Marte

Hace un par de días se dijo en Twitter que el actor Jordi Sánchez, el pescadero Recio en la serie La que se avecina, había muerto en un accidente de tráfico. Es mentira: Sánchez está más vivo y coleando que la maltrecha mercancía de su divertido personaje. Este tipo de macabras falsedades también se difundían antes de las redes, en los medios de comunicación convencionales. No tienen mayor importancia, pero no deja de escalofriarme que alguien se dedique a inventar una mentira tan boba, tan innecesaria y tan malvada. Hace falta estar muy descerebrado para poner en circulación algo semejante. ¿Cómo será el interior de una cabeza así?

Y es que hay paisajes mentales que parecen tan remotos y alienígenas como los valles de Marte. Por ejemplo: ¿cómo serán los tipos que inventaron las bombas de racimo, que se abren como palmeras en múltiples explosivos poco antes de alcanzar el objetivo? Porque esos ingenieros tuvieron que pensar intensamente en soluciones técnicas para poder matar y destripar y mutilar mejor a la población civil. ¡Qué cerebros los suyos! Pero también: ¿cómo es la cabeza de todos esos chorizos que se apropian del dinero destinado a los parados? ¿O que supuestamente recaudan fondos para una fundación de niños discapacitados, pero en realidad se lo están metiendo todo en el bolsillo? O sea: ¿qué pétreo, desolador, incomprensible desierto tendrá en la cabeza un Urdangarin? Por no hablar de la señora de Urdangarin (que espero que la imputen). Y, sin ir más lejos: ¿qué pervertida mente tendrán todos esos individuos que han regalado animalitos a sus hijos estos Reyes, y que dentro de dos meses arrojarán a los cachorros a la calle? Todos esos cerebros me resultan irreconocibles, no los considero de mi especie, son subhumanos. Me es más fácil entender a un coleóptero que a estos monstruos banales.

fuenteshttp://elpais.com/elpais/2014/01/06/opinion/1389022717_228231.html

¿Una pregunta balsámica?

Si bien es cierto que no parece buena idea disgregar un país que lleva siglos unido y que “solo las personas tienen derechos, no los territorios”, no lo es menos que esos ciudadanos suelen agruparse por diversas afinidades, la lengua entre ellas, en comunidades territoriales a las que dotan de instituciones democráticas que un día, por lo que sea, pueden articular una mayoría que solicita pacífica y democráticamente la opinión de sus conciudadanos con derechos individuales sobre el futuro de su comunidad. Este proceso, al que algunos llaman “desafío” o, más abruptamente, “sedición”, debería formar parte de la normalidad democrática sin necesidad de plantear un derecho de autodeterminación que ninguna jurisprudencia reconoce salvo en casos de opresión o colonialismo, circunstancias que no concurren actualmente en nuestro país, por mucho que algunos iluminados lleguen a hablar incluso de “esclavitud”.

Tampoco cabe invocar un esencialismo democrático que deifique la simple voluntad popular como vehículo suficiente para acceder a una soberanía de nuevo cuño. Como nos recuerda José María Ruiz Soroa(Democracia y Autodeterminación, Claves, número 208), “la expresión de una voluntad clara no conlleva sin más la secesión, sino que lo que hace es abrir un proceso en el que ambas partes están obligadas a negociar francamente y con lealtad los términos posibles de un acuerdo de separación… La voluntad popular directa expresada en un único momento no es considerada como esencia única de la democracia que por sí misma no produce la decisión final, sino que se limita a abrir un proceso de diálogo institucional sobre esa voluntad”.

En vez de la berroqueña negativa que no parece llevar a sitio alguno, parece más razonable acudir a la jurisprudencia internacional para centrar el problema y enfocarlo de forma constructiva. Argüir la fuerza implacable de la Constitución para impedir la consulta es inequívocamente legítimo, pero dudo mucho que sea tan útil políticamente como la respuesta dada por el Tribunal Supremo de Canadá a la ofensiva soberanista de Quebec, un intento jurídico serio de ofrecer una vía legal que, sin reconocer el “derecho a la secesión”, permita atender las demandas pacíficas y democráticas de una parte de su población y que aquí podría contemplarse mediante una ley ordinaria que regulara el derecho de una comunidad autónoma a plantearse un futuro diferente bajo determinadas condiciones.

