece que la crisis ha quedado atrás. Sin embargo, todavía quedan al menos cuatro trimestres muy duros. Es imprescindible que el equipo de Mariano Rajoy modifique rápidamente sus previsiones económicas para este año y para 2014. Ya que no parece dispuesto a negociar en Europa financiación para aplicar políticas de estímulo, que se esfuerce al menos en bajar los costes financieros de la economía. Es decir, reducir la prima de riesgo solicitando una intervención del BCE en el mercado de deuda.
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miércoles, 27 de marzo de 2013

a protesta llama a su puerta


Los activistas contra los desahucios han dado un polémico paso para señalar a los políticos que no apoyan la dación en pago: la movilización frente a sus viviendas.¿Es legítima esta estrategia?


La plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha decidido señalar de manera directa a los políticos que no apoyan la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago. Este tipo de señalamiento personal se conoce como escrache, y el primero se produjo ante la cúpula del Partido Popular, que se encontraba reunida en un hotel de Madrid. El segundo fue en Barcelona, frente a la vivienda de la concejal del mismo partido, Ángeles Esteller. Le siguieron otros, que afectaron al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz; o al jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas.

El más reciente, el miércoles en Valencia, se realizó frente a la vivienda de Esteban González Pons, vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular, que no estaba en casa en ese momento. Pero su familia sí  estaba. “Entraron en el portal, subieron hasta la casa, aporrearon la puerta durante 45 minutos. Ésta no es la forma de convencerme”, manifestó al enterarse de los hechos. Pons, que ha interpuesto una denuncia al considerar que se trata de ataques a “representantes de la soberanía popular”, aseguró ayer a El PAÍS: “Asustar a mi familia es un método mafioso. Hoy lo hacen para que los políticos cambiemos el voto. Mañana lo harán con los jueces y pasado con los periodistas. Es muy peligroso. Dicen que me van a señalar, pero señalar es lo que hacían los nazis con los judíos”. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se manifestó de forma similar tras el Consejo de Ministros. Aseguró que algunas actuaciones “invaden los derechos de otros”, mientras pedía “respeto” a los políticos y “especialmente a sus familias”, que sufren manifestaciones frente a sus casas.

¿Son legales estas actuaciones? ¿Canalizan el malestar social de modo democrático o son meras acciones de coacción? “Las movilizaciones ciudadanas que echan el aliento en la nuca del político, pero solo el aliento, están más que legitimadas”, señala Jesús María Osés, profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad Pública de Navarra. “El límite infranqueable es la violencia física. O que la presión se ejerza contra la familia”. La PAH asegura que se trató de una “señalación pública y pacífica”, pero González Pons lo ve de manera muy diferente y acusa a la plataforma de “intimidar” a su familia llamando al timbre de su casa.

El señalamiento (o escrache) nace en Argentina. Escrachar implica evidenciar a personas que pretenden pasar desapercibidas. Los primeros fueron impulsados por Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS). “Ante la impunidad de las leyes de punto final, que impedían juzgar a los responsables de la dictadura, promovieron los señalamientos. Consideraban que si el Estado no daba respuestas, era legítimo que la ciudadanía supiera quienes eran y qué habían hecho”, explica Jordi Mir, profesor del centro de estudios sobre los movimientos sociales de la Universitat Pompeu Fabra.

Esta modalidad de queja nace en Argentina tras las leyes de punto final
España vive la peor crisis desde la restauración de la democracia y solo el año pasado se ejecutaron 46.408 hipotecas, según datos del Poder Judicial. El drama de los desahucios afecta, pues, a centenares de miles de personas. En este contexto, “se llega a la conclusión que las movilizaciones tradicionales no surten efecto. Como no se puede salir de la agenda política, se importan medidas extranjeras con la esperanza de que funcionen”, plantea Juan Carlos Revilla, profesor de Psicología Social de la Complutense.

¿Es comparable la situación argentina y española? “Es difícil apoyarlo sin reservas, porque los diputados no se esconden ni han hecho nada reprobable. Solo han manifestado dudas a la propuesta. Tengo reticencias de que sea la mejor opción”, señala Revilla.

La catedrática de ética Victoria Camps cree que se trata de un ejercicio de libertad de expresión, siempre y cuando se ajuste a unos límites precisos. “Es legítima si es pacífica, se produce en la vía pública y no se viola el espacio privado. Ellos son nuestros representantes. Si la gente quiere que conozcan su realidad, están en su derecho de informar, incluso si es de forma tan directa”.