La razón  y el arte de la política exigen sentarse y arbitrar soluciones

No tienen derecho a irse por las buenas (como corroboraba hace unas semanas el profesor Rubio Llorente), pero consulten ustedes a la ciudadanía, les vino a decir el tribunal a los quebequeses, mediante una pregunta clara sobre irse o quedarse sin eufemismos ni trampas semánticas como “derechos a decidir” y sucedáneos; en segundo lugar deben obtener ustedes una mayoría amplia (a determinar, pero no parece suficiente la simple mitad más uno para romper un país), garantizar los derechos de quienes en su comunidad no quieren separarse (el nuevo Estado debería ser tan plurinacional y plurilingüístico como el que más) y, una vez en este punto, negociar el reparto de muebles con el resto del país (previa reforma constitucional). Y así están las cosas desde entonces en Canadá, en un tranquilo statu quo.

¿Que el riesgo es demasiado grande? ¿Y cuál es el de no hacerlo? ¿Continuar con la crispada incertidumbre por los siglos de los siglos? Lo que parece conveniente es que para cualquier tipo de salida democrática se baje unos cuantos grados la temperatura, tanto de los irreductibles patriotas constitucionales que apelan al “imperio de la ley” como única respuesta a la sedición, como la de quienes transforman el clamor del sentimiento de pertenencia en un corpus doctrinal con sus símbolos, ritos y supuesto derecho (¿también sagrado?) a formar Estado aparte. Apelar a la razón y al arte de la política significa sentarse y arbitrar soluciones que pasan por saber de una vez qué quieren ser de mayores los catalanes y cómo está dispuesta España a asumir la innegable plurinacionalidad de su Estado, visto el agotamiento del sistema del “café para todos” y la inviabilidad de una vuelta al jacobinismo.

Como sugiere la Ley de Claridad canadiense, la pregunta debe ser clara, sin ambigüedades (la propuesta por la Generalitat es, cuando menos, compleja), y debe estar precedida por una campaña diáfana en la que se explique a los electores catalanes los pros y contras de la decisión, especialmente económicos y de inserción internacional, sin tapujos ni subterfugios. En este sentido, los ingleses están dando una lección de pragmatismo: pregunten ustedes a sus ciudadanos, les dicen a los escoceses, si quieren seguir perteneciendo o no a UK, pero tengan en cuenta que en caso negativo les trataremos como a extranjeros, que nuestra Armada no tiene por qué construir sus barcos en astilleros escoceses, que cuál va ser su moneda, cómo se va a realizar el reparto de la deuda, etcétera.

El escuchar la respuesta parece mucho más inteligente que el prohibir la pregunta, menos dañino para la marca España y puede que abocara, como en Canadá, a un plácido statu quo para varios lustros, lo cual sería un alivio y un descanso para la ciudadanía de este país… de países.

Pedro J. Bosch es médico oftalmólogo y articulista.

fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/12/19/opinion/1387467248_343256.html

No se fíe de las tendencias

El ser humano, que es un ser-en-el-tiempo (Heidegger), no puede dejar de proyectar su futuro. Empresas, instituciones, gobiernos, ONGs, igual que las personas, lo hacen compulsivamente: proyectan "escenarios" para anticipar los cambios en el "contexto" en el que actúan y planificar en consecuencia. Pero incluso tras los escenarios más técnicos —el mercado energético mundial o el calentamiento global, por ejemplo— se esconden premisas/variables que no controlamos —en primer lugar, el factor humano, nuestra propia actuación (principio de incertidumbre)—. Cuanto más complejo el escenario, más contradictorio. Por eso, explorar el futuro es entrar, con Borges, en “el jardín de senderos que se bifurcan”.

Sobre la economía global hay dos tesis opuestas. Martin Wolf asegura que en 2014 el mundo rico (EE UU, eurozona y Japón) “podría experimentar la primera expansión simultánea en cuatro años”. Mientras, las expectativas de las economías emergentes se disipan: India está en crisis —el crecimiento cae al 5%—, China se desacelera —aunque mantiene el suelo del 7,5%— y Brasil y Rusia se estancan. Occidente se reindustrializa y su recuperación está en marcha, aseguran los optimistas: EEUU primero —impulsado por la revolución del esquisto—; la eurozona más penosamente, pero también; y Abenomics estaría a punto de resucitar a Japón de tres décadas de deflación. Sin embargo, Lawrence Summers, Paul Krugman y Joseph Stiglitz especulan con un escenario de estancamiento secular o crecimiento anémico, con inflación baja o deflación durante una década o más (la pesadilla de Japón). Estaríamos viviendo el nuevo “normal”: demanda crónicamente deprimida, escasas oportunidades de inversión y exceso de ahorro que se desvía hacia burbujas de activos (mercado de valores y bonos en Occidente, mercados inmobiliarios en países emergentes). Varios factores no económicos lo explicarían: declive demográfico, creciente desigualdad y, quizá, fin de la revolución tecnológica.

Las ganacias de productividad por los ordenadores e Internet se estancan

Esta última es la tesis de Robert Gordon (Northwestern University, Illinios, EE UU): no creceremos indefinidamente, pues los últimos 250 años fueron una anomalía histórica. El cambio tecnológico de la tercera revolución industrial (tecnologías de la información) no puede compararse con el de la segunda (electricidad, motor de combustión y petróleo). Las ganancias de productividad por los ordenadores e Internet se estancan. Y su impacto transversal sobre la economía y la calidad de vida es estrecho y superficial. Dos datos: 1) en la primera mitad del siglo XX, la esperanza de vida aumentó tres veces más rápido que desde la segunda mitad hasta ahora; y 2) el siglo pasado la renta per cápita de los países desarrollados se duplicó cada 20-30 años; al ritmo actual necesitaríamos 100. Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee (MIT) ofrecen la tesis opuesta: vivimos un cambio tecnológico mayor que supondrá un salto cualitativo en productividad. Dos factores unidos impulsan cambios imparables: 1) la última generación de ordenadores y robots hace una parte mayor del trabajo; 2) la tecnología digital es cada vez más barata. Muchos empleos de oficina, incluso de alto nivel analítico, son sustituibles por trabajo digital (máquinas): traductores, investigadores legales, analistas de datos, etcétera. La tecnología revoluciona áreas de trabajo intensivas hasta ahora inmunes a mejoras de productividad, como la educación y la sanidad. La educación online se difunde rápidamente. RP-Vita es el primer robot de interacción humana para hospitales: le contaremos síntomas y procesará nuestras variables corporales. Brynjolfsson y McAfee hablan del gran desacoplamiento: hasta finales de los 90s, productividad, crecimiento y empleo eran variables sincronizadas. En la década pasada se han desacoplado: más productividad y crecimiento no significan más empleo. Pero ¿quién tiene razón? ¿El pesimismo de las series históricas de productividad? ¿O la promesa de una nueva revolución tecnológica?

La decadencia de Occidente y que el siglo XXI será el siglo del Pacíficoson la pareja de tópicos más popular de nuestro tiempo. Muchos están tan convencidos que lo dan por descontado: basta extrapolar las tendencias económicas y demográficas. Sin embargo, el Oriente de los milagros económicos es una zona aterradora: los misiles de Pyongyang podrían alcanzar Tokio; cazas chinos vigilan una Zona de Identificación de Defensa Aérea sobre aguas de Japón; China intercambia con Vietnam y Filipinas amenazas sobre el Mar del Sur de China. Cualquiera de estos conflictos podría descontrolarse y arrastrar a EE UU. Para Gideon Rachman, “la idea de que las grandes potencias nunca tropezarán con una guerra, como en 1914, es demasiado complaciente”. Asia —dice Moisés Naím— tiene “el mayor potencial para crear y difundir problemas globales”. ¿Y esta es la gente que enterrará a Occidente? Anne Marie Slaughter, en cambio, no cree que estemos acabados. Cambio de perspectiva que apoya en tres factores. 1. Las repercusiones geopolíticas de la “revolución energética” en EE UU. 2. Europa: “Nadie piensa que sus problemas estén resueltos, pero la eurozona no va a desintegrarse”. 3. Comercio mundial: el TPP (Trans-Pacific Partnership) y el acuerdo transatlántico EE UU-UE pueden cambiarlo todo. Europa y EE UU son el 50% del PIB global, tienen la mayor fuerza militar y controlan una cuota creciente de las reservas energéticas. A su capacidad diplomática y de ayuda al desarrollo añaden ser una comunidad de democracias. “Imagínensela”, apunta Slaughter, “extendiéndose por la costa Este de América Latina y por la Oeste de África. Quizá estemos, después de todo, en un siglo Atlántico”. Occidente tiene cierta coherencia, Oriente ninguna.