Los diputados
no responden directamente
ante sus votantes
La jurista Magda Oranich considera que es “lícito, siempre que no haya coacciones ni amenazas”, pero se manifiesta en contra. “No creo que sea la mejor forma de presión en democracia. Los diputados han sido elegidos, te guste o no”. En su opinión, sería mejor “manifestarse ante el Congreso, pero nunca en el domicilio”, porque se coacciona no solo al político, “que lo lleva implícito en el cargo”, sino “a sus hijos y vecinos”, que nada tienen que ver.

Según una encuesta publicada por EL PAÍS el domingo, el 67% desconocía la campaña de escrache de la PAH. Aunque el 89% —el 87% entre votantes del PP— aseguraba estar de acuerdo. El catedrático de Sociología y presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, abunda en por qué: “El ciudadano es ambivalente en este tema. Aprecia que existe un riesgo de acoso, pero hay factores que hacen comprensibles estas campañas. La gente ve que la crisis no la provocan quienes la padecen. Además, pagan más los que menos tienen y los que son percibidos como culpables —los expertos financieros— no solo no han pagado, sino que reciben jubilaciones millonarias. Ese es el telón de fondo”.

Mir añade: “Nuestra sociedad es más sensible a la alteración del orden que a la violencia estructural, como la pobreza, cuando el verdadero sufrimiento lo padecen los afectados por la crisis, el desempleo y los desahucios”. Esther Vivas, investigadora de movimientos sociales, destaca que “se busca visualizar una realidad; que se vea que detrás de las decisiones políticas hay personas. Esta acción está a la altura de la situación de crisis que vivimos”.

“El verdadero sufrimiento es el de los afectados por la crisis”, dice Jordi Mir
La calificación como “violencia” del escrache genera también cierta controversia. Quienes las sufren se sienten “acosados” y consideran que se está vulnerando su derecho a la libertad. Hay quienes opinan, sin embargo, que es una reacción proporcionada a la magnitud de la crisis que azota a los ciudadanos. “La presión de las instituciones sobre las personas obliga a éstas a una legítima defensa”, argumenta Osés. El politólogo Íñigo Errejón asegura que la PAH ha visibilizado lo que antes era una violencia “privada y extrema. Hasta ahora la violencia de echar a una familia a la calle sin que tenga adónde ir, era algo privado. La PAH lo ha politizado, lo ha hecho público”.

Ada Colau, el rostro visible de la PAH, niega que las actuaciones de la plataforma constituyan ningún tipo de acoso ni hayan superado los límites de la legitimidad: “Nos estamos volviendo locos y hemos dejado de ver el conjunto. El límite no lo han traspasado los ciudadanos, sino la praxis bancaria y los gobiernos que les inyectan dinero público mientras la gente se tira por la ventana”. Según la activista, la plataforma apela “a la conciencia individual de cada diputado”, pidiéndole que vaya “más allá de la disciplina de voto del partido”.

Es legítima si es pacífica y no viola el espacio privado, dice Victoria Camps
Sin embargo, en España, con un sistema electoral de listas cerradas, los diputados están sujetos a la llamada disciplina de voto. “El hecho de que el diputado piense que debe rendir cuentas solo ante sus jefes supone una quiebra en el sistema”, opina Toharia.

Vivas pone el acento en la pugna entre legalidad y legitimidad. “Hay acciones que pueden ser ilegales desde un punto de vista jurídico, como ocupar locales vacíos, y sin embargo son totalmente legítimas”. Ayer, 200 activistas de la PAH ocuparon una sede de Banesto en el paseo de Gràcia de Barcelona.

“La legalidad es un concepto construido. Lo legal debería ser legítimo y lo legítimo debería hallar un cauce de legalidad, aunque no siempre es así”, abunda el psicólogo Jaume Funes. Y ahonda en cómo los jóvenes se rebelan contra los imperativos del sistema: “Para tratar los escraches no sirve con invocar que algo es legal. El argumento de muchos jóvenes es: ‘será legal, pero no mi legalidad’. No se sienten representados por un sistema que ven injusto”. Mir añade: “Las autoridades deberían reflexionar sobre los riesgos de carecer de espacios para el debate político más allá de las elecciones”.

Según el politólogo Errejón, las líneas rojas “se traspasan desde hace tiempo. Hay quien considera que pegar pegatinas y hacer sonar una cacerola es grave. Quizá, pero hace mucho que esta gente no son los primeros en quebrantar las cosas”.