Extrapolar hechos del pasado es la forma más fácil de equivocarse

Pero, sin duda, dirán, el envejecimiento de Occidente y el auge demográfico de Oriente anuncian un declive inevitable. ¿Seguro? India es un país joven, pero las sociedades ricas de Asia son las que más rápido envejecen del mundo. Corea del Sur (1,39 hijos por mujer), Singapur (1,37) y Hong Kong (1,14) siguen a Japón en envejecimiento. ¿Y China? Sus perspectivas demográficas son aún peores. En 2014 la población empezará a caer, y la reducción de la fuerza de trabajo ya afecta a la economía. Su tasa de fecundidad es del 1,2. Pronto será una economía geriátrica, como la de Japón: para 2015, tendrá 200 millones de mayores de 60 años, que serán 300 millones en 2030. En comparación, la transición demográfica europea ha sido menos abrupta. Bastantes países de Asia oriental lo tienen mucho peor. Entre otras cosas porque su exacerbado nacionalismo étnico les priva del comodín de Occidente para revitalizarse: la emigración y el poder blando para atraer los mejores talentos. Entonces, ¿quién estará en decadencia en el siglo XXI?

Inteligencia contextual es un viejo concepto nuevo, con tres premisas.1. Extrapolar tendencias del pasado es la forma más fácil de equivocarse —pura vagancia intelectual—: no tiene en cuenta cambios en las condiciones básicas que las impulsaron, ni cisnes negros (hechos improbables no previstos por el paradigma dominante) ni la interferencia en cada campo de análisis —por ejemplo, la economía de los otros, la política, la demografía o el cambio tecnológico—. 2. La interdisciplinariedad, por tanto, es clave para entender un mundo en el que “todo está conectado”. Nada nuevo, pero ahora ese cerebro colectivo que es Internet intensifica la dinámica. 3. Conocemos al instante cualquier noticia en cualquier parte del mundo; pero apenas captamos los debates, reflexiones, ideas y análisis en otros países —por ejemplo, en Alemania, un país decisivo para nosotros, por no hablar de China—. Los debates de ideas, el contexto cultural, social e ideológico que conforma la visión de los otros se nos escapa en plena era de la comunicación. La inteligencia contextual ofrece: a) visión interdisciplinar;b) ideas que comprenden la noticia; c) proyección a medio y largo plazo; y d) supuestos contradictorios —el debate—. En suma, no se crean las tendencias: interróguenlas, sométanlas a un tercer grado —mejor, a un careo con sus contrarias—.

Javier de la Puerta es editor de Tendencias Globales y profesor de Política Internacional en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, sección para extranjeros.

fuenteshttp://elpais.com/elpais/2014/01/06/opinion/1389031545_428238.html

Un mercado sin ley ni esperanza

Los aficionados al juguete cómico habrán disfrutado estos días con tres episodios protagonizados por el Ministerio de Industria. En diciembre de 2012, un ministro apellidado Soria concibió y logró aprobar una miríada de impuestos, tasas y tasillas a diversas actividades eléctricas, desde la generación a la distribución, con el fin de eliminar, al menos parcialmente, el malvado déficit de tarifa (unos 26.000 millones). Con este desparramado despliegue tributario esperaba recaudar 2.700 millones. Nueve meses después, el Consejo de Ministros aprobó una reforma eléctrica, concebida con el único fin de enjugar el déficit de tarifa. Con gran aparato verbal, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría juró sobre las resoluciones del Consejo de Ministros que dicha reforma liquidaría para siempre el déficit. Incorporaba la vasta reforma, con más folios que la biblioteca del Congreso, una pieza decisiva: el Presupuesto aportaría 2.200 millones a la causa contra el déficit tarifario.

En diciembre, el argumento se precipita hacia un final grotesco: el ministro Montoro decide que la corrección del déficit público es prioritaria, borra la aportación de los 2.200 millones y mata a la reforma antes de nacer. O peor; porque acuerda con las empresas eléctricas la titulización de los 3.600 millones negados (2.200 más otras cantidades menores) a 15 años con el aval del Estado. El déficit de tarifa, que iba a desaparecer para siempre según la prosopopeya vicepresidencial, subirá este año al menos hasta los 30.000 millones. Fin de la primera comedieta.

La segunda función empieza con la subasta eléctrica del día 19 de diciembre, esa desdichada fotocopia de un mercado real que ha venido determinando los precios de la electricidad doméstica en los últimos años. Según el dictamen subastil, el precio de la electricidad tenía que subir en enero entre el 11% y el 13%; nada sorprendente, porque la volátil subasta, un zoco financiero opaco, recogía las consecuencias del fracaso de la reforma eléctrica. Asustados por el exceso esquilmatorio, el ministro y sus funcionarios tiran por la calle de en medio y, apoyados en un comunicado confuso de la Comisión Nacional de Competencia y Mercados —algún día habrá que explicar si el comunicado se redacta a instancias del ministerio o es motu proprio y qué sección de la CNMC firmó el necio concepto de circunstancias atípicas—, anularon la subasta. La anulación es ilegal, porque, a pesar de los daños que causa el procedimiento en los ciudadanos (razón por la cual debió ser sustituida, que no anulada, muchos años atrás), es obligado que exista una conducta contraria a la competencia, y esta no puede demostrarse. No cabía esperar sutilezas en un Gobierno que gusta de practicar operaciones de neurocirugía con una motosierra. El intervencionismo crudo es la naturaleza real del PP, a pesar de sus muchos golpes de pecho liberales.

Quedan pocas opciones para enjugar el déficit de tarifa: una de ellas es negociar una quita

El tercer episodio bufo se representa en el Consejo de Ministros del 27 de diciembre. Anuncia el Gobierno que, anulada la subasta, el precio de la luz subirá manu militari el 2,3% en el primer trimestre (el 1,4% corresponde al precio de la electricidad y el 0,4% a la subida de los peajes). Aquí la triste gracia procede de la incoherencia. El mismo Gobierno que decide anular la subasta (un mercado, aunque deforme, al fin y al cabo) encarga a la CNMC recomendaciones de subidas basadas en mercados de futuros. En 10 días el ministro Soria dio tres vueltas de campana sobre su propia confusión: defendió la subasta (un mercado estrecho y volátil) el 17 de diciembre; la negó y anuló el 19 y volvió al redil de un mercado estrecho y volátil el 27.

Con el fin de calcular los daños de los tres episodios, procedamos a la relación de inepcias y los costes que acarrean:

— ¿Es concebible que Soria y Montoro, o Montoro y Soria, esos Epi y Blas de la política económica, sean incapaces de ponerse de acuerdo, cuando se aprueba la reforma eléctrica, en si habrá o no aportación presupuestaria? ¿La corrección del déficit público es prioritaria en diciembre pero en septiembre no? ¿Ni Soria ni Montoro piensan dimitir, a pesar del ridículo con el que han manchado la cacareada Marca España en los mercados internacionales?

— La titulización de los 3.600 millones carga a los consumidores con un coste financiero de al menos 140 millones anuales, además, claro, de lo que toque pagar por el principal; en cuanto a las empresas, tendrán que soportar 3.600 millones más en sus balances, bastante pesados ya por un volumen de endeudamiento acumulado a base de errores en las compras de activos y financiaciones extravagantes.