Los críticos con estas acciones sostienen sin embargo que se ha traspasado una línea roja fundamental. Y que es preciso poner coto a este tipo de protestas. El portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, remitió ayer mismo una carta a los diputados de su grupo en la que señalaba que “algunos compañeros y sus familias han sufrido situaciones de acoso que no debemos pasar por alto" y les indicaba que, ante “cualquier amenaza”, mantuviesen la calma e informaran a la dirección del partido, que tomaría las "medidas legales oportunas". La número dos socialista, Elena Valenciano, mostró su apoyo expreso a lo declarado previamente por la vicepresidenta del Gobierno: “Sé que la gente lo está pasando mal”, señaló. “Pero no se puede promover la violencia y el acoso a gente a la que se ha votado”.
fuentes http://sociedad.elpais.com/sociedad

Pataleo


Vamos a ver: ¿llueven meteoritos ardientes de los cielos y el Papa se funde en un abrazo con el Antipapa, y nosotros nos preocupamos de los escraches? Me he puesto apocalíptica porque usar la realidad me parecía aún más duro, o sea: ¿estamos hasta las cejas de financiaciones ilegales, ERE corruptos, políticos y banqueros rapiñadores, y nosotros nos preocupamos de los escraches? A mí, por el contrario, cada día me admira más la moderación de la sociedad española, la capacidad de aguante de los ciudadanos y lo poco que recurren a la violencia, sufriendo tantos lo mucho que sufren (eso sí, lo he dicho y lo repito: si consiguen desmantelar del todo la sanidad pública veremos correr sangre, porque con la salud de tus hijos no se juega).
La gente es buena, en fin, y lo es pese a la contumaz cerrazón de nuestros dirigentes. Ni el PSOE ni el PP hicieron nada por paliar la carnicería de los desahucios; si algo se mueve ahora es gracias a la presión popular. No es de extrañar que el 81% de los españoles confíe en las plataformas sociales para solucionar este drama, mientras que en el PP solo confía un 11% y en el PSOE, un 10%. Se han mostrado tan recalcitrantemente sordos con la Ley Hipotecaria que yo diría que se han ganado a pulso que les peguen unos cuantos gritos en el portal. Sí, es cierto, el escrache puede derivar en esa cosa tan atroz e inadmisible que es el matonismo y el linchamiento. Pero creo que la mejor forma de fomentar esta deriva es demonizando las protestas populares. Limitemos las broncas a la acera de enfrente, sin aporrear puertas (no hay que asustar niños) y desde luego sin violencia: es lo justo y también lo más útil, porque, si no, perderán apoyos populares. Pero que no me digan que, después de tantos años sin que nadie responda, la gente no tiene por lo menos derecho al pataleo.
fuentes http://elpais.com/elpais/2013/03/25/opinion/1364216977_248940.html