— ¿Dónde están los 2.700 millones que se iban a recaudar en 2013 con tasas e impuestillos? La cantidad es menor, porque el ministerio suele equivocarse en cualquier cálculo y en este caso sobrevaloró la evolución de la demanda. Pero sea la cantidad que sea, no ha entrado todavía en el sistema eléctrico. ¿También se la ha quedado Hacienda? En ese caso podríamos encontrarnos ante un timo. Las compañías eléctricas trasladan una gran parte de los impuestos al consumidor que este paga religiosamente. Si los impuestos fueran finalistas, tal como fueron concebidos, y estuvieran destinados a cubrir parte de los costes, para que no aflorara nuevo déficit de tarifa, la situación hubiera sido neutral para el consumidor; pero si no se destina partida alguna a cubrir parte de los costes eléctricos, el consumidor tendría que pagar de nuevo esa cantidad, que no quedaría minorada del déficit de tarifa.

— El consumidor sigue pagando las tecnologías renovables con las primas del marco regulatorio existente y no con el esquema que plantea la nueva ley. Como en los voluminosos textos de la reforma se decía que las renovables serían retribuidas de acuerdo con los costes eficientes atribuidos a una empresa estándar, el ministerio encargó a varias consultoras que determinaran cuales eran esos costes; decisión que fue impugnada por los gabinetes legales de las empresas involucradas por el procedimiento de designación de consultores. Resultado: al no haber un desarrollo de la ley que fije esos costes eficientes estándar, la fotovoltaica y la termosolar siguen cobrando a razón de 430 y 300 euros (mínimo) el megavatio, respectivamente.

Titulizar 3.600 millones impone a los hogares más de 140 millones anuales en intereses

— Recientemente, Industria ha modificado de forma chapucera la estructura del precio de la electricidad, de forma que aumenta la parte fija y disminuye la variable, es decir, en la que se puede ahorrar. La consecuencia evidente es que se obliga a hogares y familias a pagos fijos más elevados y se reduce la posibilidad de abaratar el recibo por mero ahorro del consumo.

— La intervención trimestral del precio no resuelve nada; la electricidad seguirá encareciéndose, probablemente muy por encima del 1,4% y el precio real tendrá que ser reconocido y liquidado. La afirmación “hemos evitado que la electricidad suba el 11%” proclamada por el presidente Rajoy es un malentendido o una burda tergiversación de la realidad. Soria, Montoro y Rajoy han obrado en todo momento según el código inveterado de gestión del PP: trasladar los problemas al futuro.

No es solo cuestión de costes y bochorno; es que se pierden oportunidades para corregir un problema que ya es una alarma social. Las opciones son limitadas. La mejor y casi única es proceder a una reforma del mercado eléctrico que incluya, al menos, estas líneas de acción:

1. Negociar una quita del déficit con las eléctricas (antes de la titulización de los 3.600 millones). Su volumen resulta inasumible por los consumidores y constituye una fuente de conflictos financieros.

2. Suprimir cualquier indexación de la tarifa doméstica a mercados marginalistas; el fracaso de la fórmula, largamente advertido, ha conducido a este desbarajuste. O se vuelve a fórmulas de reconocimiento de costes (Marco Legal Estable) o se fija el precio según la media de precios del pool en periodos anteriores

3. Retirar del mercado las tecnologías amortizadas. Deben competir las tecnologías similares (gas, fuel); el precio de la electricidad renovabledebe fijarse mediante subasta y la electricidad amortizada (agua, nuclear) ha de destinarse a contratos de larga duración con la industria.

4. Es necesario romper la integración vertical de las eléctricas.

La probabilidad de que un Ministerio de Industria títere de las eléctricas, afronte una reforma similar es la misma de que la superficie de Júpiter esté cubierta de lagos de whisky de malta. Con este Gobierno y este ministro, el mercado eléctrico parece condenado a la anomia, es decir, a la ausencia de ley y procedimientos.

fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/12/30/opinion/1388428644_006122.html

Una panadería bajo el brazo

Parece un cuento de Navidad, pero no lo es. La realidad —como tantas veces ocurre—  si no supera, al menos alienta con creces la ficción. Dice el refrán que los niños suelen llegar al mundo con un pan debajo del brazo, lo que en tiempos de penuria era, probablemente, una manera de animar a las familias a colaborar con la tasa de natalidad. Asier Cabau Pérez es un bebé de Manresa que no ha llegado al mundo con un pan, sino con una panadería entera debajo del brazo.

Esta es una historia tan navideña como real y feliz: una pareja en apuros, víctima de la crisis y sufriendo el paro, es presa de tanta esperanza como desamparo cuando se sabe desempleada y, al tiempo, en estado de buena esperanza. Jordi, el padre, ni siquiera tenía derecho a la prestación tras perder su trabajo como autónomo. Raquel, la madre, cotizaba en Andorra, de modo que tampoco tenía el subsidio correspondiente.

Hay mucha gente que sin ser creyente confía, sin embargo, en que hay ángeles muy humanos dispuestos, por ejemplo, a arrojarse a los bajos del coche rebozándose en el barro para repararle la avería a un automovilista en apuros al que desconocen. El ángel de la familia Cabau Pérez es un empresario anónimo —no desea desvelar su identidad— que leyó la historia de la infortunada pareja y ha puesto en sus manos una panadería y la vivienda adyacente para que tenga un futuro. El empresario incluso ayudó a la joven familia a comprar el primer encargo de la mercancía, además de que su recomendación facilitó a los neófitos del negocio panadero regalos y ofertas para iniciar la actividad.

Este cuento navideño tiene muchas moralejas. Una de ellas es que compartir con los demás las penalidades es una buena cosa. A los Cabau Pérez les sirvió para obtener su primera ayuda de la Fundación Rosa Oriol. La segunda es que la prensa escrita sigue siendo muy útil. El benefactor de esta familia se enteró de su historia por el periódico local. Hay otras: en tiempos de crisis la falta de respuesta de las Administraciones la está supliendo la solidaridad ciudadana y que existen empresarios que se sitúan en las antípodas de Díaz Ferrán. Al menos, en Manresa.

fuenteshttp://elpais.com/elpais/2014/01/06/opinion/1389034059_800032.html

Empleo escaso y selectivo

Si las previsiones de crecimiento para 2014 se cumplen, España no creará mucho empleo. Y este tendrá lugar en aquellos sectores más abiertos internacionalmente, en las empresas que están compensando la debilidad de la demanda nacional con ventas al exterior. La recuperación del consumo doméstico no será suficiente para que las empresas decidan aumentos significativos en la contratación. En realidad, muchas procurarán mantener las ganancias de productividad de los últimos años, al menos hasta que perciban que el repunte en sus pedidos cobra la suficiente permanencia. Esa búsqueda de la eficiencia ampara la demanda de mayores cualificaciones de los candidatos, sin que pueda esperarse compensaciones salariales acordes con las vigentes en los años anteriores a la crisis. A tenor de las informaciones de los mediadores, esos empleos seguirán caracterizados por una mayor flexibilidad contractual como la concedida por la última reforma laboral. Eso significa mayor número de contratos a tiempo parcial y, desde luego, mayor temporalidad: mayor precariedad, en definitiva. La destrucción de puestos de trabajo puede atenuar su crecimiento a costa de un menor número de horas trabajadas.

Entre los perfiles de las nuevas contrataciones en 2014 dominarán los orientados a la acción comercial de las empresas, los ingenieros y aquellos con cualificaciones en tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La exigencia de habilidades comerciales será extensiva a buen número de nuevas contrataciones, con independencia de la profesión de los contratados. Es el lógico reflejo de la obsesión por incrementar las ventas en un mercado con demanda muy por debajo de sus mejores momentos.