El culpable debe pagar


Los errores se pagan. Muchos pagaron con la poltrona sus errores personales, las equivocaciones nacionales, y también el azar adverso: el griego Yorgos Papandreu, el irlandés Brian Cowen, el portugués José Sócrates, el español José Luis Rodríguez Zapatero, el italiano Silvio Berlusconi. ¿Nadie purgará ahora el desatino con que se ha conducido el estallido chipriota? La crisis conjugó factores nacionales y europeos. Se ha debido a la elefantiasis de la banca local (entre cinco y siete veces el PIB de la isla), crecida al compás del boom de las remuneraciones y la competencia fiscal desleal; el juego sucio de los semiparaísos fiscales; el impacto de la malhadada quita griega (que al depreciar los bonos helénicos desvalorizó los balances de los bancos chipriotas, repletos de aquelllos); y a una gestión infernal, basada en la teoría del escarmiento sin límites al país enfermo.
Debe protestar la ciudadanía europea, porque sus dirigentes la llevaron de nuevo al borde del colapso del euro
El pueblo llano chipriota puede legítimamente protestar por el proceso y su resultado. No Chipre —ni su élite cómplice del lavado de dinero ruso—, responsable de, al menos, la mitad del entuerto, pues debe celebrar haber evitado la quiebra con dinero propio y, sobre todo, de los socios: fuera el victimismo. Ni el premier ruso, Dmitri Medvédev, que critica, desabrido, el “saqueo del botín”. Es intolerable en el dirigente de una democracia autocrática, corrupta e insegura hasta para sus oligarcas... disidentes, que acaban encarcelados o suicidados.
Debe protestar la ciudadanía europea, porque sus dirigentes la llevaron de nuevo al borde del colapso del euro, uno de sus grandes logros. Que llame el Parlamento Europeo a los responsables. Que investigue la cuota-parte de cada uno en el dislate inicial de incumplir la norma europea y confiscar parte de los ahorros modestos, protegidos hasta 100.000 euros. Que empiece por el tierno presidente del Eurogrupo, el socialdemócrata holandés Jeroen Dijsselbloem. Que este sujeto no se vaya de rositas, escondido en un falso fonteovejunismo. Que se recuerde que en la madrugada del fúnebre día 16, él, el presidente —no Anastasiades, ni Draghi, ni Lagarde, ni Rehn, ni el conserje— justificó públicamente la ilegalidad: “Como es una contribución a la estabilidad financiera de Chipre, parece justo pedir una contribución de todos los tenedores de depósitos”. De todos. Él es el primer culpable de incumplir la ley y de haber multiplicado la crisis. Aunque luego tratase de disfrazarlo. Y encima, ayer volvió a meter la pata.
Pero con el escarmiento, con la expiación de sus pecados, no se agota la lección de esta crisis. Quedan dos tareas. Una es acelerar la unión bancaria, garantizando que todos contribuyen contra los reveses, pero que cada uno se paga sus vicios. La otra, completar la unión fiscal, focalizada ahora en el gasto y el déficit: que llegue al ingreso, armonizando los impuestos —con flexibilidad— y acabando con la competencia fiscal desleal, ese impuesto de sociedades al 10% o al 12,5% propio de villanos y no de víctimas.   fuentes http://economia.elpais.com/economia

Qué democracia


Solo los mejor intencionados atribuyen la catástrofe de la vía chipriota de intervención europea (sea cual sea su final) al mal hacer de Bruselas, llámese Comisión Europea, Eurogrupo, troika, etcétera. La lectura crítica del asunto tiene más que ver con la ideología que con la mala gestión, dado que esa decisión (la confiscación de una parte de los ahorros, a través de un impuesto a los depósitos bancarios, y cierre temporal de las sucursales) como otras muchas son tomadas siempre en la misma dirección y con idéntica naturaleza. A saber:
 — Muchas de las medidas que se aplican no se discuten en la plaza pública, los Parlamentos, como correspondería, sino que son analizadas —y aprobadas— en lugares opacos, de los que no se conocen ni las actas de la polémica ni las posiciones a favor y en contra de las mismas. En Chipre hubo elecciones hace escasas semanas, y ninguna de las formaciones llevaba en sus programas y en sus propuestas declarativas nada que pudiera recordar al corralito de la última semana. Y sin embargo, en el Eurogrupo (17 ministros de Economía) hubo unanimidad, inmediatamente corregida a raíz del escándalo montado, sobre la quita a los depositantes de Chipre. El estupor ciudadano estaba asegurado, así como la sensación de que lo experimentado en un país pequeño podía trasladarse a un país mayor.
— Todas las políticas económicas tomadas van en la misma dirección (austeridad, recortes...) en una especie de pensamiento único compacto, independientemente de las distintas circunstancias de cada uno. Aunque la aplicación de esta austeridad única haya acelerado la pobreza, el paro y la desigualdad entre los ciudadanos. Además, las reformas institucionales van, también todas, en el mismo sentido: quitar soberanía a los países para cedérsela a no se sabe quién.
— Las políticas se toman en instituciones (Comisión Europea, Eurogrupo, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional...) que no pueden ser castigadas (o premiadas) por el fracaso o el éxito de su acción a través del mecanismo del voto. Son instituciones autónomas del voto, al menos en primera instancia. Así pues, sus incentivos para obtener el bienestar de los ciudadanos a corto plazo es más bien escaso.
La percepción de que las políticas aplicadas por Bruselas y Fráncfort no responden a las demandas de los ciudadanos, y que son subsidiarias del poder central europeo (Alemania), es cada vez mayor, y el alejamiento de Europa aumenta. La opinión de cada vez más gente de que se delega la política económica principal en manos de tecnócratas o de organismos supranacionales no elegidos directamente debilita el sentido de la democracia. El descontento se manifiesta no solo con el contenido de las políticas de consolidación a ultranza y de talla única, sino también con las formas “poco democráticas” con las que se están imponiendo.
fuentes http://elpais.com/elpais