Quizá la consecuencia más explícita del menor poder de negociación de los trabajadores será la persistencia de salarios relativamente reducidos, también en los nuevos empleos. Así se acentuará la diferencia salarial entre los ocupados y los nuevos empleados en las mismas posiciones, dentro incluso de las mismas empresas. La desigualdad en la distribución de la renta se acentuará, desde la ya amplia brecha creada desde el inicio de la crisis. No solo la cualificación en el seno de los colectivos laborales será uno de los determinantes de esa ampliación de la desigualdad, sino también la mayor participación de los beneficios empresariales en la distribución global. La congelación del salario mínimo es una señal de esa clara subordinación de la evolución de las rentas del trabajo a la más perentoria incentivación de las nuevas contrataciones.

Con todo, la esperanza de un ascenso significativo en la creación de empleo dependerá fundamentalmente de que las empresas encuentren incrementos en la demanda. Y esta no está garantizada. El comportamiento de las exportaciones ha dejado de tener la pujanza de los dos años anteriores, consecuente con el menor crecimiento en las economías que son nuestros principales socios comerciales. La demanda interna, por su parte, sigue siendo tributaria del elevado desempleo, la reducción de salarios y, no menos importante, el elevado nivel de endeudamiento que mantienen los hogares españoles, pese a su reducción en los últimos años. Por ello, cualquier conjetura sobre la cuantía y composición del empleo deberá contar con que en Europa la orientación de las políticas económicas se enfoque decididamente al estímulo de la demanda.

fuenteshttp://economia.elpais.com/economia/2014/01/03/actualidad/1388770781_984929.html

Moderado crecimiento

La economía mundial se perfila en 2014 de forma algo más positiva. La tracción que hasta muy recientemente ejercían los países emergentes será parcialmente relevada por Estados Unidos, que recoge los frutos de políticas expansivas, fundamentalmente en el ámbito monetario, y saca partido de su revolución energética en curso. Mucho más tibia será la contribución de los otros grandes bloques como Japón y Europa. La economía nipona debe asimilar esas tres flechas por las que discurre la política económica del Gobierno de Abe: la expansión monetaria, los estímulos fiscales y las reformas estructurales. Es ya una buena señal la superación del estancamiento con deflación de la última década; este es precisamente el cuadro que amenaza a la eurozona como consecuencia de políticas basadas exclusivamente en restricciones fiscales.

El abandono de la recesión en el área monetaria común en el tercer trimestre de 2013, además de tibio se presenta vulnerable. La economía francesa ha vuelto a decrecer, la italiana seguía en recesión y la alemana ha reducido su intensidad. Junto a ello, emergen nuevos problemas, como la incertidumbre en la transición a la unión bancaria —en especial, la ausencia de un mecanismo simple y único de resolución de crisis bancarias—. Eso no facilitará la normalización del crédito bancario en aquellas economías que más lo precisan; la española entre ellas.

En ese contexto se inscriben unas previsiones para España que incorporan como señal más favorable el abandono de la recesión y la reducción gradual del desempleo, ya apuntado en los últimos datos estadísticos. Sin embargo, un crecimiento inferior al 1% en 2014, como anticipan muchas previsiones, es insuficiente para garantizar mejoras significativas en la creación de empleo y en la solvencia financiera de familias y empresas. Ambas son necesarias para eludir el riesgo de estancamiento. La incipiente recuperación de la demanda interna sigue condicionada, además, por caídas en la renta disponible de las familias y por la confianza en mínimos. La continuidad del impulso de la demanda exterior, por otro lado, dependerá de la intensidad de la recuperación de las principales economías europeas, que son nuestros principales socios comerciales, y por un tipo de cambio que erosiona la competitividad de las empresas de la eurozona.

Ante ello, las autoridades españolas apenas disponen de margen de maniobra para aplicar políticas que afiancen la demanda. Sí pueden, sin embargo, tratar de que sean las instituciones comunes europeas y las economías menos dañadas las que arbitren decisiones expansivas. Además, el Gobierno no debería generar elementos de inestabilidad como riesgos regulatorios o inseguridad jurídica en sectores esenciales y, en todo caso, no tolerar que factores domésticos —como los problemas políticos en Cataluña— acaben siendo disuasorios de la muy necesaria inversión extranjera directa.

 Fuenteshttp://elpais.com/elpais/2014/01/06/opinion/1389033417_087408.html