Rajoy y Hollande se oponen a que los ahorradores salven a los bancos


Reunidos en el Elíseo antes de acudir al estadio de Saint Denis para ver en directo el partido Francia-España, el presidente español, Mariano Rajoy, y el jefe del Estado francés, François Hollande, mostraron este martes su rechazo a que los ahorradores se vean obligados a salvar a los bancos y criticaron, sin llegar a citarlo, al presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, afirmando que el caso de Chipre es “único y excepcional”, que la garantía de los depósitos es sagrada y que no se puede extrapolar al resto de los países europeos.
Amigos por conveniencia pese a pertenecer a distintas familias políticas, y cada día más alejados del centro de poder real de Europa, París y Madrid levantaron la voz al unísono para decir que no están dispuestos a que la solución adoptada por la Unión Europea para salvar el sistema financiero chipriota se aplique en otros casos.
El mandatario español reclama “prudencia” en las declaraciones
La única solución posible, dijeron ambos mandatarios, es caminar rápidamente hacia la Unión Bancaria y respetar, según señaló Hollande, sus dos principios esenciales: la garantía de los depósitos, que como dijo Rajoy es básica para dar confianza a los ahorradores, y la recapitalización de los bancos a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
Aunque solo un periodista citó el impronunciable nombre del líder del Eurogrupo, Dijsselbloem, el ministro socialdemócrata holandés fue la gran referencia de la conferencia de prensa conjunta. Rajoy y Hollande dejaron claro que están seriamente contrariados por las meteduras de pata del novato líder de los ministros del euro, quien se precipitó a afirmar que el rescate a Chipre podría ser un buen modelo para el futuro. Rajoy dijo que el acuerdo alcanzado para la isla mediterránea le parece “bien”, pero aclaró que se trata de “un problema bancario diferente a todos los demás, de una decisión extraordinaria”.
“Debe quedar meridianamente claro que la solución solo se aplicará a Chipre”, añadió. Y luego hizo una pausa y pidió “prudencia y mesura en las declaraciones” y “respeto a las decisiones de las instituciones de la Unión Europea”, en evidente referencia a Dijsselbloem.
Los políticos abogan por recapitalizar
la banca a través
del MEDE
Los presidentes de la segunda y la cuarta economía del euro rechazaron una segunda andanada de Bruselas, la preparación por parte de la Comisión Europea de una directiva que podría extender a los dueños de depósitos bancarios mayores de 100.000 euros la carga de futuros rescates a la banca. Los dos recordaron que es preciso ceñirse a los acuerdos que se adoptan, que no es esa la forma de recapitalizar los bancos, y que los pactos de junio para poner en marcha la Unión Bancaria fueron “muy importantes”.
Rajoy trató de enviar un mensaje a Alemania para que garantice los plazos comprometidos (junio y diciembre), pidió “coraje, convicción y determinación”, y llamó a avanzar en la integración económica y política. Hollande volvió a su discurso de siempre: pidió que Europa estimule el crecimiento, recordó que si los mercados de los países se contraen es imposible que Francia se expanda, reconoció que sin crecimiento será una quimera volver a crear empleo.
La sensación en la glamorosa sala del Elíseo era la de dos políticos que prefieren irse al fútbol juntos a clamar en el desierto; vencidos por la crisis, cada día más supeditados al poder de Berlín, con unos datos que de forma tozuda alejan la recuperación, sin cintura ni imaginación para cambiar las cosas, y abrumados por unas cifras de paro intolerables que no son capaces de revertir.
Rajoy y Hollande parecían desbordados por la situación generada en un islote del Mediterráneo que pesa el 0,2% del PIB europeo, obligados a usar la diplomacia para no sacar los pies del tiesto y a utilizar otra vez los argumentos que usaban hace casi un año al apoyar en Bruselas el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento.
El presidente español habló de las previsiones económicas del Banco de España sin mostrarse demasiado preocupado por que su banco emisor pronostique que el paro alcanzará el 27% este año y la economía cederá un 1,5%. Dijo que el Gobierno ajustará sus propias previsiones en abril, aunque no necesariamente en el sentido que afirma el Banco de España.
Tras evitar responder una vez más a las cuestiones sobre la galopante corrupción que afecta a su partido —reiteró que ya dijo todo lo que tenía que decir “en público y en abierto”—, el presidente español presumió de que el suyo es el único Gobierno que ha tomado decisiones sobre el asunto de los desahucios, e invocó la necesidad de conciliar las necesidades de los ciudadanos con la seguridad jurídica.
fuentes http://economia.elpais.com/economia